Nuestro país tiene una larga tradición de universidades públicas de calidad y de un sistema de ciencia y tecnología reconocido mundialmente. En conjunto cumplen un rol central: forman los recursos humanos que la Argentina necesita y a la vez forman una sociedad más integrada, con expectativas de progresos y aspiraciones de movilidad social. No hay desarrollo ni inclusión posibles sin políticas que fortalezcan de manera sostenida a nuestro sistema de ciencia y tecnología y a nuestras universidades públicas.
Hoy atravesamos una etapa crítica. El gobierno de Javier Milei ha castigado a lo largo de estos dos años a la ciencia y a la Universidad con políticas de ajuste y desinversión, con una fuerte caída de los salarios reales y presupuestos llevados a sus niveles más bajos desde la recuperación democrática. Esta situación empuja a científicos/as y universitarios/as al pluriempleo, al deterioro de sus actividades de investigación, docencia y transferencia, y acelera la emigración, con consecuencias gravísimas para el futuro del país.
En contraposición a este escenario, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires viene actuando como un escudo de protección para sus habitantes, intentando sostener a sus Universidades y a su sistema científico, aún en un contexto de millonarias deudas del Estado Nacional con las provincias. Pero como sostiene Axel “no alcanza con ser escudo y resistir, hay que construir otro camino”.
Resulta imperioso que quienes tenemos la convicción de que otro país es posible trabajemos para que en 2027 podamos ofrecer un proyecto para una Argentina diferente: sostenida en la educación, la cultura, la ciencia en todas sus disciplinas, la Universidad, la salud pública, la producción, la industria nacional, el desarrollo sustentable, la inclusión y el trabajo. Un proyecto con alcance federal, con perspectiva de género y con más participación de las y los jóvenes. Tenemos la convicción que ese proyecto debe ser encabezado por Axel Kicillof, quien con su honestidad, formación, capacidad de trabajo, experiencia de gestión, y diálogo con sectores muy diversos de la sociedad, ha demostrado reunir las condiciones para conducirnos hacia un futuro mejor.
Argentina tiene Derecho al Futuro y queremos ser parte activa de este armado colectivo: produciendo más y mejor ciencia, desarrollando tecnología e innovación desde nuestros Organismos y Universidades, y transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones desde nuestras aulas. Para lograrlo necesitamos recuperar y fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología, garantizar salarios dignos para investigadores/as y trabajadores/as universitarios/as, y contar con presupuestos acordes a los desafíos de un mundo donde el conocimiento es la llave de la soberanía y del bienestar colectivo.
El futuro es con Axel. Hagamos desde nuestra comunidad el aporte para construirlo.
Quienes aquí firmamos expresamos nuestra decisión de integrar el espacio Universidad y Ciencia del Movimiento Derecho al Futuro.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/mdf_uyc_1.jpg8531280pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-04-08 22:14:522026-04-14 18:08:01Lanzamiento del espacio Universidad y Ciencia del MDF
La pandemia, la guerra en Europa, la aceleración de la transición energética y la digitalización reconfiguraron el consenso global. Las grandes potencias abandonaron la ingenuidad liberal y volvieron a políticas industriales activas, combinando subsidios, regulación tecnológica, compras públicas y estrategias de seguridad de suministros. A partir de lo aprendido con China, en la nueva configuración geopolítica internacional los países del norte global avanzan hacia cadenas de valor más cortas, confiables y con control soberano sobre eslabones críticos.
La noción de una política industrial activa, tradicionalmente ausente o incluso rechazada en el discurso de las grandes potencias internacionales, vuelve a cobrar relevancia en el debate contemporáneo sobre desarrollo. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que históricamente se oponían a la intervención estatal en la estructura productiva, han comenzado a elaborar análisis y documentos sobre instrumentos de política industrial, evidenciando una revisión de sus posturas anteriores. Por su parte, la UNCTAD, en su esfuerzo por legitimar estrategias de industrialización en los países en desarrollo, avanza en la formulación del concepto de policy spacecomo fundamento para ampliar la autonomía estatal en la adopción de medidas orientadas al desarrollo.
En este contexto, el trípode macroeconómico que sustentó la globalización neoliberal muestra señales de flexibilización, abriendo espacios en diversas partes del mundo para la implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales más alineadas con los objetivos de transformación productiva y crecimiento inclusivo.
Para los países sudamericanos, avanzar en una política industrial orientada al desarrollo implica no solamente aumentar el valor agregado de su producción, sino también expandir de manera sostenida la inversión en ciencia, tecnología e innovación, elementos indispensables para impulsar transformaciones productivas de largo plazo. Este esfuerzo requiere, además, fortalecer capacidades estatales, consolidar sistemas nacionales de innovación, promover la formación de recursos humanos altamente calificados y desarrollar cadenas regionales de valorque reduzcan la dependencia externa en sectores estratégicos.
En este sentido, el objetivo último de una política industrial renovada debe ser mejorar de forma significativa la calidad de vida de las poblaciones, garantizando empleos de mejor calidad, ampliando el acceso a servicios esenciales y promoviendo un desarrollo económico más inclusivo y sostenible. El momento histórico actual, marcado por una inflexión en el paradigma neoliberal y por una creciente aceptación internacional de políticas industriales activas, constituye para los pueblos sudamericanos una auténtica ventana de oportunidad.
Aprovechar este escenario implica reconocer que el retraso tecnológico y la especialización en productos primarios son el resultado de decisiones políticas y de la ausencia de coordinación regional en momentos clave. No obstante, si la región no avanza con una agenda compartida, articulada y ambiciosa, corre un riesgo considerable: permanecer atrapada en un patrón primario-exportador que la obliga a vender barato sus recursos naturales mientras compra a precios elevados bienes manufacturados y tecnologías que podría producir de manera conjunta.
La superación de este modelo depende, por tanto, de la capacidad de los Estados sudamericanos para actuar colectivamente, diseñar estrategias de desarrollo de largo plazo y aprovechar al máximo las nuevas condiciones del sistema internacional.
En la década de los noventa, el denominado regionalismo abierto se consolidó como el paradigma dominante de integración en América del Sur. Este modelo, concebido como una combinación entre la reducción de tarifas entre países vecinos —a partir de preferencias regionales— y la apertura unilateral hacia el resto del mundo, buscaba disminuir barreras comerciales sin generar discriminaciones significativas contra terceros. Sin embargo, pese a haber ampliado el comercio exterior en términos agregados, dicho enfoque no logró densificar las cadenas intrabloque ni generar procesos duraderos de aprendizaje colectivo, elementos fundamentales para la construcción de capacidades tecnológicas y productivas propias.
Por el contrario, la región experimentó un proceso de profundización de su inserción primario-exportadora, acompañado de un debilitamiento relativo de su capacidad de negociar como bloque en los foros multilaterales. Desde el punto de vista de la acción estatal, el avance en las negociaciones del Arancel Exterior Común, orientado prioritariamente a facilitar la inserción de los países sudamericanos en las cadenas globales de valor, terminó por reforzar la lógica de apertura exógena, debilitando aún más el comercio intrarregional y limitando la construcción de un mercado ampliado capaz de sustentar políticas industriales conjuntas.
El resultado de estas dinámicas históricas es evidente: hoy, América del Sur constituye la región del mundo con menor participación relativa de su propio espacio geográfico en sus importaciones totales, representando apenas el 2,6%. Esta cifra cae al 1,5% si se excluye a Brasil, mientras otras regiones muestran niveles significativamente más altos —como Europa (34,7%), Asia (38,4%, o 27,7% sin China) y América del Norte (18,8%, o 4,9% sin Estados Unidos).
A comienzos del siglo XXI emergió en América del Sur un renovado impulso político en favor de la integración regional, sustentado en la convergencia de gobiernos progresistas que promovieron iniciativas como la UNASUR, el ALBA y otros mecanismos orientados a fortalecer la concertación política y ampliar la capacidad de acción conjunta de la región. Aunque estos esfuerzos contribuyeron a reforzar una percepción de identidad común y a la construcción de una gobernanza compartida, no lograron consolidar procesos profundos y sostenidos de integración productivacapaces de modificar la inserción internacional primario-exportadora de la región.
La ausencia de políticas industriales coordinadas, la limitada articulación entre sistemas nacionales de innovación y la falta de instrumentos financieros robustos para proyectos conjuntos dificultaron la transición hacia un modelo de desarrollo basado en cadenas regionales de valor. Además, el avance de gobiernos de derecha en varios países sudamericanos —especialmente a partir de mediados de la década de 2010— y la decisión deliberada de Brasil de abandonar la prioridad estratégica de la región resultaron en un marcado retroceso institucional. Muchas de las iniciativas creadas perdieron vigor, fueron vaciadas o directamente desmontadas, interrumpiendo la construcción gradual de mecanismos de gobernanza regional.
Así, el ciclo de integración de principios del siglo XXI logró avances significativos en términos simbólicos y políticos, pero resultó insuficiente para generar transformaciones estructurales duraderas en el tejido productivo sudamericano.
Las promesas de la globalización —basadas en la suposición de que la liberalización comercial conduciría automáticamente al desarrollo, al upgradingtecnológico, a la diversificación productiva y a la mejora de la calidad de vida de las personas— no se han cumplido. Además, en el actual contexto geopolítico marcado por la ascensión de China como potencia tecnológica, comercial y militar, y por la creciente disputa internacional por cadenas de valor más cortas, seguras y geolocalizadas, la idea de región adquiere una centralidad estratégica inédita.
Ganan fuerza un conjunto de estrategias económicas con mirada regional: el reshoring, orientado a traer de vuelta al país de origen segmentos industriales considerados críticos; el nearshoring, que busca relocalizar procesos productivos en países geográficamente próximos para aumentar la seguridad y resiliencia de la cadena de suministros; y el friendshoring, que redefine la geografía industrial con base en afinidades políticas, estabilidad institucional y alianzas geoestratégicas.
Estas transformaciones, intensificadas por la rivalidad sino-estadounidense, apuntan a una reorganización global en la que los bloques regionales, más que los mercados globales difusos, se convierten en la escala decisiva para la integración industrial, la seguridad económica y la innovación tecnológica.
En paralelo, la literatura sobre desarrollo productivorevisita marcos teóricos históricos, como el paradigma de los flying geesepropuesto por Kaname Akamatsu en la década de 1930. Este modelo interpretaba la industrialización asiática como un proceso secuencial en forma de “V”, en el cual los países menos avanzados seguían los pasos del líder regional —originalmente Japón—, adoptando aquellas industrias que este ya había superado.
En la era de la desglobalización y del ascenso chino, diversos autores hablan de un flying geese 2.0, en el que China ocupa la posición de liderazgo, externalizando sectores maduros y empujando a otras economías asiáticas hacia nuevos saltos de industrialización. Este movimiento demuestra que, en un mundo de cadenas de suministro fragmentadas y de disputas tecnológicas intensificadas, el desarrollo ocurre crecientemente por medio de estrategias regionales coordinadas, y no por vía de una apertura comercial indiscriminada.
Para América del Sur, esto implica reconocer que, sin una integración productiva profunda —basada en estándares comunes, proyectos conjuntos, plataformas compartidas de I+D y planificación industrial regional—, la región corre el riesgo de quedar marginada de las nuevas geoeconomías que se están configurando.
Así, el momento actual no solo revaloriza la escala regional, sino que resalta que la integración productiva es una condición necesaria para que América del Sur participe de manera soberana y estratégica en el nuevo orden económico internacional.
Desindustrialización precoz y fragmentación política generan vulnerabilidad
Sudamérica exhibe síntomas persistentes de desindustrialización precoz: caída del peso manufacturero sin haber alcanzado altos ingresos ni una economía de servicios basada en conocimiento, pérdida de complejidad, productividad estancada y reprimarización. La consecuencia es directa sobre la vida cotidiana: empleo formal insuficiente, salarios presionados a la baja, precios de bienes esenciales dependientes de importaciones y ciclos externos volátiles.
Esta trayectoria se agravó por la desintegración regional de los últimos años, que redujo la escala y el poder de negociación, dejando a cada país lidiando de manera aislada con potencias y conglomerados globales. Es un juego profundamente asimétrico.
La buena noticia es que la región no parte de cero. Existen capacidades tecnológicas y productivas dispersas —en salud, metalmecánica, química fina, energías renovables y electrónica de potencia—, bancos de desarrollo con capacidad de financiamiento y una masa crítica de centros de investigación. Lo que falta es una arquitectura política y operativa que conecte todo ese potencial en proyectos concretos.
Las políticas explícitas de desarrollo productivo no corrigen solamente fallas de mercado; también crean mercados con propósito públicocuando el interés social —salud, energía limpia, movilidad, digitalización inclusiva— exige inversiones de alto riesgo y horizontes largos.
La experiencia metodológica de la Nova Indústria Brasil (NIB)resulta ilustrativa: misiones que vinculan industria con bienestar (salud, movilidad urbana sostenible, transformación digital, bioeconomía y descarbonización, agrosustentabilidad y soberanía tecnológica), acompañadas por mecanismos de gobernanza participativa y métricas de resultado. Se trata de un diseño replicable regionalmente, porque organiza carteras transversales —regulación, financiamiento, compras públicas, investigación y formación— alrededor de metas sociales concretas.
Un enfoque de misiones regionales exige: (i) objetivos públicos claros; (ii) instrumentos coordinados —crédito, garantías, estándares, compras conjuntas y clústeres transfronterizos de I+D—; (iii) contratos con el sector privado con cláusulas de desempeño (empleo calificado, proveedores locales, reducción de emisiones) y revisión anual; (iv) tableros públicos de indicadores (contenido regional, sustitución de importaciones, plazos de entrega y reducción de costos para los usuarios).
Se trata, en definitiva, de una política industrial democrática, orientada al bienestar y con control social.
El “cómo”: los instrumentos de la integración productiva
En este escenario de transformación geoeconómica, pensar estratégicamente los instrumentos de integración regional y desplegar creatividad institucional para revisarlos a la luz de la nueva realidad política resulta fundamental.
Muchos de los instrumentos concebidos en décadas anteriores necesitan ser actualizados, tanto en sus marcos normativos como en su lógica de funcionamiento, de modo que puedan responder adecuadamente a los desafíos contemporáneos de industrialización, autonomía tecnológica y seguridad económica.
Esto implica, entre otros aspectos, una revisión profunda del papel de los bancos nacionales y regionales de desarrollo, que deben evolucionar hacia modelos de financiamiento orientados por misiones, con capacidad de estructurar fondos conjuntos para temas estratégicos y articular crédito, garantías e instrumentos de innovación con objetivos explícitos de desarrollo productivo regional.
Paralelamente, agendas largamente postergadas —como la promoción de mecanismos de comercio intrarregional sin recurrir al dólar— deben ser reintroducidas con urgencia en la agenda política sudamericana. En este sentido, la modernización del Convenio de Crédito Recíproco de la ALADI, creado en los años setenta, emerge como un instrumento concreto para facilitar compensaciones multilaterales, reducir costos de transacción y disminuir la vulnerabilidad estructural derivada de la dependencia de divisas.
Estos avances son especialmente relevantes en un contexto internacional en el que los países que logran estabilizar sus sistemas de pagos internos fortalecen su capacidad de planificación industrial y reducen la exposición a shocks externos.
Asimismo, la nueva coyuntura internacional exige incorporar instrumentos ampliamente difundidos en las principales economías del mundo, entre ellos los mecanismos de screening de inversiones, orientados a proteger sectores estratégicos sin caer en proteccionismos ineficientes.
La necesidad de tales instrumentos es particularmente evidente en América del Sur, donde los flujos recientes de inversión extranjera directa presentan una composición crecientemente desvinculada de la transformación productiva. En 2023, por ejemplo, el 67,1% de la IED que ingresó a Brasil se destinó al sector de servicios financieros, generando escasos encadenamientos productivos y mínimo impacto tecnológico.
En contraste, Estados Unidos aplica sistemas de revisión de inversiones desde al menos la década de 1950, a través del CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Desde la pandemia de COVID-19, el número de países que adoptaron mecanismos de screening o TIDE aumentó en un 85%. Para 2023, un total de 37 países contaban con algún tipo de sistema de TIDE, de los cuales 22 pertenecían al grupo de economías desarrolladas —y ninguno era latinoamericano.
