Soberanía y desarrollo
Que todo proyecto de desarrollo requiere ampliar márgenes de soberanía debería ser una obviedad. Pero qué significa hoy esta noción resulta menos evidente, cuando la aceleración del cambio tecnológico y la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China reorganizan la producción mundial y desarman el orden de la globalización neoliberal sin generar todavía otro que lo reemplace.
La respuesta más inmediata, no necesariamente equivocada, plantea la soberanía como un inventario: defensa, control sobre recursos naturales, tecnología propia, desendeudamiento externo, capital nacional. Un país sería tanto más soberano cuantos más de estos activos logre acumular dentro de sus fronteras. Sin embargo, la soberanía depende de la posición que un país, en tanto comunidad organizada, consigue ocupar dentro de las redes jerárquicas globales que organizan la innovación, el financiamiento, la infraestructura y, por ende, la producción. Y esa posición no se juega solamente hacia afuera. También se juega hacia adentro, en la capacidad del Estado de organizar la vida común en su territorio. En la coherencia de su federalismo o institucionalidad subnacional, la armonía de clases y la seguridad ciudadana entre otras no tantas cosas.
Posición en redes, no sólo activos
Pensar la soberanía como posición sistémica implica analizar las redes de poder económico, político, militar e ideológico que atraviesan a los países. Estas redes, tal cual las concibe Michael Mann, presentan superposiciones e intersecciones, pero no pueden reducirse unas a otras porque tienen territorialidades, lógicas y temporalidades distintas. No coinciden entre sí ni con las fronteras nacionales. Tienen sus propios sujetos y procesos de transformación. Y sobre todo, no distribuyen el poder de manera homogénea, sino que generan jerarquías en las que unos pocos nodos concentran conexiones, conocimiento y capacidad suficiente para fijar las condiciones en las que opera el resto, el cual ocupa posiciones más periféricas. La cuestión es qué función ocupa un país en estas redes y cuánto margen tiene para modificarla. Participar en una red no basta, y hasta puede ser irrelevante.
Segundo intento de definición. Un Estado sería más soberano a medida que logra ubicar a la mayor cantidad posible de segmentos de su sociedad en posiciones más centrales y menos vulnerables dentro de las estructuras del capitalismo contemporáneo. O dicho de otro modo, la soberanía se juega en la capacidad de coordinar, negociar y escalar dentro de arquitecturas de poder que ningún actor controla por completo, pero en las que algunos ocupan posiciones más críticas que otros.
Llevado al terreno del desarrollo económico, como señala Pablo Levín, esa diferencia separa a los nodos que innovan de manera sistemática de aquellos que se ven forzados a adaptarse a innovaciones producidas en otra parte. Ahí reside la lógica del poder. Ahora bien, los subsistemas productivos que la innovación moldea tampoco aparecen aisladamente. Cada nodo, cada actividad nueva depende de conocimientos, eslabonamientos, instituciones e infraestructuras acumulados previamente. Por eso avanzar hacia segmentos más complejos, a la César Hidalgo y Ricardo Hausmann, es difícil, pero no imposible. Requiere construir capacidades próximas a las que ya existen y usarlas para alcanzar posiciones de mayor aprendizaje y menor vulnerabilidad.
El proyecto de país de Milei y sus aliados internacionales, nacionales y subnacionales avanza en la dirección contraria. El gobierno debilita el sistema científico y tecnológico y recorta presupuestos educativos en un momento histórico en el que estas capacidades deberían ser más importantes que nunca. A eso se suma su estrategia de crecimiento basado en grandes inversiones promovidas mediante el RIGI y el Súper RIGI. El primero apunta a los hidrocarburos y la minería; el segundo incorpora actividades nuevas y potencialmente estratégicas que van desde baterías de litio e hidrógeno verde hasta centros de datos y reactores nucleares modulares. Nadie en su sano juicio puede oponerse a atraer capitales para la explotación de recursos naturales, ni a promover sectores de frontera tecnológica. El problema radica en conceder décadas de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios extraordinarios sin pautar siquiera la generación de encadenamientos productivos de ninguna especie. En ausencia de obligaciones efectivas de transferir tecnología, invertir en investigación, desarrollar proveedores, formar trabajadores o aportar recursos al país, incluso la actividad más avanzada se convierte en un enclave. La diferencia entre inversión y desarrollo no está en el nombre del sector, sino en las capacidades que esa inversión genera…o destruye.
Además, el alineamiento automático con Washington carece de lógica justo cuando el mundo se reorganiza en torno a la multipolaridad. Expresa más bien la misma preferencia por la sumisión de los mismos de siempre. Pero tampoco hay lugar para la ingenuidad, porque la multipolaridad reorganiza la dependencia, no la elimina. Estados Unidos conserva poder militar, financiero y tecnológico, por lo que tiene poder de veto aún si no ofrece ni puede ofrecer una alternativa de desarrollo; China demanda commodities y puede financiar infraestructura pero también desplaza capacidad industrial y fija estándares propios. Si bien diversificar socios puede ampliar el margen de maniobra, cambiar de hegemón no implica cambiar de posición en la red.
El territorio que se fragmenta
La posición externa tiene un correlato interno, porque las mismas fuerzas que organizan las redes globales reconfiguran el territorio nacional. Las provincias que producen lo que el mundo demanda –granos, hidrocarburos, litio, cobre– fortalecen su conexión con la demanda externa. Al mismo tiempo, liberalización comercial mediante, y frente a la supremacía productiva china, territorios que habían construido densidad industrial, como el conurbano bonaerense, el Gran Rosario o Córdoba, pierden complejidad productiva y empleo formal. El país no se integra ni se desintegra en bloque. Mientras una parte se conecta hacia afuera por la vía de los recursos naturales la otra pierde articulación hacia adentro.
