Este año se cumplen 50 años del último Golpe Militar.  Resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva: fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. Para lograrlo, además de quebrar la democracia, se buscó también quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa. 

Hoy no vivimos en dictadura, pero sí somos testigos del ascenso de las extremas derechas que en muchos países están atacando la convivencia democrática, y la idea misma de comunidad. Tristemente, también nuestro país se convirtió en un laboratorio de una derecha extrema que llega al poder y gobierna exaltando el odio, consagrando al insulto y a la humillación como método político. No es una coincidencia que este clima de autoritarismo vaya de la mano de proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y que vacían de contenido social a la democracia. Así, la sociedad se fractura progresivamente entre una minoría repleta de privilegios y mayorías repletas de privaciones.

Con relación al desempeño del plan libertario ya no quedan dudas: incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Después de más de dos años de gobierno, no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente: no se produjo ninguna clase de recuperación económica. Vemos en cambio trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no les alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados, estudiantes, docentes, artistas y científicos sin un mango. 

El panorama es alarmante: se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños. Desde que asumió Milei, escuchen, cerraron cerca de 30 empresas por día. En toda la Argentina ya son 21.938, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia. Desde que llegó Milei, cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado. Ya son 299.600 los trabajadores registrados que se quedaron en la calle. Crece también la subocupación y cerca de 200.000 personas pasaron a la informalidad. En Argentina hay menos trabajo con derechos y más precariedad.

En síntesis: la macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno Nacional es un fracaso. Los datos demuestran que el relato de crecimiento, estabilidad y equilibrio que vende el Gobierno es una mentira. El crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina, que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor. 

¿Qué teoría económica puede llamar CRECIMIENTO a esta realidad? ¿Qué clase de equilibrio tiene una sociedad cada vez más desigual y precarizada? ¿Qué estabilidad tiene una familia amenazada por el despido, donde la plata no alcanza y las deudas crecen? ¿Qué clase de orden es posible con una crisis económica que genera angustia y desesperación? ¿A qué se refieren Milei y sus funcionarios cuando dicen que este modelo es exitoso? 

Para aclarar este misterio hay que evaluar estos resultados alcanzados a la luz de los objetivos que el propio gobierno confiesa. Aspiran a imponer en Argentina lo que llaman el “modelo de Perú y Paraguay”. Con todo el respeto por estos países, no podemos aceptar que nos quieran imponer esa meta como destino. Se trata de un modelo de primarización productiva y precarización laboral que los Ministros libertarios presentan como un paraíso capitalista. Esa meta significa terminar de destruir a nuestra clase media, significa terminar de destruir un sistema de salud pública que, con todas sus dificultades, cuida y salva vidas sin pedir plata a cambio. Significa terminar de destruir el sistema universitario argentino que es orgullo nacional, un sistema científico, una tradición cultural y educativa que construimos durante generaciones. En resumen, de seguir 6 años más por este rumbo, Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y como sociedad.  Este no es “un ajuste más”: es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser. 

La crisis que vivimos tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional. ¿Cómo funciona? Dólar barato que desalienta la producción, importaciones que desplazan trabajo argentino, salarios reprimidos que hunden el consumo, tasas altas que premian la especulación y un ajuste fiscal que quita derechos y paraliza la inversión pública. Es un modelo que favorece a la renta financiera y a algunos grandes exportadores de materias primas, pero que debilita a la industria, a las pymes, al trabajo y a la clase media. 

Suele ocurrir que quienes aplican este tipo de políticas no comprenden la dimensión humana y la dimensión social de la economía. Las fábricas no solo fabrican cosas. Cada fábrica, fabrica un país. No es una metáfora: es una verdad social. Una fábrica es trabajo, es identidad, son proveedores, es un barrio, son comercios, es una escuela técnica, es conocimiento y es dignidad. Por eso la desintegración del tejido industrial es un crimen social. Pero hay algo todavía más perverso. Este gobierno no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable. “Fracasaste” les dicen a quienes pierden su trabajo, a quienes tienen que cerrar sus empresas. Esa crueldad es parte del programa. Por eso, quiero hablarle directamente a esa mayoría de argentinos:

Al empresario pyme, al industrial, al comerciante que quiere producir, invertir, pagar sueldos, sostener trabajo, y hoy es empujado al abismo: le digo no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión, es la caída del consumo, es la apertura importadora y el tarifazo.

