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El aumento de la mora ya instaló su propia agenda. Ocupa la atención pública y asoma como preocupación legislativa: proyectos de refinanciación, límites a las tasas, alivios transitorios para deudores. La pregunta que me interesa hacer no es cuánta mora hay hoy, sino cómo mirar ese dato en el largo plazo: qué categorías movilizamos para leerlo, qué transformaciones profundas viene a expresar, y qué futuro —o qué ausencia de futuro— nos está planteando. Si se lo mira solo como un problema de coyuntura financiera, la respuesta se agota en tasas y en el estiramiento de calendarios de pago. Si se lo mira como lo que en realidad es —el punto visible de una transformación social que lleva casi una década gestándose y que compromete el vínculo mismo entre los hogares y la democracia— la pregunta cambia de escala, y con ella las respuestas posibles. Las cinco tesis que intentan ordenar esa mirada de largo plazo.

1.Las deudas de los hogares, un eslabón perdido de las promesas y los fracasos de la democracia

Cuando empecé a escribir Una historia de cómo nos endeudamos partí de una convicción que no siempre resulta evidente: las deudas de los hogares -esas que no aparecen en los titulares sobre el FMI ni en las rondas de negociación con acreedores externos- son un territorio donde se juega, silenciosamente, el vínculo entre la sociedad y la política. El objetivo del libro fue leer, a través del endeudamiento de los hogares, el encuentro y el desencuentro entre las expectativas que la democracia argentina generó desde 1983 y los fracasos y desilusiones que esas mismas expectativas terminaron produciendo. La deuda no es, en este sentido, un dato residual de la economía doméstica: es un eslabón que conecta la vida cotidiana de las familias con el proyecto colectivo de la democracia. Por eso sostengo que no se puede escribir una historia de la democracia argentina sin escribir, en paralelo, una historia de sus deudas domésticas. Ambas historias corren juntas, se explican mutuamente, y allí donde la política falla en sostener sus promesas, la deuda aparece para llenar ese vacío, aunque sea de manera precaria y a un costo altísimo para quienes la cargan. Con esta lectura de largo plazo sobre el rol de las deudas como anudamiento entre la sociedad y la política —y no como un capítulo aislado de la coyuntura económica— es que leo el presente: cómo llegamos hasta acá y por qué caminos podríamos salir.

2.Las deudas de los hogares son la fuente de una nueva cuestión social

El endeudamiento doméstico se ha convertido en una nueva cuestión social, fuente de desigualdad, explotación y, en ciertas configuraciones, de dominación. La vieja cuestión social del siglo XX se organizaba en torno a la relación salarial: el acceso a derechos básicos —vivienda, salud, educación— dependía del vínculo con el trabajo formal y de la protección que el Estado garantizaba sobre esa relación. Hoy ese acceso está cada vez más mediado por la capacidad de los hogares de obtener financiamiento en un mercado del crédito heterogéneo y desigual. El crédito y las deudas dejaron de ser una opción entre otras para convertirse en una necesidad estructural: los hogares las gestionan como una red de protección frente a riesgos que ya no pueden atender ni con sus ingresos laborales ni con la protección estatal. Esta transformación no es exclusivamente argentina —los estudios regionales muestran una dinámica similar de financiarización de los hogares de menores ingresos en distintos países de América Latina—, pero adquiere en la Argentina una intensidad particular por la combinación de inflación crónica, informalidad estructural y un mercado de crédito formal más acotado que el de países vecinos. Esta nueva cuestión social condiciona, además, todos los proyectos políticos: alienta las versiones de extrema derecha que prometen romper con el orden existente, y exige a las versiones progresistas repensar sus estrategias de protección social incorporando la centralidad de la deuda en la vida cotidiana de los hogares.