Esa fractura no es solamente económica. Cuando el empleo formal y las instituciones estatales retroceden, otras redes pueden ofrecer ingresos, protección o pertenencia. Los mercados informales y las economías ilegales llegan a organizar poblaciones en los territorios en los cuales el Estado pierde presencia efectiva. La soberanía también designa esa capacidad de sostener reglas comunes y un entramado social que no quede librado a poderes alternativos. Un gobierno que sacrifica esta dimensión genera las condiciones para el crecimiento de núcleos poblacionales bajo gobernanza criminal. En vez de celebrar el extractivismo transnacionalizado deberíamos prestarle más atención a cómo viven hoy decenas de millones de hermanas y hermanos latinoamericanos. Esta es la distopía que tenemos más cerca.
El Estado como articulador
Frente a esta doble fragmentación, la respuesta no puede ser la adaptación pasiva ni el repliegue autárquico. El bienestar de las mayorías depende de haya crecimiento con mejoras de productividad, arraigo territorial, y oportunidades bien distribuidas. Esto exige un Estado capaz de definir y sostener prioridades, evaluar cuándo una política no está funcionando y debe ser abandonada, y orientar la inversión pública y privada hacia metas concretas. Y que articule tres vectores. El primero comprende las actividades que generan divisas, porque sin la capacidad sostenible para obtenerlas el crecimiento termina reactivando la restricción externa a través de las importaciones, los pagos de deuda y la formación de activos externos. El segundo reúne los sectores que sostienen el empleo y los entramados sociales, comunitarios y territoriales. Es imperioso que el empleo asalariado formal no siga cayendo ni que se convierta en una línea de fractura entre estos trabajadores y los cuentapropistas. Quizás sea hora de aceptar que la armonía de clases es más compleja de lo que el foco en la relación trabajo asalariado-capital sugiere. El tercero abarca las actividades próximas a la frontera tecnológica, donde se define la posición futura del país. El desafío no es elegir entre estos vectores, sino evitar las combinaciones que reproducen el atraso: divisas sin encadenamientos, empleo sin productividad o innovación desconectada del resto de la economía.
El sistema nuclear argentino muestra la potencia de este tipo de articulación. Argentina es uno de los pocos países del mundo que domina el ciclo completo del combustible nuclear. Durante décadas, la CNEA vinculó formación científica, ingeniería, empresas públicas y privadas, proveedores industriales y demanda estatal. De esa trayectoria surgieron combustibles nucleares, reactores de investigación, aplicaciones médicas y exportaciones de tecnología. A través de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), la CNEA buscaba proyectar estas capacidades hacia el diseño de reactores modulares de potencia, precisamente cuando esta tecnología adquiere nueva relevancia ante el crecimiento de la demanda eléctrica de los centros de datos que necesita la inteligencia artificial.
Sin embargo, mientras el ajuste presupuestario y la pérdida de personal especializado mantienen detenida la obra del CAREM y debilitan a la CNEA, el Gobierno impulsa la propuesta de Meitner Energy para construir en Atucha el reactor ACR-300, diseñado por INVAP y patentado en Estados Unidos. Pero la sociedad que se propone desarrollarlo y comercializarlo pertenece en un 60% al grupo estadounidense Ansari y en un 40% a INVAP, prevé obtener financiamiento privado estadounidense y aspira a recibir los beneficios del Súper RIGI. Es decir, 30 años de impuesto a las ganancias del 15%, cero retenciones y libre disponibilidad de divisas, usando suelo, energía y agua argentinos sin volcar dólares al mercado local ni generar encadenamientos con el sistema científico y productivo nacional.
Vale la pena repetirlo. Lo problemático no es incorporar capital privado o extranjero. Son las condiciones de esa asociación: la capacidad tecnológica construida por el Estado argentino sería explotada mediante una sociedad bajo control mayoritario extranjero, mientras se debilita el sistema público que permitió generarla. ¿Qué margen conservaría la Argentina para orientar el proyecto y participar de sus resultados? Bajo las condiciones que plantea el gobierno actual, incluso las actividades de frontera van en detrimento del desarrollo.
La posición se disputa
Ninguna posición está dada de una vez y para siempre. Si la soberanía dependiera exclusivamente de la geología o de los activos heredados, quedaría poco por hacer salvo administrarlos. En cambio, una posición dentro de una red puede conquistarse, fortalecerse o perderse.
Los nodos se desplazan y las nuevas tecnologías inauguran trayectorias. El objetivo no es fabricar todo ni aislarse del mundo, sino ampliar aquello que el país puede producir, aprender y decidir, participando en mercados exigentes sin resignarse a ocupar los segmentos definidos por otros. Hoy la Argentina está en condiciones de hacer apuestas prometedoras en sectores como tecnología nuclear, biotecnología y software, que podría acercarla a ciertas fronteras más de lo que su decadencia relativa haría suponer. Con eso no alcanza, pero sin eso va a ser difícil escalar en las redes de poder del capitalismo contemporáneo. La soberanía no es solamente un inventario de activos ni una declaración de autonomía. Es una posición que se construye y se disputa. De eso depende la posibilidad del desarrollo.
