Integrar y construir dignidad

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MDF: ¿Cuáles son los principales objetivos del OPISU y qué políticas concretas están llevando adelante para mejorar la vida en los barrios populares? ¿Qué impacto tuvieron en esta etapa y en qué territorios se ve con más fuerza esa transformación?

Romina Barrios: El OPISU trabaja por la integración social de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Entendemos por integración social y urbana —o, como comúnmente se la denomina, urbanización— la atención conjunta de los aspectos físicos, sociales y productivos de las comunidades que habitan en estos territorios. Cuando hablamos de barrios populares, nos referimos a diversas formas de urbanización popular: villas, asentamientos, loteos informales, tomas organizadas, e incluso complejos habitacionales que atraviesan situaciones de emergencia habitacional.

Actualmente, desarrollamos nuestras acciones en 66 municipios de toda la provincia, interviniendo en más de 250 barrios populares mediante obras, programas y servicios de distintas escalas. Llevamos adelante lo que denominamos proyectos integrales, los cuales, de forma continua abordan obras de infraestructura primaria, secundaria, domiciliaria e intradomiciliaria. Esto implica, por ejemplo, realizar intervenciones que abarcan desde una obra de captación primaria de agua hasta la conexión final dentro de cada vivienda. Lo mismo aplicamos para sistemas de saneamiento, redes cloacales, obras hidráulicas, pavimentación, alumbrado público, y también la construcción de equipamientos comunitarios. En este marco, construimos escuelas, fortalecemos clubes de barrio y espacios comunitarios en entornos que sufren privaciones agudas y postergaciones estructurales .

Además, trabajamos con una fuerte perspectiva de generación de empleo y fortalecimiento de las economías locales en cada barrio, como parte fundamental del proceso de integración social. Un ejemplo de ello es el trabajo que venimos realizando en tres barrios populares de la Matanza -Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de Marzo-, con proyectos de integración urbana, construcción de complejos de viviendas, mejoras habitacionales, regularización dominial, ejecución y mejora de espacios públicos y espacios socio-comunitarios, mejoras de comercios, apoyo a emprendimientos y capacitación laboral, gestión de residuos, saneamiento, obras eléctricas, de cloaca, agua y pavimentación.

MDF: Frente al abandono del Gobierno Nacional, Axel Kicillof ha planteado que la Provincia actúa como “escudo y red” para cuidar a las y los bonaerenses. ¿Cómo se expresa eso en la tarea del OPISU? ¿Qué ejemplos podés dar que evidencien la deserción nacional y el rol activo que asume la Provincia en materia de integración urbana y acceso a derechos?

Romina Barrios: La deserción del Gobierno Nacional impacta muy fuertemente en nuestros barrios, y lo hace de diferentes maneras. Algunas de esas formas son directas y otras más indirectas, pero en todos los casos el efecto es profundo. En primer lugar, el desmantelamiento de las políticas sociales y de inclusión que estaban destinadas a distintas franjas etarias —niñeces, jóvenes, adultos, personas mayores— generó un vacío significativo. Tal vez, el aspecto más cruel de esta deserción concierne a que la política de ajuste aplicada ha comprometido la seguridad alimentaria. En el marco de esa emergencia, el OPISU, en articulación con otros organismos, ejecuta el Programa S.A.N.A que busca dar respuesta a las demandas y necesidades básicas alimentarias de la población de barrios populares bonaerenses. S.A.N.A implementa una estrategia integral que consiste en la entrega mensual de alimentos a comedores junto con la realización de mesas barriales que incluyen actores vinculados a los circuitos alimentarios locales de cada barrio, asistencia técnica para brindar información, implementar operativos de salud integral y capacitaciones.

A esto se suma la interrupción del financiamiento para obra pública y la paralización de proyectos que, en muchos casos, estaban próximos a finalizar. No se trata solo de viviendas, sino también de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de los barrios.

Los procesos de integración urbana son largos y técnicamente complejos. Implican intervenciones concatenadas, es decir, obras que dependen unas de otras. Por ejemplo, la paralización de obras en el Acceso Sudeste afecta directamente nuestros proyectos en Quilmes e Itatí. También nos impacta la suspensión de los programas de limpieza, mantenimiento y gestión de cursos de agua que realizaba la ACUMAR. Esto tiene consecuencias visibles, especialmente en lo que respecta a las inundaciones, porque es muy difícil sostener ese tipo de tareas a gran escala desde lo local.

