En los últimos años, la salud mental pasó a ocupar un lugar cada vez más central en la vida cotidiana de millones de personas y en el debate público. ¿Qué está cambiando en nuestra sociedad para que este tema adquiera tanta relevancia?

En los últimos años, la salud mental dejó de ser un tema tabú, relegado a la vida privada, para convertirse en un asunto de interés público y en una prioridad para los Estados. Este cambio responde, por un lado, al aumento significativo de los padecimientos en la población y, por otro, a una nueva forma de problematizar la salud mental como una dimensión de la vida que requiere ser cuidada.

Los jóvenes, especialmente, se apropiaron de este tema y encontraron en la salud mental un lenguaje para nombrar un conjunto heterogéneo de problemas, malestares, anhelos y demandas, tanto propias como dirigidas al mundo adulto. Por eso, la salud mental es hoy, al mismo tiempo, un problema emergente de salud pública y un significante en el que confluyen muchas de las tensiones de las sociedades contemporáneas.

El aumento de los padecimientos es un hecho que exige respuestas capaces de aliviar el sufrimiento y producir cuidados. En nuestra provincia, el avance decidido de las políticas de reforma en salud mental desde el inicio del gobierno de Axel Kicillof nos permite afrontar este escenario desde una transformación profunda del sistema, con legitimidad basada en sus resultados y con la convicción de que es posible garantizar la salud mental como un derecho y no como un privilegio.

¿Por qué aumentaron tanto los padecimientos en salud mental? 

Consideramos que existen, al menos, tres factores principales. En primer lugar, las profundas transformaciones sociales vinculadas con el desarrollo del capitalismo contemporáneo, entre ellas la expansión de las tecnologías y la creciente mediación de las relaciones sociales, familiares, amorosas y productivas, con efectos sobre los vínculos, los cuerpos y la subjetividad. En segundo lugar, la pandemia de COVID-19, que generó una crisis global de salud mental sin precedentes. Según la OMS, durante 2020 la prevalencia de la ansiedad y la depresión aumentó significativamente y, aunque algunos indicadores descendieron posteriormente, no regresaron a los niveles previos. Finalmente, en nuestro país, la crisis económica y social, resultado de las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei constituye un factor ineludible para comprender el aumento del sufrimiento psíquico.

A nivel local, los datos resultan alarmantes. Según una investigación reciente, solo el 22,5 % de la población declara dormir bien.  Además, se señala una fuerte incidencia de las preocupaciones económicas en la calidad del sueño (UBA, Psicología, 2026). Otro estudio sobre malestar psicológico evidencia un empeoramiento de la situación desde 2024: tres de cada diez personas en Argentina manifiestan experimentar malestar psicológico (UCA, Observatorio, 2025). A esto se suma el aumento de las tasas de suicidio, que en el país ya superan, en términos numéricos, la cantidad de homicidios y muertes por accidentes viales combinados. 

En este contexto, y frente al cierre dispuesto por el Estado nacional del COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental), espacio en el que, desde el retorno de la democracia, participan las máximas autoridades nacionales y jurisdiccionales de salud mental, nos autoconvocamos representantes de más de 16 provincias para elaborar el Primer estudio argentino sobre atención en salud mental, a partir de información aportada por las jurisdicciones. Sus resultados muestran un incremento del 77 % en las internaciones por motivos de salud mental y del 134 % en las consultas ambulatorias entre 2019 (año previo a la pandemia) y 2025 (Revista de Salud Pública, PBA, 2026). Se trata de un comportamiento absolutamente inédito y grave, comparable únicamente con los incrementos observados en algunas enfermedades infectocontagiosas, que está generando un nivel de estrés y exigencia sin precedentes en los sistemas de salud de todo el país. Asimismo, se observa la llegada de cuadros más graves que los históricamente registrados, a edades más tempranas, junto con crecientes dificultades para sostener la continuidad de los cuidados luego de las internaciones, en un contexto de debilitamiento de las tramas familiares y comunitarias.

Este escenario debe analizarse, además, en el marco de un subsector público de salud ya fuertemente sobreexigido durante los últimos años, como consecuencia de la pérdida de empleo, la disminución de la cobertura de las obras sociales (solo el 20 % logra garantizar el Programa Médico Obligatorio – PMO) y el abandono de la medicina prepaga por parte de un número creciente de personas. En consecuencia, el subsector público se constituye cada vez más en el principal (y, para muchas personas, único) ámbito de acceso a la atención sanitaria, al tiempo que debe responder a una demanda creciente y a situaciones de mayor complejidad.

¿La salud mental debe dejar de ser un asunto individual para convertirse en una prioridad de las políticas públicas y del Estado?

