¿Por qué la “modernización” de Milei va a contramano del mundo del trabajo?

Desde hace décadas, cada vez que los gobiernos impulsan reformas regresivas del trabajo, recurren a la misma palabra fetiche: modernización. Bajo ese rótulo se han justificado recortes de derechos, debilitamiento de sindicatos y transferencia de riesgos desde las empresas hacia los trabajadores. La pregunta clave no es si el mundo del trabajo debe cambiar —nadie lo niega— sino en qué dirección y para beneficio de quién.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei se presenta como una adaptación inevitable a los “nuevos tiempos”. Sin embargo, cuando se lo coloca en perspectiva regional y global, queda claro que no dialoga con las discusiones más avanzadas del capitalismo contemporáneo, sino que recupera recetas antiguas —ya ensayadas y ampliamente cuestionadas— que profundizan la desigualdad, la informalidad y la baja generalizada de los salarios.

Hoy la conversación global se está reordenando alrededor de un consenso creciente: no hay transición tecnológica ni estabilidad macro que se sostenga con salarios de pobreza, desprotección social y negociación colectiva erosionada. En otras palabras: el futuro del trabajo no se está construyendo “abaratando” derechos, sino ampliándolos, adaptándolos y haciéndolos exigibles.

¿Qué discute hoy el mundo del trabajo y por qué la propuesta de Milei se aparta de esas tendencias?

A nivel global, el debate laboral no gira en torno a menos derechos, sino en cómo reconstruir protección y poder de negociación en un capitalismo transformado por la digitalización, la financiarización y la fragmentación productiva. Esto no lo dicen solo los sindicatos: lo expresa la propia arquitectura del multilateralismo laboral.

Plataformas: el mundo avanza hacia nuevas normas internacionales

La señal más contundente de la época es que la OIT ya activó un proceso formal de creación de estándares internacionales sobre trabajo en plataformas. En la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2025) se llevó a cabo la primera discusión de un ítem de “standard-setting” sobre trabajo decente en la economía de plataformas, bajo un procedimiento de doble discusión (2025 y 2026).

Este proceso no existe para “flexibilizar”: existe porque la realidad de las plataformas (subordinación algorítmica, opacidad de datos, clasificación laboral litigiosa, asimetrías de poder) exige una actualización de reglas. Organizaciones sindicales globales han saludado el avance como un paso histórico para cerrar vacíos de protección en el corazón del nuevo capitalismo digital.

Dicho de otro modo: mientras el gobierno argentino pretende vender como modernidad una reforma centrada en debilitar el derecho laborale invisibilizar al trabajador de plataforma como contratista, el mundo multilateral del trabajo se mueve —con tensiones y disputas, sí— hacia elevar pisos de derechos en los sectores más precarizados e innovadores.

Salarios vitales: el debate global se desplaza del “mínimo” al “suficiente”

En paralelo, la OIT dio un paso sustantivo en salarios vitales. En febrero de 2024, su Encuentro de Expertos Sobre Políticas Salariales, ámbito tripartito con representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, consensuó conclusiones y una orientación de política pública: definir, estimar y promover salarios vitales con métodos robustos, con datos basados en la evidencia y con instituciones de fijación salarial (dialogo social, salario mínimo estatutario y negociación colectiva) como engranajes centrales.

Este giro es decisivo para desmontar una narrativa peligrosa: la de que “para crear empleo” hay que abaratar salarios o relativizar pisos normativos. La OIT está diciendo lo contrario: hay que discutir adecuación salarial, suficiencia y mecanismos institucionales para que la productividad se traduzca en bienestar —no en concentración.

¿Qué hace Milei? Retroceder el reloj institucional

No es necesario ir artículo por artículo de los 197 que constituyen una especie de lista de supermercado con los deseos de empresarios, algunas inclusive contradictorias, en que la única coherencia interna es el disciplinamiento laboral y el traslado de los costos a la sociedad en su conjunto, para darse cuenta de que son propuestas viejas, muy viejas, casi de comienzos del siglo XX, antes de la creación de la OIT en 1919.

La propuesta del gobierno argentino va en sentido opuesto a estas nuevas tendencias:

-En vez de fortalecer instituciones para gobernar la transición tecnológica, propone una regresión institucional.

-En vez de extender protección a nuevas formas de empleo, impulsa la “deslaborización”, la individualización de la relación laboral y un debilitamiento del rol sindical.

-En vez de conectar salarios con suficiencia y desarrollo, reinstala la idea de que el problema de Argentina son los “costos laborales” y las supuestas rigideces del sistema, no la estructura productiva, la evasión, la informalidad empresarial o la restricción externa.

Esto no es modernización: es restauración conservadora.

América Latina y el mundo: experiencias recientes de verdadera modernización laboral

Lejos del discurso desregulador, muchas experiencias recientes muestran que la modernización real pasa por más Estado, más negociación colectiva y más formalización, no por menos.

La lección internacional: regular el cambio, no desproteger al trabajador

Europa y varios países de la OCDE llevan años reequilibrando, con distintas intensidades, los excesos de etapas de “flexibilización” que ampliaron la precariedad sin generar un salto sostenible de productividad. El propio hecho de que la OIT haya abierto una vía para un Convenio y una Recomendación sobre plataformas expresa una lectura común: el capitalismo digital, sin reglas, deriva en competencia por degradación (race to the bottom) y en informalidad sofisticada.

América Latina: formalización y diálogo social como infraestructura institucional

En la región, las trayectorias más sólidas muestran un punto: formalizar no es bajar derechos, es construir capacidad estatal, fiscalización e incentivos productivos, y reforzar la negociación colectiva como canal de productividad y gobernabilidad. El aprendizaje regional es que donde se erosiona el poder sindical y se pulveriza la institucionalidad laboral, crecen la rotación, el subempleo y la informalidad, y se deterioran los salarios reales.