En este contexto, la ausencia de mecanismos similares en América del Sur coloca a la región en una situación de vulnerabilidad regulatoriafrente a las nuevas dinámicas globales de competencia estratégica.
Resistencias y superaciones
La puesta en marcha de una agenda de integración productiva e innovación regional requiere reconocer y gestionar de manera explícita los principales riesgos que podrían comprometer su viabilidad.
El primero es la volatilidad macroeconómica, un problema histórico de la región. Avanzar hacia una macroeconomía consistente con los objetivos de desarrollo productivoresulta fundamental para estabilizar ciclos, fortalecer la inversión pública y otorgar previsibilidad a los proyectos estratégicos compartidos. Otro riesgo relevante es la captura regulatoria y la presión de lobbies desalineados con los objetivos públicos. Mitigar este problema exige fortalecer mecanismos de gobernanza colegiada, aumentar la transparencia, mejorar la capacidad de planificación estatal y publicar indicadores de desempeño de forma sistemática.
Además, es indispensable prestar atención a la “primarización verde” y al riesgo de reproducir nuevos patrones de colonialismo tecnológico en torno a los minerales críticos. La transición energética global, lejos de ser automáticamente una oportunidad, puede reforzar la especialización extractiva si no se condicionan las inversiones a procesos de industrialización local, actividades de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica y verificación independiente del cumplimiento de compromisos. La región no se beneficiará plenamente de sus recursos si estos continúan saliendo como commodities en lugar de transformarse en productos con contenido tecnológico regional.
Litio en Argentina.
En consecuencia, el debate central no es “integrarse o cerrarse”, sino cómo integrarse para construir poder de negociación y capturar valor. La integración productiva permite anclar a Sudamérica en cadenas con mayor densidad tecnológica, generar empleos de calidad, reducir asimetrías internas y ampliar los márgenes de autonomía frente a Estados Unidos, China o la Unión Europea. Sin integración, la región permanecerá confinada a los extremos: exportar recursos naturales y comprar conocimiento. Con integración, en cambio, Sudamérica puede codiseñar estándares, cogobernar cadenas de valor y cofinanciar innovación orientada al bienestar colectivo.
La región ya cuenta con un método aplicable —misiones, gobernanza participativa, portafolios con indicadores— demostrado en la experiencia de diseño de la NIB. El desafío es llevar ese método a escala regional, aceptando que el camino no requiere unanimidad: basta con coaliciones de países comprometidos con proyectos creíbles, transparentes y capaces de entregar resultados. Cuando la ciudadanía vea medicamentos más accesibles, buses eléctricos silenciosos o energía más barata y limpia, la integración dejará de ser una consigna para convertirse en sentido común.
Sudamérica posee lo que el mundo demanda —minerales críticos, energía limpia, biodiversidad, talento y capacidades industriales—. Lo que falta es un proyecto común que convierta esos activos en industria, la industria en empleo y el empleo en bienestar. Las políticas explícitas de desarrollo productivo, ejecutadas mediante un regionalismo funcional, constituyen el vehículo para lograrlo. No hay misterio: coordinar estándares y compras, financiar con propósito, construir plataformas de I+D compartidas, formar talento y medir resultados.
La pregunta, entonces, no es si a los países “les conviene” integrarse. La pregunta verdaderamente relevante es si pueden permitirse no hacerlo mientras el resto del mundo rearma sus cadenas de valor sobre nuevas bases geopolíticas, tecnológicas y productivas. Integración o irrelevancia: la decisión es política. Y el tiempo, esta vez, sí está corriendo.
Verena Hitner Barros es una destacada investigadora, politóloga y funcionaria pública brasileña, reconocida por ser la primera mujer en desempeñarse como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) en Brasil (abril 2023 – agosto 2024), donde fue clave en la construcción de la “Nova Indústria Brasil”. Actualmente es Directora del departamento de gobernanza y indicadores de ciencia y tecnología del MCTI
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/07614a33-cb7a-4c4d-9594-d3c3b044e925.jpeg511768pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-03-13 13:38:452026-03-16 14:43:32Una agenda común de desarrollo productivo para Sudamérica
1. ¿Cuál es el modelo productivo que defiende hoy la provincia de Buenos Aires y en qué se diferencia del modelo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei?
La discusión que estamos dando hoy en la Argentina no es una discusión técnica ni contable, es una discusión profundamente política. No se trata de ver cómo acomodar una planilla de Excel ni de qué gráfico mostrar en una presentación internacional, sino de decidir qué modelo de país queremos construir. Y para entender el impacto real del modelo que impulsa el Gobierno Nacional, hay que empezar por un dato fundamental: la Provincia de Buenos Aires tiene características que la transforman en una de las jurisdicciones más perjudicadas por la política económica de Milei: concentra el 38% de la población argentina, explica el 36% del PBI, el 37% de las exportaciones y el 32% del empleo formal del país. En su territorio se genera el 49% de la producción industrial nacional, se ubica el 44% del empleo industrial y el 40% de los establecimientos industriales. Y entre la industria, el comercio y la construcción se genera más de la mitad de la riqueza bonaerense. Cuando se destruye la actividad productiva y el trabajo, que son el motor de la economía bonaerense, no se está afectando a un distrito: se está golpeando el corazón productivo de la Argentina.
El Gobierno Nacional insiste en mostrar un conjunto de variables que, según su relato, demostrarían el éxito del programa económico (superávit fiscal, baja de la inflación, disminución del riesgo país, etc.). Sin embargo, cada vez queda más claro que Milei busca centrar el debate público en la evolución de variables que, desde el punto de vista técnico, están sujetas a todo tipo de cuestionamientos por parte de especialistas de distintas posiciones teóricas e ideológicas. Pero, además, los indicadores seleccionados dejan de lado los efectos más dramáticos en las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad argentina del modelo económico actual (precarización laboral, pérdida de poder adquisitivo, caída de la producción, deserción del Estado nacional de responsabilidades básicas en materia de salud, educación y otras áreas clave).
Contrariamente a lo que quiere instalar el Gobierno, el viejo-nuevo modelo neoliberal-libertario de ajuste, desregulación, endeudamiento y apertura indiscriminada, lo único que está logrando es afectar fuertemente la producción local. En 2025, se alcanzó un récordhistórico de importación de bienes de consumo por un valor de 11.400 millones de dólares, superando en un 27,4% (+2.455 millones de USD) los máximos anteriores (2017), lo que profundiza el desplazamiento de la industria nacional.
¿Favorece esto al consumo? El dato mata al relato, dicen por ahí: entre 2023 y 2025, las ventas en supermercado están 10% abajo, en shoppings son 5% inferiores, y en mayoristas un 22% menores. El consumo de leche y de carne bovina está por debajo de mínimos históricos, y así podríamos seguir. No sorprende la caída del consumo interno si vemos que en la última medición de la inflación para alimentos en el Gran Buenos Aires el INDEC nos dice que los alimentos aumentaron 5,5% solo durante enero.
Y todo esto agigantando la deuda de las familias en términos nunca vistos: 11% la morosidad en préstamos personales, 9,2% en tarjetas -se multiplicó por 3,5 respecto al año pasado y son los peores datos en 15 años- y se duplicó la cantidad de personas endeudadas con crédito no bancario -llegando a 11 millones de personas-.
Todo esto, como siempre ocurrió en nuestro país con los gobiernos neoliberales, se hace en nombre de la llegada de inversiones externas. ¿Pero qué es lo que ocurrió durante el gobierno de Milei? Hasta noviembre de 2025 el saldo de Inversión Extranjera Directa (IED) es negativo. Esto quiere decir que hay más empresas argentinas invirtiendo en el exterior que empresas extranjeras invirtiendo en Argentina. El ingreso de IED está 40% por debajo del promedio histórico 2003-2025 y el egreso en 2025 fue récord, 6 veces más que el promedio histórico. Un nuevo capítulo de “la lluvia de inversiones está por llegar”.
En contraste, desde la provincia de Buenos Aires buscamos sostener y promover un modelo productivo en el que la producción, la industria y el empleo son ejes centrales del desarrollo económico y social. Para ello es fundamental la interacción coordinada entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.
Como hace poco dijo nuestro gobernador, no podemos seguir discutiendo con fantasmas en base a ideas anacrónicas, fuera de época. ¿Cuál sería la idea? ¿Volver a un modelo agroexportador que existió en nuestro país hace más de 120 años? Claro que tenemos que ampliar nuestras exportaciones para poder crecer, pero hay que agregarle trabajo bonaerense, argentino. Hay que producir, agregar valor, desarrollar nuestra industria.
Y no es un capricho el tema de la industria. Hoy el ataque directo a la producción nacional generó casi 80.000 puestos de trabajo menos en la provincia desde noviembre de 2023 (más de 34.000 concentrados en el sector manufacturero). Necesitamos de la industria nacional para generar empleo de calidad y que nuestra gente viva mejor
¿Lo vamos a lograr con apertura indiscriminada, bajando salarios y recortando derechos de los trabajadores? ¿Cuántas veces más necesitamos pasar por planes de ese tipo para entender que eso solo nos empobrece? Hoy los principales países del mundo vuelven a discutir políticas públicas para lograr que su producción nacional se desarrolle. No solo Estados Unidos, China y los europeos, sino que nuestros vecinos de Brasil también lo están haciendo, y con éxito.
El modelo económico que impulsamos en la Provincia de Buenos Aires implica la existencia de un Estado activo y presente que promueva la integración entre producción primaria e industria, el valor agregado local. Un modelo que tiene a la educación, la universidad y la ciencia y la tecnología como motores del crecimiento. Así es como se protege el empleo, a nuestras pymes y se puede lograr un desarrollo económico sustentable y con justicia social.
2. ¿Cómo está afectando el modelo económico de Milei al entramado industrial y productivo bonaerense? ¿Qué sectores están siendo más castigados y cuáles son los riesgos de este proceso para el desarrollo de la provincia y del país?
Cuando salimos del relato y miramos la economía real, la que se vive todos los días en la Provincia de Buenos Aires, la situación es completamente distinta. Entre enero y noviembre de 2023 y el mismo período de 2025, la actividad económica provincial cayó 2,1%. Después de un 2024 muy malo, 2025 no trajo recuperación: trajo inestabilidad permanente y una tendencia clara a la baja. En noviembre de 2025, la actividad económica provincial se ubicó 3,5% por debajo de enero del mismo año, confirmando que no hay rebote ni recuperación en marcha.
Este deterioro tiene responsables claros. No es casualidad ni un error. Son decisiones que destruyen la producción nacional a partir de una política anti productiva y anti industrial deliberada:
-Tipo de cambio atrasado, que liquida la competitividad exportadora y abarata artificialmente los bienes y servicios importados.
-Encarecimiento del crédito, que hace imposible invertir o financiar capital de trabajo.
-Apertura indiscriminada de importaciones, que reemplaza la producción local por bienes importados.
A esto se suma un mercado interno destruido por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo.
La industria y la construcción son los sectores más golpeados por el modelo económico nacional. En la Provincia de Buenos Aires, las ramas industriales con peor desempeño registran caídas que alcanzan el 33% en el período 2023-2025. Incluso las ramas con mejor desempeño relativo muestran estancamiento o retrocesos leves, lo que confirma que no hay sectores que compensen la caída general.
La contracción industrial no es un fenómeno aislado ni coyuntural: es el resultado directo de una apertura indiscriminada de importaciones, de un tipo de cambio que castiga la producción local, del encarecimiento de los costos por los tarifazos en los servicios y de la ausencia total de una política industrial por parte del Estado Nacional. Minerales no metálicos (-33%), caucho y plástico (-22%), textiles (-20,6%) y metales comunes (-17%) son algunos de los ejemplos de los sectores que tienen fuerte presencia en el entramado productivo bonaerense y están destruidos respecto a 2023
Las consecuencias de este proceso se reflejan con crudeza en el entramado productivo y laboral. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la Provincia de Buenos Aires perdió 5.498 empresas y 79.090 puestos de trabajo formales registrados. A nivel nacional, la magnitud del ajuste es todavía mayor: en ese mismo período desaparecieron 21.046 empleadores y se perdieron 290.600 empleos formales. Estos números no hablan de eficiencia ni de modernización; hablan de empresas que cierran, de trabajadores expulsados del sistema y de un tejido productivo que se desarma.
El impacto del modelo también se siente con fuerza en el turismo, una actividad clave para muchas economías locales de la Provincia. A lo largo del año pasado, el turismo receptivo cayó 14% mientras que el emisivo creció 43%, generando un saldo negativo de más de 6,5 millones de personas, récord histórico negativo. En tanto, en la última temporada de verano lo que se vio fue menos turistas, menos días de vacaciones de cada familia que nos visitó y menos consumo. Hemos perdido más de un millón de turistas respecto a la temporada de verano previa a que asumió Milei. Y los turistas que vinieron gastaron un 35% menos. Y lo único que explica esta crisis del sector turístico es la política económica del gobierno nacional.
Mientras la producción, el empleo y el turismo se deterioran, las importaciones crecen con fuerza. Este proceso desplaza producción nacional y golpea de lleno a la industria instalada en la Provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el Índice de Producción Industrial del INDEC mostró en diciembre una caída interanual del 3,9%, acumulando seis meses consecutivos de contracción y confirmando el agotamiento del débil proceso de recuperación que había insinuado el sector desde fines de 2024.
Todo esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno Nacional recibió ingresos extraordinarios por 92.670 millones de dólares a través de blanqueos, endeudamiento, instrumentos financieros, liquidaciones anticipadas y desembolsos de organismos internacionales. Sin embargo, ni siquiera ese volumen excepcional de dólares alcanzó para sostener el modelo. Los vencimientos de deuda en moneda extranjera se concentran de manera muy exigente en los próximos años, con más de 11.000 millones de dólares en 2026, más de 12.000 millones en 2027 y un perfil que se vuelve todavía más crítico a partir de 2028, configurando una verdadera bomba de tiempo.
3. Frente a un contexto de ajuste y caída de la actividad, ¿cuáles son las principales políticas productivas que está llevando adelante la provincia y qué resultados concretos pueden mostrar en términos de industria, PyMEs y empleo?
Frente al ajuste que propone Nación, las Provincias no tienen muchas alternativas de política. Principalmente debido a que es Nación quien tiene la posibilidad de definir variables como niveles de gasto, apertura de la economía o política monetaria y cambiaria. A su vez, los niveles de recursos de la Provincia cada vez son menos (en el primer trimestre de 2025 es la que menos recursos de origen nacional por habitante recibió) y las demandas mucho mayores en tanto nos proponemos atender a todos los bonaerenses a quienes Milei deja sin derechos en términos de salud, educación, vivienda, infraestructura, etc.
La deuda de Milei con la Provincia de Buenos Aires asciende a $15 billones. Ese monto incluye $3,5 billones de deudas directas, $8,4 billones correspondientes a obras públicas abandonadas y $2,7 billones por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales. En total se abandonaron mil obras en territorio bonaerense y ya no existen proyectos financiados y ejecutados por el gobierno nacional, aunque la Provincia continúa impulsando obra pública con recursos propios.
Ante la deserción del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires decidió asumir un rol activo como escudo y red de contención. Con poquísimos recursos el MPCeIT mantiene programas que tienen como objetivo promover la industria y la producción.
Solo a modo de ejemplo, a nivel nacional, desde que asumió Milei, el área de CyT se encuentra semiparalizada, con una caída de la inversión que para 2026 se espera sea del 48,6% en tres años. En contrapartida, la Provincia, desde 2022, financió 284 proyectos de innovación tecnológica (FITBA) por un valor de $8.700 millones.
Son proyectos que involucraron a más de 3.000 investigadores radicados en la provincia que trabajaron en solucionar problemáticas de más de 180 pymes y cooperativas industriales y distintas áreas del gobierno provincial o los gobiernos municipales. Y, a pesar de que para 2026 el gobierno planea continuar con su política de destrato y desfinanciamiento del sistema de CyT, nosotros pensamos redoblar los esfuerzos e incrementar un 17% el financiamiento para la edición de FITBA de este año.
También con el Programa Provincia en Marcha de la Subsecretaría de Industria logramos que el acompañamiento del estado provincial otorgando financiamiento con subsidio de tasas sea útil para el crecimiento de nuestras empresas.