3.Las deudas crecen donde fallan los derechos y la protección social

La evidencia empírica permite identificar con precisión quiénes cargan con el peso mayor de esta transformación: los hogares inquilinos, los hogares con niños y niñas y jefatura femenina, y, como novedad del período reciente, los trabajadores alcanzados por la precarización laboral. Estos tres perfiles no son aleatorios: remiten, cada uno, a un derecho que no termina de garantizarse —el acceso a una vivienda regulada, la protección de la crianza, la estabilidad del empleo—. Donde ese derecho falla, no aparece simplemente una necesidad insatisfecha: aparece una deuda. Esta inversión de la relación habitual entre necesidad y endeudamiento tiene consecuencias analíticas importantes. Significa que el problema no puede resolverse únicamente en el terreno financiero, discutiendo tasas de interés o esquemas de refinanciación, aunque esas discusiones sean necesarias en lo inmediato. El problema de fondo es que una porción creciente de los hogares solo logra reproducir su vida cotidiana sacrificando ahorros, vendiendo pertenencias y acumulando compromisos que no tienen horizonte de resolución. Mientras el Estado no logre restituir de manera efectiva esos derechos -vivienda, cuidado, trabajo- la deuda seguirá ocupando ese lugar vacante, con un costo que no se mide solamente en pesos sino en las expectativas que los hogares depositan, o dejan de depositar, en la promesa democrática. Comprender esta relación entre derechos y deudas no es un ejercicio analítico: es la condición para pensar cualquier política pública que aspire a reducir la desigualdad estructural que atraviesa hoy a la sociedad argentina.

4.Las deudas “amortiguan” el malestar pero direccionan el descontento político

¿Por qué el deterioro del bienestar sostenido de los hogares no produce, de manera automática, un estallido social visible? Parte de la respuesta está en la propia naturaleza de la deuda como experiencia vivida. En la Argentina, buena parte del endeudamiento popular es informal —con familiares, vecinos, el comercio del barrio— y esa informalidad, aunque genera un enorme desgaste emocional, no coloca al deudor bajo la amenaza constante del sistema financiero-bancario que sí opera en otros países de la región. Esa relativa amortiguación permite que el malestar se administre puertas adentro durante un tiempo prolongado, antes de encontrar una salida política. Pero esa demora no equivale a resignación: se acumula. Los sectores populares llevan décadas gestionando su economía con una combinación de planes sociales, trabajo informal y deuda; los sectores medios, en cambio, comenzaron a usar la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes de manera creciente desde 2018 y, sobre todo, durante la pandemia. 

Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.

Cuando ese sacrificio cotidiano no encontró ningún reconocimiento por parte de la política, se convirtió en malestar hacia el Estado, y ese malestar quedó disponible para la interpelación de un outsider que promete invertir los términos del sacrificio. No es casual que buena parte de la sociedad que veía en su propio esfuerzo financiero la prueba de que “se las arreglaba sola” haya encontrado plausible la promesa de que fuera el Estado, y no los hogares, quien sacrificara. La deuda, en este sentido, no solo amortigua: también contribuye, tarde o temprano, hacia dónde se canaliza el descontento.

5.Las deudas de sacrificio son el desafío para una propuesta de futuro

El régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años -la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural- y se profundiza con las políticas de ajuste de Milei. 

Si el problema es la mora, discutimos tasas y refinanciaciones; pero si el problema son las deudas de sacrificio, discutimos derechos. Donde falla un derecho —laboral, social— no nace una necesidad. Nace una deuda de sacrificio. 

El crédito es dinero aún no prestado; las deudas, dinero ya prestado. El primero es una relación con el futuro, las segundas con el pasado.  La escasez del crédito y el desborde de las deudas no es solo un desequilibrio contable, un fallo de caja negativo, es el dominio del tiempo pasado sobre el futuro. Una sociedad con deudas carcome las expectativas sobre el porvenir que ofrecen las democracias, devora estas expectativas desde sus cimientos y atenta contra la ilusión de un mañana mejor, su ficción más necesaria e irrenunciable.

Hoy tenemos un actor político fundamental: los trabajadores y trabajadoras de la salud de la Argentina, que asumieron la defensa del sistema sanitario y de la vida de todos los argentinos y argentinas.

Venimos de varios lanzamientos de diferentes ramas y sectores del MDF, y obedecen todos a una convicción muy profunda: en Argentina, digan lo que digan, hagan lo que hagan, insulten lo que insulten, hay otro camino. El futuro no es de Milei; el futuro es del pueblo.