 

Salario vital: aprendizaje político clave

Un aporte adicional de la agenda de salarios vitales es que desplaza el debate de “lo mínimo legal” a “lo necesario para vivir con dignidad”. Esa discusión está ganando centralidad en coaliciones internacionales y en foros sindicales globales. La propia Confederacion Sindical Internacional trabaja el puente entre salario mínimo adecuado, negociación colectiva y salario vital, enfatizando convergencias incrementales y anclaje institucional.

¿Qué reformas laborales sí contribuyen al desarrollo, la productividad y el empleo digno?

La evidencia internacional muestra que las reformas laborales que funcionan comparten algunos rasgos estructurales: coordinan incentivos, reducen precariedad improductiva y elevan la demanda interna. En el corazón de esas reformas hay tres piezas: instituciones salariales, negociación colectiva y protección social.

Salarios vitales como brújula de desarrollo

La agenda de salarios vitales de la OIT no es un gesto retórico: implica un marco para discutir adecuación, metodologías de estimación y rol de políticas públicas.

Cuando el salario no alcanza para reproducir la vida, se multiplican los costos sociales: endeudamiento de hogares, informalidad por necesidad, deterioro de salud, caída de consumo y conflictividad. A la larga, eso es un freno a la productividad: un trabajador con salario insuficiente y sin horizonte no es “más eficiente”; es más vulnerable.

Negociación colectiva fuerte y coordinada

Los países con mayor productividad y menor desigualdad tienen alta cobertura de negociación colectiva, incluso cuando la afiliación sindical es menor. La negociación sectorial coordina salarios, reduce competencia a la baja y mejora la planificación empresarial. Es una institución de eficiencia macro: evita que la “competitividad” se convierta en guerra salarial.

Estado activo y diálogo social

El Estado no desaparece: planifica, orquesta, regula y arbitra. Las reformas exitosas se construyen con sindicatos y empleadores, no contra ellos. La OIT —y la discusión de estándares de plataformas lo ejemplifica— vuelve a poner el diálogo social en el centro de la gobernanza laboral del siglo XXI.

Informalidad y plataformas: regular para ampliar derechos, no para legitimar la desprotección

Uno de los argumentos centrales del discurso oficial es que los derechos laborales “expulsan” trabajadores a la informalidad. La evidencia —y la lógica productiva— muestran lo contrario.

Informalidad: un problema estructural, no normativo

La informalidad, en general, pero mas en particular el trabajo no declarado, no surge porque existan derechos, sino por:

– estructuras productivas de baja productividad;

– evasión y elusión empresaria;

– falta de fiscalización y de incentivos correctos;

– segmentación territorial y sectorial;

– cadenas de subcontratación que externalizan riesgos.

– Reducir derechos no formaliza: precariza también al empleo formal y desplaza la frontera hacia abajo.

Plataformas: la OIT abre el camino para un Convenio y una Recomendación

En este punto, la discusión OIT es particularmente relevante para Argentina. La OIT tiene en marcha una doble discusión (2025–2026) para definir estándares internacionales sobre trabajo decente en plataformas, lo cual confirma que la respuesta global no es negar la tecnología, sino regularla con derechos.  

En términos prácticos, la agenda internacional está centrada en: clasificación laboral y protección contra la falsa autonomía; remuneración y transparencia; seguridad y salud; protección social; y la gobernanza de datos y gestión algorítmica. La sola existencia de esa agenda desmiente el enfoque “desregulador” como supuesto requisito de modernidad.

Por qué la informalidad no se resuelve quitando derechos

Porque la informalidad es, en esencia, una forma de organización del poder económico: un mecanismo para transferir riesgos hacia el trabajador. La salida progresista y sindical es exactamente la inversa: ampliar derechos y adaptarlos:

-derechos laborales portables donde corresponda;

-cobertura efectiva de seguridad social;

-negociación colectiva por rama y por cadena de valor;

-fiscalización inteligente (incluida la dimensión digital);

-y un enfoque de salarios suficientes (salario mínimo vital adecuado + negociación) como columna vertebral de formalización.

-En esa dirección se ubican los debates internacionales serios. La reforma de Milei se ubica en la dirección contraria: busca legalizar el desplazamiento de riesgos hacia abajo y normalizar salarios de pobreza bajo el relato de “competitividad”.

Conclusión: modernizar es elevar pisos de derechos y gobernar la transición

El conflicto entre capital y trabajo no desaparece por decreto. La historia muestra que cuando se lo intenta suprimir mediante desregulación y miedo, reaparece de formas más violentas y desestabilizadoras.

La señal del mundo hoy es inequívoca:

-OIT: proceso hacia estándares sobre plataformas (2025–2026).

-OIT: consenso tripartito y hoja de ruta sobre salarios vitales (Meeting of Experts 2024).

-Movimiento sindical global: convergencia estratégica desde “mínimo” hacia “vital”, con negociación colectiva como motor.

-Reconocimiento de derecho al empleo en economías mediadas por plataformas en Gran Bretaña, España, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. 

Con ese telón de fondo, llamar “modernización” a una reforma que debilita el derecho del trabajo no es un error técnico: es una operación política. La modernización que necesita Argentina es la que fortalezca el empleo formal, eleve salarios, amplíe derechos y democratice las relaciones laborales. Todo lo demás es ajuste social con otro nombre.

 

1.¿Qué propone concretamente la reforma laboral del Gobierno de Milei, qué efectos podría tener sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales, y qué objetivos políticos y económicos persigue?