El ejemplo de Patagonia CNC Machines – Es una empresa de Pacheco, Tigre, que provee servicios de mecanizado y además fabrica maquinaria de CNC (control numérico computarizado), es decir, vende equipamiento industrial. A principios de 2022 le dimos un crédito Provincia en Marcha de $33 millones para adquirir maquinaria -un centro de mecanizado de gran porte, para piezas de hasta 8 x 3 metros- que les permitió empezar a proveer un servicio específico a Ford, Volkswagen y Peugeot, el cual antes solo lograban realizar en el exterior.
Además, el caso de esta empresa es muy interesante porque fue una proveedora de muchas otras pymes de la Provincia que accedieron a la línea, ya que la bonificación adicional de tasa para inversiones con proveedores bonaerenses hizo que se convirtieran en proveedores de equipamiento para muchas de ellas. Y la misma empresa nos dijo que gracias a esta inversión pudieron pasar de exportar del 1% al 30% del total de su producción.
O con Fogaba, empresa con participación mayoritaria de la Provincia que da garantías crediticias a pymes bonaerenses, con la cual en los últimos 4 años asistimos a más de 22.000 empresas para que puedan acceder con ventajas a mercados financieros, tanto para inversión como para capital de trabajo.
También con cosas muy simples, pero que implican mucho esfuerzo por parte del Estado se puede beneficiar a nuestras empresas. Un ejemplo, dentro de tantos, en el Programa de Producción Bonaerense es el de Un Rincón Vegano, que es una pyme del municipio de Berazategui, fundada en 2015, que creó el primer alfajor vegano de Argentina. Con una producción que supera los 100.000 alfajores mensuales y más de 20 sabores diferentes, se consolidó como referente de alimentos veganos en todo el país. A partir de su participación en una Ronda de Negocios que organizamos, pudo concretar un acuerdo comercial con el supermercado Josimar, ampliando sus canales de venta y fortaleciendo su presencia en el mercado.
Estas rondas forman parte de una política sostenida desde 2022, que al día de hoy suman 9 encuentros comerciales con participación de más de 1000 pymes bonaerenses de toda la provincia y encuentros que reúnen tanto supermercados tradicionales como grupos de compras, autoservicios, mayoristas y cámaras del sector. En cada edición, las empresas logran concretar ventas con nuevos clientes, fortaleciendo su red comercial y su inserción en las cadenas de comercialización.
A su vez, desde 2024, aportamos al impulso de las exportaciones de la Provincia mediante 8 rondas de negocios internacionales, conectando sectores estratégicos como el alimenticio, autopartista, médico, textil y de maquinaria agrícola, además del rubro clave de energía y minería con Latinoamérica.
El impacto territorial es notable: 700 PyMEs de 65 municipios bonaerenses concretaron más de 3.600 reuniones con 150 compradores de 11 países de Latinoamérica como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El éxito comercial se refleja en las proyecciones, con un volumen de negocios estimado en 370.000 dólares por cada contraparte extranjera, sumando un total de más de 55.000.000 dólares.
Dentro de este esquema, destaco la ronda dedicada a Petróleo, Gas, Minería y Energía. Este encuentro no sólo convocó a compradores internacionales, sino que sentó a la mesa a las principales operadoras del país, tales como YPF, Tecpetrol, Shell, Pan American Energy y Pampa Energía. La iniciativa cobra relevancia estratégica actual, ya que las grandes compañías del sector buscan activamente desarrollar nuevos proveedores locales para fortalecer su cadena de valor.
Pero no es solo nuestro Ministerio el que apoya la producción y el consumo. A través del Banco Provincia, también se sostienen políticas de impulso al consumo y al financiamiento productivo, con herramientas como Cuenta DNI, tarjetas de crédito, Provincia Compras y líneas específicas para pymes, microemprendedores y sectores productivos.
También algunos ejemplos del Ministerio de Desarrollo Agrario que organiza los Mercados Bonaerenses donde participan más 2400 productores que así pueden ubicar sus productos y la gente recibirlos a muy buen precio. Y ni que hablar de la respuesta a las demandas de muchos productores rurales a quienes se les respondió interviniendo en la mejora de los caminos rurales.
En paralelo, desde ARBA se implementaron medidas fiscales para aliviar la carga sobre quienes producen y trabajan, calibrando regímenes de recaudación, reduciendo alícuotas para sectores industriales, simplificando trámites y regularizando parques industriales. No es una estrategia ideológica: es una respuesta concreta a un modelo nacional que se retira y deja la producción librada a su suerte.
En definitiva, no estamos frente a un proceso de ordenamiento virtuoso, sino ante un modelo que sacrifica producción, trabajo e industria en nombre de un equilibrio macro frágil y transitorio. Y es la Provincia de Buenos Aires, por su peso productivo, industrial y social, la que está pagando el costo más alto. Defender a la Provincia es defender la producción nacional, el empleo y la posibilidad misma de un desarrollo sostenible para la Argentina.
4. ¿Cómo se gobierna y se sostiene la producción con un Estado nacional que se retira, desmantela políticas industriales y abandona a las provincias? En ese escenario, ¿cuáles son los objetivos estratégicos hacia adelante y cómo se articula la provincia con los sectores productivos para defender y reconstruir el desarrollo?
¿Frente a este contexto qué pueden hacer las empresas para evitar el cierre? Recurrir al carry trade y a cualquier tipo de inversión financiera como herramientas para poder sostener su negocio, reducir pérdidas y poder mantener su personal o reducirlo lo menos posible. Es el caso de una fábrica que fuimos a visitar, también de calzado deportivo, donde el dueño, ante la pregunta sobre cómo lograba sostener los puestos de trabajo frente a la apertura importadora y la caída del mercado, nos contó algo increíble pero razonable. Para no echar a la gente, dedica entre 3 y 4 horas de su día a hacer carry trade para compensar la brutal caída de sus ventas.
Cada vez que cierra una empresa, nuestro Presidente y sus Ministros festejan en público, a la par que esconden la situación general manipulando las estadísticas públicas. Como si se pudiera tapar el sol con las manos.
Es por eso que el Gobernador nos pidió que tengamos nuestro propio relevamiento de cierres y despidos en la Provincia. Al revés que Milei, nosotros no nos ponemos felices, así que decidimos llamarlo “el contador de tristeza”. Desde diciembre de 2023 contabilizamos 117 casos que acumulan un total de 10.715 despidos sólo en PBA. Se detectaron en el relevamiento al menos 39 cierres de empresas o plantas. Son las que se llegaron a conocer por los medios de comunicación.
La mayoría están relacionados a la caída de la actividad, por lo tanto, de las ventas, y por la apertura de importaciones. Para el sector de la construcción el golpe fuerte vino con la parálisis de la obra pública.
Es bueno ponerle nombre, apellido y localidad a cada uno de los casos, para que veamos que detrás de cada uno hay muchas personas que están sufriendo y no saben qué van a hacer para poder sostener a sus familias.
Empresas como Newsan redujeron personal en sus plantas bonaerenses; firmas textiles y de calzado como Bicontinentar enfrentan fuertes recortes; compañías como TSU Cosméticos o Avon cerraron dejando cientos de trabajadores sin empleo. También se registraron despidos y cierres en empresas de consumo masivo, comercio y manufactura como Chango Más, Kimberly-Clark, DASS o Frávega, entre otras.
En algunos casos el impacto resulta especialmente paradójico: empresas que habían invertido recientemente, como Whirlpool en Pilar, terminaron cerrando sus plantas y dejando a cientos de trabajadores sin empleo.
El impacto también se siente con fuerza en ciudades productivas del interior bonaerense. Olavarría, históricamente un pilar de la industria ligada a la construcción, atraviesa una situación crítica: cerca del 70% de su producción minera estaba destinada a la obra pública, hoy paralizada. Esto provocó despidos en empresas como LCE Águila Azul y el cierre de la fábrica Ladrillos Olavarría S.A. (LOSA). A su vez, Canteras Cerro Negro despidió a 96 trabajadores de su planta local, lo que generó cortes de ruta y protestas.
El caso de relevancia más reciente es el de Newsan, la compañía no renovó los contratos de 45 empleados y suspendió a otros 70 en sus plantas bonaerenses de Monte Chingolo y Avellaneda. La decisión se da en un contexto de fluctuación de la demanda y de apertura que impulsa a la empresa a aprovechar importaciones más baratas, y después que el mismo Presidente – casi cínicamente- haya ido hace unos meses a sacarse fotos con los trabajadores en una planta que la misma empresa tiene en el sur de nuestro país.
Estas situaciones no solo afectan a los trabajadores directamente involucrados, sino que también tienen un impacto profundo en la economía local y en la comunidad en general. La paralización de la obra pública ha provocado una caída significativa en la demanda de materiales de construcción, afectando a empresas proveedoras y generando un efecto dominó en toda la cadena productiva.
En la PBA nos negamos a resignarnos ante esta situación. Y todos los Ministerios aguzamos nuestra imaginación y maximizamos recursos. En este marco el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en coordinación con otros Ministerios de la Provincia, siempre busca estar presente frente a las crisis que se van produciendo en empresas.
La lógica liberal del gobierno propone que, frente a la crisis generada, las provincias compitan por los pocos recursos que quedan, supuestamente “generando mejores condiciones para la inversión privada”.
El ajuste fiscal y la no intervención del Estado en la economía supuestamente traen “confianza”. Medidas como el RIGI, además de confianza, garantizan “estabilidad” y “generan un mejor ambiente de negocios”. Al día de hoy no se observan consecuencias de estas políticas. Cuando se observa el listado de inversiones presentadas al RIGI – más allá de que las más grandes son presentadas por YPF – casi todas tienen el factor común que son propuestas para el sector minero o petrolífero. Vaca Muerta y el Litio existían antes del RIGI. El RIGI no fomenta inversiones, sino que a través de bajas de impuestos y concesiones para extraer recursos monetarios y naturales procura aumentar el negocio privado y desfinanciar al Estado, nada más.
A diferencia del RIGI, que impulsa la extracción de recursos naturales sin ningún tipo de incentivos a la agregación de valor local, desde PBA diseñamos un régimen de inversiones que apunta a generar encadenamientos productivos que permitan la inserción de las pymes bonaerenses como proveedoras en los grandes proyectos de inversión y también impulsar inversiones de menor tamaños que las del RIGI en la provincia (RIGI impulsa inversiones a partir de 200 millones de dólares, RPIE impulsa inversiones de más de 5 millones de dólares).
Una nueva etapa en Argentina debe construirse sobre estas lecciones. No se trata de volver al pasado, sino de recuperar lo mejor de nuestras tradiciones productivas y adaptarlas a los desafíos del siglo XXI. Esto implica contar con un sector industrial ligado al desarrollo tecnológico nacional (para cerrar brechas productivas y tecnológicas y, al mismo tiempo, morigerar la restricción externa); con una política de CyT integrada en sus eslabones de producción de conocimiento (desde el eslabón básico hasta la innovación productiva); con generación de empleos calificados y con un desarrollo territorial equilibrado.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-13-at-11.11.31-1.jpeg10711600pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-03-13 13:32:112026-03-13 16:30:51Hay otro camino con producción
La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo
Alan Kay
La guerra puso de manifiesto, una vez más, los problemas derivados de la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, así como la vulnerabilidad de la economía global frente a las fluctuaciones de sus precios. El precio del petróleo ya superó los 100 dólares el barril y el del gas se duplicó.
Si en el pasado la transición energética encontró su argumentación en la meta de reducción de emisiones o como estrategia para un desarrollo industrial verde, hoy es la autonomía energética la que ocupa un lugar central en el discurso. Países como Alemania, India, Chile y Uruguay han logrado reducir la dependencia de importaciones de combustibles fósiles para la generación eléctrica sobre la base de la expansión de las renovables. Además, otros países de la región, como Chile, Uruguay y Colombia, están avanzando rápidamente en la electromovilidad por conveniencia de costos y políticas verdes. China e India se están convirtiendo en la electrificación en un motor de crecimiento sostenible, seguidos de un número importante de economías del sudeste asiático como Indonesia y Vietnam.
Mientras el mundo avanza hacia la reindustrialización y la construcción de competitividad en nuevos sectores y cadenas de valor, la Argentina marcha a contramano. Milei niega el rol de la política industrial y destruye capacidades manufactureras mediante una apertura comercial indiscriminada. Aún más: con el RIGI, en lugar de aprovechar nuestros recursos estratégicos para desarrollar industria y tecnología propias, apuesta por consolidar un modelo primarizado basado en la exportación de materias primas.
Panorama global de la transición energética
Dos nuevos factores destacan en el panorama tecnológico y productivo de la transición y hacen que las vacilaciones previas hoy se transformen en una orientación clara.
El primero es la emergencia de un conjunto de tecnologías verdes que ya son competitivas frente a la alternativa fósil sin necesidad de subsidios. Es el caso de las energías renovables y, en particular, de la solar fotovoltaica, cuyos costos nivelados de generación eléctrica se ubican hoy por debajo del costo marginal de generación a gas con la tecnología más eficiente —el ciclo combinado—. Los autos eléctricos, por su parte, también se aproximan a esa zona de competitividad, impulsados por las ganancias de eficiencia y por la reducción de costos en la producción de baterías. Este nuevo escenario no alcanza a todas las tecnologías, pero sí a un conjunto de las más maduras, lo que vuelve obsoleto el argumento de que “la transición es cara”.
El segundo factor es la potencia industrial de China en estas tecnologías, que ha resultado tan arrolladora que ha obligado a las grandes potencias a recalcular sus estrategias de industrialización verde. En el caso de Estados Unidos, esto se tradujo en un abandono de la carrera tecnológica, con el pasaje de la Inflation Reduction Act (IRA) de Biden —el paquete de política industrial verde más ambicioso de la historia norteamericana— a la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) y a la política del Drill Baby Drillde Trump. Ese viraje implica un retorno decidido al paradigma fósil, aunque con excepciones para tecnologías de uso dual (civil-militar) consideradas estratégicas, como las baterías para drones. En el caso de la Unión Europea, el ajuste fue distinto: una reorientación de su política industrial verde hacia la búsqueda de transferencia tecnológica y contenido local en las inversiones chinas en el continente. La política industrial, en definitiva, dejó de ser patrimonio exclusivo del mundo en desarrollo para convertirse en la norma de los países centrales, decididos a asegurarse un lugar en las nuevas tecnologías de la transición.
¿Qué significa para la Argentina?
Las implicaciones más significativas para Argentina,la región y elSur Globalse concentran en el impacto de este proceso enel precio de las materias primas. En efecto, el escenario actual nos coloca ante un nuevo ciclo de commodities, esta vez protagonizado por los minerales críticos. La demanda de materiales para la transición energética presiona al alza los precios del litio y del cobre, pero también del cobalto, las tierras raras y el uranio. El denominador común de todos ellos es su centralidad en las tecnologías energéticas, en la electrificación y en aplicaciones de uso dual.
El impacto directo en nuestras economías se expresa en dos procesos: la primarización de las exportaciones, producto del creciente peso de estos minerales en la canasta exportadora, y la desindustrialización de la estructura productiva, derivada de la posible pérdida de capacidades industriales si no existe una política de reconversión hacia los nuevos sectores dinámicos.
La transición en nuestro país parece cargada de contradicciones: “para qué ir a renovables si tenemos vaca muerta”, “¿por qué buscar agregar valor al litio si no podemos dominar las tecnologías de baterías?”, “Por qué hacer autos eléctricos si tienen menos piezas y, por lo tanto, generan menos empleo que los autos a combustión?”. Estos planteos son muy frecuentes, pero mientras este debate ocurre, las oportunidades se agotan. Ante estas preguntas es imprescindible revisar los principales hechos:
1.El avance y crecimiento de la transición está garantizado por al menos dos factores: una creciente ventaja de costos y sus implicancias sobre la seguridad energética. En 2025 más del 90% de la nueva demanda de energía eléctrica a nivel global se atendió con fuentes renovables. Las renovables y las baterías estacionarias explican la mayor proporción de la nueva capacidad instalada a nivel global. La electromovilidad continúa creciendo a pesar de los menores subsidios, especialmente en países dependientes de combustibles fósiles (ver los casos de Uruguay o Nepal).