Lanzamos el MDF de Cultura, el MDF de Educación, el MDF de Ciencia y Universidad, el de CABA, el Centro de Estudios Derecho al Futuro, el MDF de las Mujeres y ahora el MDF de Salud, en el pasaje Dardo Rocha, patrimonio histórico y cultural de la provincia de Buenos Aires, de nuestra capital, La Plata.

No es estrictamente un comienzo, sino que venimos trabajando hace tiempo. Hoy ponemos bandera de largada a una nueva etapa.

Estos lanzamientos están movidos por una enorme convicción que estamos transformando en acción frente al abandono, frente al ajuste, frente a la crueldad. Elegimos pelear, elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio ni un privilegio, sino un derecho para todos y para todas.

El derecho a la salud es uno de los derechos más básicos y más humanos. Sin salud no hay libertad real. Sin salud no hay igualdad posible. Sin salud no hay proyecto de vida. La diferencia entre estar sano o enfermarse, entre vivir o morir, no puede depender de los recursos que uno tenga en el bolsillo ni del lugar en el que nació.

No puede depender de si se puede pagar una prepaga, un remedio o una intervención. Le quieren vender a nuestro pueblo que es libre mientras lo dejan tirado. Por eso el debate sobre la salud pública es central en la Argentina de este momento. Alrededor de esta discusión se enfrentan dos modelos completamente opuestos para comprender de qué se trata un país, una comunidad, una sociedad.

De un lado están los que creen que todo es mercancía y que la salud es meramente un negocio, que el Estado tiene que retirarse y dejar que cada uno se arregle como pueda. Que si alguien no puede pagar un remedio, un tratamiento o una operación, es un problema personal, individual y privado. Es el modelo del sálvese quien pueda, el modelo del descarte que están aplicando en el país con resultados terroríficos. Un modelo que le dice al enfermo “jodete si no tenés plata”, que le dice al que está sufriendo “jodete, fracasaste”, que les dice a los jubilados y a las personas con discapacidad “jódanse”.

Nosotros decimos: ¡Jodete, Milei! Al pueblo argentino se lo respeta, se lo cuida y se lo defiende.

Frente a este modelo de abandono y de miseria, estamos nosotros: la enorme mayoría de los argentinos. Creemos que cuidar a nuestro pueblo no es un gasto, es una obligación humana y política. Creemos que invertir en hospitales, en medicamentos, en vacunas, en prevención, en médicos, en enfermeros, en trabajadores y trabajadoras, en estudiantes de nuestras universidades no es un costo. Es invertir en vida, en felicidad, en dignidad y en futuro.

Eso es lo que hacemos desde el Gobierno de la Provincia, actuando como un escudo, como una red para atenuar el daño que causa el modelo de Milei. Pero no alcanza con las políticas provinciales. Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país.

No se trata solamente de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de crecimiento y de desarrollo justo, federal y sostenible. Es para eso que estamos lanzando el MDF Salud. Es para eso que militamos y nos organizamos.

Porque este plan económico es el que enferma. Esta economía mata. Como sostuvo el Papa Francisco: “enferma el cuerpo y enferma el alma”. Angustia, ansiedad, depresión, abandono: eso generan cuando ajustan a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los tratamientos médicos, a los hospitales, a los programas esenciales. Pero también enferman todos los días cuando destruyen puestos de trabajo y cuando pulverizan salarios, ingresos y jubilaciones. No son dos cosas distintas: hablamos de salud, hablamos de igualdad, hablamos de desarrollo, hablamos de patria y hablamos de soberanía.

Y encima nos quieren hacer creer que esto es modernidad, que esto es equilibrio. No puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y de la crueldad organizada. No hay orden ni estabilidad cuando generan una sociedad atravesada por la desesperación y la angustia. No hay tampoco salud si la gente sufre el miedo de perder su trabajo, de cerrar su negocio, si está desprotegida frente al aumento del costo de la vida. Cuando dicen que esta economía está creciendo, se nota que no pisaron un hospital.

Tal vez se refieren a otro país. Porque en Argentina ni la economía está creciendo ni a la sociedad le va bien. Solo crece en la imaginación de Milei, que está peleado con la verdad y con la realidad. Si según su teoría económica hay crecimiento, lo que no sirve es su teoría económica. Lo que no sirve es un presidente que se la pasa viajando, tuiteando y dándole la espalda a la gente, al pueblo y a sus necesidades.

