La universidad pública argentina atraviesa uno de los momentos más complejos desde el retorno de la democracia. En los últimos meses, en cada encuentro con nuestra comunidad tecnológica, conformada por estudiantes, docentes, nodocentes y personas graduadas, aparece una preocupación común: cómo sostener las funciones sustantivas de la universidad en un contexto  de fuerte restricción presupuestaria. 

No estamos frente a una discusión meramente administrativa ni a una diferencia coyuntural  entre universidades y gobierno. Lo que está en juego es la capacidad de la Argentina para sostener un proyecto de desarrollo basado en el conocimiento, la producción, la movilidad  social y la construcción democrática. 

Las universidades públicas forman parte de la vida cotidiana de nuestro país. Cuando una  universidad tiene dificultades para sostener becas, abrir nuevas comisiones, equipar  laboratorios o financiar proyectos de investigación, las consecuencias trascienden ampliamente a la comunidad universitaria. Las sienten las y los estudiantes que trabajan para poder estudiar, las empresas que necesitan profesionales calificados y las comunidades que se benefician del conocimiento generado en nuestras aulas y laboratorios. 

La Universidad Tecnológica Nacional, como el conjunto del sistema universitario público,  atraviesa una situación crítica en materia de financiamiento. El incumplimiento de la Ley de  Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional ha impactado sobre los  salarios, los gastos de funcionamiento, los recursos destinados a la investigación y el poder  adquisitivo de las becas estudiantiles. 

Cuando se habla de presupuesto universitario, la discusión suele quedar reducida a cifras. Sin embargo, detrás de cada número existen personas, trayectorias y proyectos de vida. Para muchas y muchos estudiantes, una beca representa la posibilidad concreta de continuar una carrera. Para el colectivo docente, el pluriempleo se ha convertido en una necesidad para sostener ingresos, afectando inevitablemente el tiempo disponible para preparar clases, acompañar estudiantes o desarrollar actividades de investigación. 

También preocupa la situación de los grupos de investigación. Cuando una línea de trabajo se interrumpe, cuando se pierde un equipo consolidado o cuando una persona investigadora abandona un proyecto, el país deja de contar con capacidades estratégicas que demandaron años de construcción. 

Por esa razón, en 2025 el Consejo Superior de la UTN declaró por unanimidad la emergencia económica y salarial. La UTN no reclama privilegios. Reclama condiciones mínimas para cumplir con la misión que la sociedad le ha encomendado: formar profesionales, producir conocimiento,  impulsar innovación y generar oportunidades. 

La UTN ocupa un lugar singular dentro del sistema universitario argentino. Nació como  Universidad Obrera Nacional con el propósito de formar profesionales vinculados al desarrollo industrial del país. Esa identidad asociada a la producción, la tecnología y el trabajo sigue vigente. A lo largo de décadas hemos acompañado los procesos de industrialización, formado generaciones de ingenieros e ingenieras y consolidado una estructura federal única en el sistema  universitario argentino.

Hoy seguimos siendo un puente entre el conocimiento y la producción, entre la investigación y las necesidades concretas del desarrollo económico y social. Por eso resulta inevitable advertir una paradoja: mientras el mundo avanza hacia economías basadas en el conocimiento, la inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías emergentes, nuestro país corre el riesgo de debilitar precisamente a las instituciones encargadas de formar a quienes deberán liderar esos procesos. 

La Facultad Regional Córdoba es una de nuestras 30 sedes y refleja con claridad esta realidad. Córdoba se ha consolidado como uno de los principales polos académicos, científicos y tecnológicos de América Latina, y las universidades públicas han sido protagonistas fundamentales de ese proceso. 

Cada año miles de estudiantes llegan desde distintos puntos del país y de la región. Muchas y muchos son la primera generación universitaria de sus familias y encuentran en la universidad pública una oportunidad de crecimiento personal y profesional que de otro modo sería  inaccesible. 

Las universidades generan empleo, impulsan la innovación, fortalecen el sistema científico y  contribuyen al desarrollo económico. Pero también cumplen una función social insustituible:  formar ciudadanía, personas capaces de analizar críticamente la realidad y participar  activamente de la vida democrática. 

