Atravesamos como humanidad una profunda mutación de la realidad: un cambio de piel de la civilización entera. Sin distinción de hemisferios, ni de paralelos y menos que menos de culturas o religiones. No vivimos una crisis social y económica más, de esas que cada tanto nos sacuden y nos obligan a barajar y dar de nuevo. No. Expansión de la Inteligencia Artificial mediante, somos testigos de una revolución inédita en la historia del mundo. Y en este mar revuelto, la Argentina zigzaguea como una cáscara de nuez enfrascada en discursos de odio que plantean debates estériles y -lo más preocupante- totalmente analógicos.
Los talibanes de la motosierra cultivan la idea peligrosa de que el Estado significa un estorbo en el desarrollo de cualquier nación y el verdadero enemigo que solo sirve para asfixiar al individuo. Nos quieren vender un anarcocapitalismo de pizarrón que, en el barro de la historia, no resulta más que la vieja receta de retirar al Estado de la mesa de la innovación tecnológica para que ese espacio sea monopolizado por señores feudales de Silicon Valley, dueños de los algoritmos y, por extensión, de nuestras decisiones. En ese mapa, más que ciudadanos con derechos, somos simples usuarios proveedores de datos, mano de obra barata para entrenar modelos ajenos o consumidores pasivos de una realidad diseñada a miles de kilómetros de nuestras necesidades.
Frente a esa distopía de la concentración extrema y el sálvese quien pueda, tenemos la obligación política y moral de proponer un camino alternativo mediante la implementación de un Estado Dinámico, Ágil, Sencillo y Eficiente (DASE), lejos de ser un actor pasivo mientras el mercado decide quién sobrevive y quién no, sino que se asume en arquitecto del desarrollo nacional con progreso e inclusión. En el modelo agro exportador y extractivista al que nos quieren devolver la riqueza se medía por hectáreas o toneladas de exportaciones, pero en el siglo XXI la riqueza de cualquier nación radica en la capacidad de procesar conocimiento por parte de su población. Por eso, invertir en ciencia, tecnología e innovación no representa un gasto suntuario de un país rico: es la única vía alternativa para construir la Argentina grande, justa, libre y soberana con la que insertarnos en el nuevo paradigma mundial.
En el corazón de nuestra propuesta anida el alcanzar la soberanía digital, ya que nuestros datos representan un activo nacional y no podemos regalarlos a corporaciones tecnológicas sin recibir a cambio un beneficio para nuestras mayorías populares. Y ahí nace garantizar el derecho a la soberanía cognitiva: la necesidad como Estado de formar una ciudadanía inteligente capaz de convivir, interactuar y producir en tiempos de IA. Queremos alfabetos digitales para comprender los datos, interpretar cómo funcionan los algoritmos y así construir soluciones a nuestras propias problemáticas sin depender de terceros. En definitiva, entender que, sin una mirada humanista, la tecnología es solo una herramienta que agrava la exclusión y la fragmentación social.
Esconde un cinismo total hablar de libertad cuando la conectividad de cualquier ciudadano depende de las ganancias de una empresa privada. El Estado tiene que garantizar los fierros. Sin una red de fibra óptica federal y capacidad de cómputo propia -una suerte de “nube nacional”-, nuestra soberanía vive de prestado. Democratizar ese acceso es la base de cualquier justicia social moderna. Pero los cables no piensan.
Al mismo tiempo, necesitamos una alfabetización algorítmica de verdad. Ya no alcanza con repartir dispositivos. Hay que dar vuelta la educación para que las generaciones presentes y futuras entiendan la lógica detrás de la pantalla, que aprendan que un algoritmo puede arrastrar sesgos y que ellos ostentan el poder de programar uno distinto. La soberanía cognitiva nace en el aula, transformando a los usuarios pasivos en verdaderos creadores de tecnología.
