MDF – ¿Cuáles son los principales lineamientos y prioridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia en este contexto tan complejo? ¿Podrías describir las principales acciones y políticas que despliega el Ministerio, y cómo se diferencian de las que implementaba esta cartera durante la gestión de María Eugenia Vidal?

Walter Correa – Nosotros tenemos bien claro que no hay futuro sin trabajo digno. Por eso, los lineamientos del Ministerio están directamente vinculados con el proyecto de Provincia que plantea Axel: producción, inclusión y derechos. No vinimos a administrar el desastre: vinimos a reconstruir lo que destruyó el macrismo y ahora pretende arrasar el actual gobierno nacional.

Durante la gestión de Vidal, el Ministerio fue una oficina vaciada, desconectada del pueblo trabajador. Hoy lo convertimos en una herramienta de defensa activa de los derechos laborales. Fiscalizamos, mediamos en conflictos, capacitamos y, sobre todo, ponemos al Estado provincial del lado de quienes laburan, no del lado de los poderosos. Ellos cerraron delegaciones en toda la Provincia, mientras que nosotros acercamos el Estado a la gente acercando una dependencia de Trabajo a cada Municipio. Nuestra diferencia no es solo de gestión: es de proyecto de país. Nosotros creemos en el Derecho al Futuro, ellos creen en el mercado como único destino.

Uno de los 7000 cursos que ofrece el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL).

MDF – Axel Kicillof suele decir que la Provincia debe actuar como “escudo y red” frente al ajuste y la deserción del Estado Nacional. ¿Cómo se traduce esa idea en el ámbito del trabajo y los derechos laborales? ¿Qué casos o ejemplos concretos ilustran cómo se protege y acompaña a las y los trabajadores desde la Provincia?

WC – Cuando Axel plantea que la Provincia tiene que ser escudo y red, habla de una convicción profundamente política: que, frente a la retirada del Estado nacional, tiene que haber un Estado provincial que abrace, que sostenga, que cuide.

En el mundo del trabajo eso se traduce en hechos concretos: protegemos el empleo con presencia territorial, fortalecemos el rol de los sindicatos y acompañamos a los sectores más golpeados con herramientas de formación y de inserción laboral. La capacitación del trabajador es también un beneficio para las empresas. Donde el gobierno nacional ajusta, nosotros invertimos. Donde ellos precarizan, nosotros dignificamos. Porque mientras otros discuten cuánto pueden recortar, nosotros estamos pensando cómo garantizar derechos para las generaciones que vienen.

Existe una diferencia en la manera de concebir el mundo. El gobierno Nacional ve en el pueblo a un número, a una cifra. Nosotros entendemos la complejidad del entramado social y sus actores. Son mamás y papás, hermanos, familias enteras que todos los días se levantan para ganarse el pan. Por eso, mientras Milei festeja el ajuste y la motosierra, nosotros hacemos todo lo posible por mantener los puestos de trabajo y generar nuevos. Axel Kicillof no echó a ni un solo trabajador durante su gestión en la Provincia y eso es sencillamente empatía y sensibilidad social.

MDF – En un contexto donde ciertos discursos intentan instalar que los derechos laborales son un obstáculo, ¿cómo se resignifica la defensa del trabajo digno, el sindicalismo y el rol del Estado en la regulación del mundo laboral? ¿Qué respuestas propone el Ministerio frente a esta ofensiva cultural y política?

WC – La idea de que los derechos laborales son un obstáculo es una mentira peligrosa que busca naturalizar el saqueo. Quieren convencer a las pibas y pibes que el futuro es la intemperie, el individualismo, la app sin obra social ni vacaciones. Nosotros decimos que no.

El trabajo no puede ser sinónimo de precariedad. Por eso desde el Ministerio, en línea con el proyecto que pregona el Gobernador Kicillof, proponemos una defensa activa del sindicalismo, impulsamos el acceso a derechos en los sectores más vulnerables y promovemos un nuevo sentido común que reivindique la solidaridad, la organización y el rol del Estado. Esta no es una batalla cultural: es una disputa por el modelo de país.

