¿Cuáles son los ejes centrales del enfoque de seguridad que impulsa el gobierno provincial? ¿Qué resultados y transformación destacaría?

Nuestro modelo de seguridad se basa en tres pilares: el fortalecimiento organizacional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la descentralización de las operaciones policiales en coordinación con los 135 municipios y la persecución penal estratégica de las organizaciones criminales en articulación con las autoridades judiciales.

Desde la creación del Ministerio de Seguridad en 1998, es la primera vez que la Provincia de Buenos Aires logra sostener una misma política por más de un período de gobierno. Es un logro inédito. Y esa es la base necesaria para seguir bajando el delito.

A lo largo de estos seis años de gestión implementamos una estrategia de fortalecimiento integral de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuyo volumen y alcance no tiene precedentes. Hoy tenemos una policía ordenada, profesional y bien equipada que recuperó el prestigio y la confianza de la comunidad.  Hoy la policía, la justicia y los municipios trabajan en un mismo sentido, con un mismo método, y con un vínculo de confianza basado en objetivos compartidos.  

El fortalecimiento organizacional de la Provincia de Buenos Aires puede desglosarse en varias partes. Primero, el bienestar de nuestros policías, que es una prioridad. Abrimos la primera farmacia policial, con un esquema de cobertura que alcanza hasta el 100% para el personal y sus familias. Desarrollamos un método serio y previsible para ordenar los traslados y facilitar la organización de la vida familiar. Fortalecimos con nuevos profesionales el área que asiste a los policías heridos en actos de servicio. Y creamos nuevas categorías de horas adicionales, mejor remuneradas. 

Fortalecimos la capacitación y desarrollamos un sistema de formación basado en las especialidades policiales. Creamos la universidad de la policía, el Instituto Universitario Juan Vucetich, que hoy no sólo capacita a los policías bonaerenses en base a estándares internacionales de calidad, sino también al personal municipal de los COM y de las patrullas urbanas, para que trabajen articuladamente con la policía.

Profesionalizamos el sistema de promoción y carrera. Se terminaron los ascensos extraordinarios por amiguismos y favores políticos. Los policías ascienden por antigüedad y desempeño, y llegan a la cúpula aquellos que demuestren condiciones para la conducción estratégica y que logran bajar el delito en la jurisdicción que tienen cargo.   

Segundo, la modernización del soporte logístico y tecnológico del trabajo policial. Adquirimos vehículos de todo tipo, incluyendo 9.500 patrulleros y 2.000 motos. Hoy contamos con 11 helicópteros operativos y somos la fuerza con mayor capacidad en operaciones aéreas del país. 

Creamos el Sistema Multiagencia que integró en una misma plataforma los sistemas provinciales y municipales. Gracias a ello, hoy controlamos el patrullaje en tiempo real, despachamos 10 mil patrulleros diarios por llamadas al 911 y logramos cumplir con la meta planificada: cada 4 horas, un patrullero recorre el 75% de las calles de la provincia.

Además de fortalecer a la policía en todas sus dimensiones, jerarquizamos el rol de los municipios y descentralizamos las operaciones policiales. La policía bonaerense sigue siendo una institución provincial con un mando jerárquico y centralizado, una doctrina unificada y una carrera profesional establecida. Pero el sistema de seguridad nunca estuvo tan descentralizado como ahora. 

Los intendentes tienen la facultad de presentar un Plan Integral de Seguridad Local que tiene que incluir, para cada barrio, la planificación de las acciones de gobierno en materia relación con la videovigilancia, la infraestructura urbana que influye sobre la seguridad, como la iluminación, la conectividad, la poda y la urbanización, y las pautas de trabajo en materia de salud mental, violencia de género, atención a las víctimas de delitos, menores que cometen infracciones a la ley, egresados penitenciarios que salen de la cárcel y vuelven al distrito, etc.

En cada municipio hay una Mesa de Coordinación, donde se diseña, se controla y se evalúa con base en evidencia científica los resultados del trabajo policial. Cada intendente accede a todos los análisis de información criminal, y gracias a la plataforma Multiagencia, sabe dónde está cada patrullero y qué recursos policiales tiene en su municipio.  