Al universitario, al artista, al emprendedor que no tiene ingresos o ventas, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al cuentapropista o al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste, es la precarización, es un modelo de tremenda concentración económica. 

A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad.  

En otras palabras: ARGENTINA, NO SOS VOS. ¡ES MILEI!

Resulta fundamental que entendamos este aspecto, porque si creemos que el problema somos nosotros, si creemos que los argentinos “no servimos”, que los trabajadores son todos vagos o que los empresarios nacionales son todos ineficientes corremos el riesgo de naturalizar lo que ocurre en nuestro país. Y la resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico. Lo primero que tenemos que recuperar, es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar. 

Además de echarle la culpa a la gente, insisten con que la raíz de todos los males es el Estado. Quiero avisar que la mano invisible del mercado no va a defender nuestra producción nacional en el medio de estas guerras comerciales internacionales, la mano invisible no va a construir los miles de kilómetros de autopistas y vías de tren que requiere nuestro país para desarrollarse, la mano invisible del mercado no va a generar puestos de trabajo mientras las transformaciones tecnológicas los amenazan. La mano invisible del mercado no existe, es un verso. Sin Estado no hay más libertad; hay ley de la selva, hay abuso. 

A contramano

El plan económico que está destruyendo el país no solo es dañino, además es absolutamente anacrónico, inoportuno y a contramano del contexto internacional. El mundo atraviesa cambios geopolíticos profundos y acelerados, transita turbulencias de todo tipo. Ante esto, los países fortalecen sus capacidades y defienden sus recursos. Este mundo no pide menos Estado: pide protección, planificación, capacidad productiva, industria, generación de trabajo, naciones más fuertes. Ese camino lo recorren con éxito algunos países europeos, México, Brasil, e incluso en parte Estados Unidos. Protegen lo propio, disputan cadenas de valor, invierten, incluyen, planifican.

Mientras tanto nuestro país, liderado por fanáticos de una teoría ridícula y antigua, queda más expuesto a un mundo plagado de guerras comerciales y de las otras. Me pregunto, si tanto les gusta Trump, por qué no lo imitan en esto: ¿Se imaginan a Trump promocionando autos o ropa hechos en China que seguramente son más baratos? Es increíble pero acá está pasando: tenemos un gobierno que desprecia y funde lo nuestro para favorecer lo de afuera.

Gobernar en tiempos complejos

Nuestra gestión, que transitó por diferentes etapas. Hubo una primera etapa, desde 2019, dedicada a reconstruir capacidades del Estado provincial, a poner en marcha un plan de desarrollo y a transformar áreas clave como salud, educación, seguridad, obra pública, producción. Y hay una segunda etapa, la que se abrió con la llegada del gobierno libertario: una etapa en la que, sin abandonar el rumbo, la Provincia tuvo que convertirse además en escudo y red, para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado nacional desertor y a un modelo económico desastroso. 

Esta segunda etapa de nuestra gestión está fuertemente condicionada por la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno Nacional. De forma ilegal, nos retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, el incentivo docente y obras públicas. Sufrimos el ataque de un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses. Pese a todo, la Provincia no se detuvo. Repaso a continuación algunas de las políticas que venimos implementando en la Provincia de Buenos Aires en materia de Educación, Salud, Desarrollo federal y Seguridad. 

“Hay planes económicos que enferman”

En materia de salud nuestra gestión abraza convicciones claras: la salud es un derecho, no una mercancía. No creemos en una sociedad donde el que tiene plata se atiende y el que no la tiene espera o se resigna. Todos y todas tienen derecho a ser atendidos con la misma calidad, vivan donde vivan. Por otra parte, un sistema de salud robusto no es un gasto: es la base de cualquier proyecto de desarrollo y de una sociedad justa.