Ha costado mucho esfuerzo consolidar los derechos laborales que existen en la actualidad y por eso hay que defenderlos. No solo es una cuestión de principios, es, fundamentalmente, la protección de la vida de los trabajadores y trabajadoras. La precarización laboral no solo conlleva un perjuicio económico para el trabajador o la trabajadora. También implica un riesgo para su vida ya que nadie se hace cargo de que se cumplan las medidas que protegen su salud y su seguridad. Por eso es tan importante la presencia del Estado.

MDF – Considerando los acelerados cambios en la sociedad, la economía y el mundo del trabajo, ¿qué mirada propone la Provincia sobre los derechos y las condiciones laborales del futuro?

WC – No tenemos una mirada nostálgica del trabajo, pero tampoco nos comemos el verso de la “nueva economía” sin derechos. El futuro del trabajo no puede ser una zona liberada para la explotación. Tiene que estar atravesado por el conocimiento, sí, pero también por la justicia social, la equidad de género, la sustentabilidad y la organización colectiva. Fundamentalmente, considerando a las franjas más vulnerables de la sociedad. Por eso, hacemos hincapié en la erradicación del trabajo infantil, en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y el colectivo LGBT, en el empleo de personas con discapacidad y en la protección de quienes son el último eslabón de la cadena del trabajo, que son los jubilados.

Desde la Provincia estamos construyendo una agenda de derechos laborales del siglo XXI, que incluya a los trabajadores de la economía digital, a las juventudes, a las mujeres y diversidades, y a todos aquellos que hoy están fuera del radar del mercado. Porque como dice Axel, el Derecho al Futuro no es una utopía: es una urgencia. Y desde el trabajo, lo estamos haciendo realidad.

MDF — El Banco Provincia tiene una historia muy ligada al desarrollo económico y social de la provincia de Buenos Aires y del país. ¿Qué nos podés contar sobre su origen y su rol a lo largo del tiempo? ¿En qué momentos clave creés que fue especialmente importante su presencia como banca pública?

Juan Cuattromo — Banco Provincia nació en 1822 como una iniciativa profundamente ligada al desarrollo de la economía nacional. Además, fue la primera entidad bancaria del país creada con un espíritu productivo y con una razón de ser muy clara: acompañar a los sectores que generan trabajo, producción y valor agregado. A lo largo de su historia, el banco fue un actor clave en momentos muy complejos para la Argentina, como en los últimos años, donde volvió a desempeñar un rol protagónico como banca pública. Entendemos que nuestra aproximación a la gestión del banco tiene “inspiración jauretcheana”. Así lo definió Axel. El Banco Provincia supera 200 años de historia, es el más antiguo en funcionamiento de hispanoamérica, pero no siempre fue un banco público. Recién en 1946, con Mercante como Gobernador y Perón como Presidente se toma la decisión de provincializar la entidad. Allí asumió Arturo Jauretche, poniendo en claro que la gestión de las finanzas desde el Estado tiene como rol y sentido ser soporte de las actividades productivas en el marco de una planificación del desarrollo impulsada desde el Estado.

Casa Matriz del Banco Provincia en La Plata, construida entre 1883 y 1886

En los ‘80, Aldo Ferrer también fue presidente de la entidad.  Lo que distingue al Banco en estas etapas, es que no persigue una lógica de rentabilidad financiera, sino de utilidad pública, ya que su único dueño es el pueblo bonaerense. Por ejemplo, en momentos de elevada rentabilidad de todo el sistema financiero (2022-2023), nosotros optamos por operar con niveles más bajos de ganancia en virtud de realizar una fuerte inversión de beneficios con Cuenta DNI. Esto ayudó a las familias, a los comercios y a la economía bonaerense. Esto lo podrían haber hecho entidades privadas, pero su objetivo es maximizar la ganancia. No es nuestro caso, sin que esto implique una administración poco responsable del patrimonio público. Hoy el banco luce la mayor solvencia financiera de su historia, pero siempre cumpliendo su rol de banca pública. Todo esto se traduce en una banca cercana, con presencia en cada rincón de la provincia, que entiende las necesidades de las familias y de las pymes. Atendemos a más de 10 millones de clientes (más que duplicamos la cantidad de clientes en relación a 2019), tenemos presencia en los 135 municipios y nuestra red de cajeros es la más grande de toda la provincia. Son ejemplos donde la innovación tecnológica se conjuga con la cercanía y el territorio.