La provincia hizo una inversión presupuestaria muy importante para fortalecer el sistema de seguridad de cada municipio. En seis años se distribuyeron cuatros Fondos de Fotalecimiento de la Seguridad entre los 135 municipios en base a un coeficiente técnico que aseguró un tratamiento equitativo sin distinciones políticas. Esto permitió a los municipios adquirir nuevos patrulleros, cámaras de seguridad, botones antipánico, lectoras de patente y softwares para la prevención del delito.

Los resultados obtenidos avalan el camino que construimos. En 2025 logramos la segunda tasa de homicidios más baja desde que hay mediciones, y la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo de la historia, con una reducción del 17% con respecto a 2024. En el primer trimestre de 2026 se profundizó la caída en los indicadores de violencia letal: el total de homicidios se redujo un 14,6% y los homicidios en ocasión de robo pasaron de 35 a 20 casos (un 40% menos). El robo y hurto automotor, en lo que va de 2026, está por debajo de los niveles de pandemia, cuando los delitos contra la propiedad alcanzaron su piso histórico. 

En conclusión, se consolidó una Política Integral de Seguridad después de 30 años de desencuentros. Nuestra política generó adhesión y respeto en los tres poderes del Estado y en todos los partidos políticos. Hoy la policía es respetada. El ministerio ejerce la conducción estratégica del sistema provincial de seguridad pública, y cada intendente conduce su propio plan de seguridad a nivel local. En 2019 llegamos al Ministerio con una visión que finalmente se convirtió en una Política de Estado.

Hacia adelante, ¿sobre qué desafíos y/o aspectos pendientes pondrán el foco?

Desde la creación del Ministerio de Seguridad en 1998, es la primera vez que la Provincia de Buenos Aires logra sostener una misma política por más de un período de gobierno. Es un logro inédito. Y esa es la base necesaria para seguir bajando el delito.

El primer desafío es generar las condiciones políticas e institucionales para que este sistema de trabajo se mantenga en el tiempo y se profundice, más allá de quien gobierne.

Para ello, vamos a trabajar con los funcionarios judiciales, los intendentes y los legisladores de la provincia a los efectos de institucionalizar legalmente los cambios que generamos en materia de fortalecimiento de la policía y descentralización de la seguridad. 

También vamos a profundizar el fortalecimiento tecnológico. Tenemos planificada la expansión del 911, la incorporación de inteligencia artificial para la detección automática de vehículos, dominios y patrones sospechosos, el desarrollo de nuevas tecnologías de reconocimiento facial en un marco de respeto al derecho a la privacidad, y la incorporación de softwares que mejoran la eficacia de las investigaciones criminales a partir del análisis de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Creemos que es necesario avanzar en algunas actualizaciones normativas en el plano penal y procesal penal. Cambiar algunas leyes para marcar con firmeza un límite en contra de las acciones que impliquen potencialmente violencia letal. No puede ser que la portación ilegal de un arma de uso civil o el delito de abuso de armas sean excarcelables. Si hay un arma, tiene que haber una reacción estatal contundente. En este punto, algunas competencias son federales y otras provinciales, por lo que es necesario darnos un trabajo de articulación entre ambos niveles de gobierno.

Otro desafío es profundizar la experiencia del programa Entramados en el nuevo contexto que nos impone la baja de la edad de imputabilidad. El gobierno nacional se limitó a promover una reforma legal sin prever el presupuesto necesario para asegurarse que funcione. No corresponde que los menores de 14 y 15 años compartan celdas con mayores de edad, o que permanezcan separados de ellos por construcciones improvisadas que no pueden garantizar la seguridad, o que sean custodiados por penitenciarios sin capacitación para trabajar con esas franjas etarias. Aplicar esta ley requiere de una planificación que tenga en cuenta el desarrollo de nueva infraestructura, equipos interdisciplinarios y protocolos de trabajo.  