Absolutamente. Los problemas de salud mental no pueden comprenderse únicamente como problemas individuales ni como fenómenos exclusivamente sanitarios o psicopatológicos. Están estrechamente vinculados a las condiciones sociales, culturales, económicas y afectivas en la vida de las personas y a las políticas de cuidado disponibles. Sin transformaciones en las condiciones de vida, no es posible construir mejoras sostenidas en la salud mental de la población.

La Ley Nacional de Salud Mental (actualmente en jaque por una reforma impulsada en el Congreso por el gobierno de Javier Milei), incorpora esta perspectiva de las determinaciones sociales y comunitarias. Esto no implica desconocer la importancia de los tratamientos, las internaciones o la medicación, sino incorporar una dimensión históricamente negada en el abordaje de la salud mental: la dimensión social y comunitaria.

La experiencia de la provincia demuestra que es posible transformar el modelo de atención hacia uno con base comunitaria y enfoque de derechos.

Entender la salud mental como una responsabilidad colectiva implica reconocer que el Estado tiene un papel irremplazable. Invertir en salud mental no es un gasto, sino una política estratégica para reducir desigualdades, prevenir sufrimientos evitables y fortalecer el tejido social. En definitiva, hablar de salud mental es hablar del tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad más justa, solidaria y comprometida con el cuidado de la vida.

¿Qué efectos están teniendo las políticas del Gobierno nacional sobre la salud mental de la población y sobre el funcionamiento del sistema público de salud? Frente al retiro del Estado nacional y los recortes en distintas áreas, ¿cómo intenta la Provincia sostener la atención, acompañar a los sectores más afectados y actuar como “escudo y red”?

El empeoramiento de las condiciones de vida producido por las políticas nacionales impacta directamente en la salud mental de la población. El endeudamiento, la pérdida de empleo, la precarización laboral y la incertidumbre afectan a las personas adultas y también a niños, niñas y adolescentes, que enfrentan mayores ansiedades, menos tiempo y calidad de cuidados, y un aumento de las violencias interpersonales, la soledad, el sufrimiento psíquico y una precarización de las redes sociales de sostén y cuidado.

A su vez, el abandono del rol rector del Estado nacional debilita herramientas centrales para el cuidado de la población. La interrupción de programas y políticas sanitarias, la falta de financiamiento y el desmantelamiento de políticas específicas de salud mental tienen consecuencias directas sobre las provincias. Se interrumpió el suministro de medicamentos y psicofármacos (REMEDIAR, DADSE, ANDIS), dejando a 10 mil bonaerenses sin medicación; se paralizaron obras de infraestructura, se desfinanciaron instituciones, se cerró el COFESAMA y se discontinuaron políticas y programas que habían sido fundamentales para la construcción de un sistema federal de salud mental.

En este contexto, el Gobierno nacional impulsó además reformas regresivas de la Ley Nacional de Salud Mental, a espaldas de las provincias y en contra de las necesidades de la población. El proyecto retira responsabilidades del Estado nacional, debilita los marcos internacionales de derechos humanos y promueve una mirada predominantemente biomédica, con el riesgo de generar nuevas barreras de acceso al sistema. El rechazo público al proyecto ha sido expresado por la totalidad de las Facultades de Psicología del país y por más de 22 autoridades provinciales de salud mental.

Frente a este escenario, la provincia de Buenos Aires decidió no retroceder. Fortaleció la inversión en salud pública y sostuvo la transformación de las políticas de salud mental. En este marco, creó y consolidó un proyecto integral que articula distintos niveles de complejidad y políticas provinciales y municipales, orientado a construir una verdadera red de cuidados.

La experiencia demuestra que la respuesta frente al aumento del sufrimiento social no puede ser exclusivamente individual. Se necesita un Estado presente, capaz de ampliar derechos, generar condiciones de inclusión y construir políticas públicas basadas en la comunidad. Esa es la orientación que la provincia sostiene como una decisión sanitaria, ética y política.

La reforma bonaerense fue protagonizada por los/as trabajadores/as de la salud y se convirtió en una referencia para otros procesos de transformación. Ha sido reconocida internacionalmente por la ONU, la OMS y la revista The Lancet como un ejemplo de reforma sanitaria integral. Su particularidad es que no se limita a paliar el sufrimiento, sino que busca construir ciudadanía, fortalecer las comunidades y transformar las estructuras estatales. En ese sentido, la Provincia no solo busca paliar los efectos devastadores al modo de un escudo y red, sino también impulsar transformaciones que conviertan la crisis en una oportunidad para innovar, fortalecer las comunidades y construir futuro.

