Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

MDF: ¿Cuáles son los principales objetivos del OPISU y qué políticas concretas están llevando adelante para mejorar la vida en los barrios populares? ¿Qué impacto tuvieron en esta etapa y en qué territorios se ve con más fuerza esa transformación?

Romina Barrios: El OPISU trabaja por la integración social de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Entendemos por integración social y urbana —o, como comúnmente se la denomina, urbanización— la atención conjunta de los aspectos físicos, sociales y productivos de las comunidades que habitan en estos territorios. Cuando hablamos de barrios populares, nos referimos a diversas formas de urbanización popular: villas, asentamientos, loteos informales, tomas organizadas, e incluso complejos habitacionales que atraviesan situaciones de emergencia habitacional.

Actualmente, desarrollamos nuestras acciones en 66 municipios de toda la provincia, interviniendo en más de 250 barrios populares mediante obras, programas y servicios de distintas escalas. Llevamos adelante lo que denominamos proyectos integrales, los cuales, de forma continua abordan obras de infraestructura primaria, secundaria, domiciliaria e intradomiciliaria. Esto implica, por ejemplo, realizar intervenciones que abarcan desde una obra de captación primaria de agua hasta la conexión final dentro de cada vivienda. Lo mismo aplicamos para sistemas de saneamiento, redes cloacales, obras hidráulicas, pavimentación, alumbrado público, y también la construcción de equipamientos comunitarios. En este marco, construimos escuelas, fortalecemos clubes de barrio y espacios comunitarios en entornos que sufren privaciones agudas y postergaciones estructurales .

Además, trabajamos con una fuerte perspectiva de generación de empleo y fortalecimiento de las economías locales en cada barrio, como parte fundamental del proceso de integración social. Un ejemplo de ello es el trabajo que venimos realizando en tres barrios populares de la Matanza -Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de Marzo-, con proyectos de integración urbana, construcción de complejos de viviendas, mejoras habitacionales, regularización dominial, ejecución y mejora de espacios públicos y espacios socio-comunitarios, mejoras de comercios, apoyo a emprendimientos y capacitación laboral, gestión de residuos, saneamiento, obras eléctricas, de cloaca, agua y pavimentación.

MDF: Frente al abandono del Gobierno Nacional, Axel Kicillof ha planteado que la Provincia actúa como “escudo y red” para cuidar a las y los bonaerenses. ¿Cómo se expresa eso en la tarea del OPISU? ¿Qué ejemplos podés dar que evidencien la deserción nacional y el rol activo que asume la Provincia en materia de integración urbana y acceso a derechos?

Romina Barrios: La deserción del Gobierno Nacional impacta muy fuertemente en nuestros barrios, y lo hace de diferentes maneras. Algunas de esas formas son directas y otras más indirectas, pero en todos los casos el efecto es profundo. En primer lugar, el desmantelamiento de las políticas sociales y de inclusión que estaban destinadas a distintas franjas etarias —niñeces, jóvenes, adultos, personas mayores— generó un vacío significativo. Tal vez, el aspecto más cruel de esta deserción concierne a que la política de ajuste aplicada ha comprometido la seguridad alimentaria. En el marco de esa emergencia, el OPISU, en articulación con otros organismos, ejecuta el Programa S.A.N.A que busca dar respuesta a las demandas y necesidades básicas alimentarias de la población de barrios populares bonaerenses. S.A.N.A implementa una estrategia integral que consiste en la entrega mensual de alimentos a comedores junto con la realización de mesas barriales que incluyen actores vinculados a los circuitos alimentarios locales de cada barrio, asistencia técnica para brindar información, implementar operativos de salud integral y capacitaciones.

A esto se suma la interrupción del financiamiento para obra pública y la paralización de proyectos que, en muchos casos, estaban próximos a finalizar. No se trata solo de viviendas, sino también de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de los barrios.

Los procesos de integración urbana son largos y técnicamente complejos. Implican intervenciones concatenadas, es decir, obras que dependen unas de otras. Por ejemplo, la paralización de obras en el Acceso Sudeste afecta directamente nuestros proyectos en Quilmes e Itatí. También nos impacta la suspensión de los programas de limpieza, mantenimiento y gestión de cursos de agua que realizaba la ACUMAR. Esto tiene consecuencias visibles, especialmente en lo que respecta a las inundaciones, porque es muy difícil sostener ese tipo de tareas a gran escala desde lo local.

