El presente nos obliga a repensar ideas y argumentos que ayuden a iluminar un importante debate público que se quiere contaminar con falsedades. Me refiero a la supuesta necesidad impostergable de hacer una reforma laboral dirigida centralmente (otra vez!!  y ya van cuántas?…) a quitar derechos y debilitar instituciones laborales. Este nuevo embate se apoya sobre un diagnóstico simplista, falso y cargado de lugares comunes con los que se taladra sistemáticamente a la opinión pública. Frente a estas estrategias, resulta esencial reponer verdades. Para empezar, no hay ni evidencias empíricas de la eficacia que podría tener una reforma laboral para resolver las dificultades que tiene nuestro país. Sin embargo, es importante dar el debate ya que una parte importante de nuestra sociedad ha incorporado estos razonamientos y “realidades” que justifican dar este paso peligroso, inútil y dañino para las mayorías. Y no hablo de los empresarios que la impulsan en su propio y exclusivo beneficio (están en su derecho).  Hablo de los dirigentes, opinadores/periodistas, jóvenes y adultos mayores (incluso progresistas) y otros tantos bien intencionados que reproducen los argumentos en favor de lo que significaba un enorme retroceso.

Repasemos rápidamente los principales argumentos y propuestas que circulan: 

Por culpa de la no reforma, el empleo no crece. Falso: el empleo no crece porque desde hace varios años no hay políticas a favor de la producción y el empleo. En todo caso, una reforma laboral no resuelve ninguna de los problemas estructurales que tiene el país. Y esta reforma mucho menos resuelve los problemas del mundo del trabajo, como lo demuestran las 103 reformas laborales, implementadas en otros tantos países que utilizaron ese argumento para aumentar el empleo y la inversión y solo aumentó la desigualdad y la pobreza

Bajar indemnizaciones para estimular la contratación de trabajadores. Falso: los empresarios contratan cuando hay consumo, crédito y negocios, no cuando solo hay pésimas condiciones de trabajo y menos en períodos de recesión generalizada. Basta un ejemplo. El período de mayor crecimiento del empleo privado registrado en la Argentina contemporánea (es decir formal), coincidió con la existencia de una norma de excepción que fue la doble indemnización (derogada con posterioridad a la superación de la crisis). Desde el año pasado está vigente un sistema teóricamente orientado al despido barato (ver Ley de Bases) que nadie usa y, en cambio, se destruyen puestos de trabajo a un promedio de 420 trabajadores/as menos por día.

El sistema laboral actual es el causante del quiebre de las pymes. Falso. Primero digamos que las 25.000 pymes que quebraron en el período 2016 – 2019 (gobierno de Macri) y ahora, los 18.100 empleadores que se dieron de baja en este último año y medio (gobierno de Milei) no parecen afectados por las normas laborales, sino por políticas contrarias a la producción y el trabajo, los tarifazos, la caída del consumo y la pura especulación financiera que ha doblegado el ánimo de los “empresarios de bien”. 

Por otra parte, y vale para el apartado anterior, destaquemos que el régimen indemnizatorio en la Argentina se calcula sobre la base de la antigüedad en la empresa del empleado a despedir.  El promedio computable en ese rubro es de 2 años para el 50% del total de trabajadores en el sector privado y sólo el 8% de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país tiene más de 10 años de antigüedad. No parece estar ahí la causa de las quiebras.

Hay que eliminar “la industria del juicio”. Sin descartar algunos casos de distorsiones (los hay en cualquier profesión o actividad), seamos serios. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires sobre un millón y medio de trabajadores y trabajadoras, sólo el 5% inició juicio, en el año 2021. Pero, sobre todo, creo que el acento debería ponerse en los evasores, en los que eluden el cumplimiento de las normas laborales y tributarias y en la ausencia de una verdadera cultura preventiva frente a los riesgos del trabajo.

Hay que quitar fuerza a las relaciones laborales colectivas.  Las cuatro reformas que se quieren imponer persiguen únicamente debilitar a las organizaciones representativas de los trabajadores y aumentar la discrecionalidad empresarial. A saber, I) la preponderancia del convenio colectivo de empresa sobre el de actividad para romper la defensa del interés colectivo; II) la supresión de la ultraactividad de los convenios para extorsionar a los sindicatos cambiando mejoras de remuneraciones por derechos; III) restringir y sancionar el derecho de huelga para impedir la defensa de salarios y derechos; IV) condicionar los aportes sindicales para ahogar económica y sindicalmente a las asociaciones profesionales. Los detalles se pueden profundizar en otra oportunidad.

Las posibles propuestas no se tratan solamente en reformar leyes, sino de generar entornos productivos y de asimilar los cambios tecnológicos y organizacionales producidos, pero sin la pérdida de derechos que tanto costaron. Que son eso: derechos, no privilegios. Las soluciones pasan por implementar políticas públicas (tal vez algunas normas legales) que atiendan los cambios en el mundo del trabajo, colocando en su centro la “protección del trabajo en todas sus formas” como reza nuestra Constitución Nacional, (art. 14 bis) así como la seguridad jurídica, que todos reclaman para sí (también los trabajadores y trabajadoras).

Desmanteladas algunas mentiras que impiden un abordaje serio del tema, ahora si examinemos los principales problemas del mundo del trabajo en nuestro país con el propósito de de formular algunas propuestas destinadas a construir un modelo de trabajo más humano con una mejor distribución del ingreso: 

1.Retomar la generación de empleo: Poner en marcha un modelo de crecimiento económico basado en la industria, los nuevos sectores estratégicos, la economía del conocimiento, las obras públicas centradas en la logística y en la vivienda, el turismo receptivo y el fomento de nuestro comercio exterior. Todo esto considerando nuestro complejo científico tecnológico como bandera -en sentido amplio- e incluyendo nuestros puertos, transportes y tripulaciones.

2.Recuperar la capacidad adquisitiva del salario: En el corto plazo, es necesario habilitar la libre negociación colectiva y poner en marcha una política de ingresos basada en el salario mínimo y las asignaciones familiares, tanto para el sector privado como para el público. En el mediano plazo, debemos avanzar hacia una coordinación —acordada con los actores sociales— de tarifas, precios y salarios. Y, tal como establece nuestra Constitución Nacional, promover mecanismos que permitan aumentar la participación de las y los trabajadores en las utilidades.