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se impulsa una política de salud mental con un enfoque muy distinto al de pensar únicamente en la atención de la enfermedad. ¿Cuáles son los principales lineamientos de esa estrategia? ¿Qué resultados viene dando?

La reforma bonaerense en salud mental, iniciada en 2019, tiene como objetivo transformar el modelo de atención y otorgar centralidad a la salud mental en las políticas de salud y de gobierno. Se trata de superar el modelo asilar, manicomial y hospitalocéntrico, construido durante más de un siglo, para desarrollar un sistema de cuidados de base comunitaria y con enfoque de derechos humanos, en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental.

La reforma cuenta con instrumentos programáticos que orientan la acción, como el Plan Provincial Integral de Salud Mental (al que ya se dio cumplimiento al 92% de las metas propuestas y cuyo nuevo Plan se encuentra en proceso de elaboración) y el Plan Quinquenal de Salud. Allí se definen objetivos, líneas de acción, metas y plazos, de los cuales se desprende un programa concreto. Se trata, además, de una política necesariamente intersectorial, donde una parte significativa de la inversión en salud mental proviene de áreas como Infraestructura, Hábitat, OPISU, Desarrollo de la Comunidad y Cultura.

Los principales avances pueden sintetizarse en varios ejes:

Desmanicomialización y vida en comunidad. Se elaboraron planes de reforma para los cuatro hospitales monovalentes provinciales y se desarrollaron alternativas habitacionales y de cuidado. Actualmente existen más de 220 casas de externación, donde viven alrededor de 650 personas que fueron externadas de los manicomios y cuentan con distintos niveles de acompañamiento. Este proceso permitió externar al 70% de la población que se encontraba cronificada. A su vez, los espacios hospitalarios que dejan de utilizarse se abren a la comunidad para nuevos servicios sanitarios, educativos, deportivos y culturales.

Transformación de los hospitales generales. Se amplió la capacidad de atención de urgencias e internaciones por salud mental, pasando de 11 hospitales a una red de 100 hospitales provinciales, con un incremento del 69% de las camas y la incorporación de más de 1.000 trabajadores/as. Este crecimiento, sin precedentes, se encuentra actualmente tensionado por el fuerte aumento de la demanda.

Desarrollo de dispositivos comunitarios. Se crearon 33 nuevos centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos, unidades residenciales y otros dispositivos intermedios. Esta red se articula con más de 200 dispositivos provinciales y con los 135 municipios, fortaleciendo el primer nivel de atención, los equipos móviles, las mesas locales, la formación de trabajadores/as y la provisión de medicamentos.

Infancias y juventudes. Se desarrollaron programas específicos junto con la Dirección General de Cultura y Educación. “La Salud Mental es entre todas y todos” ya alcanzó a 540.000 jóvenes y permitió ampliar la atención de menores de 18 años en la red provincial. A esto se suma la creación del Consejo Joven para promover la participación de las juventudes en las políticas públicas de salud mental.

Fortalecimiento del sistema. Se amplió la planta de trabajadores/as, se capacitó a más de 24.000 trabajadores/as mediante la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, se elaboraron guías y protocolos y se desarrolló una política de regulación del sector privado. También se amplió significativamente el programa PURPSI de provisión de psicofármacos.

Estos avances se desarrollan a partir de un método de trabajo impulsado y sostenido desde nuestro Ministerio por Nicolás Kreplak basado en la participación directa de los/as trabajadores/as y en la construcción colectiva de políticas. El Congreso Provincial de Salud, las Jornadas Provinciales de Salud Mental, los Consejos Regionales y las mesas municipales constituyen espacios fundamentales para abordar los obstáculos territoriales, construir nuevas institucionalidades y consolidar redes.

Si la Argentina volviera a tener un gobierno nacional que colocara la salud pública entre sus prioridades, ¿qué iniciativas deberían encararse para atender este tema? ¿Qué políticas públicas son imprescindibles y qué experiencias internacionales pueden servir de inspiración?

Una de las decisiones más importantes para la Argentina sería consolidar definitivamente el cambio de modelo de atención y cuidados en salud mental. Este proceso requiere transformaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Sin embargo, las reformas en salud mental no pueden pensarse por fuera de los problemas estructurales y de las transformaciones pendientes del sistema sanitario en su conjunto. Las reformas necesarias para construir en la Argentina un sistema integrado de salud tienen la misma urgencia para el campo de la salud mental. La fragmentación actual del sistema impide garantizar niveles adecuados de accesibilidad, continuidad y ordenamiento de los cuidados si no se aborda este problema de fondo.