El Estado, además, debe ser el primero en modernizarse. Dejar atrás el laberinto de ventanillas y expedientes: desburocratizar. Porque un Estado eficiente que respeta el tiempo de su gente, se vuelve transparente al digitalizar sus procedimientos y predictivo al aplicar la IA para anticipar demandas y urgencias antes de que existan. En este camino, el sector privado surge como un socio indispensable, pero bajo un modelo que fomente la industria nacional a través del apoyo a nuestras startups y PyMEs tecnológicas. De manera recurrente, Argentina exporta talento, pero hoy más que nunca necesitamos que ese conocimiento eche raíces con un sistema público y privado que ofrezca crédito, y protección al innovador local en entornos regulados donde el Estado y las empresas puedan experimentar con IA en áreas sensibles como la salud o la energía, asegurando que el beneficio sea colectivo y la competencia sea justa.
Todo esto, por supuesto, se desarrolla bajo un límite ético infranqueable. No podemos permitir que la tecnología se emplee para la vigilancia o la manipulación. Necesitamos un escudo nacional de protección de datos que resguarde la privacidad del ciudadano y evitar que sea tratado como una mercancía que se subasta al mejor postor. Un Estado DASE garantiza que la IA potencie la libertad en lugar de crear perfiles psicométricos para definir consumos o, más peligroso aún, elecciones.
Incluso en la seguridad nacional, las reglas cambiaron. En un mundo de guerras híbridas, la ciberdefensa es soberanía. Desarrollar protocolos propios no desnuda paranoia, muestra lucidez. No podemos comprar “llave en mano” la defensa de nuestro espacio digital a potencias que, si los intereses cambian, pueden simplemente desconectarnos con un clic.
Ahora bien, existe una idea falsa de que en los centros de investigación -Conicet, INVAP, INTI, INTA y las universidades nacionales- se despilfarra el dinero público. Nada más lejos de la realidad. El gran salto lo daremos cuando integremos el dato y el algoritmo a los sectores productivos en los que tenemos ventajas comparativas. Acá no corre lo de “campo e industria contra la ciencia y tecnología”. Al contrario, se basa en potenciar el campo y la industria con más ciencia y más tecnología. Sensores que optimicen el uso de agua, inteligencia aplicada a la logística industrial, predicción climática para salvar cosechas. No hablamos de logros utópicos, sino de puentes. Laboratorios de innovación abierta donde el científico del sistema público, el desarrollador de una empresa y el funcionario gubernamental resuelvan de manera asociativa y colaborativa problemas de la gente común. Esa sinergia es la que crea una economía del conocimiento robusta y, en definitiva, genera riqueza real y verdadero valor agregado.
En todo proceso revolucionario se desatan angustias y un ánimo luddista -similar al de hombres y mujeres que rompían telares en los inicios del primer industrialismo- sobrevive nuestra época. El miedo a ser reemplazado por una máquina es real y no se soluciona ignorándolo. La respuesta está en consolidar un Estado líder en propiciar la reconversión laboral más grande de nuestra historia, garantizando que las y los trabajadores adquieran las herramientas para ocupar los nuevos roles que la IA crea mediante la automatización de procedimientos. Existe una salida en aplicar una tasa de robotización que permita capacitar a nuestra gente y evitar así ampliar la brecha entre ricos y grupos trabajadores. Lejos de resistirnos a ella, la tecnología debe ser una aliada en la búsqueda del aumento de nuestras capacidades y no un motivo más de descarte social.
En conclusión, la IA ya transforma todo lo que encuentra a su paso. Debatir si vamos a usarla o no carece de sentido. La pregunta es si nos asumimos sujetos de esa transformación o nos conformamos con ser su objeto. Nuestra respuesta es clara: ese porvenir soñado lo construimos con voluntad política y la decisión de dejar atrás las viejas dicotomías que hasta acá nos trajeron. Pensar qué queremos, planificar el presente y proyectar el progreso que nos incluya a todos es el verdadero camino para garantizar nuestro derecho al futuro.
