MDF: ¿Qué plantea concretamente la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y qué tipo de transformaciones busca introducir en el sistema de relaciones laborales argentino?

De todo lo que trasciende – porque no hay un texto oficial – la reforma busca otorgarle más poder al empresario por sobre el trabajador. La idea es poder determinar salarios sin considerar ningún piso, reemplazar parte del salario por pago en especie, tener mayor dominio sobre el tiempo de trabajo sin tener que pagar horas extras (banco de horas, vacaciones), facilitar los despidos y relajar los controles del cumplimiento de la normativa en casos de solidaridad empresarial. 

No se trata ni de modernizar ni de dar ventajas al trabajador. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque nada impide hoy, con las leyes que tenemos, negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores. Empresas y trabajadores son libres de negociar mejoras en los salarios.  Tampoco hay impedimentos normativos para modificar los convenios colectivos, introducir mejoras tecnológicas, actualizar las definiciones de las tareas e incluso implementar algunos esquemas con horarios más flexibles. De hecho, hay varios casos donde esto ya sucedió. Y donde no sucedió, el Estado tiene un rol que jugar para promover que eso suceda, pero en líneas generales se necesita muñeca y voluntad, más que nuevas normas. La ley de contrato de trabajo lo que marca es un piso. Por encima, se puede. 

Si yo necesito modificar la ley para introducir un cambio, es porque ese cambio busca perforar ese piso. En otras palabras, la reforma busca que sea posible pagar menos, trabajar más, trabajar peor, o todas a la vez. ¿Y cómo pretende lograr esto? Ya hizo varios intentos con el decreto 70 y la ley bases. Pero el cambio de fondo que van a buscar para poder aplicar todo esto es debilitar la negociación colectiva. Es decir, la capacidad de los sindicatos de negociar por el conjunto. 

En el fondo, lo que prevalece en la mente de los ideólogos de este gobierno es tratar como igual al trabajador que al empresario. El problema es que no son iguales. El derecho laboral lo que hace es reconocer que hay una desigualdad en la capacidad de uno de negociar con el otro. ¿Por qué hay una desigualdad? Porque la mayoría de nosotros no somos realmente libres de no trabajar. Necesitamos trabajar para poder vivir. Los empresarios, en cambio, tienen un capital (ya sea en forma de dinero, de inmuebles, de máquinas), que les permite, al menos por más tiempo que a un trabajador, sobrevivir sin producir. Incluso, pueden elegir colocar ese capital en el sistema financiero y prescindir de los trabajadores. Por eso tienen más “espalda” a la hora de negociar. Y además, son menos. Atrás nuestro hay una fila de otros trabajadores en las mismas condiciones.

Para nivelar la cancha, los trabajadores se organizan y de ahí surgen los sindicatos como una forma de impedir que la negociación sean los juegos del hambre. También aparece el Estado para intentar equilibrar las condiciones. Por eso, cuando decimos que el derecho laboral es favorable al trabajador, no se está buscando que el trabajador tenga ventajas, sino borrar las desventajas que naturalmente tiene. 

En cambio, esta reforma busca darle más poder al empresario para que imponga lo que naturalmente podría imponer si no existiera la protección a los trabajadores y a su capacidad de organizarse: distribuir a gusto la jornada laboral, pagar menos cuando la cosa va mal (pero no pagar más cuando hay ganancias), exigir tareas más complejas por el mismo salario y no hacerse cargo de lo que sucede en su fábrica/negocio/oficina, entre otras.

¿Qué es lo que no hace esta reforma? Primero, no les soluciona los problemas a las PyMES, que manifiestan, en general, dos cosas. Un problema de costos (donde habrá que revisar, con los números en la mano, qué políticas se pueden implementar) y otro de previsibilidad (los famosos juicios laborales).  Esta ley no modifica – por ejemplo – las contribuciones patronales, ni los costos de la ART. Y al retroceder en derechos, va a generar más litigiosidad, no menos.

Tampoco va a generar más empleo formal. Sin crecimiento de la actividad es difícil que se genere trabajo de calidad. Pensemos en cómo va a impactar una baja generalizada de salarios sobre la demanda. Va a volver menos atractivo ese empleo formal, y es probable que veamos una mayor proliferación de actividades precarias, porque mejor autoexplotarse que ser explotado.

MDF -Desde la derecha se repite que el peronismo se resiste a aceptar los cambios que impone la nueva economía o el mundo del trabajo del siglo XXI. ¿Cómo responder a esa crítica y qué tipo de cambios sí son necesarios para mejorar la situación laboral sin perder derechos?