2. La transición está fragmentada por la creciente tensión geopolítica. La estrategia de China se basa en la autonomía energética y la exportación de tecnologías limpias. EEUU, en cambio, ante un reconocimiento de incapacidad de competir, busca clausurar la trayectoria con quita de subsidios, pero también cancelando concesiones para proyectos eólicos y dando nuevas para la extracción de petróleo. Sin embargo, aún sostiene interés en tecnologías de uso dual y busca garantizar el abastecimiento de materiales críticos (por ejemplo, llama la atención de la sección 45X de IRA que da créditos fiscales a la manufactura de baterías, fue una de las pocas que subsistió al OBBBA).
3.La transición energética ya está reconfigurando nuestra estructura exportadora productiva. Las exportaciones de minerales muestran un fuerte crecimiento impulsado por el litio. Esta tendencia se consolidará y expandirá en los próximos años, especialmente en caso de que ingresen a producción alguno o varios de los proyectos de cobre que hoy se encuentran en etapas avanzadas. Por otra parte, nuestra industria manufacturera podría perder capacidades ya sea por demandas de nuevos estándares ambientales y reglas del comercio como CBAM (ajuste de carbono en frontera) de la UE o por pérdida de mercados frente a la actualización tecnológica. Por ejemplo, el sector automotriz ya enfrenta una fuerte crisis por la apertura de importaciones indiscriminada: en los últimos meses de 2025 cerca de un tercio de los autos importados por Argentina fueron eléctricos o híbridos y los países destino de nuestras exportaciones automotrices muestran las mayores tasas de crecimiento en electromovilidad.
En síntesis, las oportunidades se achican mientras se consolida una estructura productiva más primarizada bajo el modelo extractivista que configura el RIGI.
Hay otro camino
No hay un destino fatal. Otros países del Sur Global están observando este mundo en transformación y adecuando sus estructuras productivas hacia estrategias de desarrollo más sofisticadas. Los ejemplos pueden parecer lejanos, pero son elocuentes: Sudáfrica logró integrar el 70% de componentes locales en su industria eólica; Marruecos, aprovechando su proximidad a Europa, se encamina a convertirse en un hub de producción de autos eléctricos y baterías; Indonesia, a partir de la -para muchos controvertida- decisión de restringir las exportaciones de níquel sin procesar, consiguió radicar fundiciones locales y hoy aspira a que el control sobre ese mineral estratégico le permita construir una cadena completa de baterías y electromovilidad.
En la región, los casos de Brasil y México son emblemáticos, sobre todo porque demuestran que una estrategia de industrialización verde no es incompatible con seguir explotando hidrocarburos. Ambos muestran que se puede apostar a las tecnologías de la transición sin abandonar la base energética existente. En ese marco, resignar estas oportunidades industriales puede representar un golpe difícil de revertir para las estructuras productivas de los países latinoamericanos.
En síntesis, la transición energética no es un fenómeno lejano ni una agenda de países ricos: es una reconfiguración profunda de la economía mundial que ya afecta estructuras productivas, flujos comerciales y correlaciones de poder. La necesidad de coordinación entre países de la región, pero también con otras naciones del Sur Global —particularmente en materia de acceso a recursos críticos— parece el único camino posible para evitar un neoextractivismo. Por otra parte, la reconstrucción y expansión de capacidades industriales es condición necesaria para evitar un industricidio aún más profundo. El futuro de la Argentina también se juega ahí.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/veronica-robert.jpg600800pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-03-13 14:06:202026-03-13 16:41:31La transición energética ya llegó: desafíos para la industria argentina
Tres empresarios nacionales analizan las consecuencias del modelo de Milei en primera persona. Ausencia del Estado, caída en ventas y destrucción de la capacidad instalada.
Luciano Galfione, presidente Fundación Pro Tejer
Para quienes no conocen en profundidad su actividad: ¿podría contarnos qué produce su empresa y/o sector, qué lugar ocupa en la cadena productiva y qué impacto directo e indirecto tiene en la generación de empleo y en el desarrollo de la economía de los lugares donde opera o en general?
Nosotros fabricamos hilados y tejidos de punto de fibras sintéticas para la confección de conjuntos deportivos. Ocupamos el primer y segundo eslabón de la cadena industrial: somos proveedores de los confeccionistas, que a su vez abastecen a las marcas.
Nuestro proceso es altamente tecnificado, con máquinas de primer nivel internacional. Por eso, quienes trabajan con nosotros son personas altamente capacitadas que adquieren experiencia a lo largo de los años en la fábrica. En general, la capacitación se realiza dentro de la propia planta, entre compañeros, porque la tecnología que utilizamos requiere una formación muy específica que no existe en ámbitos tradicionales.
El impacto en el empleo es muy grande, no solo por la cantidad de puestos que genera, sino también por las capacidades que se desarrollan. En el proceso participan técnicos, operarios y todo un entramado de actividades vinculadas: mecánicos, especialistas en componentes electrónicos y distintos servicios auxiliares.
Además, la producción —incluida la tintorería— requiere servicios como vapor, aire, electricidad y gas. A esto se suma toda la cadena de proveedores e insumos: transporte, cajas, bolsas, tubos de cartón, productos químicos, colorantes, fabricación de pallets, entre muchos otros. Por eso, la cadena de suministro de una industria como la nuestra es muy amplia y su impacto en el empleo y en la economía es todavía mayor.
¿Cómo está impactando en su actividad la actual política económica del gobierno nacional —en particular la apertura comercial indiscriminada, el freno a políticas de promoción productiva o acuerdos comerciales—? ¿Qué efectos está viendo en inversión, empleo, consumo y sostenibilidad de las empresas?
La apertura comercial desmedida, la baja de aranceles a la importación y el desmantelamiento de instrumentos robustos de administración, control, trazabilidad y defensa comercial están generando que la industria compita contra productos que ingresan con precios subvaluados, prácticas desleales o estándares menores que los exigidos a la producción local. En un contexto de consumo debilitado por la caída del poder adquisitivo y altas tasas de financiamiento, esa presión importadora se traduce rápidamente en desplazamiento de la producción nacional, pérdida de competitividad frente a productos de menor calidad y, sobre todo, en un avance de productos chinos en el mercado.
A su vez, si a esto se le suma el desmantelamiento de políticas de promoción industrial, la postergación de una reforma tributaria que genere alivio fiscal a la producción y un contexto macroeconómico de apreciación artificial del tipo de cambio, la situación se agrava.
Como resultado, en 2025 la producción textil cayó 8% respecto del año anterior y 24% si se la compara con la de dos años atrás. En paralelo, la actividad de indumentaria, cuero y calzado se ubica 11% por debajo de los niveles de 2023. El correlato es contundente: 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles, dando lugar a un proceso de desinversión. No porque falte capacidad o proyectos, sino porque, con demanda incierta y márgenes negativos —que no alcanzan a cubrir ni los costos fijos ni los variables—, la inversión productiva se vuelve una apuesta inviable.
En términos de empleo, ya se perdieron más de 19 mil puestos de trabajo registrados en la industria textil, indumentaria, cuero y calzado, en un marco de caída general del empleo en toda la economía —y especialmente en la industria—, lo que dificulta que muchas personas puedan reinsertarse laboralmente. A esto se suma un avance de la informalidad, tanto en el sector como en otros rubros. El entramado textil e indumentario, además, es intensivo en trabajo y federal, por lo que cualquier contracción se siente con rapidez en pymes y economías regionales.
En síntesis, el combo apertura + recesión + financiamiento caro genera un riesgo concreto en términos de sostenibilidad empresarial: empresas que pierden escala y continuidad, proveedores que caen y una cadena que se desintegra por eslabones (fibras, hilados, tejidos, confección). Esa ruptura, después, es muy difícil de revertir.
Desde su experiencia, ¿qué políticas debería impulsar la Argentina para fortalecer la producción de su sector y de los sectores productivos en general? ¿Qué rol debería jugar el Estado nacional en la planificación, el financiamiento y la protección inteligente de la producción y el trabajo argentino?
Argentina necesita volver a poner a la producción local en el centro de la agenda económica, tal como lo están haciendo hoy las principales potencias del mundo. No se trata de una discusión ideológica ni de cerrar la economía, sino de entender que la industria es un componente central de la soberanía económica, tecnológica y social.
Hoy Estados Unidos impulsa políticas activas de reindustrialización a través del Inflation Reduction Act, programas de incentivos a la producción local y al empleo, y el aumento de aranceles y regulaciones frente al avance de productos chinos. Europa, por su parte, avanza con el Net-Zero Industry Act, regulaciones ambientales en el marco del Pacto Verde Europeo, estándares de trazabilidad y políticas de financiamiento industrial que buscan fortalecer su autonomía productiva frente a China y otros actores globales. En un contexto en el que China despliega una estrategia estatal agresiva de expansión industrial, subsidios y control de sus cadenas de valor, ninguna potencia deja su industria librada a la pura lógica del mercado internacional.
En ese contexto, Argentina debería impulsar una estrategia integral basada en cuatro pilares:
1. Planificación productiva y visión estratégica. El país cuenta con capacidades industriales instaladas, conocimiento acumulado, entramados federales y una red de pymes que generan trabajo en todo el territorio. La industria es la única actividad capaz de articular encadenamientos productivos, generar empleo formal masivo, distribuir ingresos y construir bienestar social de manera sostenible. Planificar la producción implica dar previsibilidad, coordinar instrumentos macroeconómicos, comerciales y financieros y sostener en el tiempo una estrategia que permita expandir las capacidades. Sin planificación productiva, la economía tiende a reprimarizarse y a depender del exterior.
2. Administración inteligente del comercio. Fortalecer los instrumentos de defensa comercial, controles de subfacturación, reglas de origen y estándares técnicos y ambientales. Competir sí, pero con reglas claras y equivalentes. La apertura sin administración no genera eficiencia: genera desindustrialización. Una política comercial moderna debe asegurar que los productos importados cumplan las mismas exigencias que se le imponen a la producción nacional.
3. Financiamiento productivo. Recuperar herramientas de crédito accesible para capital de trabajo e inversión, especialmente para pymes. Sin financiamiento de mediano y largo plazo, la producción queda atrapada entre la recesión, tasas prohibitivas y caída del consumo. Es necesario reconstruir instrumentos de banca de desarrollo, garantías y líneas específicas que permitan modernizar tecnología, ganar productividad y sostener el empleo formal en todo el territorio.
4. Reforma tributaria pro-producción. Avanzar en una estructura impositiva que alivie la carga sobre la producción formal, simplifique el sistema y premie la inversión, la formalidad, la presencia federal y la generación de empleo. Una reforma integral debe reducir la presión sobre quienes producen y generan trabajo registrado, eliminando distorsiones acumulativas y brindando previsibilidad fiscal para incentivar proyectos de largo plazo.
La experiencia internacional es clara: los países que sostienen y fortalecen su industria no lo hacen por nostalgia, sino por estrategia. Porque sin industria no hay innovación, no hay empleo de calidad, no hay desarrollo tecnológico y, en definitiva, no hay soberanía. Argentina necesita entender que el desarrollo productivo no es un costo: es la base de su futuro económico.
Camilo Kahale – Presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y vicepresidenteCAME
La apertura indiscriminada que implementó este gobierno afecta directamente a la industria nacional y a la producción, y eso repercute también en el comercio de las calles y avenidas. La fuerte entrada de productos importados —especialmente desde China— genera un gran problema para la industria nacional.
El país necestaun proyecto de desarrollo productivo integral y una reforma tributaria generalizada que permita desarrollar más industrias, en lugar de que se cierren por “no ser competitivas”, como ocurrió en la década del noventa. Sin embargo, es difícil pensar que la política económica actual impulse un proyecto de desarrollo productivo de ese tipo.
El panorama hacia adelante es preocupante. Si no se cambian estas políticas, va a aumentar la desocupación y va a continuar la caída del empleo. Es muy probable que tanto el comercio minorista como la industria nacional sufran una caída brusca a lo largo de 2026.
A esto se suma el problema de la inflación. Mientras siguen aumentando los servicios, la nafta y todo lo relacionado con el transporte, es muy difícil sostener un índice de inflación como el que se menciona, entre el 2% y el 3%. En la práctica, los aumentos se ven todos los meses en los alimentos y en muchos otros productos. En menos de una semana, por ejemplo, una gaseosa de primera marca aumentó un 20% de un día para otro. Las prepagas aumentan entre un 3% y un 6%, y el transporte también sigue subiendo.
En definitiva, estamos al borde de un precipicio: la crónica de una muerte anunciada para la industria nacional, mientras el gobierno mira hacia otro lado.
Jorgelina Piraino – Ortopedia Piraino
Nuestra empresa es una pyme que abrió sus puertas por primera vez en 1966. Mi padre, su fundador y primer director técnico, es un italiano que Buenos Aires recibió en 1949 junto a su familia luego de la guerra y que se formó en Escuela Técnica (nocturna de adultos) y se especializó —según los programas de formación de ese entonces— en hospitales públicos.
En sus inicios, la actividad principal de la ortopedia se centraba en el taller: realización de órtesis, prótesis talladas en madera, aparatos ortopédicos, plantillas demetal ocuero, corsés en tela de cutil y la reventa o alquiler de algunos artículos estandarizados (muletas, sillas de ruedas, camas ortopédicas).
Hoy en día, la actividad principal es la producción mayormente artesanal de prótesis externas. Realizamos elastocompresivas a medida para el tratamiento de quemaduras o cirugías, también calzado ortopédico para pie diabético y plantillas especiales para casos de amputación parcial de pie. Contamos con laboratorios y talleres propios y, todos los días, concurren a nuestra ortopedia personas de distintos puntos, integrada por 20 empleados con quienes trabajamos codo a codo desde hace años. Esa es la identidad de las pymes argentinas: pequeñas empresas familiares que pasan de generación en generación, que empezaron siendo tan solo un sueño y hoy son el motor del trabajo nacional.
En ese contexto, lo primero que tengo para decir sobre cómo afecta la situación del país a nuestra empresa es lo más tangible, visible y evidente: la caída de las ventas. Sobre todo desde el último trimestre del año pasado. La cantidad de pacientes particulares disminuyó y las obras sociales y prepagas ya no cubren el 100% de los elementos como pasaba en años anteriores.
El abandono del rol del Estado como regulador de los actores privados ha hecho que hoy, especialmente las prepagas —incluso las más caras—, muchas veces no cubran los elementos o les hagan pagar a los pacientes el 50% del costo. Eso antes no pasaba. Se genera así un efecto dominó en toda la cadena del sector: cuando las obras sociales y prepagas dejan de cubrir el 100% de los tratamientos, el impacto lo sienten primero los pacientes, pero también las empresas que producimos estos insumos y nuestros propios proveedores. Además, hay elementos que fueron quitados del nomenclador y que ahora se consideran estéticos cuando en realidad son funcionales y hacen directamente a la calidad de vida de las personas que necesitan, por ejemplo, una prótesis facial.
La situación económica es angustiante y no nos ha permitido expandirnos ni proyectar mejoras. La cantidad de personal, de hecho, no se ha incrementado desde hace más de tres años.
A esto se suma el aumento permanente de los costos. Ellos dicen que no hay inflación, pero todos los materiales con los que trabajamos aumentan cada vez que vamos a reponerlos: cueros, insumos y materiales de trabajo. Incluso en los productos de reventa pasa lo mismo. También los costos de los servicios crecen progresivamente (luz, gas, telefonía) y nosotros, para poder seguir trabajando, muchas veces no subimos los precios como deberíamos. El desafío constante es sostenernos mes a mes, no caer.
Nos favorece que el trabajo que realizamos es diverso —tenemos distintos talleres y tipos de producción— y eso nos permite equilibrar un poco según la demanda de cada producto. Pero aun así la situación es muy difícil.
A todo esto se suma que la cadena de pagos se ha ralentizado sensiblemente. Los plazos de 30 días pasaron a ser de 60, 90 o 120 días, y en algunos casos incluso más. Hay obras sociales con las que trabajamos que todavía no han pagado elementos entregados hace meses. Por ejemplo, todavía estamos reclamando pagos de trabajos realizados en julio o agosto.
En este contexto, nos perjudica la falta de leyes y programas que cuiden a las pymes y a la producción nacional. Es fundamental —y urgente— que se logre sancionar la Ley de Emergencia Pyme, que ya tiene estado parlamentario. En definitiva, este modelo es un destructor de pymes a toda velocidad.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-13-at-13.22.06-1.jpeg9001600pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-03-13 13:41:012026-03-13 20:13:29Sin industria no hay futuro
Este año se cumplen 50 años del último Golpe Militar. Resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva: fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. Para lograrlo, además de quebrar la democracia, se buscó también quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa.