Estos efectos también se evidencian en eventos climáticos extremos, como ocurrió en Bahía Blanca. Allí estaba, por ejemplo, la obra detenida por el Gobierno Nacional entre la Ruta 33 y la 3 —conocida como el distribuidor del Cholo—. El freno a esa obra tuvo un impacto muy fuerte, porque todo el sistema hidráulico previsto para canalizar el agua, así como parte del sistema pluvial urbano de los barrios de la zona, quedó sin resolver. Además, esa obra inconclusa actúa hoy como una barrera urbana que dificulta aún más la evacuación del agua. Las obras detenidas no postergan soluciones urgentes sino que también generan nuevos problemas y daños muy graves.

En este contexto, nuestra tarea es actuar como escudo y como red. No nos resignarnos a trabajar únicamente en la emergencia, sino a sostener el horizonte de integración social y urbana, a luchar contra – en palabras de Francisco- el descarte. Por culpa de la deserción del Gobierno Nacional, tal vez debamos ralentizar algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero no vamos a renunciar a la tarea que asumimos: integrar y construir dignidad. Eso implica cuidar con mucha atención las obras que siguen en marcha, que el gobernador prioriza en términos presupuestarios y políticos. Nuestra responsabilidad es garantizar, en conjunto con las cooperativas y las empresas constructoras que licitan obra pública, que esos proyectos se desarrollen en tiempo y forma, con eficiencia, transparencia y cuidando los recursos de la provincia de Buenos Aires.

Operativo de asistencia en Bahía Blanca coordinado entre el OPISU, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

MDF: Los proyectos de urbanización popular muchas veces enfrentan obstáculos estructurales y prejuicios ideológicos. ¿Qué visión del Estado, del territorio y de la comunidad guían la tarea del OPISU? ¿Qué implica “urbanizar con inclusión y justicia social”?

Romina Barrios: Efectivamente enfrentamos prejuicios, tal vez ideológicos, y también obstáculos propios del proceso. Y ahí surge una pregunta clave: ¿qué visión del Estado, del territorio y de las comunidades estamos manejando?

Lo primero que tenemos que entender es que enfrentamos un problema estructural, tanto en nuestro país como en América Latina: la segregación urbana producto de la desigualdad social. Las crisis de vivienda o los problemas habitacionales dejaron de ser emergencias puntuales para convertirse en cuestiones estructurales que debemos abordar con políticas públicas sostenidas. No se trata de caridad sino de trabajar para cumplir derechos, derechos que están en la Constitución.

El gobernador suele explicar muy bien cómo los procesos de segregación urbana y los modelos neoliberales van generando problemas estructurales, y luego se nos acusa de no hacer obras. La realidad es que, en los últimos 70 años, la población de la provincia de Buenos Aires se cuadruplicó sin que se realizaran las obras e inversiones necesarias para acompañar ese crecimiento. Y ese crecimiento no fue solo resultado del desborde de la ciudad de Buenos Aires, sino de un modelo de desarrollo productivo vinculado al trabajo que muchas veces agravó la exclusión. La falta de planificación y recursos sostenida en el tiempo y las dificultades para planificar ordenadamente ese crecimiento han generado desequilibrios. Como se dice coloquialmente, estamos siempre corriendo atrás del problema. De allí que resulta tan valiosa e inédita la decisión política de Axel de enfrentar los problemas estructurales y de fondo. Por eso, hay un gran desafío en términos de capacidades estatales para conocer, abordar y planificar soluciones de fondo. Frente a problemas tan profundos, resulta imperdonable el retiro del Estado que propone Milei.

Lo que discutimos, en definitiva, es la posibilidad de consolidar un modelo de gestión, una forma de hacer las cosas que nos permita avanzar hacia la integración social y urbana. Creo que ya está saldada la discusión que reduce el problema habitacional a la falta de una vivienda o una unidad física. Ese es el primer paso que intentan resolver los vecinos, pero el problema real está en las infraestructuras, y el Estado no puede mirar para otro lado. El mercado inmobiliario no produce integración urbana y social.