El proyecto abre la puerta al fraude laboral en varios frentes. Trabajos que hoy son claramente dependientes pasan a disfrazarse de “autónomos”. A diferencia de la legislación actual —en la que, si una persona trabaja para otra bajo instrucciones y recibe un pago, se presume la existencia de una relación laboral—, la reforma establece que, si existen facturas o recibos emitidos como autónomo, esa presunción desaparece.

A su vez, modifica un criterio histórico de interpretación del derecho laboral: ante la duda, se interpreta a favor del trabajador, especialmente en materia probatoria. La reforma elimina esa duda probatoria y reduce significativamente este principio, privando al trabajador de una herramienta clave para su defensa.

En materia salarial, la ofensiva es múltiple: se otorgan a las patronales mayores facilidades para tercerizar y fragmentar empresas y así evitar convenios; se amplían los conceptos “no remunerativos” —como almuerzos, viáticos o gastos de salud—, que no cuentan como salario ni se consideran para el cálculo de la indemnización; y se aplica el artilugio de los llamados “salarios dinámicos”, reemplazando el derecho a igual remuneración por igual tarea por pagos por productividad, mérito o premios al antojo patronal.

Como si esto fuera poco, la indemnización por despido se abarata y pierde su función principal: disuadir al empleador de despedir. Pero, además, esto traerá un perjuicio para la recaudación. A través del denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, el Estado terminará financiando los despidos de empresas privadas con recursos equivalentes al 3 % de los salarios que hoy se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pasamos de un Estado que financia sueldos y jubilaciones a uno que financia despidos.

¿Y las vacaciones? Afuera. El proyecto flexibiliza este derecho constitucionalmente protegido (artículo 14 bis de la Constitución Nacional, descanso) al permitir que el empleador las fraccione según sus necesidades. El banco de horas, en cambio, adentro: se flexibiliza la jornada laboral al permitir trabajar más horas un día y compensarlas otro, sin pago adicional.

A estas pérdidas de derechos individuales de cada trabajador hay que agregar el ataque de esta reforma al derecho colectivo, objetivo central de la restauración de poder. El proyecto reduce a su mínima expresión el derecho a huelga, reduce la ultra-actividad y muchos compromisos de los convenios desaparecen al vencer, lo que debilita la continuidad del acuerdo y fortalece la posición del empleador en la negociación, debilita la protección sindical eliminando tutelas sindicales y restringe las asambleas sindicales.

En síntesis, el proyecto no es otra cosa que el DNU 70 reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Su inconstitucionalidad manifiesta provocará más litigiosidad judicial, no menos. Pero sobre todas las cosas, hay que destacar qué efecto no tendrá de convertirse en Ley: ni de casualidad va a crear empleo registrado. Ninguna reforma laboral detendrá el tsunami de cierres de empresas y despidos que está provocando la política económica de Milei, Caputo y el Tesoro norteamericano. 

2.¿Qué modelo de sociedad y de relaciones laborales entraña esta reforma? ¿Qué tipo de país se construye cuando el trabajo es concebido como un costo a reducir y no como un derecho a proteger?

El principal error al analizar esta reforma es perder de vista su propósito central, que no es únicamente reducir el costo salarial —ya ubicado en niveles históricamente bajos—. El objetivo de fondo es disciplinar a los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, para volver a una Argentina donde impere, sin atenuantes, la voluntad del más fuerte.

Sólo mediante la destrucción del movimiento sindical y del peronismo como proyecto de país productivo e integrado socialmente podrán entronizar el “modelo peruano” que sinceró como norte el Ministro de Economía, Luis Caputo. En ese modelo no hay empleo registrado, ni industria, ni jubilaciones, ni igualdad. Ni siquiera se mide la desocupación en un contexto de 80 por ciento de informalidad laboral. 

No es ese esquema el que va a generar más trabajo. Por el contrario, sólo va a haber más y mejor empleo, con buenos salarios e integración social, a partir de políticas industriales, desarrollo técnico-científico y tributación progresiva. Políticas que fortalezcan el mercado interno y generen valor agregado, en lugar de regalar nuestras materias primas como una semicolonia.

3.Frente a este avance, ¿qué rol debe asumir el peronismo —en el plano sindical, parlamentario y territorial— y cómo explicarle con claridad a las trabajadoras y los trabajadores cuáles son las consecuencias reales de esta reforma en su vida cotidiana?

Por un lado, tenemos que hablarle a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, con una propuesta de transformación de las leyes laborales que amplíe derechos frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Hay proyectos que ya existen y tienen que ver con debates actuales que se dan en todo el mundo, como regular la economía de plataformas, la igualdad de género, reducción de la carga horaria, etcétera. La tarea es clara: reconstruir un modelo de país con desarrollo autónomo, valor agregado a partir de la industria  y sobre todo con una perspectiva soberana.

En el camino hacia esa reconstrucción, la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel constituyen un modelo antagónico a la entrega de Milei. Antagónico a ese extractivismo que no genera prácticamente ningún puesto de trabajo. Ahora, es necesario unir todas las fuerzas antagónicas posibles para rechazar las reformas retrógradas del gobierno nacional. Para ello, la unidad opositora que se logre en el parlamento tiene que ser acompañada, potenciada e impulsada por la movilización en unidad en las calles de todo el país.

4. ¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina y, si lo es, qué lineamientos debería tener una reforma orientada a ampliar derechos, incorporar nuevos sectores como el trabajo en plataformas y fortalecer un modelo de desarrollo con inclusión?

Lo que resulta necesario es transformar las leyes que regulan el empleo en función de los avances tecnológicos, los cambios en la organización de la vida familiar y las nuevas necesidades de la clase trabajadora. 