Hoy no vivimos en dictadura, pero sí somos testigos del ascenso de las extremas derechas que en muchos países están atacando la convivencia democrática, y la idea misma de comunidad. Tristemente, también nuestro país se convirtió en un laboratorio de una derecha extrema que llega al poder y gobierna exaltando el odio, consagrando al insulto y a la humillación como método político. No es una coincidencia que este clima de autoritarismo vaya de la mano de proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y que vacían de contenido social a la democracia. Así, la sociedad se fractura progresivamente entre una minoría repleta de privilegios y mayorías repletas de privaciones.
Con relación al desempeño del plan libertario ya no quedan dudas: incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Después de más de dos años de gobierno, no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente: no se produjo ninguna clase de recuperación económica. Vemos en cambio trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no les alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados, estudiantes, docentes, artistas y científicos sin un mango.
El panorama es alarmante: se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños. Desde que asumió Milei, escuchen, cerraron cerca de 30 empresas por día. En toda la Argentina ya son 21.938, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia. Desde que llegó Milei, cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado. Ya son 299.600 los trabajadores registrados que se quedaron en la calle. Crece también la subocupación y cerca de 200.000 personas pasaron a la informalidad. En Argentina hay menos trabajo con derechos y más precariedad.
En síntesis: la macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno Nacional es un fracaso. Los datos demuestran que el relato de crecimiento, estabilidad y equilibrio que vende el Gobierno es una mentira. El crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina, que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor.
¿Qué teoría económica puede llamar CRECIMIENTO a esta realidad? ¿Qué clase de equilibrio tiene una sociedad cada vez más desigual y precarizada? ¿Qué estabilidad tiene una familia amenazada por el despido, donde la plata no alcanza y las deudas crecen? ¿Qué clase de orden es posible con una crisis económica que genera angustia y desesperación? ¿A qué se refieren Milei y sus funcionarios cuando dicen que este modelo es exitoso?
Para aclarar este misterio hay que evaluar estos resultados alcanzados a la luz de los objetivos que el propio gobierno confiesa. Aspiran a imponer en Argentina lo que llaman el “modelo de Perú y Paraguay”. Con todo el respeto por estos países, no podemos aceptar que nos quieran imponer esa meta como destino. Se trata de un modelo de primarización productiva y precarización laboral que los Ministros libertarios presentan como un paraíso capitalista. Esa meta significa terminar de destruir a nuestra clase media, significa terminar de destruir un sistema de salud pública que, con todas sus dificultades, cuida y salva vidas sin pedir plata a cambio. Significa terminar de destruir el sistema universitario argentino que es orgullo nacional, un sistema científico, una tradición cultural y educativa que construimos durante generaciones. En resumen, de seguir 6 años más por este rumbo, Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y como sociedad. Este no es “un ajuste más”: es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser.
La crisis que vivimos tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional. ¿Cómo funciona? Dólar barato que desalienta la producción, importaciones que desplazan trabajo argentino, salarios reprimidos que hunden el consumo, tasas altas que premian la especulación y un ajuste fiscal que quita derechos y paraliza la inversión pública. Es un modelo que favorece a la renta financiera y a algunos grandes exportadores de materias primas, pero que debilita a la industria, a las pymes, al trabajo y a la clase media.
Suele ocurrir que quienes aplican este tipo de políticas no comprenden la dimensión humana y la dimensión social de la economía. Las fábricas no solo fabrican cosas. Cada fábrica, fabrica un país. No es una metáfora: es una verdad social. Una fábrica es trabajo, es identidad, son proveedores, es un barrio, son comercios, es una escuela técnica, es conocimiento y es dignidad. Por eso la desintegración del tejido industrial es un crimen social. Pero hay algo todavía más perverso. Este gobierno no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable. “Fracasaste” les dicen a quienes pierden su trabajo, a quienes tienen que cerrar sus empresas. Esa crueldad es parte del programa. Por eso, quiero hablarle directamente a esa mayoría de argentinos:
Al empresario pyme, al industrial, al comerciante que quiere producir, invertir, pagar sueldos, sostener trabajo, y hoy es empujado al abismo: le digo no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión, es la caída del consumo, es la apertura importadora y el tarifazo.
Al universitario, al artista, al emprendedor que no tiene ingresos o ventas, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al cuentapropista o al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste, es la precarización, es un modelo de tremenda concentración económica.
A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad.
En otras palabras: ARGENTINA, NO SOS VOS. ¡ES MILEI!
Resulta fundamental que entendamos este aspecto, porque si creemos que el problema somos nosotros, si creemos que los argentinos “no servimos”, que los trabajadores son todos vagos o que los empresarios nacionales son todos ineficientes corremos el riesgo de naturalizar lo que ocurre en nuestro país. Y la resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico. Lo primero que tenemos que recuperar, es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar.
Además de echarle la culpa a la gente, insisten con que la raíz de todos los males es el Estado. Quiero avisar que la mano invisible del mercado no va a defender nuestra producción nacional en el medio de estas guerras comerciales internacionales, la mano invisible no va a construir los miles de kilómetros de autopistas y vías de tren que requiere nuestro país para desarrollarse, la mano invisible del mercado no va a generar puestos de trabajo mientras las transformaciones tecnológicas los amenazan. La mano invisible del mercado no existe, es un verso. Sin Estado no hay más libertad; hay ley de la selva, hay abuso.
A contramano
El plan económico que está destruyendo el país no solo es dañino, además es absolutamente anacrónico, inoportuno y a contramano del contexto internacional. El mundo atraviesa cambios geopolíticos profundos y acelerados, transita turbulencias de todo tipo. Ante esto, los países fortalecen sus capacidades y defienden sus recursos. Este mundo no pide menos Estado: pide protección, planificación, capacidad productiva, industria, generación de trabajo, naciones más fuertes. Ese camino lo recorren con éxito algunos países europeos, México, Brasil, e incluso en parte Estados Unidos. Protegen lo propio, disputan cadenas de valor, invierten, incluyen, planifican.
Mientras tanto nuestro país, liderado por fanáticos de una teoría ridícula y antigua, queda más expuesto a un mundo plagado de guerras comerciales y de las otras. Me pregunto, si tanto les gusta Trump, por qué no lo imitan en esto: ¿Se imaginan a Trump promocionando autos o ropa hechos en China que seguramente son más baratos? Es increíble pero acá está pasando: tenemos un gobierno que desprecia y funde lo nuestro para favorecer lo de afuera.
Gobernar en tiempos complejos
Nuestra gestión, que transitó por diferentes etapas. Hubo una primera etapa, desde 2019, dedicada a reconstruir capacidades del Estado provincial, a poner en marcha un plan de desarrollo y a transformar áreas clave como salud, educación, seguridad, obra pública, producción. Y hay una segunda etapa, la que se abrió con la llegada del gobierno libertario: una etapa en la que, sin abandonar el rumbo, la Provincia tuvo que convertirse además en escudo y red, para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado nacional desertor y a un modelo económico desastroso.
Esta segunda etapa de nuestra gestión está fuertemente condicionada por la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno Nacional. De forma ilegal, nos retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, el incentivo docente y obras públicas. Sufrimos el ataque de un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses. Pese a todo, la Provincia no se detuvo. Repaso a continuación algunas de las políticas que venimos implementando en la Provincia de Buenos Aires en materia de Educación, Salud, Desarrollo federal y Seguridad.
“Hay planes económicos que enferman” En materia de salud nuestra gestión abraza convicciones claras: la salud es un derecho, no una mercancía. No creemos en una sociedad donde el que tiene plata se atiende y el que no la tiene espera o se resigna. Todos y todas tienen derecho a ser atendidos con la misma calidad, vivan donde vivan. Por otra parte, un sistema de salud robusto no es un gasto: es la base de cualquier proyecto de desarrollo y de una sociedad justa.
Desde un punto de partida muy precario, en 2019 iniciamos una transformación estructural basada en un Plan Quinquenal y en la creación de una verdadera Red Bonaerense de Atención y Cuidados.
En primer lugar, invertimos en infraestructura, equipamiento y tecnología, como nunca se había hecho. Provincializamos 3 hospitales, pusimos en marcha otros 4 de gestión mixta e inauguramos dos hospitales completamente nuevos. Además construimos 202 nuevos Centros de Atención Primaria en 42 municipios. Se trata de pequeños hospitales con capacidad real de resolución, más cerca de los barrios. Actualizamos el equipamiento, duplicando los tomógrafos, resonadores y angiógrafos, entre otros equipos. Entregamos 426 ambulancias de alta complejidad y consolidamos una red de emergencias con avión sanitario y helicóptero para traslados críticos.
Además, construimos algo que no existía: la historia de salud integrada y el portal MI salud digital. Hoy millones de bonaerenses tienen su historia clínica digital unificada. Incorporamos turnos online y pusimos en marcha las teleconsultas que acercan la salud a todos los rincones de la provincia.
En salud mental dimos un giro histórico. Ampliamos urgencias e internación en todos los hospitales provinciales, creamos centros comunitarios, casas de externación y fortalecimos los equipos profesionales. La salud mental dejó de ser marginal para convertirse en una política central.
Como saben, la ideología libertaria no cree en la salud pública. Se redujo fuertemente el presupuesto nacional en salud, desregularon y aumentaron los precios de los medicamentos y muchas personas perdieron su cobertura privada o su obra social. Cerraron casi 300 empresas privadas de salud, la mayoría de las obras sociales no alcanzan a cubrir las prestaciones mínimas con los aportes y cayó 9% la dispensa de medicamentos. En este marco, tomamos medidas de emergencia. Creamos el Programa Medicamentos Bonaerenses, ampliamos el vademécum oncológico, garantizamos la provisión de insumos críticos, reforzamos psicofármacos y tratamientos postrasplante.
Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio, una consulta. En este contexto se necesita más salud pública, no menos. Por eso enviamos a la Legislatura un proyecto muy importante: la ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia. No hace falta ser comunista ni soviético para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica.
La salud no puede depender exclusivamente del mercado. En realidad, depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo. Hoy en la Argentina se está aplicando un modelo económico que enferma.
“No hay seguridad posible sin fuerte inversión pública”
La seguridad es un tema especialmente sensible para nuestra sociedad, un problema atravesado por el dolor y el miedo, que sin embargo muchas veces es utilizado muchas veces por la política para hacer marketing o buscar ventaja electoral. Nosotros no lo hacemos: frente al sufrimiento, corresponde trabajar con seriedad, no con morbo ni demagogia.
Nuestra estrategia se sostiene en tres pilares claros: inversión, actualización tecnológica y formación. Y en una convicción de fondo: la seguridad es una función esencial del Estado. No se puede promover la destrucción del Estado y, al mismo tiempo, pretender garantizar protección.
En estos años realizamos la mayor renovación de equipamiento policial de la historia reciente de la Provincia. Cuando comenzamos había sólo 790 patrulleros en un estado deplorable que no podían cubrir las 1.100 cuadrículas. Incorporamos 9.592 patrulleros y 2.491 motos, lo que nos permite hoy recorrer cada cuatro horas el 75% de las calles de nuestras ciudades y pueblos. Eso significa más presencia, más prevención y más capacidad de respuesta.
Fortalecimos las fuerzas operativas: creamos la Fuerza Barrial de Aproximación, FBA, con 30 nuevas bases y 4.937 efectivos. La UTOI pasó de 636 efectivos en 2019 a más de 2.800 distribuidos en 14 bases, y el Grupo de Prevención Motorizado GPM se multiplicó por ocho. Recuperamos la flota aérea, con 11 helicópteros en operación incluyendo uno sanitario y otro con visión térmica y volvimos a poner en servicio aviones que estaban fuera de funcionamiento. Creamos también la Policía Rural, con formación y equipamiento específico, para custodiar zonas que durante años estuvieron mal protegidas.
Al mismo tiempo, ampliamos el servicio penitenciario. Cuando asumimos, el sistema contaba con 24.000 plazas. En seis años agregamos 8.500 plazas nuevas dentro de un plan de 12.000, porque no hay política de seguridad eficaz si no hay capacidad institucional para sostenerla.
Para combatir la criminalidad en los jóvenes, creamos el Programa Entramados para que toda vez que un menor comete un delito y llega a una comisaría tomen intervención el fiscal, el juez de menores y el equipo de niñez de cada municipio. El objetivo es evitar que estos adolescentes o niños que muchas veces llegan por delitos menores, sigan escalando en una espiral que los convierta en delincuentes más violentos.
En materia de formación, cambiamos todo. Modificamos los planes de estudio, extendimos la duración del entrenamiento y, sobre todo, fortalecimos la además de la teórica, la preparación práctica para los cadetes, que prácticamente no existía. También creamos el Instituto Universitario Juan Vucetich para jerarquizar a nuestra policía.
A quienes promueven un Estado mínimo o desertor les recuerdo algo elemental: no hay seguridad posible sin fuerte inversión pública. Y pese a que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses 750 mil millones de pesos que estaban destinados a la seguridad, seguimos sosteniendo esta política y reclamando lo que nos corresponde.
Si bien hay que ser muy prudentes cuando hablamos de resultados en materia de seguridad, quiero compartir algunos datos NO para festejar, sino para rendir cuentas y para convocarlos a sostener este rumbo y a defender las inversiones en seguridad.
Hemos alcanzado una tasa del 96% de esclarecimiento de homicidios. Eso significa que prácticamente no hay crímenes impunes. En la Provincia de Buenos Aires, quien comete un homicidio o un delito grave es aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, tenga la edad que tenga. Asimismo, hoy, los principales líderes de las bandas narco que operaban en nuestro territorio están presos.
Quiero agregar otro dato relevante: estamos logrando reducir la reincidencia en delitos graves, como resultado de una política penitenciaria que apunta no sólo al encierro y al castigo sino también a cortar las trayectorias delictivas.
En cuanto al indicador más crítico, la tendencia es positiva. En los seis años de gestión, la Provincia registró niveles de homicidios inferiores a los 25 años anteriores. Por ejemplo, el año pasado se contabilizaron menos de la mitad de los homicidios dolosos que en 2014, y el menor número de homicidios en ocasión de robo de toda la serie, alcanzando una de las tasas más bajas de América Latina. Vuelvo a expresar que ninguna estadística compensa el dolor de una vida perdida.
Ahora bien, la política de seguridad nunca actúa en el vacío. Se despliega en un contexto social determinado. Y lo digo con responsabilidad: un modelo económico que destruye el empleo, precariza los ingresos y profundiza las desigualdades no construye paz social. Cuando se deterioran las condiciones de vida, aumentan las violencias de todo tipo. Pese a la enorme inversión que hacemos, es importante subrayar que la seguridad no se resuelve sólo con patrulleros: también requiere un proyecto de desarrollo y cohesión social.
“La Educación es la base del Derecho al Futuro”
Lo primero que hicimos fue lanzar el plan Escuelas a la Obra con el que ya completamos más de 8.500 reparaciones. También ampliamos como nunca la cantidad de edificios escolares. Llevamos inaugurados 296 nuevos edificios, a la vez reinauguramos 519 edificios que estaban destruidos y finalizamos 1.348 aulas nuevas. Ampliamos también la planta educativa, creando 14.973 cargos docentes y 199.333 módulos docentes, para cubrir los nuevos establecimientos educativos y para el fortalecimiento de los equipos docentes, de orientación y de conducción de cada escuela. Realizamos el pase a planta permanente de 6.301 trabajadores auxiliares de la educación, y otros 986 se encuentran tramitando el pase.
Extendimos la jornada escolar. Desde que llegamos, 633.000 estudiantes van más horas a la escuela. Hoy, 70% de las escuelas primarias cuentan con más de 4 horas diarias de clase, 5 veces más que antes de la implementación del programa. Esto significa un 25% más de horas de clase. Entre las decisiones pedagógicas importantes se encuentran los nuevos diseños Curriculares para el Nivel Inicial, para la Educación Especial, la de Adultos y la Educación Técnica. En el Nivel Primario aplicamos también nuevas políticas para mejorar la lectoescritura.