3.Reducir la informalidad: Implementar un sistema de contribuciones patronales progresivo y fortalecer la política de inspección laboral mediante un uso intensivo de tecnologías. Al mismo tiempo, para los trabajadores autónomos, es necesario reformular y fiscalizar el monotributo para garantizar mayores derechos —primero salud y protección social—, crear nuevas categorías y prohibir su utilización en el sector público.

4.Atender los otros temas que realmente tengan vinculación con los cambios en el mundo del trabajo: 1) regular los nuevos derechos de los trabajadores de plataformas; 2) discutir la jornada laboral y la soberanía horaria; 3) diseñar sobre la institucionalidad existente, un Sistema de Formación Continua de alcance nacional y con intervención de los actores sociales; 4) poner en valor al trabajo en la economía popular; 5) estimular la participación de los trabajadores y sus representantes en la organización del trabajo y en la conformación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad; 6) avanzar en soluciones y acciones concretas relativas al efectivo empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo y la representación de todos y  todas las personas que trabajan. Esto a título enunciativo, pero de tratamiento imprescindible. 

A la hora de participar de estos debates, tenemos que tener presente que el trabajo no tiene sólo una lógica económica sino también existencial; forma parte del sentido de nuestras vidas. Esta dimensión del trabajo, y del trabajador, resulta central para los peronistas pero ausente en los enfoques neoliberales o “austriacos”. No se trata solo de bajar costos, sino de construir un mundo del trabajo mejor para las nuevas generaciones. 

En definitiva, se trata de un debate indispensable para el futuro de nuestro pueblo. Y el primer desafío que tenemos radica en no caer en las trampas del discurso impuesto por los sectores dominantes que solo persiguen “deslaboralizar los vínculos laborales” y esterilizar al sujeto sindical. No es una pelea nueva, las relaciones de trabajo siempre estuvieron atravesadas por relaciones de poder e intereses que aspiran a fragmentar, romper lazos e individualizar a las personas. Sabemos, y saben, muy bien que los individuos aislados tienen menos fuerza para defender sus derechos. 

Por último, comparto una convicción: además de desmantelar mentiras y de elaborar argumentos e ideas superadoras, es necesario acumular poder político orientado a garantizar derechos y a construir un futuro más justo. 

MDF: ¿Qué plantea concretamente la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y qué tipo de transformaciones busca introducir en el sistema de relaciones laborales argentino?

De todo lo que trasciende – porque no hay un texto oficial – la reforma busca otorgarle más poder al empresario por sobre el trabajador. La idea es poder determinar salarios sin considerar ningún piso, reemplazar parte del salario por pago en especie, tener mayor dominio sobre el tiempo de trabajo sin tener que pagar horas extras (banco de horas, vacaciones), facilitar los despidos y relajar los controles del cumplimiento de la normativa en casos de solidaridad empresarial. 

No se trata ni de modernizar ni de dar ventajas al trabajador. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque nada impide hoy, con las leyes que tenemos, negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores. Empresas y trabajadores son libres de negociar mejoras en los salarios.  Tampoco hay impedimentos normativos para modificar los convenios colectivos, introducir mejoras tecnológicas, actualizar las definiciones de las tareas e incluso implementar algunos esquemas con horarios más flexibles. De hecho, hay varios casos donde esto ya sucedió. Y donde no sucedió, el Estado tiene un rol que jugar para promover que eso suceda, pero en líneas generales se necesita muñeca y voluntad, más que nuevas normas. La ley de contrato de trabajo lo que marca es un piso. Por encima, se puede. 

Si yo necesito modificar la ley para introducir un cambio, es porque ese cambio busca perforar ese piso. En otras palabras, la reforma busca que sea posible pagar menos, trabajar más, trabajar peor, o todas a la vez. ¿Y cómo pretende lograr esto? Ya hizo varios intentos con el decreto 70 y la ley bases. Pero el cambio de fondo que van a buscar para poder aplicar todo esto es debilitar la negociación colectiva. Es decir, la capacidad de los sindicatos de negociar por el conjunto. 

En el fondo, lo que prevalece en la mente de los ideólogos de este gobierno es tratar como igual al trabajador que al empresario. El problema es que no son iguales. El derecho laboral lo que hace es reconocer que hay una desigualdad en la capacidad de uno de negociar con el otro. ¿Por qué hay una desigualdad? Porque la mayoría de nosotros no somos realmente libres de no trabajar. Necesitamos trabajar para poder vivir. Los empresarios, en cambio, tienen un capital (ya sea en forma de dinero, de inmuebles, de máquinas), que les permite, al menos por más tiempo que a un trabajador, sobrevivir sin producir. Incluso, pueden elegir colocar ese capital en el sistema financiero y prescindir de los trabajadores. Por eso tienen más “espalda” a la hora de negociar. Y además, son menos. Atrás nuestro hay una fila de otros trabajadores en las mismas condiciones.

Para nivelar la cancha, los trabajadores se organizan y de ahí surgen los sindicatos como una forma de impedir que la negociación sean los juegos del hambre. También aparece el Estado para intentar equilibrar las condiciones. Por eso, cuando decimos que el derecho laboral es favorable al trabajador, no se está buscando que el trabajador tenga ventajas, sino borrar las desventajas que naturalmente tiene. 

En cambio, esta reforma busca darle más poder al empresario para que imponga lo que naturalmente podría imponer si no existiera la protección a los trabajadores y a su capacidad de organizarse: distribuir a gusto la jornada laboral, pagar menos cuando la cosa va mal (pero no pagar más cuando hay ganancias), exigir tareas más complejas por el mismo salario y no hacerse cargo de lo que sucede en su fábrica/negocio/oficina, entre otras.

¿Qué es lo que no hace esta reforma? Primero, no les soluciona los problemas a las PyMES, que manifiestan, en general, dos cosas. Un problema de costos (donde habrá que revisar, con los números en la mano, qué políticas se pueden implementar) y otro de previsibilidad (los famosos juicios laborales).  Esta ley no modifica – por ejemplo – las contribuciones patronales, ni los costos de la ART. Y al retroceder en derechos, va a generar más litigiosidad, no menos.