En ese marco, los proyectos que hoy se discuten proponen reconocer derechos para los trabajadores de plataformas —como salario mínimo, licencias y cuidados—, avanzar en licencias por nacimiento y cuidado con equidad de género, promover la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, crear comités mixtos de salud laboral y prevenir el acoso en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, plantean aprovechar los avances tecnológicos para reducir la carga y la jornada laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital y avanzar hacia una mayor soberanía del tiempo de trabajo.

Estos cambios no son rémoras del pasado, sino los debates que se están dando en muchas regiones del mundo. Un mapa mundial consigna unas 53 reformas laborales en casi 30 países de los cinco continentes. Todas van en el sentido de mejorar las condiciones laborales, regular a las compañías de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada y garantizar equidad de género. En un mundo que discute cómo avanzar, este gobierno nacional propone retroceder.

 

MDF: ¿Qué plantea concretamente la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y qué tipo de transformaciones busca introducir en el sistema de relaciones laborales argentino?

De todo lo que trasciende – porque no hay un texto oficial – la reforma busca otorgarle más poder al empresario por sobre el trabajador. La idea es poder determinar salarios sin considerar ningún piso, reemplazar parte del salario por pago en especie, tener mayor dominio sobre el tiempo de trabajo sin tener que pagar horas extras (banco de horas, vacaciones), facilitar los despidos y relajar los controles del cumplimiento de la normativa en casos de solidaridad empresarial. 

No se trata ni de modernizar ni de dar ventajas al trabajador. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque nada impide hoy, con las leyes que tenemos, negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores. Empresas y trabajadores son libres de negociar mejoras en los salarios.  Tampoco hay impedimentos normativos para modificar los convenios colectivos, introducir mejoras tecnológicas, actualizar las definiciones de las tareas e incluso implementar algunos esquemas con horarios más flexibles. De hecho, hay varios casos donde esto ya sucedió. Y donde no sucedió, el Estado tiene un rol que jugar para promover que eso suceda, pero en líneas generales se necesita muñeca y voluntad, más que nuevas normas. La ley de contrato de trabajo lo que marca es un piso. Por encima, se puede. 

Si yo necesito modificar la ley para introducir un cambio, es porque ese cambio busca perforar ese piso. En otras palabras, la reforma busca que sea posible pagar menos, trabajar más, trabajar peor, o todas a la vez. ¿Y cómo pretende lograr esto? Ya hizo varios intentos con el decreto 70 y la ley bases. Pero el cambio de fondo que van a buscar para poder aplicar todo esto es debilitar la negociación colectiva. Es decir, la capacidad de los sindicatos de negociar por el conjunto. 

En el fondo, lo que prevalece en la mente de los ideólogos de este gobierno es tratar como igual al trabajador que al empresario. El problema es que no son iguales. El derecho laboral lo que hace es reconocer que hay una desigualdad en la capacidad de uno de negociar con el otro. ¿Por qué hay una desigualdad? Porque la mayoría de nosotros no somos realmente libres de no trabajar. Necesitamos trabajar para poder vivir. Los empresarios, en cambio, tienen un capital (ya sea en forma de dinero, de inmuebles, de máquinas), que les permite, al menos por más tiempo que a un trabajador, sobrevivir sin producir. Incluso, pueden elegir colocar ese capital en el sistema financiero y prescindir de los trabajadores. Por eso tienen más “espalda” a la hora de negociar. Y además, son menos. Atrás nuestro hay una fila de otros trabajadores en las mismas condiciones.

Para nivelar la cancha, los trabajadores se organizan y de ahí surgen los sindicatos como una forma de impedir que la negociación sean los juegos del hambre. También aparece el Estado para intentar equilibrar las condiciones. Por eso, cuando decimos que el derecho laboral es favorable al trabajador, no se está buscando que el trabajador tenga ventajas, sino borrar las desventajas que naturalmente tiene. 

En cambio, esta reforma busca darle más poder al empresario para que imponga lo que naturalmente podría imponer si no existiera la protección a los trabajadores y a su capacidad de organizarse: distribuir a gusto la jornada laboral, pagar menos cuando la cosa va mal (pero no pagar más cuando hay ganancias), exigir tareas más complejas por el mismo salario y no hacerse cargo de lo que sucede en su fábrica/negocio/oficina, entre otras.

¿Qué es lo que no hace esta reforma? Primero, no les soluciona los problemas a las PyMES, que manifiestan, en general, dos cosas. Un problema de costos (donde habrá que revisar, con los números en la mano, qué políticas se pueden implementar) y otro de previsibilidad (los famosos juicios laborales).  Esta ley no modifica – por ejemplo – las contribuciones patronales, ni los costos de la ART. Y al retroceder en derechos, va a generar más litigiosidad, no menos.

Tampoco va a generar más empleo formal. Sin crecimiento de la actividad es difícil que se genere trabajo de calidad. Pensemos en cómo va a impactar una baja generalizada de salarios sobre la demanda. Va a volver menos atractivo ese empleo formal, y es probable que veamos una mayor proliferación de actividades precarias, porque mejor autoexplotarse que ser explotado.

MDF -Desde la derecha se repite que el peronismo se resiste a aceptar los cambios que impone la nueva economía o el mundo del trabajo del siglo XXI. ¿Cómo responder a esa crítica y qué tipo de cambios sí son necesarios para mejorar la situación laboral sin perder derechos?