Necesitamos intervenciones profundas sobre las redes de agua, cloacas, sistemas de saneamiento, iluminación, pavimento, espacios públicos, y también sobre el acceso a derechos básicos: educación, salud, seguridad, cultura. Por eso, lo que discutimos es una mirada integral, una forma de hacer, una perspectiva que no solo contemple las necesidades físicas —que son fundamentales para una vida digna—, sino también las dimensiones sociales, comunitarias y productivas. Reconocer y fortalecer el desarrollo económico que existe en los barrios y su integración al mundo del trabajo. En definitiva, lo que estamos proponiendo es un modelo que pueda ser sostenible. No queremos poner parches.

MDF: Más allá de las urgencias que impone el ajuste nacional, ¿cuáles son las transformaciones de fondo que se busca consolidar en el mediano plazo?

Romina Barrios: Lo que buscamos consolidar en el mediano plazo es la posibilidad de explicitar con mayor claridad la necesidad de un modelo de gestión específico para atender las urbanizaciones populares existentes. Se trata de reconocer que estas urbanizaciones son resultado de la incapacidad histórica del Estado para planificar ciudades inclusivas, y que por tanto su atención debe ser una responsabilidad estatal.

Desde esa mirada —una mirada de reparación y basada en el paradigma de los derechos humanos— sostenemos que todos merecemos un lugar digno donde vivir. Pero ese lugar no es solo una vivienda: es también un entorno, una comunidad, y el acceso garantizado a servicios básicos. Necesitamos volver a construir un consenso en torno a una idea fundamental: si algunos viven muy bien y otros muy mal, todos vivimos peor. La segregación urbana, la injusticia espacial y social generan más violencia y degradan la calidad de vida de toda la sociedad.

Parte de este camino implica recuperar una visión de progreso e inclusión basada en el trabajo, y también derribar prejuicios profundamente instalados. Uno de los más frecuentes es creer que en los barrios populares “no se quiere pagar” los servicios. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de nuestros vecinos sí quiere pagar por servicios, porque los necesita. El problema es que muchas veces las prestatarias de servicios públicos no reconocen esos territorios como sujetos de derecho, y no están dispuestas a garantizar servicios de calidad, como los que se ofrecen en otras zonas.

En lugar de poner el foco en la supuesta gratuidad, deberíamos preguntarnos por qué no hubo históricamente un stock de oportunidades y condiciones para que todos puedan acceder a servicios y pagarlos como corresponde. Nuestro trabajo apunta justamente a construir sociedades más igualitarias, con derechos garantizados y también con obligaciones. Por eso acompañamos procesos de regularización, entrega de títulos, inclusión en el padrón del impuesto inmobiliario de ARBA, conexión a redes eléctricas formales y acceso a servicios de limpieza y mantenimiento urbano.

Pero también señalamos con claridad: necesitamos que las empresas prestatarias —como EDENOR, EDESUR, AYSA, entre otras— asuman su parte. Muchas veces, incluso desde el gobierno provincial estamos dispuestos a financiar las obras necesarias, pero no logramos obtener las factibilidades técnicas ni el compromiso de ejecución por parte de esas empresas. Entonces, ¿dónde están realmente los prejuicios? ¿Y cómo operan esas miradas discriminatorias?

El gran desafío que tenemos en el mediano plazo es poder consolidar un modelo de gestión que defina con claridad qué significa urbanizar. Urbanizar no es hacer cualquier cosa: es construir una ciudad justa, con reglas claras, con derechos y obligaciones para todos. Es apostar por una sociedad de iguales, en donde el acceso al suelo, a la infraestructura y al hábitat digno sea un derecho universal y no un privilegio.

Esta mirada no es utópica ni está alejada de la realidad. Es una propuesta concreta que busca que nuestros barrios sean parte activa de la planificación urbana, que sean reconocidos formalmente dentro del ordenamiento territorial. No partimos de cero: hemos conquistado normas, hemos logrado presupuestos, y se han creado instrumentos financieros clave, como el Fideicomiso SISU, que hoy se ve amenazado por el desfinanciamiento, pero que vamos a recuperar.

Cuando ese momento llegue, tenemos que estar preparados: con planes de obra, con proyectos de trabajo, con planificación territorial que tenga a nuestros barrios adentro. Reurbanizar, para nosotros, es posible y es una obligación. Tenemos un Gobierno Nacional insensible , ausente y que implementa una política económica que rompe el tejido social de los barrios populares. Pero también tenemos un gobierno provincial decidido a seguir construyendo dignidad y el derecho al futuro para todos. Para nosotros, la urbanización es parte esencial del  proyecto de justicia social que abrazamos.

