¿Por qué la “modernización” de Milei va a contramano del mundo del trabajo?

Desde hace décadas, cada vez que los gobiernos impulsan reformas regresivas del trabajo, recurren a la misma palabra fetiche: modernización. Bajo ese rótulo se han justificado recortes de derechos, debilitamiento de sindicatos y transferencia de riesgos desde las empresas hacia los trabajadores. La pregunta clave no es si el mundo del trabajo debe cambiar —nadie lo niega— sino en qué dirección y para beneficio de quién.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei se presenta como una adaptación inevitable a los “nuevos tiempos”. Sin embargo, cuando se lo coloca en perspectiva regional y global, queda claro que no dialoga con las discusiones más avanzadas del capitalismo contemporáneo, sino que recupera recetas antiguas —ya ensayadas y ampliamente cuestionadas— que profundizan la desigualdad, la informalidad y la baja generalizada de los salarios.

Hoy la conversación global se está reordenando alrededor de un consenso creciente: no hay transición tecnológica ni estabilidad macro que se sostenga con salarios de pobreza, desprotección social y negociación colectiva erosionada. En otras palabras: el futuro del trabajo no se está construyendo “abaratando” derechos, sino ampliándolos, adaptándolos y haciéndolos exigibles.

¿Qué discute hoy el mundo del trabajo y por qué la propuesta de Milei se aparta de esas tendencias?

A nivel global, el debate laboral no gira en torno a menos derechos, sino en cómo reconstruir protección y poder de negociación en un capitalismo transformado por la digitalización, la financiarización y la fragmentación productiva. Esto no lo dicen solo los sindicatos: lo expresa la propia arquitectura del multilateralismo laboral.

Plataformas: el mundo avanza hacia nuevas normas internacionales

La señal más contundente de la época es que la OIT ya activó un proceso formal de creación de estándares internacionales sobre trabajo en plataformas. En la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2025) se llevó a cabo la primera discusión de un ítem de “standard-setting” sobre trabajo decente en la economía de plataformas, bajo un procedimiento de doble discusión (2025 y 2026).

Este proceso no existe para “flexibilizar”: existe porque la realidad de las plataformas (subordinación algorítmica, opacidad de datos, clasificación laboral litigiosa, asimetrías de poder) exige una actualización de reglas. Organizaciones sindicales globales han saludado el avance como un paso histórico para cerrar vacíos de protección en el corazón del nuevo capitalismo digital.

Dicho de otro modo: mientras el gobierno argentino pretende vender como modernidad una reforma centrada en debilitar el derecho laborale invisibilizar al trabajador de plataforma como contratista, el mundo multilateral del trabajo se mueve —con tensiones y disputas, sí— hacia elevar pisos de derechos en los sectores más precarizados e innovadores.

Salarios vitales: el debate global se desplaza del “mínimo” al “suficiente”

En paralelo, la OIT dio un paso sustantivo en salarios vitales. En febrero de 2024, su Encuentro de Expertos Sobre Políticas Salariales, ámbito tripartito con representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, consensuó conclusiones y una orientación de política pública: definir, estimar y promover salarios vitales con métodos robustos, con datos basados en la evidencia y con instituciones de fijación salarial (dialogo social, salario mínimo estatutario y negociación colectiva) como engranajes centrales.

Este giro es decisivo para desmontar una narrativa peligrosa: la de que “para crear empleo” hay que abaratar salarios o relativizar pisos normativos. La OIT está diciendo lo contrario: hay que discutir adecuación salarial, suficiencia y mecanismos institucionales para que la productividad se traduzca en bienestar —no en concentración.

¿Qué hace Milei? Retroceder el reloj institucional

No es necesario ir artículo por artículo de los 197 que constituyen una especie de lista de supermercado con los deseos de empresarios, algunas inclusive contradictorias, en que la única coherencia interna es el disciplinamiento laboral y el traslado de los costos a la sociedad en su conjunto, para darse cuenta de que son propuestas viejas, muy viejas, casi de comienzos del siglo XX, antes de la creación de la OIT en 1919.

La propuesta del gobierno argentino va en sentido opuesto a estas nuevas tendencias:

-En vez de fortalecer instituciones para gobernar la transición tecnológica, propone una regresión institucional.

-En vez de extender protección a nuevas formas de empleo, impulsa la “deslaborización”, la individualización de la relación laboral y un debilitamiento del rol sindical.

-En vez de conectar salarios con suficiencia y desarrollo, reinstala la idea de que el problema de Argentina son los “costos laborales” y las supuestas rigideces del sistema, no la estructura productiva, la evasión, la informalidad empresarial o la restricción externa.

Esto no es modernización: es restauración conservadora.

América Latina y el mundo: experiencias recientes de verdadera modernización laboral

Lejos del discurso desregulador, muchas experiencias recientes muestran que la modernización real pasa por más Estado, más negociación colectiva y más formalización, no por menos.

La lección internacional: regular el cambio, no desproteger al trabajador

Europa y varios países de la OCDE llevan años reequilibrando, con distintas intensidades, los excesos de etapas de “flexibilización” que ampliaron la precariedad sin generar un salto sostenible de productividad. El propio hecho de que la OIT haya abierto una vía para un Convenio y una Recomendación sobre plataformas expresa una lectura común: el capitalismo digital, sin reglas, deriva en competencia por degradación (race to the bottom) y en informalidad sofisticada.