Desde un punto de partida muy precario, en 2019 iniciamos una transformación estructural basada en un Plan Quinquenal y en la creación de una verdadera Red Bonaerense de Atención y Cuidados.

En primer lugar, invertimos en infraestructura, equipamiento y tecnología, como nunca se había hecho. Provincializamos 3 hospitales, pusimos en marcha otros 4 de gestión mixta e inauguramos dos hospitales completamente nuevos. Además construimos 202 nuevos Centros de Atención Primaria en 42 municipios. Se trata de pequeños hospitales con capacidad real de resolución, más cerca de los barrios. Actualizamos el equipamiento, duplicando los tomógrafos, resonadores y angiógrafos, entre otros equipos. Entregamos 426 ambulancias de alta complejidad y consolidamos una red de emergencias con avión sanitario y helicóptero para traslados críticos. 

Además, construimos algo que no existía: la historia de salud integrada y el portal MI salud digital. Hoy millones de bonaerenses tienen su historia clínica digital unificada. Incorporamos turnos online y pusimos en marcha las teleconsultas que acercan la salud a todos los rincones de la provincia.

En salud mental dimos un giro histórico. Ampliamos urgencias e internación en todos los hospitales provinciales, creamos centros comunitarios, casas de externación y fortalecimos los equipos profesionales. La salud mental dejó de ser marginal para convertirse en una política central.

Como saben, la ideología libertaria no cree en la salud pública. Se redujo fuertemente el presupuesto nacional en salud, desregularon y aumentaron los precios de los medicamentos y muchas personas perdieron su cobertura privada o su obra social. Cerraron casi 300 empresas privadas de salud, la mayoría de las obras sociales no alcanzan a cubrir las prestaciones mínimas con los aportes y cayó 9% la dispensa de medicamentos. En este marco, tomamos medidas de emergencia. Creamos el Programa Medicamentos Bonaerenses, ampliamos el vademécum oncológico, garantizamos la provisión de insumos críticos, reforzamos psicofármacos y tratamientos postrasplante. 

Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio, una consulta. En este contexto se necesita más salud pública, no menos. Por eso enviamos a la Legislatura un proyecto muy importante: la ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia. No hace falta ser comunista ni soviético para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica.  

La salud no puede depender exclusivamente del mercado. En realidad, depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo. Hoy en la Argentina se está aplicando un modelo económico que enferma. 

“No hay seguridad posible sin fuerte inversión pública”

La seguridad es un tema especialmente sensible para nuestra sociedad, un problema atravesado por el dolor y el miedo, que sin embargo muchas veces es utilizado muchas veces por la política para hacer marketing o buscar ventaja electoral. Nosotros no lo hacemos: frente al sufrimiento, corresponde trabajar con seriedad, no con morbo ni demagogia.

Nuestra estrategia se sostiene en tres pilares claros: inversión, actualización tecnológica y formación. Y en una convicción de fondo: la seguridad es una función esencial del Estado. No se puede promover la destrucción del Estado y, al mismo tiempo, pretender garantizar protección.

En estos años realizamos la mayor renovación de equipamiento policial de la historia reciente de la Provincia. Cuando comenzamos había sólo 790 patrulleros en un estado deplorable que no podían cubrir las 1.100 cuadrículas. Incorporamos 9.592 patrulleros y 2.491 motos, lo que nos permite hoy recorrer cada cuatro horas el 75% de las calles de nuestras ciudades y pueblos. Eso significa más presencia, más prevención y más capacidad de respuesta.

Fortalecimos las fuerzas operativas: creamos la Fuerza Barrial de Aproximación, FBA, con 30 nuevas bases y  4.937 efectivos. La UTOI pasó de 636 efectivos en 2019 a más de 2.800 distribuidos en 14 bases, y el Grupo de Prevención Motorizado GPM se multiplicó por ocho. Recuperamos la flota aérea, con 11 helicópteros en operación incluyendo uno sanitario y otro con visión térmica y volvimos a poner en servicio aviones que estaban fuera de funcionamiento. Creamos también la Policía Rural, con formación y equipamiento específico, para custodiar zonas que durante años estuvieron mal protegidas.