Romina Barrios es Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

¿Por qué China?

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Desde hace muchos años, China ocupa un lugar especial en mi vida. Por eso, la pregunta “¿Por qué China?” fue el título de mi primer libro y, aunque parezca retórica, sigue guiando muchas de mis reflexiones. Nací en los años 70 y fui testigo, desde la distancia, de los profundos cambios que atravesó ese país. Como estaba viviendo en el exilio, las noticias me llegaban a través de agencias internacionales como Prensa Latina y despertaban en mí una mezcla de curiosidad y admiración. Con el tiempo, mi interés se transformó en estudio y luego, gracias a mi labor diplomática, en experiencia directa. Esta combinación entre teoría y práctica me permitió comprender mejor la evolución de una civilización que no deja de sorprender.

Ahora bien, ¿qué implica hablar de China? Hablar de China es remontarse a una historia de más de cinco mil años, marcada por la sabiduría de pensadores como Lao Tsé, Confucio y Sun Tzu, tres figuras fundamentales que vivieron hace más de dos mil años. Pero también es referirse a una historia reciente de profundas transformaciones, como las impulsadas por líderes revolucionarios como Sun Yat-sen y Mao Zedong.

La fundación de la República Popular en 1949 significó un punto de inflexión: desde entonces, China pasó de la pobreza y el aislamiento a convertirse en una potencia global. Especialmente relevante fue el proceso iniciado en 1978 con las reformas de Deng Xiaoping, que introdujeron un modelo económico mixto, combinando elementos del mercado con el socialismo. Esto dio lugar a uno de los crecimientos más notables de la historia moderna. En apenas cuatro décadas, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza: el gigante asiático logró en 40 años lo que a potencias como Estados Unidos e Inglaterra les tomó más de dos siglos.

A medida que profundizaba mis conocimientos, comencé a comprender la magnitud del impacto que China tenía —y tendría— en el orden mundial. El siglo XXI inauguró una nueva etapa geopolítica, marcada por el desplazamiento del centro económico global desde el Atlántico Norte hacia Asia-Pacífico. En ese contexto, China emergió como un actor central, promoviendo iniciativas como la Franja y la Ruta (One Belt, One Road, OBOR) y la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), propuestas orientadas a construir un nuevo orden multilateral, más inclusivo y justo para los países en desarrollo.

Si me preguntan hoy si China es un faro de innovación científica y tecnológica, mi respuesta es sí, sin lugar a duda. China ya no es ese país que simplemente fabricaba productos para otros o replicaba tecnologías extranjeras. En pocos años, logró posicionarse como líder en áreas clave gracias a una enorme inversión en investigación y desarrollo, una red de universidades de primer nivel y un ecosistema empresarial tecnológico muy potente.

Universidad Renmin de China, ubicada en Haidian, Pekín. Institución co-financiada por el Ministerio de Educación y el Gobierno Popular Municipal de la ciudad.

En inteligencia artificial, por ejemplo, lideran en patentes y publicaciones. En energías renovables, dominan el mercado global de paneles solares, baterías y autos eléctricos. Su programa espacial también es impresionante: alunizaron en la cara oculta de la Luna y operan su propia estación espacial. En biotecnología, respondieron con rapidez durante la pandemia y avanzan en edición genética.

Es cierto que todavía dependen de Occidente en algunos sectores estratégicos, como los microchips más sofisticados, pero están avanzando rápido para reducir esa brecha. Lo más llamativo para mí es que no están copiando modelos: están creando el suyo propio, con una visión de largo plazo y una articulación eficiente entre lo público y lo privado. Por eso digo que China, hoy, no solo innova: también propone un nuevo modo de pensar la innovación.

Justamente, ese es uno de los principales focos de tensión actuales entre Estados Unidos y China: una disputa estratégica por el liderazgo global, especialmente en áreas tecnológicas, como mencioné anteriormente, pero también en los ámbitos financiero, geopolítico y monetario. Esta rivalidad se manifiesta cuando Washington presiona a otros países para que se alejen de Beijing, como ocurrió recientemente con Argentina en relación con el swap de monedas con China. Gracias a este acuerdo, el Banco Central Argentino no solo incrementó en el pasado sus reservas, sino que también utilizó los yuanes para pagar importaciones provenientes de China, como las vacunas que ayudaron a mitigar la crisis causada por la covid-19.