La derecha busca imponer una idea de que el desarrollo tecnológico solo es posible bajo un esquema laboral donde el trabajador tenga más incertidumbre: respecto a su salario, respecto a cuántas horas va a trabajar y respecto a por cuánto tiempo va a tener ese trabajo. Y a veces llaman a eso “Libertad”. Nos convencieron de que más tecnología son peores condiciones de trabajo, cuando debería ser al revés. 

Dicho esto, nadie escapa que Argentina no está generando la suficiente cantidad de empleo de calidad desde hace bastantes años. Y esto tiene que ver con que, más o menos desde 2011 la economía no crece con fuerza. Acá quiero hacer una distinción: no todos los años fueron iguales. En el periodo 2011-2015, la actividad y el empleo crecieron, aunque a tasas menores que antes. Mucho tuvo que ver el fin del ciclo de las commodities altas y la reversión de nuestro saldo comercial al calor del déficit de energía, que nos dejaron sin dólares. Se encararon soluciones en ese momento (la recuperación de YPF e inversión en Vaca Muerta) pero esto iba a tardar un tiempo en madurar. 

En el gobierno de Alberto, de nuevo tenemos algo de crecimiento de la economía, y una tasa nada despreciable de crecimiento del empleo registrado privado – que se desinfla en el último trimestre de 2023 a la luz del cambio de gobierno. En cambio, los periodos de Macri y de Mieli son de caída de la actividad y destrucción neta de empleos de este tipo. Incluso con Milei, a pesar de que ya cambió leyes laborales y de qué están pisando los salarios, la economía creció algo a principios de 2025 pero el empleo no, una paradoja que no era la norma. Durante muchos años y con leyes laborales como las que Milei quiere modificar, la actividad creció y el empleo también. Y esos años fueron peronistas.

Entonces recuperar un crecimiento más constante es una condición necesaria, y el ajuste en el Estado no ayuda. No solo deprime la demanda, sino que se está desinvirtiendo en áreas vitales para que el sector privado se desarrolle, como infraestructura (rutas, energía, etc), universidades, ciencia y técnica y educación en general.

Dicho esto, creo que nos debemos una agenda que acompañe ese crecimiento, que promueva la formalización de puestos de trabajo donde hay un jefe y son precarios, que mejore la rentabilidad de quienes tienen emprendimientos, que fomente ese diálogo para incorporar tecnología o nuevas formas de producción y que genere un mayor bienestar en los trabajadores atendiendo a nuevas demandas. 

¿Cómo construir esta agenda? Primero, es necesario desburocratizar. Inscribir a un trabajador en la seguridad social no es difícil —de hecho, en 2023 implementamos Alta Ya, un sistema simplificado—, pero después aparecen un sinfín de papeles, certificados e instancias que son difíciles de sostener en el día a día. Además, cuando llega una inspección, muchas veces se piden documentos que genera el propio Estado. Es una situación absurda que debemos corregir, porque también resta capacidad inspectiva: terminamos verificando si el empleador tiene un papel, en vez de comprobar si lo que ese papel declara realmente se cumple. 

Ahora bien, si por un lado facilito el registro, por el otro tengo que fiscalizar, las sanciones deben ser contundentes. Este gobierno, en cambio, para promover la formalización eliminó las sanciones por incumplimiento.

Segundo, creo que estamos dispuestos —al menos yo— a discutir la financiación de la seguridad social y si las pymes deben aportar lo mismo que las grandes empresas. Un esquema más claro, más económico y menos burocrático debería ayudar a las pymes a cumplir y a demostrar que cumplen. Eso también reduce la incertidumbre que suele atribuirse a los juicios laborales, que es verdad, no pueden tardar lo que tardan.

En la Provincia, por ejemplo, seguimos teniendo pendiente la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, que Vidal modificó con un esquema que en la práctica resulta inaplicable. Dependemos de la legislatura donde desde siempre estuvimos complicados como fuerza política. Por eso, de cara al futuro, es clave recuperar la calidad del proceso laboral, dotarlo de mayor velocidad y completar los tribunales, que hoy no dan abasto. Lo mismo en cuanto al sistema de ART. De todo esto la reforma laboral de Milei no dice absolutamente nada, entonces seamos nosotros los que articulemos una propuesta. 

MDF: Frente a este embate contra las conquistas laborales y sindicales, ¿qué estrategias políticas y sociales deberían desplegarse para defender el trabajo con derechos y, al mismo tiempo, pensar un modelo productivo más inclusivo y sostenible?

