¿Cómo se está pensando, desde el espacio de mujeres y diversidades del Movimiento Derecho al Futuro, la construcción de una alternativa política a nivel nacional? ¿Qué rol ocupan las agendas de género en ese proyecto?
El pasado 15 de mayo realizamos el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Mujeres y Diversidades en Ensenada junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de Asesores/as Cristina Álvarez Rodríguez, la vicegobernadora de La Rioja Teresita Madera, intendentas, legisladoras, referentas y más de 5000 compañeras de todas las provincias y de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Fue un evento multitudinario con una fuerte impronta federal, un acto fundacional que respondió a la convocatoria impulsada por Axel dentro del MDF como espacio amplio, diverso, plural y transformador para la construcción de una alternativa política nacional desde abajo hacia arriba, con anclaje territorial y profundamente colectiva.
En este proyecto resulta imprescindible destacar el papel protagónico de las mujeres en la resistencia y confrontación con los postulados del gobierno nacional de Milei. Como dijo Axel en el acto del lanzamiento, no sólo porque somos las que menos votamos a la LL, sino porque somos las que mayormente sufrimos los ataques de estas propuestas políticas.
Hay un correlato con este posicionamiento y con la feminización de los espacios de participación social, de solidaridad, comunitarios, estudiantiles, culturales, barriales, políticos. Por eso es central la convocatoria al espacio de Mujeres y Diversidad del MDF en dos dimensiones: la del movimiento político y la programática. Necesitamos ampliar los canales de participación, debate colectivo y generación de propuestas, que pongan en las iniciativas de futuro saldar las deudas históricas de desigualdad estructural de género aún presentes en nuestra sociedad, y profundizada en tiempos de extremas derechas.
Partimos de una convicción: no hay salida individual frente a este modelo de ajuste. La salida es colectiva y confrontando de plano en la construcción política de otro tipo. Por eso, impulsamos una red federal de mujeres y diversidades que se organice en cada provincia, municipio y comunidad, generando espacios de escucha, formación, articulación y acción política. No se trata de uniformar, sino de potenciar la diversidad de identidades políticas, sociales, sindicales, feministas y culturales que forman parte del campo nacional y popular.
Esta construcción tiene un horizonte claro: reconstruir un proyecto de país con soberanía, igualdad y justicia social, tomando también los aprendizajes de la experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires, donde se viene sosteniendo un modelo de Estado presente que protege y amplía derechos incluso en un contexto adverso.
En ese proyecto, las agendas de género no son accesorias: son estructurales. Porque entendemos que los grandes problemas de la Argentina —el trabajo, los ingresos, los cuidados, el endeudamiento del país y de las familias, el acceso a la tierra y la vivienda, las violencias de género— tienen un impacto diferencial y requieren respuestas que incorporen estas dimensiones a la hora de pensar un proyecto de transformación social profunda, que comience a saldar deudas históricas.
Por eso organizamos nuestras propuestas en torno a pilares concretos: la autonomía económica y el trabajo, incluyendo tanto el empleo formal como el reconocimiento y la redistribución de los cuidados; la vida libre de violencias de género, también frente a los discursos de odio y la violencia política; y la participación con democracia paritaria, para que mujeres y diversidades sean protagonistas reales de las decisiones. Planteamos estos tres ejes como base, para que en cada provincia, región, localidad vayan incorporando temáticas y desarrollando documentos que amplíen la mirada y traigan temáticas que expresan la diversidad regional y local.
Estamos construyendo una alternativa donde las mujeres y diversidades no sólo acompañen, sino que organicen, conduzcan y proyecten el futuro. Y lo hacemos con la convicción de confrontar el odio con la práctica de la justicia social, la igualdad y la recuperación de la soberanía nacional. Como señaló nuestra querida vicegobernadora, Verónica Magario, las mujeres y diversidades comenzamos una cruzada para que ese futuro cercano encuentre a Axel como el próximo presidente de todas y todos los argentinos.
¿Cuál es hoy el enfoque que sostiene la provincia de Buenos Aires en materia de género y diversidad, y en qué se diferencia del rol que asume el gobierno nacional de Javier Milei en estas políticas?