Esto, por supuesto, no es bien visto por Estados Unidos, que busca limitar la influencia financiera de China en América Latina. Seguramente recordarás que, a mediados de abril de este año, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, visitó Argentina y solicitó al gobierno —que una semana antes había renovado parte de su línea de swap de divisas por US$18.000 millones— que cancelara el acuerdo. Este es solo uno de los aspectos que Estados Unidos intenta frenar; hay otros intereses estratégicos que van más allá del ámbito monetario e incluyen áreas como infraestructura, acceso a recursos naturales, redes 5G y cooperación en ciencia y tecnología.

Ahora bien, para entender mejor esta dinámica, es esencial preguntarnos cómo llegamos a esta etapa en las relaciones entre Argentina y China, que hoy están en el centro de diversas tensiones globales, tema este último que podremos tratar en otro encuentro.

Axel Kicillof durante una visita oficial a la República Popular China en 2022.

El 19 de febrero de 2022, la República Popular China y Argentina celebraron el 50° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, previo a este periodo, ya existía un vínculo con China. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron en 1945, durante la presidencia del general Edelmiro Farrell. Las relaciones bilaterales fueron continuadas posteriormente durante el gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón, al menos hasta el triunfo de la Revolución maoísta y la proclamación de la Nueva China.

Más allá de la admiración y simpatía que se profesaban ambos líderes, Perón y Mao Zedong —algo de lo cual ha quedado debido registro documental—, en 1949 la representación diplomática en Shanghái fue retirada. Para contextualizar lo que sucedía, recordemos que el mundo se encontraba transitando el período de la Guerra Fría, y Argentina, que durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral, necesitaba mostrar credenciales democráticas para insertarse en el nuevo orden de posguerra que se estaba construyendo, reincorporarse al sistema panamericano y alejar las sospechas que la vinculaban en particular con los regímenes fascista italiano y franquista español. Estas sospechas, como todo buen peronista sabemos, fueron alentadas por los sectores de lobby más rancios de Washington y permeaban la opinión pública de ese país, y asimismo fue un argumento utilizado por la oposición política argentina en aquel entonces.

Volviendo al hilo de mi argumentación, quiero enfatizar que en dicho escenario (el de posguerra), de haber establecido relaciones formales con la China de Mao —que tempranamente selló un Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua con la Rusia de Iósif Stalin— el gobierno peronista hubiese tenido que pagar un costo muy alto por su osadía. No obstante, cabe recordar que todas esas presiones no evitaron que, rompiendo el bloqueo norteamericano, Perón enviase un cargamento de trigo a China en 1950 o que, más tarde, en el año 1954, una delegación compuesta por funcionarios de la secretaría de Comercio Exterior y la Unión Industrial Argentina visitase aquel país.

Tras la muerte de Stalin en 1953, las relaciones entre China y la URSS comenzaron a deteriorarse, especialmente después del XX Congreso del PCUS. El quiebre definitivo ocurrió en 1963 con la publicación del documento Polémica acerca de la línea general del movimiento Comunista Internacional. No voy a extenderme mucho al respecto, solo quiero señalar que este distanciamiento llevó a Washington a aprovechar la fractura sino-soviética para dividir el campo comunista, buscando contrarrestar la crisis de hegemonía que vivía tras la Guerra de Vietnam. Estados Unidos no solo estrechó relaciones con China, sino que, al reconocerla diplomáticamente, abrió el camino para que otros países bajo su influencia hicieran lo mismo.

Tal fue el caso de Argentina: el 16 de febrero de 1972, nuestro país y China firmaron en Bucarest un Comunicado Conjunto que estableció formalmente las relaciones diplomáticas. Este documento sentó las bases para una relación bilateral fundada en el respeto mutuo a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos, conforme a los principios de igualdad y beneficio recíproco. La decisión del gobierno de facto de Lanusse de establecer relaciones con China respondió al contexto internacional favorable, marcado por el acercamiento entre EE.UU. y China, su reconocimiento en la ONU y un cambio de postura en las Fuerzas Armadas argentinas. Argentina se adelantó así a la visita de Nixon y se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en formalizar vínculos con Beijing. Más allá del contexto geopolítico, la decisión también respondió a una visión estratégica sobre el potencial del mercado chino para el sector agroalimentario argentino, así como al interés por contar con el respaldo de China en la cuestión Malvinas, dado su rol como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tras el regreso del peronismo en 1973, la política exterior argentina adoptó un enfoque autónomo bajo la “tercera posición”, promoviendo vínculos con el bloque socialista. Durante los gobiernos de Cámpora y Perón, se fortalecieron las relaciones con Europa del Este, la Unión Soviética y Cuba, y Argentina ingresó al Movimiento de Países No Alineados. En ese marco, se profundizó la relación con China: se abrió la embajada argentina en Beijing, se establecieron agregadurías militares y se instaló la agencia Xinhua en Buenos Aires.