MDF — Cuando asumieron la gestión en 2019, ¿con qué Banco Provincia se encontraron? ¿Cuál era la herencia que dejaban los gobiernos anteriores, y qué impronta y propósitos buscaron darle al BAPRO desde el gobierno de Axel Kicillof?

Juan Cuattromo — Cuando nos tocó asumir la conducción de Banco Provincia nos encontramos con un banco desfinanciado, que había sido puesto al servicio de la especulación financiera, con tasas usurarias para las pymes, sin una política clara de inclusión ni de desarrollo territorial. Habían abandonado su rol histórico de banca pública. Doy un ejemplo: en diciembre de 2015, el banco representaba el 12,0% de todo el crédito a la producción. Para fines de 2019, había caído al 7,8%. Desde el primer día de nuestra gestión, junto al gobernador nos propusimos recuperar el verdadero sentido del Banco, que es ser un instrumento al servicio del pueblo bonaerense. Tres ejes guiaron la gestión: desarrollo productivo, innovación y cercanía. Eso implicó reconstruir su capacidad operativa, volver a financiar al sector productivo, implementar políticas activas para las familias y hacerlo siempre con una mirada innovadora y de cercanía.

Todo esto fue posible gracias al trabajo articulado con el resto del gabinete provincial. Como decía antes, nos inspiramos en las mejores tradiciones de la banca pública bonaerense en su historia, pero también trabajamos de forma articulada con bancas de desarrollo de toda América Latina, a través de nuestra participación en la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), organización que nos toca presidir desde este año. Allí colaboramos activamente con el BNDES de Brasil, NAFIN/Bancomext de México o Finagro de Colombia. En nuestro país, también buscamos articular una visión federal para el sistema financiero mediante la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (ABAPPRA), organización que también nos toca presidir desde este año. De este modo, conjugar nuestra historia más potente, con una visión regional y federal es lo que nos pide Axel para pensar una banca de desarrollo en un momento tan complejo de nuestro país y del mundo.

MDF — ¿Cuáles son las principales políticas, acciones y herramientas que lograron poner en marcha en estos años? ¿Qué balance hacés de programas como Cuenta DNI, que tuvo una gran visibilidad?

Juan Cuattromo — Uno de los grandes hitos de esta gestión fue sin duda la creación de Cuenta DNI, la billetera digital gratuita de Banco Provincia que relanzamos y potenciamos al inicio de nuestra primera gestión y que hoy la usan más de 10 millones de personas en todo el territorio bonaerense y más de 150.000 comerciantes. Fue una política pensada para ampliar derechos, democratizar el acceso a servicios financieros y fomentar el consumo en los comercios de barrio. A través de los descuentos mensuales que implementamos, las familias bonaerenses ahorraron miles de millones de pesos y los pequeños negocios vieron crecer sus ventas exponencialmente.

Juan Cuattromo — Hoy en día la app incorporó créditos personales, lo que demuestra el enorme potencial que tiene la banca pública para democratizar el acceso al financiamiento. Pero, además, la billetera digital de la banca pública bonaerense fue el símbolo, durante todos estos años, de una fuerte inversión en digitalización y modernización de la banca pública. Recibimos varios reconocimientos internacionales, el más significativo fue haber reconocido a la Cuenta DNI como la mejor respuesta a nivel global de una institución financiera ante la pandemia. Como decía antes, aquí la idea fue redefinir todo el ecosistema digital del banco (Banca Digital, web y móvil, Cuenta DNI, Cuenta DNI Comercios, Provincia Compras, ProCampo Digital, BIPI 3.0 para el sector público), sin perder de vista la cercanía y la inclusión. Nuestro programa Incluir realiza actividades de capacitación financiera.