En el nivel secundario, implementamos un nuevo Régimen académico invirtiendo en más docencia para acompañar las trayectorias de los alumnos y reducir la deserción escolar. Se dejó atrás un modelo centenario, y que por supuesto, se encuentra en constante revisión y consulta con las escuelas para realizar las modificaciones necesarias.
En las escuelas bonaerenses los pibes también se alimentan, tarea que se volvió más necesario que nunca dado el deterioro de la situación social del país: tuvimos que extender el Servicio Alimentario Escolar que hoy alcanza a 2,5 millones de destinatarios que comen en la escuela todos los días. Si a esto agregamos el módulo extraordinario MESA que alcanza a 2 millones de personas, estamos hablando del plan alimentario más grande del país con cerca de 70 mil millones de pesos por mes de financiamiento provincial.
Estas acciones las llevamos adelante en un contexto de total deserción del Estado nacional que eliminó el Fondo de Incentivo Docente, y dejó de financiar la construcción de escuelas, la distribución de libros y de tecnología. La tendencia se agrava: en el Presupuesto nacional del corriente año, se eliminó el Fondo para la Educación Técnica, desfinanciando los talleres de las escuelas técnicas, agrarias y de los centros de Formación Profesional.
A veces escucho a quienes se declaran enemigos del Estado invocar a Sarmiento, atribuyéndole ideas que él mismo había combatido. Sarmiento no dejó la educación librada a la “mano invisible” del mercado. La convirtió en política de Estado. La planificó, la expandió y la financió convencido de que era la base de la integración nacional, de la movilidad social y de la construcción de la patria.
Con todas sus dificultades y deudas, la Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región, incluso por sociedades mucho más ricas que la nuestra. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país.
Mientras el estado nacional despidió en todas las áreas a más de 60 mil trabajadores y empeora sistemáticamente sus condiciones de trabajo nosotros, aun en esta emergencia, seguiremos poniendo todo para sostener la educación pública, gratuita y de calidad. La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro hoy está siendo atacado.
Por un desarrollo federal
Nuestro enfoque de gobierno es profundamente federal: todos los municipios importan, todos los partidos tienen el mismo derecho al desarrollo. No queremos pueblos, ciudades y regiones que expulsen a sus habitantes por falta de oportunidades educativas, laborales o por falta de infraestructura básica.
En el marco del Programa Estratégico De Mejora De Caminos Rurales, intervinimos 5.500 kilómetros fundamentales para el desarrollo productivo y la integración de distintas regiones de nuestro interior bonaerense. En materia hidráulica, pese a la paralización de Nación de la parte que le corresponde, seguimos ejecutando el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado. También continuamos con obras en la cuenca del Río Luján, el Reconquista, el plan hídrico de La Plata, los desagües en la cuenca del arroyo Duppy y desagües San francisco las piedras, el nodo Bragado, la presa del arroyo Pergamino entre muchas otras. A un año de la tragedia ocurrida en Bahía Blanca, estamos comenzando con la obra integral del Canal Maldonado y la cuenca con financiamiento íntegramente provincial.
En un hecho sin precedentes, el Gobierno nacional paralizó más de 1.000 obras y 16.000 viviendas en la Provincia. Mientras tanto nosotros seguimos avanzando con la construcción de infraestructura que genera trabajo, integración y desarrollo como las obras que traen energía para San Pedro y Chivilcoy, la autovía en la ruta provincial 11, el mejoramiento integral del camino de cintura, la puesta en valor de la rambla de Mar del Plata, la restauración integral del Teatro del Lago acá en La Plata, las obras de viviendas en toda la provincia y de urbanización en barrio populares, entre muchas otras.
El desarrollo y el arraigo también requieren el acceso de las regiones a la educación universitaria. A través del Programa Puentes, ya inauguramos 48 nuevos centros, llegando a 80 municipios con 344 carreras universitarias.
Ninguna región puede lograr el arraigo y aspirar al desarrollo si no hay trabajo y actividad económica. Por eso impulsamos la agregación de valor en origen, apoyando experiencias privadas y cooperativas de diversas actividades. Con el programa de financiamiento de frigoríficos municipales incorporamos 9 nuevos establecimientos, lo cual genera empleo local y mejora la rentabilidad del productor, reduciendo costos de flete. Para fortalecer el vínculo entre producción y consumo desarrollamos Mercados Bonaerenses, con más de 40.000 ferias en 123 municipios, acortando cadenas de comercialización y mejorando precios tanto para productores como para consumidores.
El financiamiento es otra de las herramientas necesarias para promover un desarrollo más equilibrado y federal. Desde el Banco Provincia, otorgamos 3,4 millones de créditos a empresas y 1,2 millones a personas. A través de PROCAMPO, el Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Agrario otorgaron más de $3,22 billones en créditos a más de 10.700 empresas, además del acompañamiento directo a más de 6.000 productores. Por su parte, la Cuenta DNI se acerca ya a los 11 millones de usuarios, convirtiéndose en una herramienta clave para sostener consumo y actividad.
El equilibrio macroeconómico no significa recortar por recortar. Es necesario lograr que todas las regiones de una Provincia o de un país puedan crecer. Trabajamos por un desarrollo que no concentre, que no abandone, que no excluya, y que cada región tenga derecho al futuro.
Hay otro camino
El actual escenario económico y político se agrava de forma acelerada por los efectos desintegradores del modelo económico que está aplicando el Gobierno Nacional. Por más esfuerzo que hagamos desde el Gobierno Provincial, actuando como escudo y red, la verdad es que no alcanza. No hay soluciones provinciales para una crisis nacional, ni tampoco una solución provincial para evitar el destino al que nos conduce este rumbo económico si continua durante 6 años más. Ninguna provincia se salva si el país se hunde; ningún sector se salva si la mayoría se hunde. No existe una “isla” que prospere en un país que se desintegra. Ninguna política provincial o municipal es capaz de frenar la destrucción del tejido industrial – y del entramado social que se articula en torno a él – que se está produciendo en todo el país de forma deliberada.
Asimismo, todas las Provincias enfrentamos un desafío común: el ataque al federalismo. Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que recorta transferencias a las provincias, que paraliza obras públicas estratégicas en todas las regiones del país, un gobierno nacional que centraliza decisiones fiscales y que se vincula con las provincias a través de la extorsión.
El federalismo que tenemos que recuperar no significa fragmentación, ni mucho menos “que cada uno se salva solo”. El federalismo es una forma de construir unidad nacional respetando la dignidad de cada región, una forma soberana y justa de integrar partes diversas en un todo, pero sin someter a nadie. Surgió de la convicción de que la Nación no podía edificarse sobre la subordinación permanente del interior a un centro concentrador de recursos y decisiones.
Frente a este Gobierno “Nacional” hace falta sumar fuerzas. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas. Invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma.
Sin embargo, debemos asumir otro dato de la realidad. Pese a pasarla mal, muchos argentinos no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme. La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir “no a esta política, no a Milei”. Es evidente que tampoco se trata solamente de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia. El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional.
Esa alternativa que tenemos que construir no puede estar basada en la nostalgia ni mucho menos en el odio. Al odio no le tenemos que responder con odio, ni al caos con más caos. Esta alternativa debe ser capaz de despertar alivio y esperanza.
Escucho muchas veces decir: “esto era inevitable”, “esto es lo que había que hacer”. Esa es una perversa mentira que tenemos que desmantelar. El sufrimiento no es necesario para crecer. Esto no es inevitable, no es una tragedia natural, no es un terremoto. El origen de este industricidio, de la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la clase media y de que la plata no alcance está en las decisiones políticas de Milei. En consecuencia, no estamos condenados a esta pesadilla. HAY OTRO CAMINO.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/RLV_1887-scaled.jpg17072560pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-03-04 15:48:572026-03-04 16:08:21Hay otro camino
1.El gobierno de Javier Milei presenta su proyecto de “modernización laboral” como una reforma necesaria. ¿Qué propone concretamente esa iniciativa, qué efectos podría tener sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales, y qué objetivos políticos y económicos persigue?
El gobierno de Milei es, en términos económicos, el representante de los grupos concentrados de la economía mundial y, en términos políticos, actúa como administrador de la entrega de la soberanía y de los recursos naturales a cambio del capital necesario para subsistir.
Muchas veces, cuando se hacen este tipo de descripciones, nos dicen que estamos anclados en el pasado o que se trata de un discurso viejo. Sin embargo, el problema es justamente ese: la fórmula es vieja y el método que impulsa este gobierno ya se puso en práctica. Y cuando se aplicó, generó un proceso de industricidio, con millones de trabajadores en la calle y miles de familias por debajo de la línea de pobreza. Esto ya ocurrió en nuestro país y los indicios actuales nos permiten anticipar que nos encaminamos hacia un nuevo 2001.
Al cumplirse dos años del gobierno de extrema derecha de Javier Milei, se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo formales. Y esto no es una planilla de Excel: son padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas que se quedan sin trabajo o que ya no llegan a fin de mes.
Sin ir más lejos, hoy sucede que cuando una trabajadora o un trabajador se presenta a un empleo ya no pregunta qué categoría le corresponde, qué salario va a cobrar o cuántas horas por día va a trabajar, porque la prioridad pasa a ser llevar un plato de comida a la casa. Ya existe una fuerte flexibilización laboral de hecho, que con la eventual aplicación de esta iniciativa no haría más que profundizarse.
2.Más allá de lo técnico, ¿qué modelo de sociedad y de relaciones laborales entraña esta reforma? ¿Qué tipo de país se construye cuando el trabajo es concebido como un costo a reducir y no como un derecho a proteger?
La situación laboral en la Argentina es crítica y la coyuntura actual profundiza la flexibilización del trabajo. Hoy resulta engañosa la forma en que se mide el desempleo: cuando se consulta a la gente si trabajó durante la última semana, la respuesta suele ser afirmativa, aunque en realidad se haya tratado de apenas unas horas en alguna aplicación o de una changa ocasional, situaciones que poco tienen que ver con el trabajo genuino y de calidad que promovemos desde el gobierno de Axel Kicillof y desde el peronismo a lo largo de la historia.
Estamos atravesando el momento de mayor retracción de los últimos 41 años de democracia, con derechos individuales y colectivos vulnerados por un gobierno de rasgos cuasi autoritarios y con una incidencia explícita de los Estados Unidos sobre la soberanía económica del país.
Hoy se habla de modernización laboral mientras se propone una jornada de trabajo de hasta 13 horas. No hay nada de moderno en esa iniciativa, como tampoco lo hay en intentar manotear la caja de los jubilados para financiarse, avanzar en retrocesos fiscales o impulsar una veintena de artículos que atentan directamente contra derechos esenciales de las y los trabajadores.
3.Frente a este avance, ¿qué rol debe asumir el peronismo —en el plano sindical, parlamentario y territorial— y cómo explicarle con claridad a las trabajadoras y los trabajadores cuáles son las consecuencias reales de esta reforma en su vida cotidiana?
En primer lugar, no creo que haya que “explicarle” a los trabajadores nada. Lo entienden perfectamente y son los que están todo el día en la calle, rompiéndose el lomo para llevar un plato de comida a la casa. No hay que subestimar al pueblo trabajador, hay que estar cerca. Porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta a las preguntas que nos hacemos cuando pensamos en una reforma laboral.
Por otro lado, parte de esta realidad es también consecuencia de lo que hemos hecho los peronistas; es cierto, con un poder mediático y judicial muy fuerte, actuando como adversario político. Debemos dejar de ser el Partido Peronista de los militantes para transformarnos en el Movimiento Peronista del Pueblo Trabajador.
Allí emerge la figura de Axel Kicillof, que debe gestionar todos los días para los bonaerenses y, al mismo tiempo, tolerar que hablen de corrupción o ineficiencia del Estado quienes a la vista de todos se roban la plata de los jubilados, de las personas con discapacidad y de los hospitales. Mienten e intentan encubrir bajo el concepto de “eficiencia” una reforma laboral que pretende volver a un pasado donde el trabajador era explotado y reprimido si se le ocurría protestar.
Pero acá estamos los Peronistas para revertir esa situación a fuerza de trabajo, de unidad, de debate y, fundamentalmente, a fuerza de una visión del mundo renovada donde no tiremos todo por la borda simplemente porque nos lo dice a los gritos el Presidente, en medio de insultos y descalificaciones; sino que avancemos defendiendo los derechos adquiridos, con educación, trabajo y producción.
4.Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se habla de “otro camino”. ¿Qué alternativas concretas se están explorando e implementando como contrapunto a esta reforma?
Alternativas concretas son muchas y muy variadas. Y es importante entender que esta ingeniería económica que encabeza el gobernador Kicillof en la Provincia está destinada a amortiguar los efectos de las medidas que arbitrariamente impone el Gobierno “Nacional”. Cuando Milei restringe el dinero que debe girar a las Provincias, no entiende —o mejor dicho, sí entiende y decide avanzar de todas formas— que el impacto lo sufre más que nadie el pueblo trabajador y los vecinos de los 135 municipios provinciales.
Por otro lado, en lo que respecta a la gestión, cada Ministerio está impulsando proyectos destinados a fortalecer la economía de los hogares y a proteger los derechos ya adquiridos por los trabajadores.
En este sentido, a comienzos de año, en la apertura de la Asamblea Legislativa el Gobernador presentó un proyecto que impulsamos desde el Ministerio de Trabajo: el ICLOP. Una instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial para dirimir reclamos laborales individuales ypluriindividuales antes de que se inicie la demanda judicial. De esta manera se evitan los juicios y se da intervención a mediadores tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Justicia para llegar a un acuerdo.
Con esta iniciativa, disminuyen sustancialmente los juicios, se agilizan los acuerdos y se termina ese cuello de botella que hoy se encuentra en la justicia laboral que no hace más que perjudicar al trabajador, que ante un fallo favorable cobra un monto mínimo, diez o quince años después de la sentencia. Es fácil hablar de la industria del juicio y en función de eso extirpar derechos laborales elementales. De esta manera, atendemos la problemática con una solución constructiva que no afecta al trabajador.
Al mismo tiempo, atentos a este cambio de paradigma que se está dando en el mundo del trabajo, estamos impulsando un proyecto vinculado al trabajo de plataformas que se elaboró a partir de las recomendaciones de la OIT y ya fue presentado con gran aceptación. Esta nueva modalidad de trabajo debe ser regulada y requiere de una inmediata intervención del Estado para regular y proteger la actividad, en pos de garantizar las condiciones de salud, seguridad y registración laboral de las trabajadoras y los trabajadores.
Se viene hablando de la problemática que se genera en torno a esta modalidad de trabajo, pero se mira para otro lado para no afectar intereses empresariales. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires es la primera en avanzar en un proyecto concreto, real y realizable en lo inmediato. Un proyecto que impulsa medidas de carácter no punitivo y propone un acercamiento real a los trabajadores y trabajadoras para garantizar una adecuada registración laboral.
Paralelamente, trabajamos desde el Ministerio de Trabajo con 366 Centros de Formación Laboral activos, donde se forman trabajadoras y trabajadores en torno a las necesidades industriales de cada región del país. El año pasado, egresaron de los Centros 82.000 trabajadores y trabajadoras y este año la cifra será mayor.
5.¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina y, si lo es, qué lineamientos debería tener una reforma orientada a ampliar derechos, incorporar nuevos sectores como el trabajo en plataformas y fortalecer un modelo de desarrollo con inclusión?
Estamos en un momento en el que se ha perdido el horizonte, se ha desestimado el factor humano y se repite una consigna común, fomentada por el establishment: “hay que terminar con 80 años de peronismo”. Una gran falacia que propone volver a épocas preperonistas, cuando no existían las vacaciones, el aguinaldo, el derecho a huelga, las paritarias ni las obras sociales, entre muchas otras conquistas históricas.
Por eso, claro que hace falta una reforma laboral, pero una reforma verdaderamente moderna. En el mundo, la jornada laboral tiende a reducirse, bajo la premisa de que se puede producir lo mismo en menos horas si los trabajadores cuentan con tiempo para la vida familiar, para desarrollar otras habilidades o perfeccionarse en su oficio. Está comprobado que la reducción de la jornada mejora la productividad, protege la salud y eleva la calidad de vida. Sin embargo, en la Argentina el debate se orienta en sentido contrario: hacia el aumento de una jornada que ya es de 48 horas semanales, una de las más exigentes del mundo.