Al mismo tiempo, ampliamos el servicio penitenciario. Cuando asumimos, el sistema contaba con 24.000 plazas. En seis años agregamos 8.500 plazas nuevas dentro de un plan de 12.000, porque no hay política de seguridad eficaz si no hay capacidad institucional para sostenerla.

Para combatir la criminalidad en los jóvenes, creamos el Programa Entramados para que toda vez que un menor comete un delito y llega a una comisaría tomen intervención el fiscal, el juez de menores y el equipo de niñez de cada municipio. El objetivo es evitar que estos adolescentes o niños que muchas veces llegan por delitos menores, sigan escalando en una espiral que los convierta en delincuentes más violentos. 

En materia de formación, cambiamos todo. Modificamos los planes de estudio, extendimos la duración del entrenamiento y, sobre todo, fortalecimos la además de la teórica, la preparación práctica para los cadetes, que prácticamente no existía. También creamos el Instituto Universitario Juan Vucetich para jerarquizar a nuestra policía.

A quienes promueven un Estado mínimo o desertor les recuerdo algo elemental: no hay seguridad posible sin fuerte inversión pública. Y pese a que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses 750 mil millones de pesos que estaban destinados a la seguridad, seguimos sosteniendo esta política y reclamando lo que nos corresponde.

Si bien hay que ser muy prudentes cuando hablamos de resultados en materia de seguridad, quiero compartir algunos datos NO para festejar, sino para rendir cuentas y para convocarlos a sostener este rumbo y a defender las inversiones en seguridad.

Hemos alcanzado una tasa del 96% de esclarecimiento de homicidios. Eso significa que prácticamente no hay crímenes impunes. En la Provincia de Buenos Aires, quien comete un homicidio o un delito grave es aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, tenga la edad que tenga. Asimismo, hoy, los principales líderes de las bandas narco que operaban en nuestro territorio están presos. 

Quiero agregar otro dato relevante: estamos logrando reducir la reincidencia en delitos graves, como resultado de una política penitenciaria que apunta no sólo al encierro y al castigo sino también a cortar las trayectorias delictivas. 

En cuanto al indicador más crítico, la tendencia es positiva. En los seis años de gestión, la Provincia registró niveles de homicidios inferiores a los 25 años anteriores. Por ejemplo, el año pasado se contabilizaron menos de la mitad de los homicidios dolosos que en 2014, y el menor número de homicidios en ocasión de robo de toda la serie, alcanzando una de las tasas más bajas de América Latina. Vuelvo a expresar que ninguna estadística compensa el dolor de una vida perdida. 

Ahora bien, la política de seguridad nunca actúa en el vacío. Se despliega en un contexto social determinado. Y lo digo con responsabilidad: un modelo económico que destruye el empleo, precariza los ingresos y profundiza las desigualdades no construye paz social. Cuando se deterioran las condiciones de vida, aumentan las violencias de todo tipo. Pese a la enorme inversión que hacemos, es importante subrayar que la seguridad no se resuelve sólo con patrulleros: también requiere un proyecto de desarrollo y cohesión social. 

“La Educación es la base del Derecho al Futuro”

Lo primero que hicimos fue lanzar el plan Escuelas a la Obra con el que ya completamos más de 8.500 reparaciones. También ampliamos como nunca la cantidad de edificios escolares. Llevamos inaugurados 296 nuevos edificios, a la vez reinauguramos 519 edificios que estaban destruidos y finalizamos 1.348 aulas nuevas. Ampliamos también la planta educativa, creando 14.973 cargos docentes y 199.333 módulos docentes, para cubrir los nuevos establecimientos educativos y para el fortalecimiento de los equipos docentes, de orientación y de conducción de cada escuela. Realizamos el pase a planta permanente de 6.301 trabajadores auxiliares de la educación, y otros 986 se encuentran tramitando el pase. 