La derecha busca imponer una idea de que el desarrollo tecnológico solo es posible bajo un esquema laboral donde el trabajador tenga más incertidumbre: respecto a su salario, respecto a cuántas horas va a trabajar y respecto a por cuánto tiempo va a tener ese trabajo. Y a veces llaman a eso “Libertad”. Nos convencieron de que más tecnología son peores condiciones de trabajo, cuando debería ser al revés. 

Dicho esto, nadie escapa que Argentina no está generando la suficiente cantidad de empleo de calidad desde hace bastantes años. Y esto tiene que ver con que, más o menos desde 2011 la economía no crece con fuerza. Acá quiero hacer una distinción: no todos los años fueron iguales. En el periodo 2011-2015, la actividad y el empleo crecieron, aunque a tasas menores que antes. Mucho tuvo que ver el fin del ciclo de las commodities altas y la reversión de nuestro saldo comercial al calor del déficit de energía, que nos dejaron sin dólares. Se encararon soluciones en ese momento (la recuperación de YPF e inversión en Vaca Muerta) pero esto iba a tardar un tiempo en madurar. 

En el gobierno de Alberto, de nuevo tenemos algo de crecimiento de la economía, y una tasa nada despreciable de crecimiento del empleo registrado privado – que se desinfla en el último trimestre de 2023 a la luz del cambio de gobierno. En cambio, los periodos de Macri y de Mieli son de caída de la actividad y destrucción neta de empleos de este tipo. Incluso con Milei, a pesar de que ya cambió leyes laborales y de qué están pisando los salarios, la economía creció algo a principios de 2025 pero el empleo no, una paradoja que no era la norma. Durante muchos años y con leyes laborales como las que Milei quiere modificar, la actividad creció y el empleo también. Y esos años fueron peronistas.

Entonces recuperar un crecimiento más constante es una condición necesaria, y el ajuste en el Estado no ayuda. No solo deprime la demanda, sino que se está desinvirtiendo en áreas vitales para que el sector privado se desarrolle, como infraestructura (rutas, energía, etc), universidades, ciencia y técnica y educación en general.

Dicho esto, creo que nos debemos una agenda que acompañe ese crecimiento, que promueva la formalización de puestos de trabajo donde hay un jefe y son precarios, que mejore la rentabilidad de quienes tienen emprendimientos, que fomente ese diálogo para incorporar tecnología o nuevas formas de producción y que genere un mayor bienestar en los trabajadores atendiendo a nuevas demandas. 

¿Cómo construir esta agenda? Primero, es necesario desburocratizar. Inscribir a un trabajador en la seguridad social no es difícil —de hecho, en 2023 implementamos Alta Ya, un sistema simplificado—, pero después aparecen un sinfín de papeles, certificados e instancias que son difíciles de sostener en el día a día. Además, cuando llega una inspección, muchas veces se piden documentos que genera el propio Estado. Es una situación absurda que debemos corregir, porque también resta capacidad inspectiva: terminamos verificando si el empleador tiene un papel, en vez de comprobar si lo que ese papel declara realmente se cumple. 

Ahora bien, si por un lado facilito el registro, por el otro tengo que fiscalizar, las sanciones deben ser contundentes. Este gobierno, en cambio, para promover la formalización eliminó las sanciones por incumplimiento.

Segundo, creo que estamos dispuestos —al menos yo— a discutir la financiación de la seguridad social y si las pymes deben aportar lo mismo que las grandes empresas. Un esquema más claro, más económico y menos burocrático debería ayudar a las pymes a cumplir y a demostrar que cumplen. Eso también reduce la incertidumbre que suele atribuirse a los juicios laborales, que es verdad, no pueden tardar lo que tardan.

En la Provincia, por ejemplo, seguimos teniendo pendiente la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, que Vidal modificó con un esquema que en la práctica resulta inaplicable. Dependemos de la legislatura donde desde siempre estuvimos complicados como fuerza política. Por eso, de cara al futuro, es clave recuperar la calidad del proceso laboral, dotarlo de mayor velocidad y completar los tribunales, que hoy no dan abasto. Lo mismo en cuanto al sistema de ART. De todo esto la reforma laboral de Milei no dice absolutamente nada, entonces seamos nosotros los que articulemos una propuesta. 

MDF: Frente a este embate contra las conquistas laborales y sindicales, ¿qué estrategias políticas y sociales deberían desplegarse para defender el trabajo con derechos y, al mismo tiempo, pensar un modelo productivo más inclusivo y sostenible?

Son varias cosas. En principio, la flexibilización de la jornada es una demanda creciente. Pero para que esa flexibilidad funcione a favor del trabajador y de su soberanía sobre el tiempo, es indispensable que exista capacidad real de negociación.

Porque lo que busca el empresariado —y lo que plantea la reforma de Milei— es que el trabajador vaya o deje de ir cuando a ellos les conviene, y por el mismo precio. Varios compañeros y compañeras están trabajando en esta agenda, y la propuesta es clara: no hace falta desproteger al trabajador para que tenga mayor control sobre sus horarios. Esto vale también para las discusiones sobre economía de plataformas y otras formas de empleo “flexible”.

En otras palabras: donde hay una empresa que fija el ritmo y el formato de trabajo para que el trabajador alcance un ingreso digno —y obtiene una ganancia considerable por ese mismo ritmo—, es perfectamente posible proteger y garantizar derechos del trabajo asalariado sin perder flexibilidad.

En el peronismo siempre apostamos al diálogo social y a que estas soluciones surjan de los propios trabajadores y empresarios. Pero, con las promesas que la derecha les hizo a las empresas, hoy muchas no tienen voluntad de negociar.

Por eso creo que llegó el momento de elaborar ejemplos concretos —desde los sindicatos, los intelectuales y los funcionarios— que muestren que esto es viable. Y, si es necesario, plantearlo en una ley. Lo mismo vale para la negociación sobre innovaciones tecnológicas, aunque en ese terreno ya existen debates bastante avanzados.