La gran apuesta de una reforma laboral debería ser la incorporación de las y los trabajadores a la economía formal. Es necesario blanquear la economía, terminar con la timba financiera y volver a un modelo productivo centrado en la producción nacional, que fortalezca nuestra soberanía y defienda los recursos naturales.
Al mismo tiempo, este proceso debe impulsarse en función de las nuevas demandas sociales y de las transformaciones tecnológicas. La inteligencia artificial y la robótica deben pensarse como herramientas para la producción y la sustitución de importaciones. Hoy vemos que la variable central ya no es solo la obtención de ingresos, sino también el tiempo libre y el tiempo útil; eso también debe ser atendido. Puede parecer utópico, pero es una realidad. No se puede pensar una reforma laboral que deje afuera a los trabajadores y beneficie de manera arcaica a los empresarios, que siempre estarán dispuestos a ganar más.
Hay muchos puntos para debatir sobre esta reforma, y esa es la cuestión: una verdadera reforma laboral, social y política es aquella que se anima al debate abierto y a la construcción de consensos, con toda la sociedad política y la sociedad civil sentadas alrededor de la misma mesa. No se impone a puertas cerradas ni se decide entre pocos, como pretende este gobierno.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Image-2025-07-08-at-14.22.44-2.jpeg10661600pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-01-23 13:00:192026-01-23 13:00:19El trabajo del futuro también necesita derechos
1.¿Qué propone concretamente la reforma laboral del Gobierno de Milei, qué efectos podría tener sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales, y qué objetivos políticos y económicos persigue?
El proyecto abre la puerta al fraude laboral en varios frentes. Trabajos que hoy son claramente dependientes pasan a disfrazarse de “autónomos”. A diferencia de la legislación actual —en la que, si una persona trabaja para otra bajo instrucciones y recibe un pago, se presume la existencia de una relación laboral—, la reforma establece que, si existen facturas o recibos emitidos como autónomo, esa presunción desaparece.
A su vez, modifica un criterio histórico de interpretación del derecho laboral: ante la duda, se interpreta a favor del trabajador, especialmente en materia probatoria. La reforma elimina esa duda probatoria y reduce significativamente este principio, privando al trabajador de una herramienta clave para su defensa.
En materia salarial, la ofensiva es múltiple: se otorgan a las patronales mayores facilidades para tercerizar y fragmentar empresas y así evitar convenios; se amplían los conceptos “no remunerativos” —como almuerzos, viáticos o gastos de salud—, que no cuentan como salario ni se consideran para el cálculo de la indemnización; y se aplica el artilugio de los llamados “salarios dinámicos”, reemplazando el derecho a igual remuneración por igual tarea por pagos por productividad, mérito o premios al antojo patronal.
Como si esto fuera poco, la indemnización por despido se abarata y pierde su función principal: disuadir al empleador de despedir. Pero, además, esto traerá un perjuicio para la recaudación. A través del denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, el Estado terminará financiando los despidos de empresas privadas con recursos equivalentes al 3 % de los salarios que hoy se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pasamos de un Estado que financia sueldos y jubilaciones a uno que financia despidos.
¿Y las vacaciones? Afuera. El proyecto flexibiliza este derecho constitucionalmente protegido (artículo 14 bis de la Constitución Nacional, descanso) al permitir que el empleador las fraccione según sus necesidades. El banco de horas, en cambio, adentro: se flexibiliza la jornada laboral al permitir trabajar más horas un día y compensarlas otro, sin pago adicional.
A estas pérdidas de derechos individuales de cada trabajador hay que agregar el ataque de esta reforma al derecho colectivo, objetivo central de la restauración de poder. El proyecto reduce a su mínima expresión el derecho a huelga, reduce la ultra-actividad y muchos compromisos de los convenios desaparecen al vencer, lo que debilita la continuidad del acuerdo y fortalece la posición del empleador en la negociación, debilita la protección sindical eliminando tutelas sindicales y restringe las asambleas sindicales.
En síntesis, el proyecto no es otra cosa que el DNU 70 reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Su inconstitucionalidad manifiesta provocará más litigiosidad judicial, no menos. Pero sobre todas las cosas, hay que destacar qué efecto no tendrá de convertirse en Ley: ni de casualidad va a crear empleo registrado. Ninguna reforma laboral detendrá el tsunami de cierres de empresas y despidos que está provocando la política económica de Milei, Caputo y el Tesoro norteamericano.
2.¿Qué modelo de sociedad y de relaciones laborales entraña esta reforma? ¿Qué tipo de país se construye cuando el trabajo es concebido como un costo a reducir y no como un derecho a proteger?
El principal error al analizar esta reforma es perder de vista su propósito central, que no es únicamente reducir el costo salarial —ya ubicado en niveles históricamente bajos—. El objetivo de fondo es disciplinar a los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, para volver a una Argentina donde impere, sin atenuantes, la voluntad del más fuerte.
Exposición en el plenario de Trabajo y Presupuesto. Diciembre 2025.
Sólo mediante la destrucción del movimiento sindical y del peronismo como proyecto de país productivo e integrado socialmente podrán entronizar el “modelo peruano” que sinceró como norte el Ministro de Economía, Luis Caputo. En ese modelo no hay empleo registrado, ni industria, ni jubilaciones, ni igualdad. Ni siquiera se mide la desocupación en un contexto de 80 por ciento de informalidad laboral.
No es ese esquema el que va a generar más trabajo. Por el contrario, sólo va a haber más y mejor empleo, con buenos salarios e integración social, a partir de políticas industriales, desarrollo técnico-científico y tributación progresiva. Políticas que fortalezcan el mercado interno y generen valor agregado, en lugar de regalar nuestras materias primas como una semicolonia.
3.Frente a este avance, ¿qué rol debe asumir el peronismo —en el plano sindical, parlamentario y territorial— y cómo explicarle con claridad a las trabajadoras y los trabajadores cuáles son las consecuencias reales de esta reforma en su vida cotidiana?
Por un lado, tenemos que hablarle a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, con una propuesta de transformación de las leyes laborales que amplíe derechos frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Hay proyectos que ya existen y tienen que ver con debates actuales que se dan en todo el mundo, como regular la economía de plataformas, la igualdad de género, reducción de la carga horaria, etcétera. La tarea es clara: reconstruir un modelo de país con desarrollo autónomo, valor agregado a partir de la industria y sobre todo con una perspectiva soberana.
Marcha contra la reforma laboral. Diciembre 2025.
En el camino hacia esa reconstrucción, la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel constituyen un modelo antagónico a la entrega de Milei. Antagónico a ese extractivismo que no genera prácticamente ningún puesto de trabajo. Ahora, es necesario unir todas las fuerzas antagónicas posibles para rechazar las reformas retrógradas del gobierno nacional. Para ello, la unidad opositora que se logre en el parlamento tiene que ser acompañada, potenciada e impulsada por la movilización en unidad en las calles de todo el país.
4. ¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina y, si lo es, qué lineamientos debería tener una reforma orientada a ampliar derechos, incorporar nuevos sectores como el trabajo en plataformas y fortalecer un modelo de desarrollo con inclusión?
Lo que resulta necesario es transformar las leyes que regulan el empleo en función de los avances tecnológicos, los cambios en la organización de la vida familiar y las nuevas necesidades de la clase trabajadora.
En ese marco, los proyectos que hoy se discuten proponen reconocer derechos para los trabajadores de plataformas —como salario mínimo, licencias y cuidados—, avanzar en licencias por nacimiento y cuidado con equidad de género, promover la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, crear comités mixtos de salud laboral y prevenir el acoso en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, plantean aprovechar los avances tecnológicos para reducir la carga y la jornada laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital y avanzar hacia una mayor soberanía del tiempo de trabajo.
Estos cambios no son rémoras del pasado, sino los debates que se están dando en muchas regiones del mundo. Un mapa mundial consigna unas 53 reformas laborales en casi 30 países de los cinco continentes. Todas van en el sentido de mejorar las condiciones laborales, regular a las compañías de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada y garantizar equidad de género. En un mundo que discute cómo avanzar, este gobierno nacional propone retroceder.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/01/hugo-yaski-1.jpg8001200pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-01-23 12:56:232026-01-23 12:56:23El sueño de borrar al sindicalismo
¿Por qué la “modernización” de Milei va a contramano del mundo del trabajo?
Desde hace décadas, cada vez que los gobiernos impulsan reformas regresivas del trabajo, recurren a la misma palabra fetiche: modernización. Bajo ese rótulo se han justificado recortes de derechos, debilitamiento de sindicatos y transferencia de riesgos desde las empresas hacia los trabajadores. La pregunta clave no es si el mundo del trabajo debe cambiar —nadie lo niega— sino en qué dirección y para beneficio de quién.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei se presenta como una adaptación inevitable a los “nuevos tiempos”. Sin embargo, cuando se lo coloca en perspectiva regional y global, queda claro que no dialoga con las discusiones más avanzadas del capitalismo contemporáneo, sino que recupera recetas antiguas —ya ensayadas y ampliamente cuestionadas— que profundizan la desigualdad, la informalidad y la baja generalizada de los salarios.
Hoy la conversación global se está reordenando alrededor de un consenso creciente: no hay transición tecnológica ni estabilidad macro que se sostenga con salarios de pobreza, desprotección social y negociación colectiva erosionada. En otras palabras: el futuro del trabajo no se está construyendo “abaratando” derechos, sino ampliándolos, adaptándolos y haciéndolos exigibles.
¿Qué discute hoy el mundo del trabajo y por qué la propuesta de Milei se aparta de esas tendencias?
A nivel global, el debate laboral no gira en torno a menos derechos, sino en cómo reconstruir protección y poder de negociación en un capitalismo transformado por la digitalización, la financiarización y la fragmentación productiva. Esto no lo dicen solo los sindicatos: lo expresa la propia arquitectura del multilateralismo laboral.
Plataformas: el mundo avanza hacia nuevas normas internacionales
La señal más contundente de la época es que la OIT ya activó un proceso formal de creación de estándares internacionales sobre trabajo en plataformas. En la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2025) se llevó a cabo la primera discusión de un ítem de “standard-setting” sobre trabajo decente en la economía de plataformas, bajo un procedimiento de doble discusión (2025 y 2026).
Este proceso no existe para “flexibilizar”: existe porque la realidad de las plataformas (subordinación algorítmica, opacidad de datos, clasificación laboral litigiosa, asimetrías de poder) exige una actualización de reglas. Organizaciones sindicales globales han saludado el avance como un paso histórico para cerrar vacíos de protección en el corazón del nuevo capitalismo digital.
Dicho de otro modo: mientras el gobierno argentino pretende vender como modernidad una reforma centrada en debilitar el derecho laborale invisibilizar al trabajador de plataforma como contratista, el mundo multilateral del trabajo se mueve —con tensiones y disputas, sí— hacia elevar pisos de derechos en los sectores más precarizados e innovadores.
Salarios vitales: el debate global se desplaza del “mínimo” al “suficiente”
En paralelo, la OIT dio un paso sustantivo en salarios vitales. En febrero de 2024, su Encuentro de Expertos Sobre Políticas Salariales, ámbito tripartito con representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, consensuó conclusiones y una orientación de política pública: definir, estimar y promover salarios vitales con métodos robustos, con datos basados en la evidencia y con instituciones de fijación salarial (dialogo social, salario mínimo estatutario y negociación colectiva) como engranajes centrales.
Este giro es decisivo para desmontar una narrativa peligrosa: la de que “para crear empleo” hay que abaratar salarios o relativizar pisos normativos. La OIT está diciendo lo contrario: hay que discutir adecuación salarial, suficiencia y mecanismos institucionales para que la productividad se traduzca en bienestar —no en concentración.
¿Qué hace Milei? Retroceder el reloj institucional
No es necesario ir artículo por artículo de los 197 que constituyen una especie de lista de supermercado con los deseos de empresarios, algunas inclusive contradictorias, en que la única coherencia interna es el disciplinamiento laboral y el traslado de los costos a la sociedad en su conjunto, para darse cuenta de que son propuestas viejas, muy viejas, casi de comienzos del siglo XX, antes de la creación de la OIT en 1919.
La propuesta del gobierno argentino va en sentido opuesto a estas nuevas tendencias:
-En vez de fortalecer instituciones para gobernar la transición tecnológica, propone una regresión institucional.
-En vez de extender protección a nuevas formas de empleo, impulsa la “deslaborización”, la individualización de la relación laboral y un debilitamiento del rol sindical.
-En vez de conectar salarios con suficiencia y desarrollo, reinstala la idea de que el problema de Argentina son los “costos laborales” y las supuestas rigideces del sistema, no la estructura productiva, la evasión, la informalidad empresarial o la restricción externa.
Esto no es modernización: es restauración conservadora.
América Latina y el mundo: experiencias recientes de verdadera modernización laboral
Lejos del discurso desregulador, muchas experiencias recientes muestran que la modernización real pasa por más Estado, más negociación colectiva y más formalización, no por menos.
La lección internacional: regular el cambio, no desproteger al trabajador
Europa y varios países de la OCDE llevan años reequilibrando, con distintas intensidades, los excesos de etapas de “flexibilización” que ampliaron la precariedad sin generar un salto sostenible de productividad. El propio hecho de que la OIT haya abierto una vía para un Convenio y una Recomendación sobre plataformas expresa una lectura común: el capitalismo digital, sin reglas, deriva en competencia por degradación (race to the bottom) y en informalidad sofisticada.
América Latina: formalización y diálogo social como infraestructura institucional
En la región, las trayectorias más sólidas muestran un punto: formalizar no es bajar derechos, es construir capacidad estatal, fiscalización e incentivos productivos, y reforzar la negociación colectiva como canal de productividad y gobernabilidad. El aprendizaje regional es que donde se erosiona el poder sindical y se pulveriza la institucionalidad laboral, crecen la rotación, el subempleo y la informalidad, y se deterioran los salarios reales.
Claudia Sheinbaum anuncia la reforma a la jornada laboral y el salario mínimo. Diciembre 2025.
Gustavo Petro, Presidente de Colombia, anuncia la reducción de la jornada laboral a 42 h. Enero 2026
Salario vital: aprendizaje político clave
Un aporte adicional de la agenda de salarios vitales es que desplaza el debate de “lo mínimo legal” a “lo necesario para vivir con dignidad”. Esa discusión está ganando centralidad en coaliciones internacionales y en foros sindicales globales. La propia Confederacion Sindical Internacional trabaja el puente entre salario mínimo adecuado, negociación colectiva y salario vital, enfatizando convergencias incrementales y anclaje institucional.
¿Qué reformas laborales sí contribuyen al desarrollo, la productividad y el empleo digno?
La evidencia internacional muestra que las reformas laborales que funcionan comparten algunos rasgos estructurales: coordinan incentivos, reducen precariedad improductiva y elevan la demanda interna. En el corazón de esas reformas hay tres piezas: instituciones salariales, negociación colectiva y protección social.
Salarios vitales como brújula de desarrollo
La agenda de salarios vitales de la OIT no es un gesto retórico: implica un marco para discutir adecuación, metodologías de estimación y rol de políticas públicas.
Cuando el salario no alcanza para reproducir la vida, se multiplican los costos sociales: endeudamiento de hogares, informalidad por necesidad, deterioro de salud, caída de consumo y conflictividad. A la larga, eso es un freno a la productividad: un trabajador con salario insuficiente y sin horizonte no es “más eficiente”; es más vulnerable.
Negociación colectiva fuerte y coordinada
Los países con mayor productividad y menor desigualdad tienen alta cobertura de negociación colectiva, incluso cuando la afiliación sindical es menor. La negociación sectorial coordina salarios, reduce competencia a la baja y mejora la planificación empresarial. Es una institución de eficiencia macro: evita que la “competitividad” se convierta en guerra salarial.
Estado activo y diálogo social
El Estado no desaparece: planifica, orquesta, regula y arbitra. Las reformas exitosas se construyen con sindicatos y empleadores, no contra ellos. La OIT —y la discusión de estándares de plataformas lo ejemplifica— vuelve a poner el diálogo social en el centro de la gobernanza laboral del siglo XXI.
Informalidad y plataformas: regular para ampliar derechos, no para legitimar la desprotección
Uno de los argumentos centrales del discurso oficial es que los derechos laborales “expulsan” trabajadores a la informalidad. La evidencia —y la lógica productiva— muestran lo contrario.