En 2025, lanzamos la nueva edición de Rico.En.Data donde esperamos llevar nuestro curso de educación financiera a todos los pibes y pibas de 4to año de la PBA y recorrimos la provincia con nuestra muestra itinerante Incluir en Movimiento. Promovemos activamente la cultura con los Premios Banco Provincia (literatura, pintura, fotografía) y lideramos las nuevas agendas de nuestra sociedad. Fuimos el primer banco del país en crear una Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, creamos un protocolo contra las violencias, creamos también nuestra Comisión de Sostenibilidad y aplicamos modelos de evaluación del riesgo que incorporan dimensiones sociales y ambientales.

MDF — El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suele plantearse como un escudo y una red frente al ajuste nacional. En este marco de ajuste al consumo y ataque al tejido productivo que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, ¿De qué manera el BAPRO actúa como red y sostiene hoy un rol de protección, inclusión y desarrollo?

Juan Cuattromo — Banco Provincia es una parte fundamental de una red de contención que impulsa nuestro gobernador frente al brutal ajuste que están sufriendo los argentinos y las argentinas. Mientras desde el gobierno nacional se recortan programas, se paraliza la obra pública y se abandona a las pymes, nosotros multiplicamos el esfuerzo para sostener el entramado productivo y proteger el poder adquisitivo de las familias. Aquí vale tener presente que nuestra estrategia de funcionar como banco de desarrollo comprometido con la realidad de nuestro pueblo, también implica que este modelo de ajuste nos afecta particularmente dado que nuestros clientes y clientas, empresas pymes o emprendedores de la economía popular están sufriendo las consecuencias económicas del modelo de Milei. Además, el desfinanciamiento a la provincia y los municipios, nos afecta doblemente en tanto nuestro rol de agente financiero. En ese sentido, mantenemos los beneficios de Cuenta DNI, otorgamos créditos accesibles a las familias, apoyamos con asistencia financiera a municipios en emergencia (alcanzamos 100 municipios que recibieron algún leasing del banco en estos años) y seguimos cerca de cada sector que necesita del acompañamiento del banco.

La realidad es objetivamente compleja y requiere más creatividad y cercanía que nunca. Debe tenerse en cuenta además, que las herramientas de apoyo que existían del gobierno nacional hoy no están más. Por ejemplo, la línea de Inversión Productiva que ponía foco en el financiamiento PyME de mediano plazo fue finalizada en abril de 2025. O el FONDEP que ofrecía subsidios de tasa a la producción finalizó a fines de 2023. Es decir, para este gobierno el sistema financiero no debe apoyar a la producción, lo que es doblemente nocivo dado el esquema macroeconómico de ajuste y apertura. Pero además, tampoco se concibe un rol para la Banca Pública, que de hecho, quieren privatizar. Nosotros creemos en una banca pública que no especula, sino que se compromete con su gente porque en definitiva, ese es nuestro rol. En este sentido, durante 2025 invertimos más de $100.000 M en asistencias para atender las inundaciones de Bahía Blanca, esto es solo el banco puso recursos equivalentes a la mitad de todo lo que anunció el gobierno nacional.

MDF: ¿Cuáles son los principales objetivos del OPISU y qué políticas concretas están llevando adelante para mejorar la vida en los barrios populares? ¿Qué impacto tuvieron en esta etapa y en qué territorios se ve con más fuerza esa transformación?

Romina Barrios: El OPISU trabaja por la integración social de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Entendemos por integración social y urbana —o, como comúnmente se la denomina, urbanización— la atención conjunta de los aspectos físicos, sociales y productivos de las comunidades que habitan en estos territorios. Cuando hablamos de barrios populares, nos referimos a diversas formas de urbanización popular: villas, asentamientos, loteos informales, tomas organizadas, e incluso complejos habitacionales que atraviesan situaciones de emergencia habitacional.