En este sentido, el cambio de modelo de atención, la ampliación del sistema de cuidados y la integración del sistema de salud constituyen tres ejes centrales para una reforma sanitaria en la Argentina.

Cambiar el modelo de atención requiere ampliar significativamente la base comunitaria de cuidados, fortaleciendo la atención primaria y los dispositivos intermedios, incluidos aquellos destinados al abordaje de los consumos problemáticos y a la atención de infancias y juventudes. También implica articular redes de derivación y garantizar la continuidad de los cuidados en situaciones de urgencia e internación, así como mejorar la respuesta frente a las crisis que ocurren en los hogares y en los barrios mediante sistemas de emergencias con capacidad de intervención específica.

Este cambio exige, además, transformar las lógicas de organización de la atención, abandonar las listas de espera como única puerta de entrada y superar una modalidad centrada exclusivamente en la atención individual. Sin modificar estas lógicas internas, será difícil alcanzar a la población de la manera que las necesidades actuales requieren. Es necesario incorporar espacios de primera escucha y evaluación inicial, diversificar los dispositivos de atención y ofrecer no solo tratamientos, sino también acompañamiento, prevención, inclusión y cuidados. Del mismo modo, resulta fundamental ampliar los espacios grupales, que permiten trabajar sobre la dimensión del lazo social en un contexto en el que la soledad, las inhibiciones y las dificultades relacionales constituyen dimensiones relevantes de muchos padecimientos.

El hospital y la internación pueden y deben constituir, cuando resulten necesarios, un momento dentro del proceso de cuidado de la salud, mejorando sustantivamente su capacidad de respuesta. Sin embargo, es un error continuar pensando que allí se encuentra la respuesta exclusiva para cuidar más y mejor a toda la población. Los cuidados previos y posteriores a una internación son también determinantes para su resultado y pueden definir, en buena medida, su éxito o su fracaso.

Por su magnitud y prevalencia, la salud mental constituye una dimensión central de la salud de la población y afecta el desarrollo de la vida cotidiana, las familias, el trabajo y las comunidades. Por eso, como señala Axel Kicillof, es un derecho y, como tal, el Estado debe garantizar las condiciones para su ejercicio efectivo. Esto requiere una inversión económica significativa en la ampliación de los equipos de salud, en infraestructura sanitaria, tanto de primer nivel como hospitalaria y comunitaria, y en el fortalecimiento de los sistemas de apoyo mediante programas específicos. También implica desarrollar políticas integrales de prevención del suicidio, incorporar transversalmente las perspectivas de género y diversidad y construir respuestas intersectoriales.

Promover la salud mental significa fortalecer las comunidades, combatir la soledad, garantizar derechos, acompañar las crianzas, prevenir las violencias y generar condiciones de vida dignas.

Eso significa que no podemos pensar la salud mental por fuera de las reformas que necesita el sistema sanitario en su conjunto, como venimos planteando desde el Ministerio de Salud de la Provincia a través del Plan Quinquenal de Salud. La fragmentación entre los distintos subsectores  al interior del propio sistema público se expresa con especial intensidad en la salud mental y en el abordaje de los consumos problemáticos.

Por eso, este debe ser un eje central de la agenda sanitaria y de los proyectos de integración del sistema. Superar la fragmentación, la dispersión y la superposición de recursos y responsabilidades requiere una inversión económica sostenida, pero también la creación de espacios orgánicos de trabajo con otros actores involucrados en las tareas de cuidado —como organizaciones sociales, iglesias y asociaciones civiles— para construir respuestas acordes con la gravedad de los consumos problemáticos.

Las experiencias internacionales ofrecen antecedentes valiosos. La reforma italiana demostró que es posible reemplazar los hospitales psiquiátricos por una red territorial de cuidados. Brasil, a través de su Reforma Psiquiátrica y de los Centros de Atención Psicosocial (CAPS), desarrolló una red de dispositivos comunitarios orientada a sustituir el modelo manicomial. En la actualidad, la OMS promueve un enfoque centrado en la comunidad, la recuperación, la participación de las personas usuarias y sus familiares y el respeto de los derechos humanos. En este escenario, la provincia de Buenos Aires viene desarrollando una experiencia que dialoga con estas reformas internacionales y muestra que es posible avanzar hacia un sistema de atención más humano.

No hay proyecto de futuro posible sin poner el cuidado de la salud mental en el centro de una estrategia de desarrollo con inclusión social. Una sociedad que garantiza el acceso al trabajo, la educación, la vivienda, la cultura, la participación y la salud universal no solo mejora la calidad de vida de su población: también construye mejores condiciones para promover el bienestar colectivo.