Tampoco va a generar más empleo formal. Sin crecimiento de la actividad es difícil que se genere trabajo de calidad. Pensemos en cómo va a impactar una baja generalizada de salarios sobre la demanda. Va a volver menos atractivo ese empleo formal, y es probable que veamos una mayor proliferación de actividades precarias, porque mejor autoexplotarse que ser explotado.

MDF -Desde la derecha se repite que el peronismo se resiste a aceptar los cambios que impone la nueva economía o el mundo del trabajo del siglo XXI. ¿Cómo responder a esa crítica y qué tipo de cambios sí son necesarios para mejorar la situación laboral sin perder derechos?

La derecha busca imponer una idea de que el desarrollo tecnológico solo es posible bajo un esquema laboral donde el trabajador tenga más incertidumbre: respecto a su salario, respecto a cuántas horas va a trabajar y respecto a por cuánto tiempo va a tener ese trabajo. Y a veces llaman a eso “Libertad”. Nos convencieron de que más tecnología son peores condiciones de trabajo, cuando debería ser al revés. 

Dicho esto, nadie escapa que Argentina no está generando la suficiente cantidad de empleo de calidad desde hace bastantes años. Y esto tiene que ver con que, más o menos desde 2011 la economía no crece con fuerza. Acá quiero hacer una distinción: no todos los años fueron iguales. En el periodo 2011-2015, la actividad y el empleo crecieron, aunque a tasas menores que antes. Mucho tuvo que ver el fin del ciclo de las commodities altas y la reversión de nuestro saldo comercial al calor del déficit de energía, que nos dejaron sin dólares. Se encararon soluciones en ese momento (la recuperación de YPF e inversión en Vaca Muerta) pero esto iba a tardar un tiempo en madurar. 

En el gobierno de Alberto, de nuevo tenemos algo de crecimiento de la economía, y una tasa nada despreciable de crecimiento del empleo registrado privado – que se desinfla en el último trimestre de 2023 a la luz del cambio de gobierno. En cambio, los periodos de Macri y de Mieli son de caída de la actividad y destrucción neta de empleos de este tipo. Incluso con Milei, a pesar de que ya cambió leyes laborales y de qué están pisando los salarios, la economía creció algo a principios de 2025 pero el empleo no, una paradoja que no era la norma. Durante muchos años y con leyes laborales como las que Milei quiere modificar, la actividad creció y el empleo también. Y esos años fueron peronistas.

Entonces recuperar un crecimiento más constante es una condición necesaria, y el ajuste en el Estado no ayuda. No solo deprime la demanda, sino que se está desinvirtiendo en áreas vitales para que el sector privado se desarrolle, como infraestructura (rutas, energía, etc), universidades, ciencia y técnica y educación en general.

Dicho esto, creo que nos debemos una agenda que acompañe ese crecimiento, que promueva la formalización de puestos de trabajo donde hay un jefe y son precarios, que mejore la rentabilidad de quienes tienen emprendimientos, que fomente ese diálogo para incorporar tecnología o nuevas formas de producción y que genere un mayor bienestar en los trabajadores atendiendo a nuevas demandas. 

¿Cómo construir esta agenda? Primero, es necesario desburocratizar. Inscribir a un trabajador en la seguridad social no es difícil —de hecho, en 2023 implementamos Alta Ya, un sistema simplificado—, pero después aparecen un sinfín de papeles, certificados e instancias que son difíciles de sostener en el día a día. Además, cuando llega una inspección, muchas veces se piden documentos que genera el propio Estado. Es una situación absurda que debemos corregir, porque también resta capacidad inspectiva: terminamos verificando si el empleador tiene un papel, en vez de comprobar si lo que ese papel declara realmente se cumple. 

Ahora bien, si por un lado facilito el registro, por el otro tengo que fiscalizar, las sanciones deben ser contundentes. Este gobierno, en cambio, para promover la formalización eliminó las sanciones por incumplimiento.

Segundo, creo que estamos dispuestos —al menos yo— a discutir la financiación de la seguridad social y si las pymes deben aportar lo mismo que las grandes empresas. Un esquema más claro, más económico y menos burocrático debería ayudar a las pymes a cumplir y a demostrar que cumplen. Eso también reduce la incertidumbre que suele atribuirse a los juicios laborales, que es verdad, no pueden tardar lo que tardan.

En la Provincia, por ejemplo, seguimos teniendo pendiente la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, que Vidal modificó con un esquema que en la práctica resulta inaplicable. Dependemos de la legislatura donde desde siempre estuvimos complicados como fuerza política. Por eso, de cara al futuro, es clave recuperar la calidad del proceso laboral, dotarlo de mayor velocidad y completar los tribunales, que hoy no dan abasto. Lo mismo en cuanto al sistema de ART. De todo esto la reforma laboral de Milei no dice absolutamente nada, entonces seamos nosotros los que articulemos una propuesta. 

MDF: Frente a este embate contra las conquistas laborales y sindicales, ¿qué estrategias políticas y sociales deberían desplegarse para defender el trabajo con derechos y, al mismo tiempo, pensar un modelo productivo más inclusivo y sostenible?

Son varias cosas. En principio, la flexibilización de la jornada es una demanda creciente. Pero para que esa flexibilidad funcione a favor del trabajador y de su soberanía sobre el tiempo, es indispensable que exista capacidad real de negociación.

Porque lo que busca el empresariado —y lo que plantea la reforma de Milei— es que el trabajador vaya o deje de ir cuando a ellos les conviene, y por el mismo precio. Varios compañeros y compañeras están trabajando en esta agenda, y la propuesta es clara: no hace falta desproteger al trabajador para que tenga mayor control sobre sus horarios. Esto vale también para las discusiones sobre economía de plataformas y otras formas de empleo “flexible”.

En otras palabras: donde hay una empresa que fija el ritmo y el formato de trabajo para que el trabajador alcance un ingreso digno —y obtiene una ganancia considerable por ese mismo ritmo—, es perfectamente posible proteger y garantizar derechos del trabajo asalariado sin perder flexibilidad.

En el peronismo siempre apostamos al diálogo social y a que estas soluciones surjan de los propios trabajadores y empresarios. Pero, con las promesas que la derecha les hizo a las empresas, hoy muchas no tienen voluntad de negociar.

Por eso creo que llegó el momento de elaborar ejemplos concretos —desde los sindicatos, los intelectuales y los funcionarios— que muestren que esto es viable. Y, si es necesario, plantearlo en una ley. Lo mismo vale para la negociación sobre innovaciones tecnológicas, aunque en ese terreno ya existen debates bastante avanzados.