Actualmente, desarrollamos nuestras acciones en 66 municipios de toda la provincia, interviniendo en más de 250 barrios populares mediante obras, programas y servicios de distintas escalas. Llevamos adelante lo que denominamos proyectos integrales, los cuales, de forma continua abordan obras de infraestructura primaria, secundaria, domiciliaria e intradomiciliaria. Esto implica, por ejemplo, realizar intervenciones que abarcan desde una obra de captación primaria de agua hasta la conexión final dentro de cada vivienda. Lo mismo aplicamos para sistemas de saneamiento, redes cloacales, obras hidráulicas, pavimentación, alumbrado público, y también la construcción de equipamientos comunitarios. En este marco, construimos escuelas, fortalecemos clubes de barrio y espacios comunitarios en entornos que sufren privaciones agudas y postergaciones estructurales .

Además, trabajamos con una fuerte perspectiva de generación de empleo y fortalecimiento de las economías locales en cada barrio, como parte fundamental del proceso de integración social. Un ejemplo de ello es el trabajo que venimos realizando en tres barrios populares de la Matanza -Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de Marzo-, con proyectos de integración urbana, construcción de complejos de viviendas, mejoras habitacionales, regularización dominial, ejecución y mejora de espacios públicos y espacios socio-comunitarios, mejoras de comercios, apoyo a emprendimientos y capacitación laboral, gestión de residuos, saneamiento, obras eléctricas, de cloaca, agua y pavimentación.

MDF: Frente al abandono del Gobierno Nacional, Axel Kicillof ha planteado que la Provincia actúa como “escudo y red” para cuidar a las y los bonaerenses. ¿Cómo se expresa eso en la tarea del OPISU? ¿Qué ejemplos podés dar que evidencien la deserción nacional y el rol activo que asume la Provincia en materia de integración urbana y acceso a derechos?

Romina Barrios: La deserción del Gobierno Nacional impacta muy fuertemente en nuestros barrios, y lo hace de diferentes maneras. Algunas de esas formas son directas y otras más indirectas, pero en todos los casos el efecto es profundo. En primer lugar, el desmantelamiento de las políticas sociales y de inclusión que estaban destinadas a distintas franjas etarias —niñeces, jóvenes, adultos, personas mayores— generó un vacío significativo. Tal vez, el aspecto más cruel de esta deserción concierne a que la política de ajuste aplicada ha comprometido la seguridad alimentaria. En el marco de esa emergencia, el OPISU, en articulación con otros organismos, ejecuta el Programa S.A.N.A que busca dar respuesta a las demandas y necesidades básicas alimentarias de la población de barrios populares bonaerenses. S.A.N.A implementa una estrategia integral que consiste en la entrega mensual de alimentos a comedores junto con la realización de mesas barriales que incluyen actores vinculados a los circuitos alimentarios locales de cada barrio, asistencia técnica para brindar información, implementar operativos de salud integral y capacitaciones.

A esto se suma la interrupción del financiamiento para obra pública y la paralización de proyectos que, en muchos casos, estaban próximos a finalizar. No se trata solo de viviendas, sino también de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de los barrios.

Los procesos de integración urbana son largos y técnicamente complejos. Implican intervenciones concatenadas, es decir, obras que dependen unas de otras. Por ejemplo, la paralización de obras en el Acceso Sudeste afecta directamente nuestros proyectos en Quilmes e Itatí. También nos impacta la suspensión de los programas de limpieza, mantenimiento y gestión de cursos de agua que realizaba la ACUMAR. Esto tiene consecuencias visibles, especialmente en lo que respecta a las inundaciones, porque es muy difícil sostener ese tipo de tareas a gran escala desde lo local.

Estos efectos también se evidencian en eventos climáticos extremos, como ocurrió en Bahía Blanca. Allí estaba, por ejemplo, la obra detenida por el Gobierno Nacional entre la Ruta 33 y la 3 —conocida como el distribuidor del Cholo—. El freno a esa obra tuvo un impacto muy fuerte, porque todo el sistema hidráulico previsto para canalizar el agua, así como parte del sistema pluvial urbano de los barrios de la zona, quedó sin resolver. Además, esa obra inconclusa actúa hoy como una barrera urbana que dificulta aún más la evacuación del agua. Las obras detenidas no postergan soluciones urgentes sino que también generan nuevos problemas y daños muy graves.