Desde el comienzo de la gestión del gobernador Axel Kicillof en la Provincia existe una decisión política clara: jerarquizar las políticas de género y diversidad como parte central del proyecto de gobierno, a partir de reconocer las desigualdades estructurales y, por lo tanto, la necesidad de intervenir desde las políticas públicas para abordarlas. Pensar una propuesta de desarrollo con igualdad y justicia social requiere reconocer los diferentes puntos de partida, las desigualdades y asimetrías, para promover transformaciones. Esta perspectiva política fue ratificada en el año 2023: cuando en Nación todo se destruía y abandonaba, en la Provincia seguimos profundizando el camino iniciado en el primer período de gestión.
Por eso, durante estos más de 6 años creamos y fortalecimos el Ministerio, ampliamos equipos en el territorio y trabajamos con una mirada integral y de derechos. En concreto, esto implica abordar las desigualdades de género en todas sus dimensiones: prevenir y atender las violencias de género con presencia en cada municipio; promover más igualdad, una mejor distribución de los cuidados y la autonomía económica —porque el acceso al trabajo es clave para acompañar los procesos de salida de las situaciones de violencia—; defender los derechos de LGTBI+ con programas específicos; incorporar la perspectiva de género en todo el Estado provincial; y fortalecer la formación y las políticas culturales para construir vínculos más igualitarios.
Pero además, hay otra definición política de fondo: creemos en un Estado presente, que articula con organizaciones sociales, sindicales, feministas y de la diversidad, y que reconoce que las mujeres y LGBTI+ sostienen gran parte del entramado comunitario y productivo de la Provincia. Desde la Provincia invertimos, construimos institucionalidad y ampliamos derechos; la Nación ajusta, desfinancia y desprotege. Y eso no es abstracto: tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres y diversidades, especialmente en un contexto de crisis y precarización.
En este grave contexto, desde la provincia de Buenos Aires reafirmamos una convicción: no hay libertad posible sin justicia social, y no hay justicia social sin igualdad de género. Pero la libertad que defendemos es con derechos, con trabajo digno, con redes comunitarias y con un Estado que garantice condiciones de vida digna para todas las personas.
¿Cómo están impactando las decisiones del gobierno nacional en mujeres y diversidades? ¿Cuáles son los principales riesgos para la autonomía económica, la prevención de violencias y el acceso a derechos?
La actual gestión del Gobierno nacional, al tiempo que impulsa un profundo ajuste económico con efectos sociales inmediatos, ha adoptado una posición abiertamente antifeminista que niega las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades. Milei convirtió sus políticas de gobierno en uno de los principales exponentes internacionales de los discursos de odio y de la avanzada antifeminista.
Por primera vez en 30 años, nuestro país no cuenta con un organismo nacional específico para abordar las violencias de género. Eso es gravísimo, porque además implica incumplir leyes y tratados internacionales que forman parte de nuestro marco constitucional.
A esto se suman señales políticas y simbólicas que refuerzan ese posicionamiento: desde cuestionamientos a derechos conquistados —como el matrimonio igualitario, la identidad de género o la Educación Sexual Integral— hasta decisiones institucionales y diplomáticas que alejan a la Argentina de los compromisos internacionales en materia de igualdad.
Para graficarlo con claridad: en el presupuesto 2026 el gobierno nacional consolidó el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Casi 8 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.
El Programa Acompañar sufrió recortes drásticos y pérdida de visibilidad presupuestaria. En 2024, su presupuesto se redujo un 90% respecto de 2023. Como resultado, la cobertura del programa cayó de más de 100.000 personas a solo 434. Desde 2025 dejó de figurar como partida presupuestaria identificable.
En 2024, la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto y redujo un 45% su planta de trabajadoras. En 2025 también perdió su línea presupuestaria específica, lo que impide conocer cuántos recursos se le asignan y ejecutan. Además, se eliminó su especificidad para la atención y orientación ante situaciones de violencia de género.
En el caso del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) —una de las políticas más exitosas en materia de reducción del embarazo adolescente— se proyecta una reducción presupuestaria del 85% respecto del nivel de 2025. Es decir: en 2026 se ejecutaría menos del 3% de lo invertido en 2023.