Otro grupo de trabajadores donde se puede intervenir con propuestas es aquel en el que uno o varios eslabones de la cadena de valor concentran una ganancia importante, mientras que del otro lado hay trabajadores “independientes” y precarios, sin una relación tan visible o directa, o con algún intermediario de por medio. Allí también veo una oportunidad para que el Estado promueva mecanismos de redistribución que mejoren la situación de estos trabajadores.

Por ejemplo, ¿por qué quienes organizan grandes eventos no están obligados a contratar a las personas que se ocupan del reciclaje, del mismo modo que contratan servicios de limpieza o seguridad? Esos residuos, que contaminan y nos afectan a todos, forman parte de la ganancia generada por un consumo exacerbado. ¿Por qué no modificar la ley de costureras a domicilio y ayudar a organizarlas para mejorar los precios que reciben de las grandes marcas?

Por último, en la Provincia de Buenos Aires tenemos muchas medidas destinadas a un gran grupo de trabajadores que son realmente independientes y que no debemos seguir viendo como potenciales asalariados, sino como potenciales empresarios. Me refiero al emprendedurismo. No buscan vacaciones pagas: buscan poder pagarse sus propias vacaciones. Tal vez nos falte presentar todas estas iniciativas como una línea política coherente, pero existen en gran cantidad: Cuenta DNI Comercios, los créditos de Provincia Microcréditos, los créditos a tasa cero del Ministerio de Producción, los cursos de formación profesional gratuitos y las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense. La Provincia tiene una agenda robusta y muchas herramientas, aunque nos cuesta visibilizarlas.

A nivel nacional, es necesario pensar cómo replicar estas políticas y cómo impulsar otras que permitan mejorar la rentabilidad de los pequeños emprendimientos, así como crear mecanismos solidarios para afrontar contingencias que un emprendedor difícilmente pueda cubrir por sí solo (como una enfermedad prolongada o un accidente). Para estos casos, por ejemplo, yo replantearía completamente el monotributo. Dejaría, por un lado, un sistema impositivo simplificado con límites de facturación más realistas y, por otro, diseñaría un esquema distinto de seguridad social, con aportes acordes a las contingencias que se busca cubrir.

Como conclusión general, repito: el empleo registrado en el sector privado crece más con gobiernos peronistas. Y lo primero que necesitamos es un modelo económico donde los sectores intensivos en mano de obra se expandan. También necesitamos estabilidad para que avancen las inversiones, y un Estado que impulse y acompañe el desarrollo.

Al mismo tiempo debemos demostrar que estamos dispuestos a dar debates. Ideas no faltan: hay numerosos proyectos de ley para ampliar derechos, mejorar la productividad y profundizar políticas ya activas en nuestra provincia. Creo que todos los compañeros y compañeras tenemos que enfocarnos no solo en resistir los embates de la derecha, sino también en salir de la agenda que quieren imponernos.

MDF: ¿Cuáles han sido los principales lineamientos y resultados de la política educativa que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires? ¿Podría dimensionarnos el alcance de esa tarea y las dimensiones que involucra una gestión en Educación en la PBA?

El sistema educativo bonaerense es, junto con el de San Pablo, el más grande de América. Lo integran 400 mil docentes, 5 millones de estudiantes en todos los niveles y modalidades, 80 mil auxiliares, distribuidos en más de 20 mil escuelas. En términos generales, el 70% del sistema es de  gestión estatal y el 30% restante de gestión privada. Es una Provincia muy vasta, de 18 millones de habitantes, el 70% de los cuales viven en el 5% de su territorio.

Esta vastedad aumenta la complejidad de la gestión, y por eso trabajamos para que sea un sistema con reglas, normas, propósitos y rumbo. El gobernador Axel Kicillof antes de asumir entendió esa complejidad porque él mismo tuvo actividad docente y tiene una mirada calificada sobre la materia. La primera comprensión es que no se puede gestionar un sistema educativo sin los docentes o en contra de ellos, caminos ensayados en otras épocas de nuestro país, sin ningún éxito. Así que una de sus primeras medidas al asumir, fue poner en vigencia la paritaria docente que aún está en pleno vigor, con sostenidas discusiones, por supuesto, pero con significativos avances, que no son solamente salariales, sino también referidos a condiciones de trabajo. 

Una de las políticas más activas es el mejoramiento de la infraestructura escolar. Miles de obras de refacción y ampliación, 500 escuelas fueron reconstruidas o modificadas en su totalidad; además, 1300 aulas construidas y a ese esfuerzo se añade la inauguración de 290 edificios escolares de todos los niveles y modalidades.

Ese es un aspecto material muy importante, un aspecto que en general luce más porque es más sencillo de transmitir. Pero junto con esto, también tenemos una política de distribución de libros, tecnología, mejora del mobiliario escolar y adquisición y distribución de combis para transporte de escuelas especiales y agrarias.

Y sobre todo, hay una decisión de implementar políticas que modifican las estructuras educativas. Nuestro gobernador dice que el mejor modo de defender la educación pública es transformarla,  y en ese espíritu iniciamos cambios en todos los niveles y modalidades: un nuevo Diseño Curricular para la educación Inicial; en primaria la extensión de la jornada escolar para más de 600 mil niños y niñas: cuando comenzó la gestión, sólo el 30% de alumnos de primaria cursaba más de 4 horas diarias de clase y en la actualidad invertimos la proporción y el 70% tiene 5 horas diarias o Jornada Completa. 

En el nivel secundario es muy conocida nuestra reforma del Régimen Académico, que con una gran miopía y mala intención, algunos sectores la identificaron simplemente con la eliminación de la repitencia. El nuevo Régimen Académico tiene 82 carillas, no es justo reducirlo a la eliminación de la repitencia, sino que es la revisión del modo en que los muchachos y las muchachas transitan por el nivel secundario, para que lo hagan aprendiendo, sosteniendo la escolaridad y egresando con provecho. Además, estamos modificando los Diseños Curriculares  y estamos llevando a cabo un concurso para directivos en el que participaron más de 8000 docentes.