En este contexto, nuestra tarea es actuar como escudo y como red. No nos resignarnos a trabajar únicamente en la emergencia, sino a sostener el horizonte de integración social y urbana, a luchar contra – en palabras de Francisco- el descarte. Por culpa de la deserción del Gobierno Nacional, tal vez debamos ralentizar algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero no vamos a renunciar a la tarea que asumimos: integrar y construir dignidad. Eso implica cuidar con mucha atención las obras que siguen en marcha, que el gobernador prioriza en términos presupuestarios y políticos. Nuestra responsabilidad es garantizar, en conjunto con las cooperativas y las empresas constructoras que licitan obra pública, que esos proyectos se desarrollen en tiempo y forma, con eficiencia, transparencia y cuidando los recursos de la provincia de Buenos Aires.

Operativo de asistencia en Bahía Blanca coordinado entre el OPISU, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

MDF: Los proyectos de urbanización popular muchas veces enfrentan obstáculos estructurales y prejuicios ideológicos. ¿Qué visión del Estado, del territorio y de la comunidad guían la tarea del OPISU? ¿Qué implica “urbanizar con inclusión y justicia social”?

Romina Barrios: Efectivamente enfrentamos prejuicios, tal vez ideológicos, y también obstáculos propios del proceso. Y ahí surge una pregunta clave: ¿qué visión del Estado, del territorio y de las comunidades estamos manejando?

Lo primero que tenemos que entender es que enfrentamos un problema estructural, tanto en nuestro país como en América Latina: la segregación urbana producto de la desigualdad social. Las crisis de vivienda o los problemas habitacionales dejaron de ser emergencias puntuales para convertirse en cuestiones estructurales que debemos abordar con políticas públicas sostenidas. No se trata de caridad sino de trabajar para cumplir derechos, derechos que están en la Constitución.

El gobernador suele explicar muy bien cómo los procesos de segregación urbana y los modelos neoliberales van generando problemas estructurales, y luego se nos acusa de no hacer obras. La realidad es que, en los últimos 70 años, la población de la provincia de Buenos Aires se cuadruplicó sin que se realizaran las obras e inversiones necesarias para acompañar ese crecimiento. Y ese crecimiento no fue solo resultado del desborde de la ciudad de Buenos Aires, sino de un modelo de desarrollo productivo vinculado al trabajo que muchas veces agravó la exclusión. La falta de planificación y recursos sostenida en el tiempo y las dificultades para planificar ordenadamente ese crecimiento han generado desequilibrios. Como se dice coloquialmente, estamos siempre corriendo atrás del problema. De allí que resulta tan valiosa e inédita la decisión política de Axel de enfrentar los problemas estructurales y de fondo. Por eso, hay un gran desafío en términos de capacidades estatales para conocer, abordar y planificar soluciones de fondo. Frente a problemas tan profundos, resulta imperdonable el retiro del Estado que propone Milei.

Lo que discutimos, en definitiva, es la posibilidad de consolidar un modelo de gestión, una forma de hacer las cosas que nos permita avanzar hacia la integración social y urbana. Creo que ya está saldada la discusión que reduce el problema habitacional a la falta de una vivienda o una unidad física. Ese es el primer paso que intentan resolver los vecinos, pero el problema real está en las infraestructuras, y el Estado no puede mirar para otro lado. El mercado inmobiliario no produce integración urbana y social.

Necesitamos intervenciones profundas sobre las redes de agua, cloacas, sistemas de saneamiento, iluminación, pavimento, espacios públicos, y también sobre el acceso a derechos básicos: educación, salud, seguridad, cultura. Por eso, lo que discutimos es una mirada integral, una forma de hacer, una perspectiva que no solo contemple las necesidades físicas —que son fundamentales para una vida digna—, sino también las dimensiones sociales, comunitarias y productivas. Reconocer y fortalecer el desarrollo económico que existe en los barrios y su integración al mundo del trabajo. En definitiva, lo que estamos proponiendo es un modelo que pueda ser sostenible. No queremos poner parches.