Estos efectos también se evidencian en eventos climáticos extremos, como ocurrió en Bahía Blanca. Allí estaba, por ejemplo, la obra detenida por el Gobierno Nacional entre la Ruta 33 y la 3 —conocida como el distribuidor del Cholo—. El freno a esa obra tuvo un impacto muy fuerte, porque todo el sistema hidráulico previsto para canalizar el agua, así como parte del sistema pluvial urbano de los barrios de la zona, quedó sin resolver. Además, esa obra inconclusa actúa hoy como una barrera urbana que dificulta aún más la evacuación del agua. Las obras detenidas no postergan soluciones urgentes sino que también generan nuevos problemas y daños muy graves.

En este contexto, nuestra tarea es actuar como escudo y como red. No nos resignarnos a trabajar únicamente en la emergencia, sino a sostener el horizonte de integración social y urbana, a luchar contra – en palabras de Francisco- el descarte. Por culpa de la deserción del Gobierno Nacional, tal vez debamos ralentizar algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero no vamos a renunciar a la tarea que asumimos: integrar y construir dignidad. Eso implica cuidar con mucha atención las obras que siguen en marcha, que el gobernador prioriza en términos presupuestarios y políticos. Nuestra responsabilidad es garantizar, en conjunto con las cooperativas y las empresas constructoras que licitan obra pública, que esos proyectos se desarrollen en tiempo y forma, con eficiencia, transparencia y cuidando los recursos de la provincia de Buenos Aires.

Operativo de asistencia en Bahía Blanca coordinado entre el OPISU, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

MDF: Los proyectos de urbanización popular muchas veces enfrentan obstáculos estructurales y prejuicios ideológicos. ¿Qué visión del Estado, del territorio y de la comunidad guían la tarea del OPISU? ¿Qué implica “urbanizar con inclusión y justicia social”?

Romina Barrios: Efectivamente enfrentamos prejuicios, tal vez ideológicos, y también obstáculos propios del proceso. Y ahí surge una pregunta clave: ¿qué visión del Estado, del territorio y de las comunidades estamos manejando?

Lo primero que tenemos que entender es que enfrentamos un problema estructural, tanto en nuestro país como en América Latina: la segregación urbana producto de la desigualdad social. Las crisis de vivienda o los problemas habitacionales dejaron de ser emergencias puntuales para convertirse en cuestiones estructurales que debemos abordar con políticas públicas sostenidas. No se trata de caridad sino de trabajar para cumplir derechos, derechos que están en la Constitución.

El gobernador suele explicar muy bien cómo los procesos de segregación urbana y los modelos neoliberales van generando problemas estructurales, y luego se nos acusa de no hacer obras. La realidad es que, en los últimos 70 años, la población de la provincia de Buenos Aires se cuadruplicó sin que se realizaran las obras e inversiones necesarias para acompañar ese crecimiento. Y ese crecimiento no fue solo resultado del desborde de la ciudad de Buenos Aires, sino de un modelo de desarrollo productivo vinculado al trabajo que muchas veces agravó la exclusión. La falta de planificación y recursos sostenida en el tiempo y las dificultades para planificar ordenadamente ese crecimiento han generado desequilibrios. Como se dice coloquialmente, estamos siempre corriendo atrás del problema. De allí que resulta tan valiosa e inédita la decisión política de Axel de enfrentar los problemas estructurales y de fondo. Por eso, hay un gran desafío en términos de capacidades estatales para conocer, abordar y planificar soluciones de fondo. Frente a problemas tan profundos, resulta imperdonable el retiro del Estado que propone Milei.

Lo que discutimos, en definitiva, es la posibilidad de consolidar un modelo de gestión, una forma de hacer las cosas que nos permita avanzar hacia la integración social y urbana. Creo que ya está saldada la discusión que reduce el problema habitacional a la falta de una vivienda o una unidad física. Ese es el primer paso que intentan resolver los vecinos, pero el problema real está en las infraestructuras, y el Estado no puede mirar para otro lado. El mercado inmobiliario no produce integración urbana y social.