En el nivel Superior tenemos nuevos diseños curriculares de profesorados y un nuevo Régimen Académico Marco, modificaciones en la Educación Especial, Adultos, Artística y otros. No son sólo ladrillos lo que puede exhibir de novedad la educación  bonaerense, también una decisión de  mejorar los aprendizajes.

MDF: En un contexto donde el gobierno nacional avanza con recortes y desfinanciamiento, ¿cómo se defiende y se sostiene la educación pública en la Provincia de Buenos Aires? ¿De qué manera, las políticas de Milei afectan el derecho a la educación?

Muy tempranamente el gobierno nacional mostró que su intencionalidad política era abandonar literalmente a las provincias a su suerte. Desapareció la “nación educativa”, no hay más 24 provincias articuladas por el gobierno nacional intentando perseguir objetivos comunes. El sistema educativo argentino retrocedió a la situación anterior al gobierno de Néstor Kirchner, y es un archipiélago donde las partes hacen lo que pueden sin objetivos comunes y lo peor, sin inversión. En ese marco, la provincia de Buenos Aires por decisión y capacidad de gestión del gobernador y su equipo, no deja de construir escuelas, ni de tener políticas activas para sostener lo que el Estado nacional abandona. 

La primera medida de esta deserción fue la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, que en la actualidad para un docente con dos cargos rondaría los 250, 270 mil pesos, una suma importante para reforzar su salario. También dejaron de distribuir tecnología y libros, y es gravísima la situación de infraestructura, ya que en nuestra provincia hay 1000 obras paralizadas por el gobierno nacional, 80 de las cuales son escuelas; todo esto afecta directamente a la educación de la Argentina y de nuestra Provincia, por supuesto. No pudimos distribuir libros de texto, como era nuestra intención; habría que hacer llegar millones de libros de lengua y matemática, manuales de primaria para poner en la mochila de chicos y chicas, y eso no lo hemos podido hacer.

No obstante, hay vigentes otras políticas que sostienen y mejoran nuestro sistema educativo. La alimentación en las escuelas bonaerenses, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, está cada vez más extendida y es de mejor calidad: 2 millones de niños, niñas, muchachos y muchachas desayunan o meriendan en la escuela, 2 millones de familias reciben el módulo Mesa Bonaerense, 1.2 millones almuerzan diariamente. 

Los recortes al financiamiento duelen, pero no nos paralizan ni impiden que sigamos trabajando y mejorando. En estos días el presidente está en el exterior, adonde fue 27 veces, sin visitar nunca, repito, nunca a una escuela pública. Ese desprecio por la educación se advierte en el proyecto de presupuesto que han presentado para el año 2026, en donde se resigna la meta del 6% del PBI dedicado a educación, se resigna el 1% del PBI dedicado a ciencia y tecnología y se elimina el fondo para las escuelas técnicas. Es una verdadera tragedia educativa la que está construyendo este gobierno nacional, pero hay una provincia que resiste y en todo sentido antagoniza con lo que propone el gobierno de Milei.

MDF: Varias transformaciones impulsadas en la Provincia –desde la construcción de escuelas hasta la reformulación de nuevos programas y sistemas pedagógicos– parecen insinuar un modelo educativo ¿Qué rasgos destacaría de esa experiencia bonaerense?

La experiencia bonaerense, por supuesto tiene un capítulo educativo, pero recorre una gestión activa e integral. Nuestra Dirección General tiene acciones comunes con el Banco de la Provincia y con los ministerios de la Mujer, Ambiente, Salud, Desarrollo Agrario, Producción, Justicia, Desarrollo de la Comunidad, Comunicación Pública, Gobierno, Infraestructura, Trabajo, Transporte y el Instituto Cultural. Además, con el apoyo de Economía el sistema educativo se consolida y expande. Esta es una característica de la política bonaerense, que impulsa nuestro gobernador, la tarea interministerial, común y solidaria.

Además, es un gobierno que no resigna la convicción de ampliar derechos, que los derechos siempre sean más, y que, en medio de enormes dificultades, no deja de sostener políticas activas, productivas, territoriales y muy cercanas a la gente. El gobernador nos impulsa a recorrer activamente la Provincia, él debe haber dado cinco o seis vueltas al inmenso territorio bonaerense, y en el último tramo de la campaña de septiembre recorrió 55 distritos, modos y acciones que tratamos de imitar sus ministros.

Cercanía, trabajo con la gente, respuestas, empatía y la posibilidad de responder a los 135 distritos, independientemente del origen político de quienes los conducen. Es claro que un rasgo que distingue al gobernador es su honestidad y la verdad de su mensaje. Axel no promete aquello que no se puede cumplir y da la cara cuando hay algo en donde fallamos, donde no llegamos a hacer lo que la sociedad nos pide que hagamos.

Creo que esas características son advertidas por la sociedad, porque, más allá de los reiterados y groseros errores que comete el gobierno nacional, los resultados del 7 de septiembre reflejan también un fuerte respaldo a la gestión de este gobernador.

Entonces, un rasgo de la gestión bonaerense, del gobernador Kicillof, es ser la contracara de un gobierno nacional desertor, de un presidente que maltrata a los viejos y se pelea con niños de 12 años, alguien al cual no le interesa la educación y la salud de sus compatriotas. La Provincia ha asumido y representa ese camino contrario.

El presidente dice: “No me manejo con emociones, me manejo con números” y nuestro gobernador se maneja con números y con emociones porque así debe ser un gobernante, no puede ser temerario en el manejo de la hacienda pública, y debe tener empatía por los y las habitantes y abrazar la debilidad de los que sufren. 

MDF: De cara a los próximos años, ¿cuáles son los desafíos centrales para seguir transformando el sistema educativo y garantizar mayor calidad en la Educación como resorte para una sociedad con más desarrollo e integración?

De cara a los próximos años, y no sólo pienso en el 2027 y su connotación electoral, sino en la próxima década y más, la agenda nos la proponen los bonaerenses comunes cuando recorremos la provincia. Lo primero que nos piden es más estado. En medio de la fiesta que es la inauguración de una escuela siempre hay alguien que se acerca y dice “mire que nos falta el laboratorio” u otro que dice “no se olviden que acá a pocas cuadras hay que construir un Jardín de Infantes”. Allí hay una demanda explícita, reiterada, justa, de más policías, asfalto, médicos, escuelas. El Estado es el resguardo de los más sencillos y en el próximo tiempo ese Estado debe consolidar su tarea.