Nos llevaron a una catástrofe sanitaria. Redujeron el 40% del presupuesto nacional de Salud, quitaron el programa Remediar, abandonaron la Organización Mundial de la Salud, sacaron medicamentos del PAMI, demoran o restringen las vacunaciones, abandonan la salud sexual y reproductiva, los tratamientos oncológicos y el control de enfermedades transmisibles. Y la crisis, además, está destruyendo al sector privado y a las obras sociales.

La caída de los salarios, la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales y la desregulación de los precios de los medicamentos y las prepagas dejaron a 750.000 personas sin cobertura. Y para los que aún permanecen con trabajo, al 80% de las obras sociales no le alcanza para cubrir la prestación obligatoria.

El resultado es trágico: están empeorando todos los indicadores sanitarios como pocas veces. Hay un aumento criminal de la mortalidad infantil del 6% y del 37% en la mortalidad materna. Hay brotes de sarampión, creció la hepatitis y la meningitis. Y los que pierden la cobertura, los que no pueden pagar un tratamiento o un remedio, ¿a dónde van? Vienen al hospital público provincial, municipal, a los centros de salud. Querían privatizar y hace falta cada vez más Estado.

En salud mental, exactamente lo mismo: cero remedios de salud mental en el Remediar, presupuestos del SEDRONAR reducidos, cero presupuesto de salud mental, obras paradas. Y ahora presentan una Ley de Salud Mental, inconsulta y rechazada por las provincias, cuyo único objetivo es restringir el acceso. Por eso: no a la ley Milei de Salud Mental.

Estamos ante una verdadera catástrofe sanitaria. La motosierra de Milei mata. El Gobierno nacional desertó de sus responsabilidades sanitarias. Esto configura un crimen social y sanitario. A esta altura, ya no cabe ninguna duda: es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina.

La gente directamente no les importa. Por eso nosotros sentimos, pensamos y actuamos exactamente al revés. Y lo demostramos con hechos concretos. En la provincia de Buenos Aires demostramos que aun en las peores condiciones, con un gobierno nacional que nos asfixia, seguimos cuidando a nuestro pueblo: seguimos abriendo centros de salud, ampliando la atención primaria, incorporando equipamiento y ampliando el programa de Medicamentos Bonaerenses.

No alcanza, pero ahí está el esfuerzo de un pueblo y su gobierno que sabe cuáles son las prioridades que no se pueden abandonar.

Los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud son quienes, en momentos difíciles, en la peor tragedia sanitaria de la historia reciente, nunca dejaron de priorizar a nuestro pueblo. Otros opinaban desde la computadora y desde el teléfono. Ellos estuvieron en los hospitales, en los centros de salud, en los vacunatorios, en los barrios. Es gracias a ese compromiso de millones de trabajadores y trabajadoras que sigue estando en pie el sistema sanitario bonaerense y el sistema sanitario argentino.

Pero no hay que confundirse: el abandono de la salud pública no es un descuido ni un simple recorte para lograr equilibrio fiscal. Esta derecha extrema, acá y también en el mundo, quiere instalar la idea de que la igualdad fue demasiado lejos, que era demasiado cara. Por eso desde el día uno están machacando con que la justicia social es una aberración o un robo, con que los derechos son privilegios, con que cuidar al otro es una debilidad, con que la solidaridad es un problema.

Tenemos que decir con claridad que una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda. Una sociedad mejor se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables, garantizando oportunidades e igualdad.

Parece fácil hablar de la libertad tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del pueblo.

Con la salud pública tenemos uno de los grandes orgullos históricos de la Argentina, parte de una tradición ligada a la justicia social. La justicia social es que una familia pueda llevar a su hijo a un hospital aunque no tenga recursos. La justicia social es que un jubilado o una jubilada acceda a sus medicamentos sin endeudarse. La justicia social es que una persona con cáncer pueda tratarse sin tener que hipotecar su vida. Hogares tapados de deuda son también hogares enfermos. En otro tiempo histórico, Ramón Carrillo decía “el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas”. Milei paró la salud, los remedios, el agua corriente y las cloacas.