También estamos trabajando en el desarrollo de nuevas capacidades en materia de cibercrimen. Hoy asistimos a un incremento en las tentativas de cometer ilícitos bajo ciertas modalidades que la gente ya conoce, como las ciberestafas a través de links o identidades falsas, pero también al surgimiento de nuevos fenómenos, como las subculturas digitales que promueven el odio y la violencia, y de modalidades híbridas, como los delincuentes que obligan a sus víctimas a punta de pistola a transferir dinero a billeteras virtuales. 

Hoy la policía bonaerense tiene capacidades robustas para el trabajo con tecnologías aplicadas, que se manifiestan, sobre todo, en el esclarecimiento del 96% de los homicidios en las primeras 48 hrs. Pero los entornos digitales no harán otra cosa que ampliarse, y tenemos que seguir mejorando. La nueva ley de personal que enviaremos a la legislatura nos dará herramientas para reclutar personal con habilidades críticas en materia informática y tecnológica, y creará un plus salarial para aquellos policías que se capaciten y trabajen en áreas de cibercrimen.

Axel ha planteado que la Provincia actúa como “escudo y red” frente a la crisis socioeconómica y a la deserción del Estado Nacional. ¿Cómo se traduce esa idea en la política de seguridad concreta, especialmente en territorios donde la violencia está asociada al deterioro del tejido social?

En este punto hay que separar dos planos de acción. Uno externo, de cara a la sociedad, y otro interno, de cara a la situación del personal policial.

Por un lado, hemos desarrollado muchas capacidades de intervención que hoy le permiten a la policía estar presente en los territorios más vulnerables, especialmente a través de la UTOI, un grupo especial de nuestra policía, entrenado para intervenir en espacios urbanos con alta concentración de violencia y presencia de redes delictivas dedicadas al narcomenudeo. La UOTI cuenta con 14 bases y 2.400 efectivos con una formación mixta que combina las habilidades de proximidad con la disciplina de un grupo táctico. Este año vamos a inaugurar 5 nuevas bases de UTOI con 500 efectivos.

Sumado a ello, hoy el Ministerio de Seguridad articula transversalmente su política con el resto de las áreas del gobierno provincial. Con la Dirección General de Escuelas tenemos una articulación permanente para el abordaje de un abanico de situaciones que vinculan educación y seguridad, y que incluyen el cuidado de las infraestructuras escolares, la protección de las adyacencias de los establecimientos donde circula toda la comunidad educativa, y más recientemente, la detección temprana de hechos de violencia extrema y el abordaje de prácticas de intimidación y amenazas asociadas al ámbito escolar. La violencia es una expresión de malestares más profundos y más generales que a veces se asocian a padecimientos de salud mental, agravados por el deterioro del tejido social, y que es necesario abordar juntos. 

Por otro lado, en el plano interno, trabajamos mucho sobre el bienestar de nuestros policías desde una mirada de cuidado y respeto. Creamos un Programa de Prevención del Suicido que trabaja de manera directa con los efectivos policiales que lo necesitan y capacitamos a todos los jefes de dependencias en la detección de alertas tempranas. También trabajamos individualmente con todos los policías afectados por padecimientos en su salud mental, logrando en muchos casos la vuelta al trabajo en condiciones seguras. 

Si pensamos la seguridad a escala nacional, ¿qué rasgos debería tener una política nacional seria y eficaz? ¿Qué diferencias encuentra con las visiones como la que lleva adelante el actual Gobierno Nacional?

En primer lugar, es necesario construir un acuerdo en torno a la lucha contra el narcotráfico como prioridad estratégica número uno. En la Provincia de Buenos Aires, todos los jefes que organizaban el negocio del narcomenudeo a fines de 2019, hoy están presos. El dinero de la droga tiene un poder enorme para corromper todo lo que toca. Destruye la autoridad de las instituciones a través de la corrupción, y destruye la convivencia en los barrios a través de la violencia. 

Para ello, es imprescindible fortalecer las capacidades de la justicia federal. Hoy la droga pasa por las fronteras y circula impunemente hasta llegar a los barrios de las veinticuatro provincias, donde envenena a nuestra gente y generan violencia. 