En materia educativa una solicitud que se reitera es “que haya clase todos los días y que mis hijos e hijas aprendan más”, y eso constituye un plan de gobierno en sí mismo, porque en esa sencilla mirada ciudadana, está el resumen de lo que debemos hacer para adelante, sin abandonar nuestras convicciones educativas, como la distribución de libros y tecnología, la construcción de más escuelas, fortalecer políticas de memoria, educación sexual y cuidado.

Hay toda una línea que hacemos con el Ministerio de Salud y tenemos que profundizar que tiene que ver con el resguardo y el cuidado del daño subjetivo, sobre todo de los y las jóvenes. Hay muchos dolores después de la pandemia y eso hay que trabajarlo.

*Héctor Díaz-Polanco es uno de los intelectuales más reconocidos de la izquierda mexicana. Con más de 60 años de trayectoria académica y de activismo político en México y América Latina, Díaz-Polanco se ha consolidado como una de las voces más relevantes de Morena.

 

MDF: En diálogo con muchos compañeras y compañeros de América Latina nos hemos dado cuenta que hay una inquietud sobre lo que pasa en México con la Cuarta Transformación, sin embargo no se conoce a fondo el proceso. Para alguien que no está tan familiarizado con el contexto mexicano ¿cuáles dirías que son los principales logros de estos siete años de gobierno? 

Yo parto de la idea de que se puede sintetizar al máximo el proceso de la Cuarta Transformación considerando tres elementos que conforman una especie de trípode: el proyecto de nación, el partido y los gobiernos. Cada uno refuerza a los otros y si falla uno los demás empiezan a tambalear. Creo que así debemos entender el proceso, porque de otra manera alguna gente podría pensar que si está en el partido, el partido es lo central y los gobiernos no importan. O que si ya existe el proyecto de nación ya no necesitamos volver sobre el tema. O si alguien está en el gobierno puede pensar que el partido no importa. Y no es así. Hay una correlación entre estos tres elementos. Mi punto de vista es que hay que verlos de manera integral. Para analizar los éxitos gubernamentales, hay que tener en cuenta lo que aportan y han aportado  los otros dos elementos.

En primer lugar, si uno observa o escucha el discurso de la presidenta Claudia Sheinbuam —sobre todo en las mañaneras, prácticamente a diario, y luego en sus eventos por los distintos estados de la República— se nota que su discurso está marcado por los planteamientos básicos que derivan del proyecto de nación, que es un elemento orientador de su gobierno. Nuestra presidenta, extraordinariamente inteligente y capaz, entiende que debe seguir esa perspectiva, usando el proyecto de nación como guión de su gestión.

Ese proyecto de nación se destaca básicamente por los grandes lemas que se han construido desde hace muchos años, que puso en práctica López Obrador y que ella ha adoptado y que señala constantemente. Para empezar, el principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y en consecuencia, la austeridad republicana como ordenamiento central del funcionamiento del Estado. Este es un primer elemento clave exitoso. De hecho, ayer tuvimos una entrevista con Los Periodistas (uno de los programas de análisis político más escuchados de México) y ese fue el tema: la austeridad republicana y los peligros que se ciernen sobre ella, y cómo, en términos prácticos, se pone en tela de juicio este principio rector cuando hay miembros del partido, sean funcionarios, legisladores o dirigentes, que no lo ponen en práctica, es decir, que llevan un estilo de vida con lujos y privilegios, alejados de la vida y de las necesidades de las grandes mayorías. 

Un segundo elemento vinculado a la austeridad republicana es que, si se busca austeridad y buen actuar, no se permite la corrupción. Es decir, para nosotros el combate a la corrupción es esencial y es parte de nuestro programa de gobierno. 

Tercero, está el principio de que “por el bien de todos, primero los pobres”, que es otro de los fundamentos que orienta todo el trabajo del gobierno y del partido. Este principio guía desde la atención a la población más necesitada hasta las relaciones internacionales y la economía del país. Forma parte de nuestra tradición como izquierda histórica de que el primer elemento de la trilogía “igualdad, libertad y fraternidad” que predicó la Revolución francesa es la igualdad. Para nosotros la igualdad precede a la libertad. A diferencia de los liberales, que priorizan la libertad, nosotros priorizamos la igualdad. La libertad y la fraternidad se derivan de ella. Somos fraternos buscando la igualdad y somos libertarios, es decir, partidarios de la libertad, en el marco de la realización de la igualdad. La libertad es la realización práctica en el campo de lo político de la búsqueda de la igualdad en la sociedad. Esa es una orientación básica de nuestro proyecto que impacta en el desarrollo gubernamental. 

Todo esto es parte de una cuestión ético-política que se deriva de nuestro proyecto de nación y que impacta tanto al partido como a los gobiernos. Si tenemos buenos gobiernos en términos de bienestar social, es porque respetamos ciertos valores y principios que fundamentan nuestra ética política. Esto implica actuar de acuerdo con valores claros incluso en el comportamiento cotidiano y personal, porque creemos que eso impacta en lo estructural: cuando hay fallas individuales en el cumplimiento de nuestros principios ético-políticos se afectan los resultados estructurales que buscamos.

Actualmente hay una discusión muy fuerte en el partido sobre esto, incluso en torno a temas básicos como el derecho a tomar vacaciones cuando uno quiera estando en un proyecto como este. A los extranjeros les parecería raro o exagerado que estemos debatiendo estos temas. En cualquier otro lugar puede ser normal que un dirigente político tome vacaciones cuando quiera, pero cuando estás en medio de un proyecto transformador y hay acontecimientos importantes donde no puedes ausentarte y lo haces, entonces el asunto se torna delicado, porque en estos momentos de transformación histórica, decía Walter Benjamin, hasta el tiempo se detiene. ¿Por qué discutimos esto que parece menor? Porque creemos que ser dirigente de nuestro partido demanda un comportamiento ético-político especial, uno orientado por una idea de misión, de actividad cotidiana permanente que no admite distracciones y requiere una entrega total a las responsabilidades que se tienen.

Y aquí es importante decir que no se trata solamente de una propuesta particular para Morena. Estamos haciendo un planteamiento universal, un planteamiento político-cultural que busca no solamente que no se malgasten los recursos públicos, que no haya corrupción o que se privilegie a los más pobres, sino que exista un comportamiento adecuado y ético de manera general, tanto entre aquellos que son militantes como de quienes no.

