Tres empresarios nacionales analizan las consecuencias del modelo de Milei en primera persona. Ausencia del Estado, caída en ventas y destrucción de la capacidad instalada.

Luciano Galfione, presidente Fundación Pro Tejer

Para quienes no conocen en profundidad su actividad: ¿podría contarnos qué produce su empresa y/o sector, qué lugar ocupa en la cadena productiva y qué impacto directo e indirecto tiene en la generación de empleo y en el desarrollo de la economía de los lugares donde opera o en general?

Nosotros fabricamos hilados y tejidos de punto de fibras sintéticas para la confección de conjuntos deportivos. Ocupamos el primer y segundo eslabón de la cadena industrial: somos proveedores de los confeccionistas, que a su vez abastecen a las marcas.

Nuestro proceso es altamente tecnificado, con máquinas de primer nivel internacional. Por eso, quienes trabajan con nosotros son personas altamente capacitadas que adquieren experiencia a lo largo de los años en la fábrica. En general, la capacitación se realiza dentro de la propia planta, entre compañeros, porque la tecnología que utilizamos requiere una formación muy específica que no existe en ámbitos tradicionales.

El impacto en el empleo es muy grande, no solo por la cantidad de puestos que genera, sino también por las capacidades que se desarrollan. En el proceso participan técnicos, operarios y todo un entramado de actividades vinculadas: mecánicos, especialistas en componentes electrónicos y distintos servicios auxiliares.

Además, la producción —incluida la tintorería— requiere servicios como vapor, aire, electricidad y gas. A esto se suma toda la cadena de proveedores e insumos: transporte, cajas, bolsas, tubos de cartón, productos químicos, colorantes, fabricación de pallets, entre muchos otros. Por eso, la cadena de suministro de una industria como la nuestra es muy amplia y su impacto en el empleo y en la economía es todavía mayor.

¿Cómo está impactando en su actividad la actual política económica del gobierno nacional —en particular la apertura comercial indiscriminada, el freno a políticas de promoción productiva o acuerdos comerciales—? ¿Qué efectos está viendo en inversión, empleo, consumo y sostenibilidad de las empresas?

La apertura comercial desmedida, la baja de aranceles a la importación y el desmantelamiento de instrumentos robustos de administración, control, trazabilidad y defensa comercial están generando que la industria compita contra productos que ingresan con precios subvaluados, prácticas desleales o estándares menores que los exigidos a la producción local. En un contexto de consumo debilitado por la caída del poder adquisitivo y altas tasas de financiamiento, esa presión importadora se traduce rápidamente en desplazamiento de la producción nacional, pérdida de competitividad frente a productos de menor calidad y, sobre todo, en un avance de productos chinos en el mercado.

A su vez, si a esto se le suma el desmantelamiento de políticas de promoción industrial, la postergación de una reforma tributaria que genere alivio fiscal a la producción y un contexto macroeconómico de apreciación artificial del tipo de cambio, la situación se agrava.

Como resultado, en 2025 la producción textil cayó 8% respecto del año anterior y 24% si se la compara con la de dos años atrás. En paralelo, la actividad de indumentaria, cuero y calzado se ubica 11% por debajo de los niveles de 2023. El correlato es contundente: 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles, dando lugar a un proceso de desinversión. No porque falte capacidad o proyectos, sino porque, con demanda incierta y márgenes negativos —que no alcanzan a cubrir ni los costos fijos ni los variables—, la inversión productiva se vuelve una apuesta inviable.

En términos de empleo, ya se perdieron más de 19 mil puestos de trabajo registrados en la industria textil, indumentaria, cuero y calzado, en un marco de caída general del empleo en toda la economía —y especialmente en la industria—, lo que dificulta que muchas personas puedan reinsertarse laboralmente. A esto se suma un avance de la informalidad, tanto en el sector como en otros rubros. El entramado textil e indumentario, además, es intensivo en trabajo y federal, por lo que cualquier contracción se siente con rapidez en pymes y economías regionales.

En síntesis, el combo apertura + recesión + financiamiento caro genera un riesgo concreto en términos de sostenibilidad empresarial: empresas que pierden escala y continuidad, proveedores que caen y una cadena que se desintegra por eslabones (fibras, hilados, tejidos, confección). Esa ruptura, después, es muy difícil de revertir.

Desde su experiencia, ¿qué políticas debería impulsar la Argentina para fortalecer la producción de su sector y de los sectores productivos en general? ¿Qué rol debería jugar el Estado nacional en la planificación, el financiamiento y la protección inteligente de la producción y el trabajo argentino?