Otro grupo de trabajadores donde se puede intervenir con propuestas es aquel en el que uno o varios eslabones de la cadena de valor concentran una ganancia importante, mientras que del otro lado hay trabajadores “independientes” y precarios, sin una relación tan visible o directa, o con algún intermediario de por medio. Allí también veo una oportunidad para que el Estado promueva mecanismos de redistribución que mejoren la situación de estos trabajadores.

Por ejemplo, ¿por qué quienes organizan grandes eventos no están obligados a contratar a las personas que se ocupan del reciclaje, del mismo modo que contratan servicios de limpieza o seguridad? Esos residuos, que contaminan y nos afectan a todos, forman parte de la ganancia generada por un consumo exacerbado. ¿Por qué no modificar la ley de costureras a domicilio y ayudar a organizarlas para mejorar los precios que reciben de las grandes marcas?

Por último, en la Provincia de Buenos Aires tenemos muchas medidas destinadas a un gran grupo de trabajadores que son realmente independientes y que no debemos seguir viendo como potenciales asalariados, sino como potenciales empresarios. Me refiero al emprendedurismo. No buscan vacaciones pagas: buscan poder pagarse sus propias vacaciones. Tal vez nos falte presentar todas estas iniciativas como una línea política coherente, pero existen en gran cantidad: Cuenta DNI Comercios, los créditos de Provincia Microcréditos, los créditos a tasa cero del Ministerio de Producción, los cursos de formación profesional gratuitos y las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense. La Provincia tiene una agenda robusta y muchas herramientas, aunque nos cuesta visibilizarlas.

A nivel nacional, es necesario pensar cómo replicar estas políticas y cómo impulsar otras que permitan mejorar la rentabilidad de los pequeños emprendimientos, así como crear mecanismos solidarios para afrontar contingencias que un emprendedor difícilmente pueda cubrir por sí solo (como una enfermedad prolongada o un accidente). Para estos casos, por ejemplo, yo replantearía completamente el monotributo. Dejaría, por un lado, un sistema impositivo simplificado con límites de facturación más realistas y, por otro, diseñaría un esquema distinto de seguridad social, con aportes acordes a las contingencias que se busca cubrir.

Como conclusión general, repito: el empleo registrado en el sector privado crece más con gobiernos peronistas. Y lo primero que necesitamos es un modelo económico donde los sectores intensivos en mano de obra se expandan. También necesitamos estabilidad para que avancen las inversiones, y un Estado que impulse y acompañe el desarrollo.

Al mismo tiempo debemos demostrar que estamos dispuestos a dar debates. Ideas no faltan: hay numerosos proyectos de ley para ampliar derechos, mejorar la productividad y profundizar políticas ya activas en nuestra provincia. Creo que todos los compañeros y compañeras tenemos que enfocarnos no solo en resistir los embates de la derecha, sino también en salir de la agenda que quieren imponernos.

MDF – ¿Cuáles son los principales lineamientos y prioridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia en este contexto tan complejo? ¿Podrías describir las principales acciones y políticas que despliega el Ministerio, y cómo se diferencian de las que implementaba esta cartera durante la gestión de María Eugenia Vidal?

Walter Correa – Nosotros tenemos bien claro que no hay futuro sin trabajo digno. Por eso, los lineamientos del Ministerio están directamente vinculados con el proyecto de Provincia que plantea Axel: producción, inclusión y derechos. No vinimos a administrar el desastre: vinimos a reconstruir lo que destruyó el macrismo y ahora pretende arrasar el actual gobierno nacional.

Durante la gestión de Vidal, el Ministerio fue una oficina vaciada, desconectada del pueblo trabajador. Hoy lo convertimos en una herramienta de defensa activa de los derechos laborales. Fiscalizamos, mediamos en conflictos, capacitamos y, sobre todo, ponemos al Estado provincial del lado de quienes laburan, no del lado de los poderosos. Ellos cerraron delegaciones en toda la Provincia, mientras que nosotros acercamos el Estado a la gente acercando una dependencia de Trabajo a cada Municipio. Nuestra diferencia no es solo de gestión: es de proyecto de país. Nosotros creemos en el Derecho al Futuro, ellos creen en el mercado como único destino.

MDF – Axel Kicillof suele decir que la Provincia debe actuar como “escudo y red” frente al ajuste y la deserción del Estado Nacional. ¿Cómo se traduce esa idea en el ámbito del trabajo y los derechos laborales? ¿Qué casos o ejemplos concretos ilustran cómo se protege y acompaña a las y los trabajadores desde la Provincia?

WC – Cuando Axel plantea que la Provincia tiene que ser escudo y red, habla de una convicción profundamente política: que, frente a la retirada del Estado nacional, tiene que haber un Estado provincial que abrace, que sostenga, que cuide.

En el mundo del trabajo eso se traduce en hechos concretos: protegemos el empleo con presencia territorial, fortalecemos el rol de los sindicatos y acompañamos a los sectores más golpeados con herramientas de formación y de inserción laboral. La capacitación del trabajador es también un beneficio para las empresas. Donde el gobierno nacional ajusta, nosotros invertimos. Donde ellos precarizan, nosotros dignificamos. Porque mientras otros discuten cuánto pueden recortar, nosotros estamos pensando cómo garantizar derechos para las generaciones que vienen.