Todo esto ilustra la articulación entre un proyecto político, un partido y el gobierno. Y nos muestra cómo esta interdependencia es clave para evaluar los gobiernos de Morena y poder hacer un balance más profundo.

Ahora, en términos económicos se está demostrando que los grandes tópicos, los que parecían principios inamovibles o prácticas correctas para toda circunstancia, no son tales. Es decir, el neoliberalismo nos dijo e impuso que no podíamos crecer y distribuir al mismo tiempo, entonces la ortodoxia económica recomendaba primero crecer y después ver lo de la distribución de los recursos entre la sociedad.

Hoy nosotros estamos practicando un enfoque distinto y con mucho éxito: según los últimos datos hemos sacado aproximadamente a 14 millones de personas de la pobreza en 6 años, lo que no es cualquier cosa. Esto es un logro extraordinario, considerando que durante el sexenio de AMLO hubo casi dos años de pandemia y de paralización de la economía. Además, esto se logró no solo con apoyos asistenciales, sino principalmente aumentando el ingreso de los trabajadores vía su salario, que ha crecido cerca del 120% desde que llegamos al gobierno. Otro aspecto a destacar es que no estamos aplicando un modelo de Estado de bienestar limitado al apoyo de ciertos sectores vulnerables, sino universalizando los apoyos, convirtiéndolos en derechos constitucionales, por un lado, y por otro priorizando la inversión pública no solo para el crecimiento, sino también para el bienestar de la población. Y todo esto ha dado resultados espectaculares. 

En nuestro modelo de gobierno el papel del Estado es fundamental. Rechazamos abiertamente la idea neoliberal de que el Estado debe reducirse al mínimo o que si pudiera desaparecer, quedando solo las tareas de fuerzas armadas y seguridad pública, sería mejor. En nuestro proyecto ha habido un gran énfasis en dar al Estado el lugar que le corresponde para equilibrar e impulsar la economía, después de una etapa de estancamiento producto del periodo neoliberal y de la pandemia. Aunque partimos de una inercia de ausencias y deficiencias gubernamentales enormes, vamos tomando rumbo y elevándonos poco a poco.

En este sentido los gobiernos de Morena están cumpliendo muy bien su tarea no solo de evitar que la economía se debilite, sino impulsando su crecimiento con inversión pública al mismo tiempo que redistribuimos recursos, poniendo un énfasis especial en esto último. Hemos logrado la hazaña, y así debemos seguir, de disminuir no solo la pobreza, sino también la desigualdad. Hoy tenemos los índices de desigualdad más bajos en la historia desde que se tiene registro y somos el segundo país con menos desigualdad de todo el continente, sólo después de Canadá. Esto demuestra que este es un proceso que tiene consecuencias estructurales y no algo que se ha conquistado momentáneamente. Hasta hoy este aspecto ha sido uno de los más satisfactorios y uno de los mayores logros de la Cuarta Transformación. 

MDF: Al inicio hablabas de una suerte de trípode donde, por un lado, existe el proyecto de nación con sus principios rectores que marcan la brújula, y por otro el gobierno que los lleva a cabo, pero nos falta el tercero, ¿cuál es el papel del partido en todo esto?

La tarea principal del partido, para decirlo de manera sintética, es mantener y acrecentar la base social de apoyo para el gobierno y para el proyecto. Esto implica, primero, que no disminuya la aprobación a la Cuarta Transformación y al movimiento, incluyendo el apoyo al gobierno. Si uno examina los resultados  de esta tarea también podemos decir que han sido extraordinarios: llegamos a tener una aprobación del gobierno y del presidente AMLO y ahora de la presidenta Sheinbaum del 70%, después el 80% y en ocasiones hasta más, según diversas encuestas nacionales e internacionales. La última encuesta que vi del diario español El País le daba 79% de aprobación a la presidenta, lo que es tremendo. Ya una aprobación del 60% en este contexto del mundo es un éxito, pero que un mandatario llegue al 80% es algo fuera de serie. 

El gobierno nacional y los gobiernos locales de Morena han hecho bien su trabajo, y el partido ha contribuido en dos cosas fundamentales: fomentar la organización de la gente en torno a Morena y en Morena; y lo segundo en no dejar que se erosione la conciencia popular sobre el proyecto de nación, y eso significa formación política. Pero es importante señalar que no podríamos hacer este trabajo sin contar con buenos gobiernos. Porque podríamos tener un excelente partido, pero si no hay buenos gobiernos que den resultados a la gente, las probabilidades de que se rompa el trípode y venga un fracaso son muy altas. Para el partido es más fácil hacer su trabajo si la gente tiene como referencia a los gobiernos que son emanados del partido y los aprueba. Esta dialéctica de buenos resultados y trabajo organizativo-formativo es lo que ha permitido que el partido haga su aporte en esta etapa. Y cuando no teníamos el gobierno, cuando éramos oposición, siempre existió la esperanza de la victoria. Construimos un Movimiento para ganar y para transformar el país, no únicamente para dar la pelea electoral. Y en esos años la organización y la formación fueron fundamentales. En esto tenemos un reto muy grande y yo hago mucho el papel de pesimista al advertir todo el tiempo de los malos resultados que pueden venir si descuidamos la organización y la formación política de la gente. 

En nuestra concepción la formación política no viene después de la organización; ambos procesos se refuerzan mutuamente, como señalaba Lenin: el hacer un periódico, por ejemplo, no solo implica una tarea formativa sino que es una tarea organizativa. Cuando vas organizando, vas formando; y cuando vas formando, vas organizando. Es un principio muy brillante sobre cómo debe funcionar la organización y la formación. Este trabajo entonces debe intensificarse constantemente, porque si fracasamos, si la visión política de la gente se deteriora, lo que has construido en años o en meses se puede perder en dos semanas. Una o dos semanas de una mala racha de gobierno, con fracasos, con corrupción, puede significar un retroceso enorme. Por eso es que debatimos con tanta intensidad los temas que te mencioné al principio, porque aunque algunos casos parezcan menores o aislados para nosotros pueden significar el fin de todo. Sin embargo, estos incidentes nos mantienen alertas y fortalecen el control interno del partido, lo que resulta positivo.