Nuestra tarea hoy no es solamente denunciar. Sabemos que el pueblo la está pasando mal. No podemos solo contarles lo que ya saben, lo que viven y lo que experimentan. Nuestra tarea es construir, organizar una alternativa real, potente y militante.

Nos quieren convencer de que no hay alternativa, de que si no es Milei será otro que siga por la misma senda. Tenemos una tradición, tenemos una historia, tenemos una patria y tenemos un futuro con justicia social, que es para todos y todas.

Tenemos la obligación histórica de construir esa alternativa que vuelva a poner en el centro, como prioridad, a la producción, al trabajo, a la educación y a la salud. Esa construcción no es sencilla: requiere humildad, coraje, generosidad y compromiso. No alcanza solo con el peronismo, no alcanza solo con la provincia de Buenos Aires. Hay que construir una fuerza nacional en todo el territorio, amplia, profundamente federal, participativa, que defienda a nuestro pueblo y que esté dispuesta a poner lo que hay que poner para reconstruir una Argentina más justa, más solidaria y más soberana.

Hay que salir a recorrer, a escuchar, a convocar, a hablar con todos y con todas. A abrazar sobre todo a los que están perdiendo la esperanza. A luchar contra el individualismo, la resignación y la soledad. Mientras dure la pesadilla libertaria, hay que defender cada hospital, cada centro de salud, cada salita, cada política pública, porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina.

Y sobre todo: defender el derecho a nuestro futuro. Eso significa que dentro de dos años la Argentina tenga otro gobierno con objetivos y prioridades distintas.

No hay futuro posible en nuestra nación si se abandona la salud del pueblo. Y nos comprometemos a defenderla con todas nuestras fuerzas.

Atravesamos como humanidad una profunda mutación de la realidad: un cambio de piel de la civilización entera. Sin distinción de hemisferios, ni de paralelos y menos que menos de culturas o religiones. No vivimos una crisis social y económica más, de esas que cada tanto nos sacuden y nos obligan a barajar y dar de nuevo. No. Expansión de la Inteligencia Artificial mediante, somos testigos de una revolución inédita en la historia del mundo. Y en este mar revuelto, la Argentina zigzaguea como una cáscara de nuez enfrascada en discursos de odio que plantean debates estériles y -lo más preocupante- totalmente analógicos. 

Los talibanes de la motosierra cultivan la idea peligrosa de que el Estado significa un estorbo en el desarrollo de cualquier nación y el verdadero enemigo que solo sirve para asfixiar al individuo. Nos quieren vender un anarcocapitalismo de pizarrón que, en el barro de la historia, no resulta más que la vieja receta de retirar al Estado de la mesa de la innovación tecnológica para que ese espacio sea monopolizado por señores feudales de Silicon Valley, dueños de los algoritmos y, por extensión, de nuestras decisiones. En ese mapa, más que ciudadanos con derechos, somos simples usuarios proveedores de datos, mano de obra barata para entrenar modelos ajenos o consumidores pasivos de una realidad diseñada a miles de kilómetros de nuestras necesidades. 

Frente a esa distopía de la concentración extrema y el sálvese quien pueda, tenemos la obligación política y moral de proponer un camino alternativo mediante la implementación de un Estado Dinámico, Ágil, Sencillo y Eficiente (DASE), lejos de ser un actor pasivo mientras el mercado decide quién sobrevive y quién no, sino que se asume en arquitecto del desarrollo nacional con progreso e inclusión. En el modelo agro exportador y extractivista al que nos quieren devolver la riqueza se medía por hectáreas o toneladas de exportaciones, pero en el siglo XXI la riqueza de cualquier nación radica en la capacidad de procesar conocimiento por parte de su población. Por eso, invertir en ciencia, tecnología e innovación no representa un gasto suntuario de un país rico: es la única vía alternativa para construir la Argentina grande, justa, libre y soberana con la que insertarnos en el nuevo paradigma mundial. 