En la Facultad Regional Córdoba observamos una situación que expresa los desafíos que  enfrenta todo el sistema universitario. Este año la matrícula de ingeniería creció un 10%. Es una noticia alentadora porque demuestra que la juventud sigue apostando a la formación  tecnológica. Sin embargo, ese crecimiento exige más infraestructura, más laboratorios y más espacios para garantizar una educación de calidad. Hoy, en muchas de nuestras Facultades Regionales, contamos con comisiones de primer año que superan los 150 estudiantes. 

Existe además una dimensión de este debate que no puede quedar relegada: la relación entre universidad pública, democracia y derechos humanos. 

Las universidades son espacios de construcción de ciudadanía. En ellas conviven perspectivas diversas, se ejercita el pensamiento crítico y se desarrollan debates fundamentales para la vida pública. Por eso la defensa de la universidad pública está estrechamente vinculada con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la inclusión social. 

A cincuenta años del último golpe de Estado, la memoria nos recuerda que los procesos de  restricción de derechos suelen estar acompañados por intentos de desvalorizar el conocimiento y debilitar los espacios de pensamiento crítico.

Como rector de la UTN reafirmo un compromiso que forma parte de nuestra identidad: la  memoria es una construcción colectiva que nos compromete con el presente y con el futuro. En el último Consejo Superior rendimos homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado,  recibimos la visita del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y descubrimos una placa en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Defender la universidad pública también es defender la democracia, la paz y la justicia. 

Las consecuencias del desfinanciamiento tampoco se agotan en las aulas. En la UTN hemos advertido que la situación salarial y presupuestaria compromete la renovación de equipos de trabajo, afecta las actividades científicas y tecnológicas y pone en riesgo la capacidad de la universidad para sostener sus funciones de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Una parte sustancial de la investigación científica argentina se desarrolla en las universidades públicas. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron transformar sus estructuras productivas lo hicieron mediante inversiones sostenidas en educación superior, investigación y desarrollo tecnológico. 

Por el contrario, los procesos de desinversión generan efectos acumulativos difíciles de revertir. La interrupción de proyectos científicos, la pérdida de capacidades tecnológicas y la emigración de investigadores altamente calificados producen consecuencias que pueden tardar años en  reconstruirse. 

Por eso, resulta imprescindible sostener un plantel docente y nodocente calificado,  comprometido y con condiciones laborales dignas. Esa es una condición indispensable para  garantizar la calidad educativa, la continuidad académica y el cumplimiento de las funciones  sustantivas de la universidad. 

También debemos reconocer que defender la universidad pública no significa negar la necesidad  de transformarnos. Las universidades debemos revisarnos permanentemente, actualizar planes  de estudio, incorporar nuevas tecnologías, mejorar los mecanismos de gestión y fortalecer  nuestra vinculación con la sociedad. 

Necesitamos instituciones más abiertas, más inclusivas y capaces de acompañar las  trayectorias estudiantiles. Necesitamos fortalecer la participación de las mujeres en las áreas  científicas y tecnológicas, revisar indicadores y construir nuevas herramientas para mejorar la calidad académica. Pero ninguna de esas transformaciones será posible si las universidades carecen de los recursos básicos para funcionar. 

La universidad pública argentina representa una de las experiencias más valiosas de inclusión  social y construcción democrática de nuestra historia. Miles de profesionales que hoy lideran  empresas, hospitales, laboratorios, escuelas y organismos públicos se formaron en sus aulas. Millones de familias encontraron en ella una oportunidad de progreso. Numerosos desarrollos  científicos y tecnológicos nacieron en sus laboratorios. 

Nada de eso ocurrió por casualidad. Fue el resultado de decisiones colectivas, inversiones  sostenidas y una convicción compartida: que el conocimiento es una herramienta fundamental  para construir una sociedad más justa, libre y soberana. 

La discusión sobre el financiamiento universitario es, en definitiva, una discusión sobre el país que queremos construir. 

Desde la UTN seguiremos defendiendo la universidad pública, gratuita, inclusiva y federal.  Seguiremos sosteniendo la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo nacional. Seguiremos trabajando para que ningún estudiante abandone sus estudios por razones económicas y para que cada persona trabajadora universitaria pueda  desarrollar su tarea en condiciones dignas. 

Porque una universidad fuerte beneficia a toda la sociedad. Y porque estamos convencidos y convencidas de que, en tiempos de incertidumbre, defender la universidad pública es también defender el futuro de la Argentina.