Lo mismo sucede con el Programa de Educación Sexual Integral —cuyo presupuesto para 2026 representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023— y con la implementación de la Ley IVE, para la que desapareció la distribución de medicamentos destinados a garantizar la práctica. Además, en el último tiempo se descontinuó el envío de misoprostol y mifepristona a las provincias, se redujo drásticamente la cantidad de anticonceptivos distribuidos y dejaron de enviarse tests de embarazo.
En materia de cuidados, a septiembre de 2025 el gobierno nacional había reducido drásticamente las políticas destinadas a este ámbito: de 50 políticas existentes, solo 3 permanecen activas y más de 4 millones de personas dejaron de recibir al menos una prestación.
Las asignaciones familiares redujeron su cobertura del 76% al 71% y la Pensión Universal para Adultos/as Mayores cayó de 272.000 a 187.000 destinatarios/as. Las trabajadoras de casas particulares perdieron un 15% de su salario real y creció el pluriempleo, especialmente entre mujeres.
Las cooperativas de cuidado se desintegraron ante la caída de la demanda y el ajuste del PAMI, mientras que 1,4 millones de personas mayores quedaron sin cobertura de medicamentos. También se eliminaron programas de vivienda y se cerraron 50 Casas de Atención Comunitaria.
Todo esto configuró un retroceso estructural en la política de cuidados, trasladando la responsabilidad del Estado a los hogares. Y esa carga recae mayoritariamente sobre las mujeres, profundizando las desigualdades sociales y de género, así como la feminización e infantilización de la pobreza.
Por más fantasioso que quiera contarlo el presidente Milei, la única verdad es la realidad: el ajuste llega a todos los hogares. La pobreza, la precarización y la informalidad avanzan, y la crisis vuelve a recaer sobre quienes sostienen las tareas de cuidado.
En materia laboral y jubilatoria, el profundo ajuste y el ataque a los derechos laborales que supone la reforma laboral —que de modernizadora solo tiene el nombre— tienen un impacto concreto sobre las mujeres. Milei decidió no renovar la moratoria previsional, lo que implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación y quedarán relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la jubilación mínima y exige tener 65 años, cinco más que la edad jubilatoria ordinaria femenina.
Por otro lado, la reforma laboral constituye un retroceso histórico sobre derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento obrero. Para las mujeres, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas puede significar directamente la expulsión del mercado laboral cuando no exista manera de conciliar las tareas de cuidado —que realizamos mayoritariamente nosotras— con jornadas que se extienden casi sin límites. La flexibilización de despidos y la reducción de indemnizaciones profundizan la informalidad laboral, donde las mujeres ya ocupamos los índices más altos por estar sobrerrepresentadas en sectores con elevados niveles de precarización, como el trabajo de cuidados y las casas particulares.
Lo venimos diciendo desde el principio: en el modelo de sociedad y de política de Milei no hay lugar para nuestros proyectos de vida. Pero también tenemos una certeza: no partimos de cero. Sabemos que hay otro camino y que las mujeres y diversidades de Argentina hemos luchado y seguiremos luchando, reivindicando nuestro derecho al futuro y siendo protagonistas de su construcción.
¿Frente a un contexto de ajuste y retroceso a nivel nacional, cuáles son las principales políticas públicas que está llevando adelante la Provincia para sostener y ampliar derechos?
En este contexto de fuerte ajuste a nivel nacional, desde la provincia de Buenos Aires definimos una orientación política muy clara: no retroceder, sino sostener y ampliar las políticas públicas que garantizan derechos y cuidan a nuestra gente. Es una decisión que tomamos junto al gobernador Axel Kicillof: que la Provincia sea un escudo frente al ajuste, pero también una plataforma para seguir ampliando derechos incluso en un escenario adverso.
Avanzamos en algo que consideramos estratégico: que la perspectiva de género atraviese el conjunto de las políticas públicas. Por eso implementamos el Plan de Gobierno para la Igualdad 2022-2027, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad de género e incorporar esta perspectiva en todas las áreas de gobierno.
Actualmente, el Plan está integrado por más de 300 acciones impulsadas por 38 organismos provinciales. Las políticas se organizan en cinco grandes ejes: violencias por razones de género; salud integral; educación y cultura; igualdad en el Estado; y vivienda y hábitat.