Informalidad: un problema estructural, no normativo
La informalidad, en general, pero mas en particular el trabajo no declarado, no surge porque existan derechos, sino por:
– estructuras productivas de baja productividad;
– evasión y elusión empresaria;
– falta de fiscalización y de incentivos correctos;
– segmentación territorial y sectorial;
– cadenas de subcontratación que externalizan riesgos.
– Reducir derechos no formaliza: precariza también al empleo formal y desplaza la frontera hacia abajo.
Plataformas: la OIT abre el camino para un Convenio y una Recomendación
En este punto, la discusión OIT es particularmente relevante para Argentina. La OIT tiene en marcha una doble discusión (2025–2026) para definir estándares internacionales sobre trabajo decente en plataformas, lo cual confirma que la respuesta global no es negar la tecnología, sino regularla con derechos.
En términos prácticos, la agenda internacional está centrada en: clasificación laboral y protección contra la falsa autonomía; remuneración y transparencia; seguridad y salud; protección social; y la gobernanza de datos y gestión algorítmica. La sola existencia de esa agenda desmiente el enfoque “desregulador” como supuesto requisito de modernidad.
Por qué la informalidad no se resuelve quitando derechos
Porque la informalidad es, en esencia, una forma de organización del poder económico: un mecanismo para transferir riesgos hacia el trabajador. La salida progresista y sindical es exactamente la inversa: ampliar derechos y adaptarlos:
-derechos laborales portables donde corresponda;
-cobertura efectiva de seguridad social;
-negociación colectiva por rama y por cadena de valor;
-fiscalización inteligente (incluida la dimensión digital);
-y un enfoque de salarios suficientes (salario mínimo vital adecuado + negociación) como columna vertebral de formalización.
-En esa dirección se ubican los debates internacionales serios. La reforma de Milei se ubica en la dirección contraria: busca legalizar el desplazamiento de riesgos hacia abajo y normalizar salarios de pobreza bajo el relato de “competitividad”.
Conclusión: modernizar es elevar pisos de derechos y gobernar la transición
El conflicto entre capital y trabajo no desaparece por decreto. La historia muestra que cuando se lo intenta suprimir mediante desregulación y miedo, reaparece de formas más violentas y desestabilizadoras.
La señal del mundo hoy es inequívoca:
-OIT: proceso hacia estándares sobre plataformas (2025–2026).
-OIT: consenso tripartito y hoja de ruta sobre salarios vitales (Meeting of Experts 2024).
-Movimiento sindical global: convergencia estratégica desde “mínimo” hacia “vital”, con negociación colectiva como motor.
-Reconocimiento de derecho al empleo en economías mediadas por plataformas en Gran Bretaña, España, Australia, Nueva Zelanda, entre otros.
Con ese telón de fondo, llamar “modernización” a una reforma que debilita el derecho del trabajo no es un error técnico: es una operación política. La modernización que necesita Argentina es la que fortalezca el empleo formal, eleve salarios, amplíe derechos y democratice las relaciones laborales. Todo lo demás es ajuste social con otro nombre.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2026/01/autor1.png6791025pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2026-01-23 12:59:442026-01-23 21:42:11La reforma laboral en perspectiva global: un corso a contramano
MDF:Desde el oficialismo se sostiene que la legislación laboral vigente es demasiado antigua y que frena la creación de empleo y el crecimiento económico. ¿Qué tan cierto es ese diagnóstico y qué efectos podría tener una flexibilización en términos de empleo, derechos y salarios?
Hugo Moyano: En primer lugar, no es la legislación laboral la que crea o destruye empleo, sino las políticas macroeconómicas; lo que sí puede hacer la norma laboral es distribuir con mayor o menor equidad y justicia el empleo y la riqueza existente. Los puestos de trabajo no se crean por ley: la generación de empleo se relaciona con un modelo de país con crecimiento, producción y desarrollo. El Dr. Héctor Recalde, parafraseando a Clinton, hubiese dicho una vez más: “es la economía, estúpido…”.
En nuestro país, este es un dato que puede verificarse a través de la historia. Los períodos de mayor flexibilidad normativa coincidieron con los años en que se registró la mayor destrucción de puestos de trabajo. En los años ’90 el discurso era casi idéntico: “flexibilización”, “desregulación”, “modernización”, “inserción en el mundo”. Aparecieron los contratos basura, la Ley de Empleo, los intentos de que las homologaciones admitieran solo subas salariales que se acordaran por productividad, como preveía el decreto 1334/91, etc.; pero también llegaron las privatizaciones, el desguace del Estado y, como en la actualidad, se aplicó una política de apertura indiscriminada de las importaciones, mientras manteníamos relaciones carnales con Estados Unidos y el FMI. La Argentina alcanzó por primera vez dos dígitos en su tasa de desocupación. En mayo de 1995 la tasa de desempleo se ubicó en un 18,4%.
Durante el gobierno de De la Rúa no fue distinto. En mayo de 2000 tuvimos la sanción de la ley 25.250, recordada tristemente como la “Ley Banelco”, que, al igual que la Ley Bases, extendía el período de prueba y, además, otorgaba prevalencia a la negociación colectiva en el nivel de empresa por sobre la negociación por actividad, tal cual preanuncia con sus reformas el gobierno de Milei.
De la Rúa dejó el gobierno en diciembre de 2001 con una tasa de desocupación del 18% y el trabajo informal en el 38%. Para el tercer trimestre de 2003 el desempleo llegó a superar el 22% y la informalidad afectaba al 49,7%. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2015 esta se ubicó en el 33,1%.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, en marzo de 2004, se derogó la Ley Banelco mediante la ley 25.877, recogiendo un reclamo de la CGT. Desde 2003 en adelante la negociación colectiva creció significativamente, y el salario se incrementó en términos reales; cayó la desocupación y también la informalidad.
Quienes se limitan a decir que la legislación laboral es demasiado antigua pasan por alto que, durante el período post convertibilidad, el Congreso sancionó unas cuarenta reformas laborales. Que no le guste al gobierno actual el sentido protector de esas reformas, que coincidieron con el crecimiento del empleo privado, es otra cosa. El desempleo cayó a un dígito en el año 2007, en un contexto económico muy distinto al actual. Y el hecho de que el Congreso de aquel entonces sancionara leyes tendientes a reforzar la protección del trabajador no fue obstáculo para eso. Todas las reformas flexibilizadoras fracasaron. Ninguna logró disminuir la desocupación ni mejorar la calidad del empleo en nuestro país.
MDF: Uno de los argumentos más repetidos por la derecha para justificar la reforma es que beneficiaría a los trabajadores informales o de plataformas digitales. ¿Qué hay de verdad en esa idea y qué desafíos concretos plantea este nuevo tipo de trabajo para los convenios colectivos y la regulación laboral?
HM: En primer lugar, es necesario aclarar que aún no hay proyecto del oficialismo, y estamos discutiendo acerca de una reforma en función de los anuncios que hicieron distintos funcionarios, con títulos tales como salarios dinámicos, reducción de la base de cálculo para las indemnizaciones, pago de indemnizaciones en cuotas, negociación colectiva priorizando el nivel de empresa por sobre el de actividad, banco de horas sin límites claros más que el descanso diario de 12 horas entre jornada y jornada, etc. No obstante, no caben dudas de cuál va a ser la direccionalidad, más aún considerando lo que efectivamente ha sido el decreto 70/23, cuyo capítulo laboral fue el único declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo a partir de una acción judicial iniciada por la CGT, así como por el contenido de la Ley Bases, o la insistencia en limitar el derecho de huelga mediante el decreto 340/23, también declarado inconstitucional judicialmente, entre otras cuestiones.
Dicho esto, creo que los argumentos son diferentes para la situación de los trabajadores informales y los trabajadores de plataformas digitales. Empezando por los segundos, no se advierte hasta el momento ningún proyecto o anuncio del gobierno para regular este universo, salvo algunos trascendidos de que se los excluiría por completo de la protección de la legislación laboral.
Consideremos que la situación jurídica de estos trabajadores se encuentra en debate a nivel internacional, como ha quedado demostrado en la última Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo celebrada este año, en la que por primera vez se debatió acerca de la necesidad de un Convenio y una Recomendación específicos en la materia. El tema es uno de los que mayores desafíos presenta. Más allá de que quiera llamarse a estos trabajadores emprendedores, colaboradores, microempresarios o repartidores independientes, lo cierto es que, como sostiene nuestra jurisprudencia, no importa la denominación que se pretenda: lo que prima es la realidad para determinar si existe o no relación de dependencia.
Hace casi una década, más precisamente el 28 de octubre de 2016, un tribunal de trabajo de Londres, en el país que podría considerarse la cuna del capitalismo, ya había resuelto, en el conocido caso “Aslam & Farrar v. Uber”, que el trabajo de estos conductores se debe calificar como trabajo dependiente. Desde ese enfoque entiendo que se debe encarar la regulación legal y el tratamiento del tema en la negociación colectiva. Todo ello, por supuesto, considerando las particularidades del caso y la necesidad de una norma específica o una ley especial, como ocurre con las y los trabajadores de casas particulares o tantos otros regulados por estatutos especiales.
Sin dudas, la regulación de los trabajadores de plataformas digitales forma parte de una agenda de “modernización laboral”, a diferencia de lo que hasta ahora se ha anunciado, que nada tiene de moderno, novedoso o innovador, porque vuelve sobre viejas recetas del liberalismo.
Con respecto al trabajo informal, creo que hay un discurso que trabaja permanentemente para convencernos de que es necesario flexibilizar y reducir los derechos de los trabajadores registrados, ya que esa, según este relato, es la herramienta efectiva para incluir a quienes se encuentran en la informalidad. Pero la realidad es que estas reformas invariablemente han demostrado su fracaso para alcanzar ese objetivo.
La sanción de la llamada Ley Bases 27.742, de junio de 2024, tuvo un capítulo destinado al blanqueo, con condonación de deudas y eliminación de las mal denominadas multas (en realidad, indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado). Esas reformas, que se suman a otras como la ampliación del período de prueba, la posibilidad de reemplazar —a través de la negociación colectiva— la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, la creación de la figura del trabajador independiente con colaboradores, etc., en nada han favorecido la registración de trabajadores.
Como resultado del blanqueo laboral de la Ley Bases de Milei, solo se regularizaron 16.703 puestos de trabajo, el 0,3% del total de trabajadores privados registrados. Sin embargo, la tasa de asalariados formales se redujo del 63,9% en el cuarto trimestre de 2024 al 62,3% en el segundo de 2025, mientras la tasa de asalariados informales pasó del 36,1% al 37,7%, según la EPH del INDEC, a pesar de los anuncios del gobierno.
MDF: También se afirma que el peronismo se resiste a los cambios que impone la nueva economía. ¿Cómo responder a esa crítica y qué tipo de transformaciones podrían encararse para actualizar el sistema laboral sin resignar derechos conquistados?
HM: Se trata de una afirmación alejada de la realidad y de la historia. Nadie ignora el impacto de los cambios tecnológicos ni de las transformaciones productivas; pero eso no supone que nos dejemos arrastrar por un discurso netamente ideológico y sin apoyo en ninguna evidencia empírica, que pretende encarar de manera inconstitucional la readaptación del marco normativo que reclaman estos cambios del siglo XXI, como pretende el oficialismo, con políticas y un enfoque propios del siglo XIX.
No creo que la oposición a reformas regresivas, como las contenidas en el decreto 70/23, la ley 27.742 o el DNU 340/25, se traduzca automáticamente en una supuesta resistencia a cualquier tipo de cambio. Por eso es importante no caer en las trampas o en los discursos simplistas que equiparan necesariamente cambios con modernidad. Un cambio también podría implicar regresar al pasado, y muy lejos en el tiempo, por ejemplo, negando algo tan elemental como la justicia social.
En este punto, es imprescindible tener en cuenta que, cuando se habla de adaptación a los cambios en las formas de trabajo, sin lugar a dudas, la norma apropiada, por su dinamismo y especificidad, es el convenio colectivo de trabajo; la ley no podría jamás abordar exhaustivamente la complejidad y diversidad sectorial del mundo laboral.
Quienes se encuentran en condiciones de entender y comprender las particularidades laborales de cada actividad, porque las conocen en profundidad y las viven a diario, son los sujetos sociales que intervienen en la misma: los sindicatos y las representaciones empresariales. La negociación colectiva es la verdadera herramienta que, por su versatilidad y capacidad de reacción, permite adaptarse a los cambios que produce el impacto tecnológico. De hecho, en muchas actividades se han llevado a cabo no solo modificaciones a los convenios colectivos de actividad, sino que se han suscrito distintos convenios colectivos por empresa articulados con los convenios de actividad con ese fin.
El hecho de que un convenio colectivo se haya firmado originalmente, por ejemplo, en el año 1975 no implica que no haya sufrido sucesivas modificaciones. La finalidad que realmente esconde esa chicana es la de terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos en nuestro país, con la consecuencia de que caigan todas las condiciones y derechos que, a través de los años, se han obtenido. Sin perjuicio de todo esto, no podemos negar que la ley también debe establecer nuevos marcos normativos para adaptarse a las nuevas formas de trabajo, por ejemplo —como expresé antes—, en lo relativo a las plataformas digitales o el teletrabajo. En este último supuesto, en el año 2020 se sancionó la ley 27.555, delegando gran parte de su regulación en la negociación colectiva.
En el caso de las plataformas, el cambio es manifiesto, y somos conscientes de la necesidad de contemplar una adaptación normativa. Pero en todo esto, lo que no puede perderse de vista es que lo que no cambió es la necesidad de proteger, frente a la disparidad de la fuerza contractual, a las personas que trabajan.
Hay otras discusiones de gran relevancia que también se plantean en el mundo, como la reducción de la jornada de trabajo. Recordemos que una de las primeras conquistas de los trabajadores ha sido su limitación. El Convenio n.º 1 de la OIT, de 1919, limitó la jornada de trabajo a 8 horas diarias o 48 horas semanales; pero actualmente la tendencia es a reducirla progresivamente. Por ejemplo, en Europa, el promedio de la jornada a tiempo completo es de 40,2 horas. En países como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, las jornadas semanales son inferiores a la de Argentina. En nuestro país, la ley que regula la jornada es la ley 11.544 del año 1929, y su decreto reglamentario 16.115 es del año 1933.
La ampliación y el reconocimiento de licencias parentales también es una tendencia que debe adaptarse. Entiendo que tampoco deben eludirse las discusiones respecto de normas que establezcan regímenes de promoción del trabajo registrado, en particular con relación a microempresas y pymes, como oportunamente planteó la ley 26.940.
MDF: Finalmente, ¿qué desafíos plantea este escenario para la dirigencia sindical y para los bloques peronistas en el Congreso? ¿Qué estrategias deberían desplegar para defender el trabajo con derechos y, al mismo tiempo, repensar la agenda laboral del futuro?
HM: Nos encontramos ante una situación compleja; por eso, más que nunca, cobra relevancia el valor estratégico de la unidad de acción y el impulso de reformas que contemplen y reafirmen la necesaria protección laboral.
Por ello, considero que la estrategia a desplegar debe ser en todos los ámbitos, como ocurrió cuando el gobierno pretendió avanzar con el DNU 70/23, el DNU 340/25 o con un paquete de reformas impulsado principalmente por el diputado Martín Tetaz en la comisión de trabajo.
Sin dudas habrá una estrategia sindical en la que la CGT, junto con las CTA, en unidad de acción, tendrá un rol determinante. Estarán sobre la mesa todas las herramientas históricas que el movimiento obrero ha utilizado para enfrentar ataques contra los trabajadores y contra las organizaciones sindicales.
Será necesaria una estrategia política, pese a la nueva conformación de las Cámaras y a la presión que el gobierno ya ejerce sobre los gobernadores; para ello, será clave tender puentes y dialogar con todas las fuerzas posibles. Y, a su vez, una estrategia cultural, para combatir el discurso falaz que el gobierno instala permanentemente a través de los medios. En este plano, la militancia activa y una comunicación efectiva serán fundamentales.
https://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/11/moyano-2-2.png11201601pedroaraoz1999@gmail.comhttps://movimientoderechoalfuturo.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/Recurso-1.svgpedroaraoz1999@gmail.com2025-11-20 20:54:552025-12-04 19:11:39El viejo truco de la “modernización”