Extendimos la jornada escolar. Desde que llegamos, 633.000 estudiantes van más horas a la escuela. Hoy, 70% de las escuelas primarias cuentan con más de 4 horas diarias de clase, 5 veces más que antes de la implementación del programa. Esto significa un 25% más de horas de clase. Entre las decisiones pedagógicas importantes se encuentran los nuevos diseños Curriculares para el Nivel Inicial, para la Educación Especial, la de Adultos y la Educación Técnica. En el Nivel Primario aplicamos también nuevas políticas para mejorar la lectoescritura.

En el nivel secundario, implementamos un nuevo Régimen académico invirtiendo en más docencia para acompañar las trayectorias de los alumnos y reducir la deserción escolar. Se dejó atrás un modelo centenario, y que por supuesto, se encuentra en constante revisión y consulta con las escuelas para realizar las modificaciones necesarias.

En las escuelas bonaerenses los pibes también se alimentan, tarea que se volvió más necesario que nunca dado el deterioro de la situación social del país: tuvimos que extender el Servicio Alimentario Escolar que hoy alcanza a 2,5 millones de destinatarios que comen en la escuela todos los días. Si a esto agregamos el módulo extraordinario MESA que alcanza a 2 millones de personas, estamos hablando del plan alimentario más grande del país con cerca de 70 mil millones de pesos por mes de financiamiento provincial.

Estas acciones las llevamos adelante en un contexto de total deserción del Estado nacional que eliminó el Fondo de Incentivo Docente, y dejó de financiar la construcción de escuelas, la distribución de libros y de tecnología. La tendencia se agrava: en el Presupuesto nacional del corriente año, se eliminó el Fondo para la Educación Técnica, desfinanciando los talleres de las escuelas técnicas, agrarias y de los centros de Formación Profesional.

A veces escucho a quienes se declaran enemigos del Estado invocar a Sarmiento, atribuyéndole ideas que él mismo había combatido. Sarmiento no dejó la educación librada a la “mano invisible” del mercado. La convirtió en política de Estado. La planificó, la expandió y la financió convencido de que era la base de la integración nacional, de la movilidad social y de la construcción de la patria.

Con todas sus dificultades y deudas, la Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región, incluso por sociedades mucho más ricas que la nuestra. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país.

Mientras el estado nacional despidió en todas las áreas a más de 60 mil trabajadores y empeora sistemáticamente sus condiciones de trabajo nosotros, aun en esta emergencia, seguiremos poniendo todo para sostener la educación pública, gratuita y de calidad. La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro hoy está siendo atacado. 

Por un desarrollo federal 

Nuestro enfoque de gobierno es profundamente federal: todos los municipios importan, todos los partidos tienen el mismo derecho al desarrollo. No queremos pueblos, ciudades y regiones que expulsen a sus habitantes por falta de oportunidades educativas, laborales o por falta de infraestructura básica. 

En el marco del Programa Estratégico De Mejora De Caminos Rurales, intervinimos 5.500 kilómetros fundamentales para el desarrollo productivo y la integración de distintas regiones de nuestro interior bonaerense. En materia hidráulica, pese a la paralización de Nación de la parte que le corresponde, seguimos ejecutando el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado. También continuamos con obras en la cuenca del Río Luján, el Reconquista, el plan hídrico de La Plata, los desagües en la cuenca del arroyo Duppy y desagües San francisco las piedras, el nodo Bragado, la presa del arroyo Pergamino entre muchas otras. A un año de la tragedia ocurrida en Bahía Blanca, estamos comenzando con la obra integral del Canal Maldonado y la cuenca con financiamiento íntegramente provincial. 

En un hecho sin precedentes, el Gobierno nacional paralizó más de 1.000 obras y 16.000 viviendas en la Provincia. Mientras tanto nosotros seguimos avanzando con la construcción de infraestructura que genera trabajo, integración y desarrollo como las obras que traen energía para San Pedro y Chivilcoy, la autovía en la ruta provincial 11, el mejoramiento integral del camino de cintura, la puesta en valor de la rambla de Mar del Plata, la restauración integral del Teatro del Lago acá en La Plata, las obras de viviendas en toda la provincia y de urbanización en barrio populares, entre muchas otras.