MDF: Más allá de las urgencias que impone el ajuste nacional, ¿cuáles son las transformaciones de fondo que se busca consolidar en el mediano plazo?

Romina Barrios: Lo que buscamos consolidar en el mediano plazo es la posibilidad de explicitar con mayor claridad la necesidad de un modelo de gestión específico para atender las urbanizaciones populares existentes. Se trata de reconocer que estas urbanizaciones son resultado de la incapacidad histórica del Estado para planificar ciudades inclusivas, y que por tanto su atención debe ser una responsabilidad estatal.

Desde esa mirada —una mirada de reparación y basada en el paradigma de los derechos humanos— sostenemos que todos merecemos un lugar digno donde vivir. Pero ese lugar no es solo una vivienda: es también un entorno, una comunidad, y el acceso garantizado a servicios básicos. Necesitamos volver a construir un consenso en torno a una idea fundamental: si algunos viven muy bien y otros muy mal, todos vivimos peor. La segregación urbana, la injusticia espacial y social generan más violencia y degradan la calidad de vida de toda la sociedad.

Parte de este camino implica recuperar una visión de progreso e inclusión basada en el trabajo, y también derribar prejuicios profundamente instalados. Uno de los más frecuentes es creer que en los barrios populares “no se quiere pagar” los servicios. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de nuestros vecinos sí quiere pagar por servicios, porque los necesita. El problema es que muchas veces las prestatarias de servicios públicos no reconocen esos territorios como sujetos de derecho, y no están dispuestas a garantizar servicios de calidad, como los que se ofrecen en otras zonas.

En lugar de poner el foco en la supuesta gratuidad, deberíamos preguntarnos por qué no hubo históricamente un stock de oportunidades y condiciones para que todos puedan acceder a servicios y pagarlos como corresponde. Nuestro trabajo apunta justamente a construir sociedades más igualitarias, con derechos garantizados y también con obligaciones. Por eso acompañamos procesos de regularización, entrega de títulos, inclusión en el padrón del impuesto inmobiliario de ARBA, conexión a redes eléctricas formales y acceso a servicios de limpieza y mantenimiento urbano.

Pero también señalamos con claridad: necesitamos que las empresas prestatarias —como EDENOR, EDESUR, AYSA, entre otras— asuman su parte. Muchas veces, incluso desde el gobierno provincial estamos dispuestos a financiar las obras necesarias, pero no logramos obtener las factibilidades técnicas ni el compromiso de ejecución por parte de esas empresas. Entonces, ¿dónde están realmente los prejuicios? ¿Y cómo operan esas miradas discriminatorias?

El gran desafío que tenemos en el mediano plazo es poder consolidar un modelo de gestión que defina con claridad qué significa urbanizar. Urbanizar no es hacer cualquier cosa: es construir una ciudad justa, con reglas claras, con derechos y obligaciones para todos. Es apostar por una sociedad de iguales, en donde el acceso al suelo, a la infraestructura y al hábitat digno sea un derecho universal y no un privilegio.

Esta mirada no es utópica ni está alejada de la realidad. Es una propuesta concreta que busca que nuestros barrios sean parte activa de la planificación urbana, que sean reconocidos formalmente dentro del ordenamiento territorial. No partimos de cero: hemos conquistado normas, hemos logrado presupuestos, y se han creado instrumentos financieros clave, como el Fideicomiso SISU, que hoy se ve amenazado por el desfinanciamiento, pero que vamos a recuperar.

Cuando ese momento llegue, tenemos que estar preparados: con planes de obra, con proyectos de trabajo, con planificación territorial que tenga a nuestros barrios adentro. Reurbanizar, para nosotros, es posible y es una obligación. Tenemos un Gobierno Nacional insensible , ausente y que implementa una política económica que rompe el tejido social de los barrios populares. Pero también tenemos un gobierno provincial decidido a seguir construyendo dignidad y el derecho al futuro para todos. Para nosotros, la urbanización es parte esencial del  proyecto de justicia social que abrazamos.

Romina Barrios es Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.