América Latina: formalización y diálogo social como infraestructura institucional

En la región, las trayectorias más sólidas muestran un punto: formalizar no es bajar derechos, es construir capacidad estatal, fiscalización e incentivos productivos, y reforzar la negociación colectiva como canal de productividad y gobernabilidad. El aprendizaje regional es que donde se erosiona el poder sindical y se pulveriza la institucionalidad laboral, crecen la rotación, el subempleo y la informalidad, y se deterioran los salarios reales.

 

Salario vital: aprendizaje político clave

Un aporte adicional de la agenda de salarios vitales es que desplaza el debate de “lo mínimo legal” a “lo necesario para vivir con dignidad”. Esa discusión está ganando centralidad en coaliciones internacionales y en foros sindicales globales. La propia Confederacion Sindical Internacional trabaja el puente entre salario mínimo adecuado, negociación colectiva y salario vital, enfatizando convergencias incrementales y anclaje institucional.

¿Qué reformas laborales sí contribuyen al desarrollo, la productividad y el empleo digno?

La evidencia internacional muestra que las reformas laborales que funcionan comparten algunos rasgos estructurales: coordinan incentivos, reducen precariedad improductiva y elevan la demanda interna. En el corazón de esas reformas hay tres piezas: instituciones salariales, negociación colectiva y protección social.

Salarios vitales como brújula de desarrollo

La agenda de salarios vitales de la OIT no es un gesto retórico: implica un marco para discutir adecuación, metodologías de estimación y rol de políticas públicas.

Cuando el salario no alcanza para reproducir la vida, se multiplican los costos sociales: endeudamiento de hogares, informalidad por necesidad, deterioro de salud, caída de consumo y conflictividad. A la larga, eso es un freno a la productividad: un trabajador con salario insuficiente y sin horizonte no es “más eficiente”; es más vulnerable.

Negociación colectiva fuerte y coordinada

Los países con mayor productividad y menor desigualdad tienen alta cobertura de negociación colectiva, incluso cuando la afiliación sindical es menor. La negociación sectorial coordina salarios, reduce competencia a la baja y mejora la planificación empresarial. Es una institución de eficiencia macro: evita que la “competitividad” se convierta en guerra salarial.

Estado activo y diálogo social

El Estado no desaparece: planifica, orquesta, regula y arbitra. Las reformas exitosas se construyen con sindicatos y empleadores, no contra ellos. La OIT —y la discusión de estándares de plataformas lo ejemplifica— vuelve a poner el diálogo social en el centro de la gobernanza laboral del siglo XXI.

Informalidad y plataformas: regular para ampliar derechos, no para legitimar la desprotección

Uno de los argumentos centrales del discurso oficial es que los derechos laborales “expulsan” trabajadores a la informalidad. La evidencia —y la lógica productiva— muestran lo contrario.

Informalidad: un problema estructural, no normativo

La informalidad, en general, pero mas en particular el trabajo no declarado, no surge porque existan derechos, sino por:

– estructuras productivas de baja productividad;

– evasión y elusión empresaria;

– falta de fiscalización y de incentivos correctos;

– segmentación territorial y sectorial;

– cadenas de subcontratación que externalizan riesgos.

– Reducir derechos no formaliza: precariza también al empleo formal y desplaza la frontera hacia abajo.

Plataformas: la OIT abre el camino para un Convenio y una Recomendación

En este punto, la discusión OIT es particularmente relevante para Argentina. La OIT tiene en marcha una doble discusión (2025–2026) para definir estándares internacionales sobre trabajo decente en plataformas, lo cual confirma que la respuesta global no es negar la tecnología, sino regularla con derechos.  

En términos prácticos, la agenda internacional está centrada en: clasificación laboral y protección contra la falsa autonomía; remuneración y transparencia; seguridad y salud; protección social; y la gobernanza de datos y gestión algorítmica. La sola existencia de esa agenda desmiente el enfoque “desregulador” como supuesto requisito de modernidad.

Por qué la informalidad no se resuelve quitando derechos

Porque la informalidad es, en esencia, una forma de organización del poder económico: un mecanismo para transferir riesgos hacia el trabajador. La salida progresista y sindical es exactamente la inversa: ampliar derechos y adaptarlos:

-derechos laborales portables donde corresponda;

-cobertura efectiva de seguridad social;

-negociación colectiva por rama y por cadena de valor;

-fiscalización inteligente (incluida la dimensión digital);

-y un enfoque de salarios suficientes (salario mínimo vital adecuado + negociación) como columna vertebral de formalización.

-En esa dirección se ubican los debates internacionales serios. La reforma de Milei se ubica en la dirección contraria: busca legalizar el desplazamiento de riesgos hacia abajo y normalizar salarios de pobreza bajo el relato de “competitividad”.

Conclusión: modernizar es elevar pisos de derechos y gobernar la transición

El conflicto entre capital y trabajo no desaparece por decreto. La historia muestra que cuando se lo intenta suprimir mediante desregulación y miedo, reaparece de formas más violentas y desestabilizadoras.

La señal del mundo hoy es inequívoca:

-OIT: proceso hacia estándares sobre plataformas (2025–2026).

-OIT: consenso tripartito y hoja de ruta sobre salarios vitales (Meeting of Experts 2024).

-Movimiento sindical global: convergencia estratégica desde “mínimo” hacia “vital”, con negociación colectiva como motor.

-Reconocimiento de derecho al empleo en economías mediadas por plataformas en Gran Bretaña, España, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. 

Con ese telón de fondo, llamar “modernización” a una reforma que debilita el derecho del trabajo no es un error técnico: es una operación política. La modernización que necesita Argentina es la que fortalezca el empleo formal, eleve salarios, amplíe derechos y democratice las relaciones laborales. Todo lo demás es ajuste social con otro nombre.