Lamentablemente, al día de hoy, el país no está en condiciones de mostrar ninguna investigación importante por lavado de dinero asociado al narcotráfico. Nadie recuerda cuál fue la última organización narcocriminal importante desbaratada por una investigación de nivel federal. Ya ni siquiera hay noticias sobre procedimientos donde se incauten grandes cantidades de droga. La deserción del Estado nacional es total.

Segundo, necesitamos un compromiso muy fuerte para reconstruir las fuerzas federales de seguridad. El Presidente prometió destruir al Estado desde adentro. Y esa destrucción incluye especialmente a las fuerzas de seguridad y defensa, porque no hay forma de luchar contra el delito y proteger la soberanía nacional sin un presupuesto que sostenga la logística y la tecnología que se necesitan para ello. 

Las fuerzas están sufriendo un éxodo de efectivos muy bien formados que no tiene antecedentes. Hay que restaurar el liderazgo y la autoridad de la conducción en las cuatro fuerzas de seguridad. Estamos ante una situación inédita, porque nuestras fuerzas federales siempre fueron instituciones muy prestigiosas que nutrieron con su experiencia a toda la región. 

Y el ajuste de Milei los llevó a una situación donde miles de policías federales, gendarmes y prefectos honestos no pueden hacer su trabajo por falta de recursos, y ni siquiera pueden atender adecuadamente su salud ni la de sus familias por el colapso de sus obras sociales.    

Por último, tenemos que construir un Ministerio de Seguridad que tenga en cuenta qué modelo de Nación necesita cada provincia. Eso requiere un diálogo amplio y honesto con los 24 gobernadores y con las autoridades judiciales federales y provinciales. 

Hay que discutir qué tipo de intervención territorial de las fuerzas federales necesita cada provincia, cómo vamos a construir espacios de trabajo para la persecución penal estratégica de redes criminales complejas, cuál es la agenda en relación al cuidado de infraestructuras críticas e intereses estratégicos que se vinculan con la soberanía y que requieren una articulación con el sistema de defensa, y cuáles son las capacidades que necesitamos desarrollar de manera descentralizada para la gestión de riesgos y emergencias.     

Los únicos “logros” de la gestión Milei en materia de seguridad se dieron en el Congreso de la Nación, donde están representadas todas las fuerzas políticas, como la ley antimafias, la ley de reiterancia y la reforma del régimen penal de la minoridad. Pero ninguna de estas leyes puede disimular el deterioro que produjo el ajuste sobre la seguridad.

El gobernador Kicillof ha destacado la importancia de la solidaridad federal, y desde el Gobierno Provincial han actuado ante crisis en otras provincias. ¿Cómo se articula esa cooperación en materia de seguridad? 

Para nosotros el federalismo no es un concepto abstracto; nuestra concepción del federalismo la demostramos con hechos concretos que se rigen por el principio de solidaridad. En una Argentina del “sálvese quien pueda” impuesto por el Gobierno Nacional, nosotros llevamos a la práctica el “nadie se salva solo”: salimos adelante colaborando desde el trabajo y poniéndole el cuerpo a las situaciones. 

Siempre destacamos que el delito complejo, el narcotráfico y las catástrofes climáticas no reconocen fronteras provinciales. Si pretendemos encerrarnos dentro de los límites de nuestra provincia ignorando lo que pasa al lado, estamos condenados al fracaso. La seguridad se construye regionalmente y más allá. En nuestro país no se produce cocaína, eso sucede en otros Estados; por lo tanto, si la droga no ingresara por las fronteras nacionales, la problemática interna sería completamente distinta. 

Nosotros estamos siempre a disposición de la cooperación, pero esta siempre debe ser solicitada por la parte implicada. Por más vocación solidaria que tengamos, si no nos convocan a trabajar, no podemos intervenir de oficio. Por ejemplo, pusimos nuestros drones de última tecnología a disposición para la búsqueda de Loan en Corrientes porque fuimos requeridos, y una vez allí todo el trabajo se puso a disposición de la Justicia y se guio bajo sus instrucciones. En el caso de Rosario fue exactamente igual: la Ministra Bullrich nos solicitó patrulleros para implementar el Plan Bandera. Acudimos de inmediato, porque entendemos perfectamente que pacificar Rosario es, también, blindar el norte de nuestra propia provincia. 