Una herramienta central de esta transversalización es el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), desarrollado entre el Ministerio de Mujeres y Diversidad y el Ministerio de Economía de la Provincia. Se trata de una herramienta destinada a medir los esfuerzos estatales orientados a reducir brechas de desigualdad.
El PPG analiza la inversión pública y su impacto directo e indirecto en áreas vinculadas a los cuidados, la violencia de género, la salud, la inclusión y la igualdad en el trabajo y la educación, entre otras.
Desde su implementación en 2022, la cantidad de organismos que participan del etiquetado PPG aumentó un 136%. Asimismo, entre su creación y la formulación presupuestaria 2026, las iniciativas etiquetadas crecieron un 177% y el crédito destinado al PPG tuvo un crecimiento real acumulado del 55% respecto de 2022.
En materia de violencias por razones de género, consolidamos y ampliamos el sistema de respuesta estatal. Fortalecimos el Sistema Integral de Políticas Públicas, extendimos la Red de Dispositivos Territoriales para garantizar acompañamiento efectivo en toda la Provincia y reforzamos la Línea 144 PBA.
Entre otras medidas, ampliamos y mejoramos técnicamente las líneas receptivas que atienden llamadas provenientes del conurbano, que antes eran derivadas a la línea nacional. Esto permitió que, en pocos meses, aumentara un 140% la cantidad de comunicaciones atendidas.
Otro eje central de trabajo articulado es el Formulario Único de Denuncias, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Solo durante 2025 se registraron más de 240.000 denuncias por violencia de género y doméstica, un dato que refleja la magnitud de la problemática y la necesidad de sostener respuestas estatales permanentes.
Además, nuestros programas Comunidades sin Violencias y Municipios por la Igualdad llegan a casi todos los municipios bonaerenses, brindando financiamiento a proyectos locales y comunitarios destinados tanto a fortalecer respuestas frente a las violencias como a promover políticas de igualdad y reorganización de los cuidados.
En simultáneo, impulsamos iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades. A través de programas como “Organizadas y en Red” brindamos asistencia técnica y financiamiento a proyectos productivos liderados por mujeres y diversidades.
También generamos espacios de comercialización y ampliación de redes productivas, como la Expo Igualdad Bonaerense —que cada año reúne a cientos de emprendedoras y productoras— y promovemos acciones que articulan igualdad, salud y cuidado, como la carrera Amo mis Mamas para la prevención del cáncer de mama.
Además, seguimos apostando a la construcción colectiva del conocimiento. Por eso en 2024 creamos la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad (EGGYC), desde donde fortalecemos espacios de capacitación, articulación con universidades y organizaciones, y políticas culturales.
A través de la EGGYC, como organismo rector, llevamos adelante las capacitaciones en Ley Micaela y desarrollamos junto a la UNAJ las primeras cohortes de las Diplomaturas en Abordaje Estatal Integral en Violencias por Razones de Género y Prevención Comunitaria de Violencias por Razones de Género.
Estas diplomaturas contaron con estudiantes de todas las regiones bonaerenses y de otras provincias, y ya egresaron más de 1100 personas.
Por su parte, realizamos cuatro ediciones del Congreso “Políticas para la Igualdad: Estado Presente” y en junio tendrá lugar la quinta. Es una muestra de nuestra vocación por debatir, intercambiar experiencias y construir respuestas federales y colectivas en un momento en el que otros niveles del Estado se están retirando.
En materia de cuidados, impulsamos la sanción de dos leyes provinciales destinadas a garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, una problemática con un fuerte sesgo de género.
Una encuesta promovida por nuestro ministerio en 2022 mostró que más del 66% de las mujeres encuestadas no recibe cuota alimentaria o solo la percibe eventualmente luego de separarse del padre de sus hijas e hijos.
Frente a esta situación, en diciembre de 2024 se sancionó la Ley Nº 15.513, que simplifica el proceso judicial para reclamar la obligación alimentaria. Luego, en marzo de 2025, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley Nº 15.520, que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
Cuando el Estado nacional se corre, las desigualdades se profundizan, tal como un dominó. En la Provincia elegimos el camino contrario: más presencia, más inversión y más políticas públicas para garantizar derechos y sostener la vida en comunidad.