El desarrollo y el arraigo también requieren el acceso de las regiones a la educación universitaria. A través del Programa Puentes, ya inauguramos 48 nuevos centros, llegando a 80 municipios con 344 carreras universitarias.

Ninguna región puede lograr el arraigo y aspirar al desarrollo si no hay trabajo y actividad económica. Por eso impulsamos la agregación de valor en origen, apoyando experiencias privadas y cooperativas de diversas actividades. Con el programa de financiamiento de frigoríficos municipales incorporamos 9 nuevos establecimientos, lo cual genera empleo local y mejora la rentabilidad del productor, reduciendo costos de flete. Para fortalecer el vínculo entre producción y consumo desarrollamos Mercados Bonaerenses, con más de 40.000 ferias en 123 municipios, acortando cadenas de comercialización y mejorando precios tanto para productores como para consumidores.

El financiamiento es otra de las herramientas necesarias para promover un desarrollo más equilibrado y federal. Desde el Banco Provincia, otorgamos 3,4 millones de créditos a empresas y 1,2 millones a personas.  A través de PROCAMPO, el Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Agrario otorgaron más de $3,22 billones en créditos a más de 10.700 empresas, además del acompañamiento directo a más de 6.000 productores. Por su parte, la Cuenta DNI se acerca ya a los 11 millones de usuarios, convirtiéndose en una herramienta clave para sostener consumo y actividad. 

El equilibrio macroeconómico no significa recortar por recortar. Es necesario lograr que todas las regiones de una Provincia o de un país puedan crecer. Trabajamos por un desarrollo que no concentre, que no abandone, que no excluya, y que cada región tenga derecho al futuro.

Hay otro camino

El actual escenario económico y político se agrava de forma acelerada por los efectos desintegradores del modelo económico que está aplicando el Gobierno Nacional. Por más esfuerzo que hagamos desde el Gobierno Provincial, actuando como escudo y red, la verdad es que no alcanza. No hay soluciones provinciales para una crisis nacional, ni tampoco una solución provincial para evitar el destino al que nos conduce este rumbo económico si continua durante 6 años más. Ninguna provincia se salva si el país se hunde; ningún sector se salva si la mayoría se hunde. No existe una “isla” que prospere en un país que se desintegra. Ninguna política provincial o municipal es capaz de frenar la destrucción del tejido industrial – y del entramado social que se articula en torno a él – que se está produciendo en todo el país de forma deliberada. 

Asimismo, todas las Provincias enfrentamos un desafío común: el ataque al federalismo. Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que recorta transferencias a las provincias, que paraliza obras públicas estratégicas en todas las regiones del país, un gobierno nacional que centraliza decisiones fiscales y que se vincula con las provincias a través de la extorsión. 

El federalismo que tenemos que recuperar no significa fragmentación, ni mucho menos “que cada uno se salva solo”. El federalismo es una forma de construir unidad nacional respetando la dignidad de cada región, una forma soberana y justa de integrar partes diversas en un todo, pero sin someter a nadie. Surgió de la convicción de que la Nación no podía edificarse sobre la subordinación permanente del interior a un centro concentrador de recursos y decisiones. 

Frente a este Gobierno “Nacional” hace falta sumar fuerzas. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas. Invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma.

Sin embargo, debemos asumir otro dato de la realidad. Pese a pasarla mal, muchos argentinos no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme. La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir “no a esta política, no a Milei”. Es evidente que tampoco se trata solamente de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia. El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional. 

Esa alternativa que tenemos que construir no puede estar basada en la nostalgia ni mucho menos en el odio. Al odio no le tenemos que responder con odio, ni al caos con más caos. Esta alternativa debe ser capaz de despertar alivio y esperanza. 

Escucho muchas veces decir: “esto era inevitable”, “esto es lo que había que hacer”. Esa es una perversa mentira que tenemos que desmantelar. El sufrimiento no es necesario para crecer. Esto no es inevitable, no es una tragedia natural, no es un terremoto. El origen de este industricidio, de la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la clase media y de que la plata no alcance está en las decisiones políticas de Milei. En consecuencia, no estamos condenados a esta pesadilla. HAY OTRO CAMINO.