En el corazón de nuestra propuesta anida el alcanzar la soberanía digital, ya que nuestros datos representan un activo nacional y no podemos regalarlos a corporaciones tecnológicas sin recibir a cambio un beneficio para nuestras mayorías populares. Y ahí nace garantizar el derecho a la soberanía cognitiva: la necesidad como Estado de formar una ciudadanía inteligente capaz de convivir, interactuar y producir en tiempos de IA. Queremos alfabetos digitales para comprender los datos, interpretar cómo funcionan los algoritmos y así construir soluciones a nuestras propias problemáticas sin depender de terceros. En definitiva, entender que, sin una mirada humanista, la tecnología es solo una herramienta que agrava la exclusión y la fragmentación social. 

Esconde un cinismo total hablar de libertad cuando la conectividad de cualquier ciudadano depende de las ganancias de una empresa privada. El Estado tiene que garantizar los fierros. Sin una red de fibra óptica federal y capacidad de cómputo propia -una suerte de “nube nacional”-, nuestra soberanía vive de prestado. Democratizar ese acceso es la base de cualquier justicia social moderna. Pero los cables no piensan.

Al mismo tiempo, necesitamos una alfabetización algorítmica de verdad. Ya no alcanza con repartir dispositivos. Hay que dar vuelta la educación para que las generaciones presentes y futuras entiendan la lógica detrás de la pantalla, que aprendan que un algoritmo puede arrastrar sesgos y  que ellos ostentan el poder de programar uno distinto. La soberanía cognitiva nace en el aula, transformando a los usuarios pasivos en verdaderos creadores de tecnología. 

El Estado, además, debe ser el primero en modernizarse. Dejar atrás el laberinto de ventanillas y expedientes: desburocratizar. Porque un Estado eficiente que respeta el tiempo de su gente, se vuelve transparente al digitalizar sus procedimientos y predictivo al aplicar la IA para anticipar demandas y urgencias antes de que existan. En este camino, el sector privado surge como un socio indispensable, pero bajo un modelo que fomente la industria nacional a través del apoyo a nuestras startups y PyMEs tecnológicas. De manera recurrente, Argentina exporta talento, pero hoy más que nunca necesitamos que ese conocimiento eche raíces con un sistema público y privado que ofrezca crédito, y protección al innovador local en entornos regulados donde el Estado y las empresas puedan experimentar con IA en áreas sensibles como la salud o la energía, asegurando que el beneficio sea colectivo y la competencia sea justa. 

Todo esto, por supuesto, se desarrolla bajo un límite ético infranqueable. No podemos permitir que la tecnología se emplee para la vigilancia o la manipulación. Necesitamos un escudo nacional de protección de datos que resguarde la privacidad del ciudadano y evitar que sea tratado como una mercancía que se subasta al mejor postor. Un Estado DASE garantiza que la IA potencie la libertad en lugar de crear perfiles psicométricos para definir consumos o, más peligroso aún, elecciones.

Incluso en la seguridad nacional, las reglas cambiaron. En un mundo de guerras híbridas, la ciberdefensa es soberanía. Desarrollar protocolos propios no desnuda paranoia, muestra lucidez. No podemos comprar “llave en mano” la defensa de nuestro espacio digital a potencias que, si los intereses cambian, pueden simplemente desconectarnos con un clic. 

Ahora bien, existe una idea falsa de que en los centros de investigación -Conicet, INVAP, INTI, INTA y las universidades nacionales- se despilfarra el dinero público. Nada más lejos de la realidad. El gran salto lo daremos cuando integremos el dato y el algoritmo a los sectores productivos en los que tenemos ventajas comparativas. Acá no corre lo de “campo e industria contra la ciencia y tecnología”. Al contrario, se basa en potenciar el campo y la industria con más ciencia y más tecnología. Sensores que optimicen el uso de agua, inteligencia aplicada a la logística industrial, predicción climática para salvar cosechas. No hablamos de logros utópicos, sino de puentes. Laboratorios de innovación abierta donde el científico del sistema público, el desarrollador de una empresa y el funcionario gubernamental resuelvan de manera asociativa y colaborativa problemas de la gente común. Esa sinergia es la que crea una economía del conocimiento robusta y, en definitiva, genera riqueza real y verdadero valor agregado. 