Necesitamos intervenciones profundas sobre las redes de agua, cloacas, sistemas de saneamiento, iluminación, pavimento, espacios públicos, y también sobre el acceso a derechos básicos: educación, salud, seguridad, cultura. Por eso, lo que discutimos es una mirada integral, una forma de hacer, una perspectiva que no solo contemple las necesidades físicas —que son fundamentales para una vida digna—, sino también las dimensiones sociales, comunitarias y productivas. Reconocer y fortalecer el desarrollo económico que existe en los barrios y su integración al mundo del trabajo. En definitiva, lo que estamos proponiendo es un modelo que pueda ser sostenible. No queremos poner parches.

MDF: Más allá de las urgencias que impone el ajuste nacional, ¿cuáles son las transformaciones de fondo que se busca consolidar en el mediano plazo?

Romina Barrios: Lo que buscamos consolidar en el mediano plazo es la posibilidad de explicitar con mayor claridad la necesidad de un modelo de gestión específico para atender las urbanizaciones populares existentes. Se trata de reconocer que estas urbanizaciones son resultado de la incapacidad histórica del Estado para planificar ciudades inclusivas, y que por tanto su atención debe ser una responsabilidad estatal.

Desde esa mirada —una mirada de reparación y basada en el paradigma de los derechos humanos— sostenemos que todos merecemos un lugar digno donde vivir. Pero ese lugar no es solo una vivienda: es también un entorno, una comunidad, y el acceso garantizado a servicios básicos. Necesitamos volver a construir un consenso en torno a una idea fundamental: si algunos viven muy bien y otros muy mal, todos vivimos peor. La segregación urbana, la injusticia espacial y social generan más violencia y degradan la calidad de vida de toda la sociedad.

Parte de este camino implica recuperar una visión de progreso e inclusión basada en el trabajo, y también derribar prejuicios profundamente instalados. Uno de los más frecuentes es creer que en los barrios populares “no se quiere pagar” los servicios. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de nuestros vecinos sí quiere pagar por servicios, porque los necesita. El problema es que muchas veces las prestatarias de servicios públicos no reconocen esos territorios como sujetos de derecho, y no están dispuestas a garantizar servicios de calidad, como los que se ofrecen en otras zonas.

En lugar de poner el foco en la supuesta gratuidad, deberíamos preguntarnos por qué no hubo históricamente un stock de oportunidades y condiciones para que todos puedan acceder a servicios y pagarlos como corresponde. Nuestro trabajo apunta justamente a construir sociedades más igualitarias, con derechos garantizados y también con obligaciones. Por eso acompañamos procesos de regularización, entrega de títulos, inclusión en el padrón del impuesto inmobiliario de ARBA, conexión a redes eléctricas formales y acceso a servicios de limpieza y mantenimiento urbano.

Pero también señalamos con claridad: necesitamos que las empresas prestatarias —como EDENOR, EDESUR, AYSA, entre otras— asuman su parte. Muchas veces, incluso desde el gobierno provincial estamos dispuestos a financiar las obras necesarias, pero no logramos obtener las factibilidades técnicas ni el compromiso de ejecución por parte de esas empresas. Entonces, ¿dónde están realmente los prejuicios? ¿Y cómo operan esas miradas discriminatorias?

El gran desafío que tenemos en el mediano plazo es poder consolidar un modelo de gestión que defina con claridad qué significa urbanizar. Urbanizar no es hacer cualquier cosa: es construir una ciudad justa, con reglas claras, con derechos y obligaciones para todos. Es apostar por una sociedad de iguales, en donde el acceso al suelo, a la infraestructura y al hábitat digno sea un derecho universal y no un privilegio.

Esta mirada no es utópica ni está alejada de la realidad. Es una propuesta concreta que busca que nuestros barrios sean parte activa de la planificación urbana, que sean reconocidos formalmente dentro del ordenamiento territorial. No partimos de cero: hemos conquistado normas, hemos logrado presupuestos, y se han creado instrumentos financieros clave, como el Fideicomiso SISU, que hoy se ve amenazado por el desfinanciamiento, pero que vamos a recuperar.

Cuando ese momento llegue, tenemos que estar preparados: con planes de obra, con proyectos de trabajo, con planificación territorial que tenga a nuestros barrios adentro. Reurbanizar, para nosotros, es posible y es una obligación. Tenemos un Gobierno Nacional insensible , ausente y que implementa una política económica que rompe el tejido social de los barrios populares. Pero también tenemos un gobierno provincial decidido a seguir construyendo dignidad y el derecho al futuro para todos. Para nosotros, la urbanización es parte esencial del  proyecto de justicia social que abrazamos.