Con la problemática de los incendios forestales, las colaboraciones habitualmente son admitidas por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio Nacional. Sin embargo, en estos casos también articulamos de provincia a provincia cuando el foco se encuentra fuera del área nacional, como puede ser un Parque Nacional. En el Parque Los Alerces, en Chubut, hemos colaborado trabajando por fuera del parque, en territorio provincial, estando más cerca de las comunidades de Esquel, de El Bolsón en Río Negro, o de Aluminé en Neuquén; también lo hemos hecho en Córdoba, Mendoza y Corrientes. 

Son experiencias que no solo nos unen como argentinos, sino que nos permiten demostrar en el terreno el equipamiento y la calidad profesional que tienen los policías de nuestra provincia. Llevamos recursos que muchas veces no tiene el Estado santafesino ni el Estado Nacional: desde los móviles blindados hasta los helicópteros que usamos en los incendios, vestimenta especial, herramientas de mano, autobombas y camiones cisterna. 

Mención aparte merece su destacada capacitación y entrega. En el sur nos pasa seguido que, cuando llegan nuestros brigadistas, son mirados con cierta incredulidad porque localmente creen que tenemos terrenos de trabajo muy diferentes entre sus bosques de alta montaña, la llanura pampeana o las islas del Delta. Eso dura hasta que los ven trabajar;

después, ya no quieren que se vuelvan y cada año, como la problemática es recurrente, nos piden que regresemos a dar una mano. 

Por supuesto que todo esto responde a una planificación y a un trabajo coordinado. Las experiencias federales consisten en eso: aportar lo que tenemos, siendo plenamente conscientes de que contamos con esos recursos por una firme decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof. No es solo por su visión federal de la política, sino por su manera de entender la gestión pública desde la eficiencia y la inversión estratégica de los recursos. 

Además de su rol como ministro, ha comenzado a interactuar con referentes políticos de distintas provincias para contribuir a construir una alternativa al gobierno de Milei. ¿Qué reacciones y desafíos han surgido en torno a esa construcción política? 

Para un peronista, la gestión está íntimamente ligada a la militancia. Exige entrega, compromiso y la voluntad de trabajar cada vez con mayor inteligencia y creatividad para sobreponerse a los problemas y a los desafíos que van surgiendo. Esto demanda una simbiosis perfecta entre la calificación técnica para el puesto y la mística que este ministerio requiere. 

La construcción política es inherente a nuestro rol: trabajamos y articulamos con 135 municipios de distintos signos políticos, dándole viabilidad a la gestión de la seguridad en cada uno de ellos. Eso es construir política: construir aceptando la diferencia, pero con una idea de fondo. Es la forma de hacer las cosas que nos marca cada día Axel Kicillof. No concebimos la gestión pública como una tarea de tecnócratas encerrados en una oficina, ni como una cuestión sectaria donde se construye solo con los cercanos y se margina a la diferencia. 

Esta experiencia que transitamos desde la gestión y desde la política nos da un tacto y una sensibilidad que hoy demandan los dirigentes del interior. Esas regiones están muy maltrechas por la falta de federalismo y necesitan de un proyecto que una, que devuelva la esperanza a los olvidados de la patria. Por eso vamos siempre al abrazo, al encuentro y a la escucha. Proponemos un proyecto de país previsible, productivo y con justicia social, pero sin soluciones mágicas ni paracaidistas; vamos a aportar al intercambio desde las experiencias de cada territorio. 

El desafío principal es, desde la escucha y abrazando las diferencias, romper el aislamiento que el Gobierno Nacional intenta imponer a las provincias. Debemos tejer una red de coincidencias programáticas que vaya más allá de las fronteras partidarias tradicionales. El desafío es traducir esa experiencia de gestión en un proyecto nacional que le devuelva la dignidad al trabajo, la soberanía a nuestras decisiones y la tranquilidad a cada rincón de la Patria.