Son varias cosas. En principio, la flexibilización de la jornada es una demanda creciente. Pero para que esa flexibilidad funcione a favor del trabajador y de su soberanía sobre el tiempo, es indispensable que exista capacidad real de negociación.

Porque lo que busca el empresariado —y lo que plantea la reforma de Milei— es que el trabajador vaya o deje de ir cuando a ellos les conviene, y por el mismo precio. Varios compañeros y compañeras están trabajando en esta agenda, y la propuesta es clara: no hace falta desproteger al trabajador para que tenga mayor control sobre sus horarios. Esto vale también para las discusiones sobre economía de plataformas y otras formas de empleo “flexible”.

En otras palabras: donde hay una empresa que fija el ritmo y el formato de trabajo para que el trabajador alcance un ingreso digno —y obtiene una ganancia considerable por ese mismo ritmo—, es perfectamente posible proteger y garantizar derechos del trabajo asalariado sin perder flexibilidad.

En el peronismo siempre apostamos al diálogo social y a que estas soluciones surjan de los propios trabajadores y empresarios. Pero, con las promesas que la derecha les hizo a las empresas, hoy muchas no tienen voluntad de negociar.

Por eso creo que llegó el momento de elaborar ejemplos concretos —desde los sindicatos, los intelectuales y los funcionarios— que muestren que esto es viable. Y, si es necesario, plantearlo en una ley. Lo mismo vale para la negociación sobre innovaciones tecnológicas, aunque en ese terreno ya existen debates bastante avanzados.

Otro grupo de trabajadores donde se puede intervenir con propuestas es aquel en el que uno o varios eslabones de la cadena de valor concentran una ganancia importante, mientras que del otro lado hay trabajadores “independientes” y precarios, sin una relación tan visible o directa, o con algún intermediario de por medio. Allí también veo una oportunidad para que el Estado promueva mecanismos de redistribución que mejoren la situación de estos trabajadores.

Por ejemplo, ¿por qué quienes organizan grandes eventos no están obligados a contratar a las personas que se ocupan del reciclaje, del mismo modo que contratan servicios de limpieza o seguridad? Esos residuos, que contaminan y nos afectan a todos, forman parte de la ganancia generada por un consumo exacerbado. ¿Por qué no modificar la ley de costureras a domicilio y ayudar a organizarlas para mejorar los precios que reciben de las grandes marcas?

Por último, en la Provincia de Buenos Aires tenemos muchas medidas destinadas a un gran grupo de trabajadores que son realmente independientes y que no debemos seguir viendo como potenciales asalariados, sino como potenciales empresarios. Me refiero al emprendedurismo. No buscan vacaciones pagas: buscan poder pagarse sus propias vacaciones. Tal vez nos falte presentar todas estas iniciativas como una línea política coherente, pero existen en gran cantidad: Cuenta DNI Comercios, los créditos de Provincia Microcréditos, los créditos a tasa cero del Ministerio de Producción, los cursos de formación profesional gratuitos y las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense. La Provincia tiene una agenda robusta y muchas herramientas, aunque nos cuesta visibilizarlas.

A nivel nacional, es necesario pensar cómo replicar estas políticas y cómo impulsar otras que permitan mejorar la rentabilidad de los pequeños emprendimientos, así como crear mecanismos solidarios para afrontar contingencias que un emprendedor difícilmente pueda cubrir por sí solo (como una enfermedad prolongada o un accidente). Para estos casos, por ejemplo, yo replantearía completamente el monotributo. Dejaría, por un lado, un sistema impositivo simplificado con límites de facturación más realistas y, por otro, diseñaría un esquema distinto de seguridad social, con aportes acordes a las contingencias que se busca cubrir.

Como conclusión general, repito: el empleo registrado en el sector privado crece más con gobiernos peronistas. Y lo primero que necesitamos es un modelo económico donde los sectores intensivos en mano de obra se expandan. También necesitamos estabilidad para que avancen las inversiones, y un Estado que impulse y acompañe el desarrollo.

Al mismo tiempo debemos demostrar que estamos dispuestos a dar debates. Ideas no faltan: hay numerosos proyectos de ley para ampliar derechos, mejorar la productividad y profundizar políticas ya activas en nuestra provincia. Creo que todos los compañeros y compañeras tenemos que enfocarnos no solo en resistir los embates de la derecha, sino también en salir de la agenda que quieren imponernos.