Argentina necesita volver a poner a la producción local en el centro de la agenda económica, tal como lo están haciendo hoy las principales potencias del mundo. No se trata de una discusión ideológica ni de cerrar la economía, sino de entender que la industria es un componente central de la soberanía económica, tecnológica y social.

Hoy Estados Unidos impulsa políticas activas de reindustrialización a través del Inflation Reduction Act, programas de incentivos a la producción local y al empleo, y el aumento de aranceles y regulaciones frente al avance de productos chinos. Europa, por su parte, avanza con el Net-Zero Industry Act, regulaciones ambientales en el marco del Pacto Verde Europeo, estándares de trazabilidad y políticas de financiamiento industrial que buscan fortalecer su autonomía productiva frente a China y otros actores globales. En un contexto en el que China despliega una estrategia estatal agresiva de expansión industrial, subsidios y control de sus cadenas de valor, ninguna potencia deja su industria librada a la pura lógica del mercado internacional.

En ese contexto, Argentina debería impulsar una estrategia integral basada en cuatro pilares:

1. Planificación productiva y visión estratégica.
El país cuenta con capacidades industriales instaladas, conocimiento acumulado, entramados federales y una red de pymes que generan trabajo en todo el territorio. La industria es la única actividad capaz de articular encadenamientos productivos, generar empleo formal masivo, distribuir ingresos y construir bienestar social de manera sostenible. Planificar la producción implica dar previsibilidad, coordinar instrumentos macroeconómicos, comerciales y financieros y sostener en el tiempo una estrategia que permita expandir las capacidades. Sin planificación productiva, la economía tiende a reprimarizarse y a depender del exterior.

2. Administración inteligente del comercio.
Fortalecer los instrumentos de defensa comercial, controles de subfacturación, reglas de origen y estándares técnicos y ambientales. Competir sí, pero con reglas claras y equivalentes. La apertura sin administración no genera eficiencia: genera desindustrialización. Una política comercial moderna debe asegurar que los productos importados cumplan las mismas exigencias que se le imponen a la producción nacional.

3. Financiamiento productivo.
Recuperar herramientas de crédito accesible para capital de trabajo e inversión, especialmente para pymes. Sin financiamiento de mediano y largo plazo, la producción queda atrapada entre la recesión, tasas prohibitivas y caída del consumo. Es necesario reconstruir instrumentos de banca de desarrollo, garantías y líneas específicas que permitan modernizar tecnología, ganar productividad y sostener el empleo formal en todo el territorio.

4. Reforma tributaria pro-producción.
Avanzar en una estructura impositiva que alivie la carga sobre la producción formal, simplifique el sistema y premie la inversión, la formalidad, la presencia federal y la generación de empleo. Una reforma integral debe reducir la presión sobre quienes producen y generan trabajo registrado, eliminando distorsiones acumulativas y brindando previsibilidad fiscal para incentivar proyectos de largo plazo.

La experiencia internacional es clara: los países que sostienen y fortalecen su industria no lo hacen por nostalgia, sino por estrategia. Porque sin industria no hay innovación, no hay empleo de calidad, no hay desarrollo tecnológico y, en definitiva, no hay soberanía. Argentina necesita entender que el desarrollo productivo no es un costo: es la base de su futuro económico.

Camilo Kahale – Presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y vicepresidente CAME

La apertura indiscriminada que implementó este gobierno afecta directamente a la industria nacional y a la producción, y eso repercute también en el comercio de las calles y avenidas. La fuerte entrada de productos importados —especialmente desde China— genera un gran problema para la industria nacional.

El país necesta un proyecto de desarrollo productivo integral y una reforma tributaria generalizada que permita desarrollar más industrias, en lugar de que se cierren por “no ser competitivas”, como ocurrió en la década del noventa. Sin embargo, es difícil pensar que la política económica actual impulse un proyecto de desarrollo productivo de ese tipo.

El panorama hacia adelante es preocupante. Si no se cambian estas políticas, va a aumentar la desocupación y va a continuar la caída del empleo. Es muy probable que tanto el comercio minorista como la industria nacional sufran una caída brusca a lo largo de 2026.