MDF: Bajo esta lógica podríamos decir que no es lo mismo un partido que busca administrar lo que existe que un partido que busca transformar lo que existe. ¿Qué podemos aprender o qué aspectos podemos poner en diálogo sobre la forma de organizar y orientar la acción política de un partido o de un movimiento, no solamente en el terreno electoral, sino en todas las otras dimensiones que mencionas?

La enseñanza mayor, a mi juicio, es que lo que define la acción política partidaria y la acción de gobierno es si existe un propósito transformador auténtico o no. ¿Por qué tenemos todas estas previsiones que te comentaba? Porque creemos que todos los elementos —el partido, los gobiernos, el proyecto— deben tener un propósito básico: impulsar el cambio, la transformación. Y para impulsar el cambio debemos protegerlo y tomar previsiones y poner reglas tanto para el gobierno, para el partido y el proyecto: aclarar cómo debe funcionar, bajo qué principios, y luego impedir que se deteriore.

En segundo lugar, está la idea de quién es el sujeto del cambio. Habitualmente hablamos mucho de la clase X o Y, pero en la práctica esos sectores tienen un papel escaso como sujetos transformadores. Lo que caracteriza a Morena y a la Cuarta Transformación, y lo que ha hecho que sea exitosa, es el hecho de que se toma en serio que hay un sujeto que posibilita el cambio y ese sujeto es el pueblo. Ni el partido ni el gobierno: el pueblo. Incluso deberíamos vigilar esto más de cerca, porque de repente empezamos a olvidarlo. Quien nunca lo olvidó fue Andrés Manuel, por cierto. 

Mientras nosotros mantengamos esta distinción y la pongamos en el centro, seguiremos siendo lo que somos: un movimiento exitoso. El fracaso total sería ignorar estas dos cosas centrales: lo primero, que todo lo que somos y tenemos está orientado al cambio social y político; y segundo, que el sujeto central es el pueblo. Y debemos tomarnos muy en serio esto, porque muchas veces pasa que la izquierda solo dice como adorno que quiere cambiar las cosas pero resulta que no cambia nada, y se olvida además que el sujeto de la transformación no es el partido o el gobierno sino que es el pueblo. Si ha habido una característica notable en nuestro proceso es la constante insistencia en que el pueblo activo y organizado es el sujeto histórico del cambio. 

Ahora, en nuestro Movimiento hay de todo, hay quienes no creen en esto; o quienes lo dicen pero no lo creen. La ventaja que tenemos todavía es que la mayoría de los militantes y dirigentes de Morena sí creemos en esto y es la norma central del partido. Lo que cuidamos en Morena son estas dos cosas: trabajar para el cambio y reconocer al pueblo como sujeto. Como diría Andrés Manuel: “Pueblo, pueblo, pueblo”. 

MDF: Antes hablabas de un 80% de aprobación de Claudia Sheinbaum. Si uno ve los datos desagregados, el sector que más apoya a la presidenta es el que se encuentra entre los 18 y los 24 años, con el 86%. ¿Cómo interpretas tú que, mientras en muchos lugares de América Latina, y también en Europa y Estados Unidos, los jóvenes están manifestando una adhesión a las ideas conservadoras, a proyectos de tinte autoritario y neoliberal, en México sea este mismo sector quien más apoye a una presidenta en las antípodas de esas ideas y de esos proyectos?

Lo leo, en primer lugar, como un efecto por contraste. Porque si había un país donde estaban abandonados a su suerte los jóvenes en el periodo neoliberal, ese era México. Solo hay que ver las estadísticas básicas. Para empezar, el sistema educativo era una verdadera calamidad. A tal punto que entramos en la situación paradójica que se convirtió en normalidad de que los jóvenes supuestamente no podían acceder a la educación universitaria porque no tenían la capacidad. Andrés Manuel le puso atención a esto desde el primer momento. Yo recuerdo haber planteado el problema en un mitin con él, en Chiapas. Me dijeron: habla de este tema, del tema educativo. Y yo dije: es una catástrofe nacional que el 90% de los aspirantes a entrar a la universidad quede afuera por falta de cupo. ¿Cómo un país en esas condiciones iba a tener éxito? El asunto del cupo se disfrazaba de “incapacidad” de los aspirantes, por medio de no pasar el examen. Cuando en realidad lo que hacían era un corte, después de hacer las pruebas, de acuerdo con la capacidad restringida que tenían de incorporar estudiantes. Lo que era una restricción de presupuesto lo planteaban como una limitación de conocimiento, de preparación de los estudiantes. Un desastre.

Todo eso ya cambió. Ahora hay cupo, hay un proceso de expansión de las oportunidades de estudios superiores. Pero además hay condiciones básicas para solventar la vida de los estudiantes, con un mínimo de decencia. Hay esa maravillosa opción de “Jóvenes Construyendo el Futuro” un programa de gobierno donde los jóvenes pueden trabajar como aprendices en empresas de todo tamaño y tipo, y se les da un apoyo económico mensual de un salario mínimo durante un año. Y por otro lado tienes un sistema robusto de becas para estudiantes, que ya son universales, es decir, si eres estudiante de nivel medio superior de alguna institución pública el gobierno te otorga una beca mensual para que puedas tener un ingreso mínimo que te permita alimentarte y trasladarte a tu escuela. Y yo creo que en general las políticas de nuestro gobierno tienen mucho mayor impacto entre los jóvenes.

Después está el tema del lugar que el movimiento, la organización política, le ha dado a los jóvenes. El primer plan de formación de Morena fue para jóvenes. Desde el principio hubo un énfasis en este sector. Fue una idea de Andrés Manuel. “Necesitamos formar un pequeño ejército de jóvenes”, nos dijo. Y la integración de los jóvenes en el partido ha sido exitosa. Esto permite explicar el papel tan destacado que cumplen hoy los jóvenes en el movimiento (el Comité Ejecutivo Nacional promedia los 40 años, la presidenta del partido, Luisa Alcalde, tiene 38), algo que no advierto en otras experiencias, al menos no en ese grado. Cuando hay eventos de Morena es ostensible la preponderancia de la presencia de jóvenes. Tenemos una gran militancia de jóvenes y al mismo tiempo los gobiernos de Morena, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales, han abierto espacios para muchos jóvenes sean parte de la toma de decisiones y tengan altas responsabilidades.