Existe una diferencia en la manera de concebir el mundo. El gobierno Nacional ve en el pueblo a un número, a una cifra. Nosotros entendemos la complejidad del entramado social y sus actores. Son mamás y papás, hermanos, familias enteras que todos los días se levantan para ganarse el pan. Por eso, mientras Milei festeja el ajuste y la motosierra, nosotros hacemos todo lo posible por mantener los puestos de trabajo y generar nuevos. Axel Kicillof no echó a ni un solo trabajador durante su gestión en la Provincia y eso es sencillamente empatía y sensibilidad social.

MDF – En un contexto donde ciertos discursos intentan instalar que los derechos laborales son un obstáculo, ¿cómo se resignifica la defensa del trabajo digno, el sindicalismo y el rol del Estado en la regulación del mundo laboral? ¿Qué respuestas propone el Ministerio frente a esta ofensiva cultural y política?

WC – La idea de que los derechos laborales son un obstáculo es una mentira peligrosa que busca naturalizar el saqueo. Quieren convencer a las pibas y pibes que el futuro es la intemperie, el individualismo, la app sin obra social ni vacaciones. Nosotros decimos que no.

El trabajo no puede ser sinónimo de precariedad. Por eso desde el Ministerio, en línea con el proyecto que pregona el Gobernador Kicillof, proponemos una defensa activa del sindicalismo, impulsamos el acceso a derechos en los sectores más vulnerables y promovemos un nuevo sentido común que reivindique la solidaridad, la organización y el rol del Estado. Esta no es una batalla cultural: es una disputa por el modelo de país.

Ha costado mucho esfuerzo consolidar los derechos laborales que existen en la actualidad y por eso hay que defenderlos. No solo es una cuestión de principios, es, fundamentalmente, la protección de la vida de los trabajadores y trabajadoras. La precarización laboral no solo conlleva un perjuicio económico para el trabajador o la trabajadora. También implica un riesgo para su vida ya que nadie se hace cargo de que se cumplan las medidas que protegen su salud y su seguridad. Por eso es tan importante la presencia del Estado.

MDF – Considerando los acelerados cambios en la sociedad, la economía y el mundo del trabajo, ¿qué mirada propone la Provincia sobre los derechos y las condiciones laborales del futuro?

WC – No tenemos una mirada nostálgica del trabajo, pero tampoco nos comemos el verso de la “nueva economía” sin derechos. El futuro del trabajo no puede ser una zona liberada para la explotación. Tiene que estar atravesado por el conocimiento, sí, pero también por la justicia social, la equidad de género, la sustentabilidad y la organización colectiva. Fundamentalmente, considerando a las franjas más vulnerables de la sociedad. Por eso, hacemos hincapié en la erradicación del trabajo infantil, en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y el colectivo LGBT, en el empleo de personas con discapacidad y en la protección de quienes son el último eslabón de la cadena del trabajo, que son los jubilados.

Desde la Provincia estamos construyendo una agenda de derechos laborales del siglo XXI, que incluya a los trabajadores de la economía digital, a las juventudes, a las mujeres y diversidades, y a todos aquellos que hoy están fuera del radar del mercado. Porque como dice Axel, el Derecho al Futuro no es una utopía: es una urgencia. Y desde el trabajo, lo estamos haciendo realidad.

MDF: ¿Cuál fue el significado del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires para el resto del país? ¿Qué lectura hacés?

Gabriel Katopodis: Definitivamente este es el comienzo de un nuevo escenario político en Argentina. No hay dudas de que los resultados en todo el país y de cara al 2027 se van a empezar a explicar a partir de lo que pasó en esa elección donde el pueblo de la Provincia le puso un freno a Milei.

Se trató de un voto para manifestar que el rumbo que lleva adelante Milei está equivocado, que el país está peor en estos 2 años, que los argentinos viven peor y que el Gobierno Nacional, Milei y sus políticas son los responsables. Pero también hay una expresión de esperanza: se abre una puerta, hay un cambio de etapa. Hay otro aire en la sociedad, definitivamente además de la bronca y el enojo, ahora empieza a surgir la esperanza.

Si me preguntás cuáles son las dos cosas que son muy representativas de ese voto, la primera es que quedó claro que Milei no puede hacer cualquier cosa en la Argentina. Y la segunda es que definitivamente se puede hacer algo diferente. La gestión de la provincia de Buenos Aires, el rol de Axel, marca que se pueda hacer algo diferente a lo que está haciendo Milei.

MDF: ¿Cómo fue gobernar en estos dos años conviviendo con un gobierno como el de Milei? ¿De qué manera afectó al Gobierno de la Provincia y a la vida de los bonaerenses?

G.K.: Me parece que estos dos años demostramos que la provincia de Buenos Aires fue escudo, fue trinchera. Fue una contracara de lo que el Gobierno Nacional viene haciendo y es parte de lo que se plebiscitó en esta última elección; evidentemente los bonaerenses prefieren las prioridades que rigen a nuestro gobierno provincial. El Gobierno Nacional le pidió un ajuste a todos los argentinos y ese ajuste fue absolutamente inútil. La provincia de Buenos Aires de alguna manera demuestra que se puede gestionar con otras prioridades, con otros valores y con mayor eficacia. Hay una mirada de que en la Argentina las cosas se pueden hacer diferentes.

La prioridad de Axel en estos dos años fue cuidar y proteger. Es decir, que las políticas de ajuste y de recorte lastimen lo menos posible a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo garantizar un modelo de gestión que permita sostener un horizonte diferente. Un modelo bien diferente al que propone el Gobierno Nacional. No solo fuimos un escudo en este tiempo, además somos una alternativa a través de hechos concretos.  

MDF: Uno de los ejes de la campaña ha sido reclamar los recursos y las obras paradas. Como Ministro de Infraestructura, ¿cómo pensás que reaccionó Milei y cómo leyó el resultado de septiembre? ¿Hay alguna expectativa respecto a eso?