Estos vínculos se mantuvieron durante la dictadura militar (1976-1983), a pesar de su ideología anticomunista, y se fortalecieron con el retorno de la democracia. Raúl Alfonsín reactivó la relación con China, apoyó su ingreso al Tratado Antártico y su reclamo sobre las islas Nansha, mientras China respaldó la soberanía argentina sobre Malvinas.

Durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, aunque la política exterior estuvo alineada con EE. UU., se mantuvo el vínculo con China, especialmente en el plano económico. Se firmaron acuerdos clave, se realizaron visitas presidenciales mutuas y se abrieron nuevas representaciones diplomáticas, como el consulado argentino en Shanghái.

Si bien, como se dejó expuesto, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1972, Argentina y China mostraron avances significativos en todos los campos de correspondencia, no fue hasta la llegada de los gobiernos kirchneristas que la relación tuvo un salto cualitativo y fue llevada a un nivel más profundo, haciendo que en la actualidad ésta posea el estatus de una verdadera asociación estratégica integral.

Lo demás es historia reciente. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, lo hizo en sintonía con otros líderes de la región que impulsaban una política exterior enfocada en fortalecer los lazos con América Latina y ganar mayor independencia frente a Estados Unidos. En ese camino, Argentina también comenzó a acercarse a otros actores globales, como Rusia y, especialmente, China.

Ese clima político abrió la puerta para profundizar las relaciones sino-argentinas. En noviembre de 2004, el presidente chino Hu Jintao visitó nuestro país y firmó junto a Néstor Kirchner un Memorando de Entendimiento que dio origen a una asociación estratégica entre ambos países, base fundamental de la relación bilateral actual.

Una década después, en julio de 2014, esa relación se consolidó aún más con la firma de una Asociación Estratégica Integral (AEI) entre Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping. Este tipo de alianza, clave dentro de la diplomacia china, refleja un nivel de vínculo prioritario, basado en un diálogo político fluido sobre temas bilaterales, regionales y globales, y en un compromiso por fortalecer la cooperación estratégica y la confianza mutua entre ambos países.

El ingreso de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2022 marcó un hito en nuestra relación con China, profundizando la alianza forjada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Más allá de su impacto económico, esta decisión tuvo un fuerte componente político y humanístico, reflejando la voluntad de Argentina de integrarse a un modelo de cooperación multilateral basado en el desarrollo inclusivo y el respeto mutuo entre naciones.

Además, durante mi tiempo como embajador en China, trabajamos para sentar las bases que permitirían a Argentina unirse a los BRICS+, el bloque que agrupa a las principales economías emergentes del mundo. En 2023, nuestra adhesión fue finalmente formalizada pero, lamentablemente, uno de los primeros actos del gobierno ultraderechista de Javier Milei fue rechazar nuestra incorporación a esta coalición de países.

La entrada de Argentina a los BRICS+ representaba una oportunidad estratégica para reimaginar nuestro desarrollo, colaborando con naciones que enfrentan desafíos similares. Participar en este espacio, que representa el 40% del PBI mundial y alberga a la mitad de la población global, no es una decisión menor: habría sido un paso firme hacia un orden más equilibrado y multipolar, donde Argentina podría haber jugado un papel clave en el futuro global.

Y así llegamos al final de este artículo. Aún quedan muchos temas por abordar y otros por profundizar. Tal vez en otro momento podamos volver a encontrarnos y, si se da la oportunidad, escuchar las inquietudes que quieran compartir, porque ustedes son el verdadero motor de la militancia. Los animo a seguir trabajando con convicción, siempre con el objetivo de avanzar juntos.

Un abrazo afectuoso,
Sabino.

 

El autor fue Embajador en la República Popular China durante el Gobierno del Frente de Todos entre 2021 y 2023.