A esto se suma el problema de la inflación. Mientras siguen aumentando los servicios, la nafta y todo lo relacionado con el transporte, es muy difícil sostener un índice de inflación como el que se menciona, entre el 2% y el 3%. En la práctica, los aumentos se ven todos los meses en los alimentos y en muchos otros productos. En menos de una semana, por ejemplo, una gaseosa de primera marca aumentó un 20% de un día para otro. Las prepagas aumentan entre un 3% y un 6%, y el transporte también sigue subiendo.

En definitiva, estamos al borde de un precipicio: la crónica de una muerte anunciada para la industria nacional, mientras el gobierno mira hacia otro lado.

Jorgelina Piraino – Ortopedia Piraino

Nuestra empresa es una pyme que abrió sus puertas por primera vez en 1966. Mi padre, su fundador y primer director técnico, es un italiano que Buenos Aires recibió en 1949 junto a su familia luego de la guerra y que se formó en Escuela Técnica (nocturna de adultos) y se especializó —según los programas de formación de ese entonces— en hospitales públicos.

En sus inicios, la actividad principal de la ortopedia se centraba en el taller: realización de órtesis, prótesis talladas en madera, aparatos ortopédicos, plantillas de metal o cuero, corsés en tela de cutil y la reventa o alquiler de algunos artículos estandarizados (muletas, sillas de ruedas, camas ortopédicas).

Hoy en día, la actividad principal es la producción mayormente artesanal de prótesis externas. Realizamos elastocompresivas a medida para el tratamiento de quemaduras o cirugías, también calzado ortopédico para pie diabético y plantillas especiales para casos de amputación parcial de pie. Contamos con laboratorios y talleres propios y, todos los días, concurren a nuestra ortopedia personas de distintos puntos, integrada por 20 empleados con quienes trabajamos codo a codo desde hace años. Esa es la identidad de las pymes argentinas: pequeñas empresas familiares que pasan de generación en generación, que empezaron siendo tan solo un sueño y hoy son el motor del trabajo nacional.

En ese contexto, lo primero que tengo para decir sobre cómo afecta la situación del país a nuestra empresa es lo más tangible, visible y evidente: la caída de las ventas. Sobre todo desde el último trimestre del año pasado. La cantidad de pacientes particulares disminuyó y las obras sociales y prepagas ya no cubren el 100% de los elementos como pasaba en años anteriores.

El abandono del rol del Estado como regulador de los actores privados ha hecho que hoy, especialmente las prepagas —incluso las más caras—, muchas veces no cubran los elementos o les hagan pagar a los pacientes el 50% del costo. Eso antes no pasaba. Se genera así un efecto dominó en toda la cadena del sector: cuando las obras sociales y prepagas dejan de cubrir el 100% de los tratamientos, el impacto lo sienten primero los pacientes, pero también las empresas que producimos estos insumos y nuestros propios proveedores. Además, hay elementos que fueron quitados del nomenclador y que ahora se consideran estéticos cuando en realidad son funcionales y hacen directamente a la calidad de vida de las personas que necesitan, por ejemplo, una prótesis facial.

La situación económica es angustiante y no nos ha permitido expandirnos ni proyectar mejoras. La cantidad de personal, de hecho, no se ha incrementado desde hace más de tres años.

A esto se suma el aumento permanente de los costos. Ellos dicen que no hay inflación, pero todos los materiales con los que trabajamos aumentan cada vez que vamos a reponerlos: cueros, insumos y materiales de trabajo. Incluso en los productos de reventa pasa lo mismo. También los costos de los servicios crecen progresivamente (luz, gas, telefonía) y nosotros, para poder seguir trabajando, muchas veces no subimos los precios como deberíamos. El desafío constante es sostenernos mes a mes, no caer.

Nos favorece que el trabajo que realizamos es diverso —tenemos distintos talleres y tipos de producción— y eso nos permite equilibrar un poco según la demanda de cada producto. Pero aun así la situación es muy difícil.

A todo esto se suma que la cadena de pagos se ha ralentizado sensiblemente. Los plazos de 30 días pasaron a ser de 60, 90 o 120 días, y en algunos casos incluso más. Hay obras sociales con las que trabajamos que todavía no han pagado elementos entregados hace meses. Por ejemplo, todavía estamos reclamando pagos de trabajos realizados en julio o agosto.

En este contexto, nos perjudica la falta de leyes y programas que cuiden  a las pymes y a la producción nacional. Es fundamental —y urgente— que se logre sancionar la Ley de Emergencia Pyme, que ya tiene estado parlamentario. En definitiva, este modelo es un destructor de pymes a toda velocidad.