 G.K.: Me parece que hay un Gobierno Nacional que no está tomando nota, que no acusa recibo del resultado en la provincia de Buenos Aires. Un presidente que no sabe dónde está parado, un presidente que no advierte que el ciudadano el 7 de septiembre entró al cuarto oscuro para poner en orden las prioridades, y lo va a volver a hacer en octubre. El presidente va a tener que escuchar y cambiar muchas cosas. 

Este fue un voto a favor de la obra pública, fue un voto a favor de defender la industria nacional, fue un voto a favor de proponer inversión en la universidad pública y en la salud pública. El Gobierno Nacional definitivamente no está tomando nota de esa expresión y lamentablemente está tomando decisiones que van a tener como consecuencia más ajuste y más empobrecimiento. La gente no votó ni aprobó las prioridades que viene definiendo Milei para el país y  lo viene expresando en la calle, lo expresó en el Congreso, lo expresó en las urnas el 7 de septiembre y lo va a volver a expresar en octubre.

Además, empezamos a entender por qué es importante tener más diputados y más senadores en la Legislatura y en el Congreso Nacional. En los últimos días quedó demostrado que tener diputados y senadores sirve para poner límites, para ponerle un freno a las decisiones de ajuste y también para seguir reclamando que el Gobierno Nacional se haga cargo de la obra pública en el país.

En cuanto a la discusión de la obra pública, definitivamente fue plebiscitada en la elección del 7 de septiembre. El 70% u 80% de los argentinos están convencidos de que el país para ser mejor necesita rutas, caminos, universidades y hospitales. Eso quedó claro en el resultado. Frente a un Gobierno Nacional que paró durante 2 años toda la obra pública, nosotros venimos demostrando que la obra pública genera trabajo y mejora la calidad de vida. Milei tiene que explicarle a los argentinos por qué frenó la obra pública, cuando la obra pública es sin duda una de las pocas palancas que tenemos para reactivar la economía y promover un desarrollo más justo y federal. 

MDF: Fuiste candidato en la Primera, ganaste de manera muy contundente. Se vio una campaña donde el gobernador, vos y el resto de los intendentes y candidatos recorrieron mucho, estuvieron muy activos. ¿Cómo será la campaña de cara a octubre?

Ha habido una tarea muy importante del gobernador Axel Kicillof y de todos los intendentes en equipo para demostrar que el peronismo gobierna el 40% de la Argentina, lo hace con cuentas públicas ordenadas, con obra pública y lo hace con políticas que atienden a los más vulnerables de su comunidad. Todo eso fue lo que se validó. Desde la Provincia de Buenos Aires, el peronismo demostró que está vivo, de pie y ofreciendo otro camino. 

Veníamos planteando que el peronismo necesitaba recuperar la autoridad, la capacidad de poder plantarse, de poder marcar un horizonte, de poder marcar un rumbo. Y me parece que los intendentes, con Axel a la cabeza, expresaron que en la Provincia de Buenos Aires esta Argentina que propone Milei no la comparte nadie. Que el ajuste que él venía aplicando no tiene apoyo popular y que la gente en septiembre votó para frenar un rumbo, pero al mismo tiempo para disputar y proponer un futuro mejor. El peronismo vuelve a recuperar autoridad para decir: no estamos condenados a vivir en un país con ajuste, con recortes, con obra pública parada y sin universidad pública en la Argentina. Se puede vivir mejor en la Argentina.

MDF: ¿Hay algo especialmente en disputa en las elecciones de octubre?

G.K: Claro, el futuro. 

Me parece que la elección de octubre va a estar puesta en clave de volver a frenar a Milei. Ya no se trata solo de frenar un veto en el Congreso, sino de frenar el desguace de instituciones, programas y cosas imprescindibles para nuestra sociedad y para nuestra democracia.  El 7 de septiembre irrumpió un mensaje. La sociedad dijo: con estas cosas no se jode, con algunas cosas en la Argentina no se jode. Pero al mismo tiempo fue un voto de mucho compromiso. La gente no votó en blanco ni decidió no ir a votar: fue, y agarró la boleta de Fuerza Patria. Hubo un voto de confianza, depositaron la confianza en el peronismo.

Por eso me parece que, como nunca, en la elección de octubre tenemos que seguir explicando con la mayor claridad posible que el modelo de país no le sirve a la Argentina y demostrar que estamos en condiciones de volver a ganarnos la confianza de la gente y de proponer soluciones para los problemas que tiene el país.

MDF: En ese sentido, ¿pensás que el 7 de septiembre no solo fue un triunfo provincial, sino que le dio un poco de esperanza al resto de las provincias que vienen padeciendo el rumbo de Milei y su impronta antifederal?

 G.K.: Sí, definitivamente cambió el escenario político, pero además cambió el pulso, el humor de la gente en general y de la militancia. Aparece más concreta la posibilidad de frenar a Milei, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Argentina toda. Creo que el 26 de octubre va a haber una expresión en todo el país que se apalanca en el resultado de la Provincia de Buenos Aires, que se contagia del resultado de la Provincia de Buenos Aires y que va a permitir que muchísimos intendentes y muchos gobernadores puedan también ser parte de ese punto de inflexión que se expresó el 7 de septiembre.

Después de octubre, como nunca, va a haber dos modelos. La tarea de Axel, y de toda la provincia de Buenos Aires, será convocar, desde las coincidencias básicas, a todos aquellos que estemos parados en el mismo lugar cuando hablamos de obra pública, de educación y salud pública, de democracia y de futuro. Ahora, hay que sostener el esfuerzo y ganarle nuevamente a Milei.