En todo proceso revolucionario se desatan angustias y un ánimo luddista -similar al de hombres y mujeres que rompían telares en los inicios del primer industrialismo- sobrevive nuestra época. El miedo a ser reemplazado por una máquina es real y no se soluciona ignorándolo. La respuesta está en consolidar un Estado líder en propiciar la reconversión laboral más grande de nuestra historia, garantizando que las y los trabajadores adquieran las herramientas para ocupar los nuevos roles que la IA crea mediante la automatización de procedimientos. Existe una salida en aplicar una tasa de robotización que permita capacitar a nuestra gente y evitar así ampliar la brecha entre ricos y grupos trabajadores. Lejos de resistirnos a ella, la tecnología debe ser una aliada en la búsqueda del aumento de nuestras capacidades y no un motivo más de descarte social. 

En conclusión, la IA ya transforma todo lo que encuentra a su paso. Debatir si vamos a usarla o no carece de sentido. La pregunta es si nos asumimos sujetos de esa transformación o nos conformamos con ser su objeto. Nuestra respuesta es clara: ese porvenir soñado lo construimos con voluntad política y la decisión de dejar atrás las viejas dicotomías que hasta acá nos trajeron. Pensar qué queremos, planificar el presente y proyectar el progreso que nos incluya a todos es el verdadero camino para garantizar nuestro derecho al futuro.

Como se sabe, la guerra en Medio Oriente puso presión sobre el precio del petróleo y, por lo tanto, sobre los combustibles y la nafta en particular. Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la operación “Furia Épica” contra Irán, el barril de Brent oscilaba entre 65 y 70 dólares. Luego del inicio del conflicto, el precio casi se duplicó y hoy supera los 100 dólares.

Frente a estas circunstancias, muchos países tomaron medidas para impedir que el aumento del crudo impactara en los precios de los combustibles y de la energía, y se trasladara al bolsillo de las familias y a los costos de las empresas. En esos países, el Estado —ese que Milei desprecia— intervino para evitar, o al menos atenuar, que las consecuencias de la guerra deterioren aún más la calidad de vida de sus sociedades. Lamentablemente, este complejo contexto mundial encuentra a nuestro país con un gobierno aferrado a una ideología anacrónica, incompatible con el interés nacional y, sobre todo, totalmente inoportuna para gobernar en estas circunstancias. Para Milei —a diferencia incluso de aliados como Trump, Meloni o el derrotado Orbán— el mercado lo resuelve todo y el Estado, al que considera responsable de todos los males, debe simplemente desaparecer.

En los artículos teóricos del Presidente estas falsedades no hacen daño; en la realidad, son un problema gravísimo. Hay guerra, el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada. Un Estado desertor que renuncia a actuar como Estado nacional. En este marco, nos enteramos de que “descongelan” el precio de las naftas y aplican un nuevo aumento: al 25% previo se suma ahora otro 9%. Tal vez, en medio de sus fantasías bélicas, el Presidente decidió librar su propia guerra: una guerra contra el bolsillo de los argentinos. Que la nafta siga aumentando en Argentina tiene, además, un agravante, también producto de una ideología contraria al interés nacional. Gracias a la recuperación de YPF en 2012 y al desarrollo de Vaca Muerta, el país viene recuperando el autoabastecimiento e incluso cuenta con excedentes exportables. Sin embargo, Milei sostiene que el petróleo extraído del subsuelo argentino debe pagarse al precio internacional, incluso en un contexto de guerra. Es decir: en Argentina terminamos pagando lo mismo que un país que no produce petróleo y debe importar.

Mientras tanto, en muchísimos países, además de medidas para contener el precio de los combustibles, se evalúan contribuciones extraordinarias a las empresas petroleras, que multiplican sus ganancias en medio del sufrimiento de pueblos afectados —directa o indirectamente— por guerras absurdas, al menos mientras dure el conflicto. Son gobiernos que priorizan el bienestar de sus sociedades. Hoy Argentina no cuenta con eso, pero falta menos para que termine este capítulo de infamia, esta cascada de irresponsabilidad que cae sobre los argentinos.

Hay otro camino y lo vamos a seguir construyendo.